La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 15/5468

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) contesta expresamente, sobre la revisión de las medidas de seguridad aplicadas en el recinto ferial.

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), concretada en la necesidad de dar respuesta al escrito presentado por la parte afectada, interesando se lleve a cabo la revisión de las medidas de seguridad de las instalaciones del Recinto Ferial en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, con el fin de evitar accidentes como el sufrido por su hijo, de 8 años de edad, proponiendo señalización adecuada de las instalaciones y se realicen las modificaciones necesarias.-

Al efecto se recibe oficio del citado Ayuntamiento por el que se aporta escrito remitido a la parte promotora de la queja dando respuesta a sus pretensiones.

Habiéndose aceptado por el Ayuntamiento la Resolución formulada, damos por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

Salud impulsa estrategias preventivas de suicidio en el ámbito escolar y laboral

Medio: 
Servicio Andaluz de Salud
Fecha: 
Vie, 06/05/2016
Provincia: 
ANDALUCÍA
9 h. Jornada "Servicios de Suministros Basicos de Agua. Garantías y derechos". Málaga
9-19 h. Oficina de Atención Ciudadana del dPA en Sierra de Aracena (Huelva)

La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará en la Sierra de Aracena (Huelva) los próximos días 12 y 13 de mayo para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, comparece ante la Comisiñón Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones para dar cuenta del Informe Anual 2015 de la Institución, entregado al Presidente del Parlamento de Andalucía el pasado 31 de marzo.

El Defensor participa este viernes 6 en un debate en Tarifa sobre los refugiados

La situación actual de las personas que piden refugio a la Unión Europea desde países como Siria, Libia, Eritrea, Afganistán o Pakistán, entre otros, será objeto de análisis el próximo viernes 6 de mayo de 2016, a las 19 horas, en el salón de actos del CEIP “Guzmán El Bueno” de Tarifa.

Pedimos mejor calidad de la atención prestada a las personas por las empresas suministradoras de agua

Propuesta 6.

Que en la regulación del servicio de abastecimiento de agua se incluyan unos estándares mínimos de calidad en la atención al cliente y en la prestación del servicio, de cuyo incumplimiento se deriven sanciones para la entidad y/o compensaciones para las personas usuarias afectadas.

 

Asimismo, consideramos necesario que se promueva entre las entidades suministradoras la implantación de Cartas de servicios, como documento en el que se recogen los derechos que asisten a la clientela en relación con la prestación del servicio así como los compromisos de calidad de la propia entidad ante determinadas cuestiones relacionadas con el ejercicio de su actividad.

 

También creemos que debe garantizarse que las oficinas y servicios de atención al cliente cumplen los principios de accesibilidad y diseño para todos impuestos desde la normativa de protección a las personas con discapacidad.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 16/1919 dirigida a Consejería de Justicia e Interior

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Confiamos que la medida de apoyo de un nuevo Tramitador ayude a mejorar las gestión diaria del Registro Civil de cuyo resultado realizaremos los seguimientos necesarios.

24-04-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

En diversas ocasiones, con motivo de la tramitación de varias quejas, hemos tenido la oportunidad de atender el funcionamiento de determinadas oficinas de los Registros Civiles en Andalucía.

Podemos recordar la queja 14/2467, queja 14/2631 o queja 14/474 referidas al funcionamiento de estas dependencias y provocadas por retrasos, falta de atención o deficiencias en la respuesta demandada de servicios por los ciudadanos.

A la vista de los resultados de estos expedientes, podríamos discernir dos situaciones. Una referida a motivos individualizados de protesta por el servicio ofrecido al ciudadano que aducía una causa específica y puntual referida al caso, que, con la medida correctiva oportuna, quedaba resuelto.

Pero, en otras ocasiones, el motivo que generaba la queja se hacía depender de una circunstancia más estructural o funcional en el régimen de funcionamiento del Registro afectado. Eran causas que describían una importante carga de trabajo en estas singulares dependencias que, entre sus cometidos, intervienen en la acreditación y tramitación del régimen de extranjería que afecta a ciudadanos nacionales de otros países.

