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En el curso de nuestra intervención como Defensor del Menor nos encontramos casos en que la Administración (Ente Público de Protección de Menores) mantiene una actitud pasiva a pesar de conocer la situación de riesgo en que se encuentran unos menores, todo ello porque el régimen de guarda y custodia de dichos menores está siendo dilucidado en sede judicial. Como quiera que habrá de ser el Juzgado quien decida a quien corresponde el régimen de guarda y custodia, así como cualesquiera otras medidas cautelares en protección de los menores,  la Administración no adopta ninguna medida de protección para no inmiscuirse en la decisión judicial.

Es por ello que pensamos que sería conveniente una mayor coordinación con la Fiscalía, ya que el Ministerio Fiscal dispone de competencias en la defensa de los derechos de los menores y al mismo tiempo es parte en los procedimientos civiles de separación y divorcio, pudiendo proponer al Juzgado las medidas oportunas.

Por tal motivo emitimos una resolución recomendando que en aquellos supuestos en que se encuentre en trámite un procedimiento judicial relativo al régimen de guarda y custodia y visitas de unos menores, sobre los que se haya detectado una situación de riesgo grave vinculada a dicha controversia (valorada por el Ente Público de Protección como no susceptible aún de declaración de desamparo),  se procure una actuación coordinada con Fiscalía dando traslado de un informe detallado de la situación de riesgo de los menores, para su conocimiento y valoración, de cara a una posible intervención del Ministerio Fiscal ante el órgano judicial en defensa de aquellos.

La Administración acepta nuestra Resolución.

El Ayuntamiento de Torremolinos se compromete a procede a la elaboración de una Ordenanza de Administración Electrónica como instrumento de creación de la Sede Electrónica, que regule las condiciones de funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley y que asegure el cumplimiento de los principios  publicidad oficial, responsabilidad, seguridad, calidad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad exigidos.

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Se ha procedido por el Alcalde del Ayuntamiento de San Roque a elevar al Pleno una propuesta de modificación del “Estatuto del Vecino” en el sentido de incluir un nuevo artículo 113 del siguiente tenor literal: “Se reconoce el derecho de cualquier ciudadano a captar tanto grabaciones sonoras como imágenes de la sesiones plenarias, en cualquiera de los formatos existentes, para su posterior difusión, siempre con respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal y restante normativa que resulte de aplicación”.

Dicha Propuesta de Alcaldía no fue aprobada al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria, no obstante se reitera por el Sr. Alcalde su voluntad de seguir nuestra Recomendación de permitir las grabaciones de los Plenos.

Así, le hemos hecho saber que a pesar de no haber sido aprobada la modificación de la Ordenanza, al no haber un precepto en la misma que prohíba dichas grabaciones, su condición de director de las sesiones plenarias le faculta para autorizar y permitir su grabación en las condiciones ya expuestas.

Ver Resolución

Tras solicitar informe sobre dicha demora al Colegio de Abogados la propia interesada se dirigió a nosotros pidiendo que archiváramos el expediente ya que su problema había quedado solucionado. Con posterioridad recibimos el informe del Colegio de Abogados relatando los trámites burocráticos realizados en dicho expediente y que a la postre ralentizaron el procedimiento.

Una señora nos relataba que ante la oposición de su nuera tenía muchos problemas para relacionarse con sus nietas. Como la controversia se encontraba muy enquistada decidió reclamar el derecho a relacionarse con sus nietas ante el Juzgado.

Y en estas se encuentra con que tras presentar la solicitud de abogado y procurador por el turno de oficio, así como el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, llevaba cuatro meses sin obtener respuesta.