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La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con las gestiones para dotar de mejoras y reparaciones solicitadas para un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) del la provincia de Huelva.

Las actuaciones emprendidas se dirigieron a requerir información con fecha 10 de julio de 2024 ante los servicios de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva y al propio ayuntamiento de la localidad.

Pues bien, en el informe recibido el 2 de octubre de 2024 desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se ofrecía un completo y detallado informe de la gerencia provincial de la Agencia de Educación sobre el estado del centro educativo y sus principales patologías y causalidades. Además se indican las gestiones y contactos realizados para intervenir en el edificio como proyectos prioritarios:

“Respecto a las actuaciones emprendidas en relación a lo demandado, se le informa de lo siguiente:

PRIMERO.- Que con fecha 3 de mayo de 2024 se cita en estas dependencias a miembros del equipo directivo y del AMPA del CEIP con intención de dar soluciones a lo expuesto, donde se nos informa que la plaga de roedores se produce por la falta de limpieza de un edificio colindante “Casa Cuna” propiedad del Ayuntamiento. En el mismo acto se exponen otras necesidades relacionadas con la infraestructura presentando documentación que acredita el mal estado en el que se encuentran las instalaciones.

SEGUNDO.- Con fecha 7 de mayo de 2024 y ante la preocupación que nos plantea la situación, se solicita formalmente y con carácter urgente a la Agencia Pública Andaluza de Educación en adelante APAE, visita técnica e informe sobre delimitación de competencias y estado actual del centro educativo.

TERCERO.- Con fecha 10 de mayo de 2024 se recibe en este Servicio al Sr. Alcalde de la localidad con la finalidad de colaborar entre ambas Administraciones y poder conseguir soluciones a los problemas planteados. Así mismo se informa a los asistentes que es competencia de la entidad local atender a esta necesidad tal y como recoge el “informe del Servicio de Legislación y del Secretario General Técnico sobre la obligación de los ayuntamientos de conservación y mantenimiento de centros educativos”, así como “Informe de APAE sobre el deber de conservación de los centros escolares destinados a educación infantil, primaria y educación especial”.

CUARTO.- Habiéndose girado visita técnica el 4 de julio de 2024 se recibe nuevo informe cuyas conclusiones son las que seguidamente se exponen:

“A excepción de la dotación de una zona de sombra en el patio de juegos, a manera de porche cubierto en una superficie adecuada a la tipología del centro, no es responsabilidad ni obligación de esta Consejería hacer frente a la gran cantidad de deficiencias expuestas, que responden a la falta de conservación y mantenimiento municipal, que con el transcurso del tiempo se han agravado. Se apoya esta afirmación con los informes jurídicos anexos”.

Consideramos que todo lo anteriormente expuesto genera inquietud entre todas las partes involucradas, no obstante desde esta Delegación Territorial se han llevado a cabo las actuaciones pertinentes para resolver lo antes posible las incidencias planteadas en la presente queja”.

Por su parte, el alcalde ayamontino —tras ocho meses de espera, tres peticiones, contactos telefónicos y una citación formal para su comparecencia— envía con fecha 11 de marzo de 2025 el siguiente texto:

“En relación a la solicitud de informe de fecha 11 de julio de 2024, reiterada el 16 de agosto y 17 de octubre de 2024, en el expediente de queja n.º Q24/5425, que tramita a instancias de denuncia de un grupo directivo del CEIP solicitando medidas de reforma y adecuación de las instalaciones del centro educativo, se informa de lo siguiente:

En el expediente municipal 5613/2024 se ha emitido informe técnico por los Servicios técnicos municipales en relación a las deficiencias que presenta el CEIP, del cual se dio traslado el 15 de mayo de 2024 a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva.

Respecto a las obras requeridas para la subsanación de las deficiencias apreciadas, se han venido manteniendo conversaciones entre los técnicos de este Ayuntamiento y los de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

En el orden del día del próximo Pleno municipal, a celebrar el 27 de marzo de 2025, se prevé la inclusión de la propuesta de aprobación de los presupuestos municipales para el ejercicio 2025, que contempla una partida para la ejecución de obras en centros educativos cuya conservación y mantenimiento corresponde al Ayuntamiento”.

En atención al informe recibido desde los servicios educativos, podemos considerar que quedan registradas unas actuaciones para dar respuesta a las demandas ofrecidas en la queja y al inicio de determinadas gestiones dirigidas a la mejora de determinados elementos del colegio. El estudio enviado acredita una labor de atención y seguimiento de las instalaciones aportando criterios técnicos solventes para definir las intervenciones que el centro educativo necesita. Además, desde la Delegación se añaden los contactos mantenidos con la representación de la AMPA y los ámbitos susceptibles de colaboración con las autoridades municipales.