En esta ocasión hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de problemas de atención al público y usuarios en el Registro Civil de Ayamonte (Huelva). En esa reseña se hace mención a una situación de acumulación de asuntos que no permite atender a las personas que acuden a estas dependencias junto a retrasos y colas de espera para la asistencia. Se alude a una situación de manifiesta insuficiencia de personal en estas dependencias ya que cuentan con una única funcionaria que ha estado apoyada con refuerzos discontinuos que apenas mitigan el retraso acumulado de trabajo.

En suma, el relato del funcionamiento de este delicado y esencial servicio aconseja una iniciativa que describa la situación del Registro Civil de Ayamonte, y para sus municipios de cobertura, y que clarifique las causas y posibles medidas que, en su caso, se hubieran adoptado.

Por tanto, estas situaciones han sido determinantes para motivar la incoación de esta queja de oficio y procurar ante la Consejería de Justicia e Interior conocer su criterio global en orden a la situación que describimos y las posibles medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar para abordar la situación, respeto al Registro ayamontino.

Es por ello que, se viene a proponer conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas al correspondiente Departamento de esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido.

08-08-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Confiamos que la medida de apoyo de un nuevo Tramitador ayude a mejorar las gestión diaria del Registro Civil de cuyo resultado realizaremos los seguimientos necesarios.

El informe recibido desde la Consejería de Justicia e Interior nos indica que:

En cualquier caso, desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, consciente de la especial situación de sobrecarga de trabajo y elevados índices de pendencia que atraviesan determinados órganos judiciales ha procurado impulsar un nuevo esfuerzo presupuestario que pueda contribuir a la agilización de las actuaciones y procedimientos. Para ello, se ha propuesto por parte de la Consejería de Justicia e Interior, y ha sido autorizada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública una modificación presupuestaria con el objetivo de poner en marcha un nuevo plan extraordinario de refuerzos mediante dotación de personal interino que eleva de manera significativa el número de efectivos disponibles de 137 a un total de 181.

Esta medida, que se implantaría inicialmente, por tres meses prorrogables, a partir del mes de junio de 2016, supondría un incremento de medios personales temporales que coadyuven a reducir sustancialmente las cargas de trabajo, siendo criterios prioritarios para la aplicación de tal aquellos órganos que presenten una mayor carga de trabajo según los datos objetivos que suministra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o, en su caso, el Consejo General del Poder Judicial; en situaciones similares deberá atenderse a aquellos órganos con mayores niveles de pendencia; asimismo se atenderá a aquellos órganos a los que hayan correspondido causas de especial relevancia y complejidad (macrocausas) que estén provocando un aumento significativo de retraso judicial en los demás asuntos.

De esta manera, se ha procedido a asignar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ayamonte, desde el inicio del mes de junio hasta finales del próximo mes de septiembre, el refuerzo de un funcionario interino perteneciente al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. En este sentido cabe señalar que, no obstante, las plantillas de los órganos judiciales con tareas de Registro civil suelen ser casi siempre mayores que las de otros de su mismo Partido judicial y que debe ser competencia del titular de cada Juzgado asignar los efectivos reales que se encargan de su funcionamiento.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

 

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 16/1983 dirigida a Consejería de Turismo y Deporte, Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Analizamos la respuesta de Cultura ante los expolios arqueológicos en Huelva producidos en abril. Pretendemos concluir el estudio del expolio previo sucedido en Enero.

25-04-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento e investigación a través de las intervenciones arqueológicas «con el objetivo de que la investigación revierta en un aumento y cualificación del conocimiento histórico de nuestro pasado y presente», en los términos que afirma el Decreto 168/2003, de 17 de Junio (BOJA 134, de 15 de Julio), por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

En el conjunto de actividades de protección de la riqueza arqueológica andaluza, las autoridades culturales ha venido desarrollando una importante labor de localización, descripción e investigación de las zonas que han acreditado este interés en el conjunto de elementos que componen el rico y variado Patrimonio Histórico Andaluz.

Así, en el caso de la ciudad de Huelva, la Orden de 14 de mayo de 2001 determinó la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz la Zona Arqueológica de Huelva (BOJA 75, de 3 de Julio de 2001). La cita Orden es un compendio expositivo del valor e interés del pasado de la ciudad de Huelva y de sus restos arqueológicos, acreditados mediante intervenciones, a las que se suma todo un corolario de nuevos yacimientos que, sin duda alguna, reflejan los vestigios del pasado milenario de la ciudad.

Se señalan hasta nueve zonas repartidas por toda la ciudad, debidamente delimitadas que adquieren la categoría de “yacimientos arqueológicos” lo que implica «proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en la ciudad» y «concretar el régimen de investigación de estos bienes conforme a un adecuado marco para la difusión de los valores culturales que han motivado la inscripción».

De ahí que, coherentemente con los bienes protegibles, se describan toda una serie de medidas especificadas como “Instrucciones Particulares” para la protección de estos espacios y la previsión de su estudio, investigación y puesta en valor por la comunidad científica.

A partir de las noticias de una grave expolio sobre la zona señalada como B-3 Santa Marta-La Orden debimos intervenir, a través de la queja 16/784.

Estando tramitando aún este expediente, volvemos a tener conocimiento de noticias que hablan de otra excavación o movimientos de tierras en la misma zona de Santa Marta-La Orden el pasado 16 de Abril, que han afectado gravemente a dicho yacimiento. Las noticias hablan de terrenos propiedad de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento que han sufrido retiradas de tierra para allanar zonas de aparcamiento próximas a un mercadillo, y que habrían intervenido la Policía Local y el SEPRONA.

A la luz de los acontecimientos, resulta de especial interés conocer las medidas de protección establecidas y, asímismo, la capacidad de respuesta y reacción de la autoridad cultural para impedir supuestos de agresiones como las que se ha descrito de nuevo, con el precedente del lamentable caso de expolio ya producido en el mismo yacimiento de Santa Marta-La Orden de Huelva.

Aluden las noticias a que al conocer este nuevo incidente se han acordado medidas urgentes para el vallado de la zona.

Es decir, resulta de sumo interés conocer el resultado práctico de estas disposiciones declarativas de un régimen de delimitación y protección de estos yacimientos no sólo como objeto de intervenciones de investigación y estudio sino, en particular, como instrumento que ponga en marcha todas las medidas de protección y tutela que se nos antojan esenciales para hacer posible la conservación de tales restos y su posterior explotación científica.

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Huelva, a fin de conocer:

  • medidas de protección de los terrenos que habrían sido afectados conforme a las denuncias de nuevos movimientos de tierra el pasado 16 de Abril sobre yacimientos declarados en virtud de la Orden de 14 de mayo de 2001.

  • informes sobre la entidad de estas nuevas intervenciones.  

12-07-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Analizamos la respuesta de Cultura ante los expolios arqueológicos en Huelva producidos en abril. Pretendemos concluir el estudio del expolio previo sucedido en Enero.

Recibimos informe Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, de fecha 13 de mayo de 2016, nº de Registro de Salida 201699900178304, fechado el 16 de mayo de 2016, con referencia SVBBCC, relativo al expediente arriba indicado, promovido de oficio por esta Institución.

Nuestra actuación se ha centrado en las noticias sobre un expolio descubierto el 15 de Abril de 2016, en la Zona Arqueológica Santa Marta-La Orden, sector B-3, parcelas 1.11 y 7.7.

Según dicho informe, apreciamos una reacción inmediata de los servicios técnicos de la Delegación Territorial, procediendo a las comprobaciones en el lugar de los hechos, a detallar las valoraciones provisionales de impacto en el yacimiento que se habían descrito, así como a dar traslado a las instancias de control urbanístico, policiales y de ámbito judicial. Del mismo modo, se han procurado medidas de carácter protector del yacimiento y sus perímetros así como actuaciones de aviso y vigilancia.

Así, en el mismo día de la llamada de aviso de los daños, 15 de Abril, se realiza la personación de los técnicos de Cultura en el yacimiento, y se formulan las denuncian ante SEPRONA y Fiscalía junto a las consiguientes actuaciones de control que se describen.

De su información se desprende, por tanto, una respuesta inmediata y diligente, acorde a la gravedad de los hechos, al mismo tiempo que se han incitado las actuaciones de inspección y responsabilidades establecidas en la legislación.

Sin perjuicio del análisis más detallado de todas las circunstancias del caso, apreciamos una capacidad reactiva desde los servicios de la Delegación Territorial de Cultura muy mejorados respecto de otro expolio previo denunciado en Enero de 2016, en la misma Zona Arqueológica de Santa Marta-La Orden, tramitados de oficio en la queja 16/784 y que se encuentra en trámite de resolución por esta Institución.

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