Por su parte, el escueto texto municipal hace expresa mención de otras operaciones de estudio técnico del centro, en particular centradas en definir y presupuestar las futuras actuaciones. Se señala incluso una próxima fecha para formalizar en pleno las dotaciones presupuestarias que acogerían estos proyectos.

Ciertamente, es habitual en este tipo de quejas hallarnos ante una polémica competencial que genera la necesidad de impulsar formalmente —a través de una Resolución— desde esta Institución acciones de diálogo y coordinación. En este supuesto, comprobamos la disposición para mantener estos trabajos en común y programar las respectivas intervenciones en pro de una respuesta efectiva en atención las necesidades acreditadas del centro escolar.

Aun comprendiendo la preocupación generada por encontrar la mayor agilidad para la conclusión de las mejoras e intervenciones, parece confirmarse la acogida ante las demandas expresadas en la queja en un espacio de clarificación de las competencias concurrentes que se han descrito y, consecuentemente, en las respuestas que cada instancia debe acometer, aprovechando unas imprescindibles medidas de planificación y coordinación.

Por todo ello, y a la vista de las informaciones recibidas, hemos de considerar que el asunto abordado parece encontrarse en vías de solución, necesitando el periodo necesario para concretar la planificación de las intervenciones necesarias para la adecuada conservación y mantenimiento para el edificio del CEIP tras la ejecución de sus trabajos proyectados.

Desde luego, permaneceremos atentos a cualquier nueva actuación que, en su caso, resulte necesaria para la adecuación del colegio.

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz recibía comunicación dirigida por una persona que planteaba ciertas cuestiones sobre el Cementerio Parroquial de una localidad de Huelva.

En su escrito exponía que había recibido una comunicación de la Parroquia titular del cementerio municipal de la localidad, en la que se le informaba de la exhumación de los restos de los familiares que se encuentran depositados en el nicho propiedad de su familia, con motivo de un proyecto de demolición y construcción de nuevos nichos.

Además de comunicar la exhumación, se le detallaba que debía sufragar los gastos de dichas obras, al igual que el resto de propietarios de los nichos del citado cementerio.

La promotora se dirigió al Ayuntamiento solicitando información sobre la Ordenanza Municipal de Cementerios y sobre la relación administrativa del Ayuntamiento con el titular registral del mismo, la Parroquia, con el fin de obtener datos sobre el Proyecto de dichas obras, incluyendo plazos y presupuesto.

El Ayuntamiento le respondió comunicándole la ausencia de regulación municipal al respecto, siendo la titular del cementerio municipal la citada parroquia, por tanto, es la que gestiona y mantiene el mismo con las aportaciones anuales de las familias propietarias de los nichos.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Huelva para solicitarle información sobre el régimen jurídico del Cementerio Municipal, en consonancia con el artículo 38.2 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Por otro lado, también nos permitimos solicitarle información sobre el estado del procedimiento de autorización de reforma del Cementerio del municipio afectado, al ser esa Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Huelva la competente para resolver la misma, según el artículo 37 del citado Reglamento:

“Artículo 37. Competencias

La aprobación de los proyectos de construcción, ampliación y reforma de cementerios públicos o privados se realizará mediante la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, instruido por los municipios u órganos mancomunados y resuelto por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud”.

En respuesta a nuestra solicitud desde la Delegación Territorial se nos trasladó:

En cuanto al régimen jurídico del Cementerio Municipal trasladaban que se trata de un cementerio municipal de carácter privado cuya titularidad ostenta la parroquia. Informaban que:

“Entendemos, por tanto, que la propiedad y administración del cementerio corresponden a la parroquia como entidad eclesiástica, sujeta a las normas de derecho canónico y de derecho común preceptivas en el marco del derecho privado, y en cuanto a los procedimientos de reforma y adecuación a la normativa administrativa que resulte de aplicación en cada caso (Ordenanzas Municipales y Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria en Andalucía).”

En cuanto al estado del procedimiento de autorización de reforma del Cementerio se informaba que, tras informe técnico positivo, se dictaba finalmente por esa Delegación Territorial de Salud y Consumo en Huelva resolución favorable a la reforma pretendida, la cual era notificada al Ayuntamiento mediante oficio del Jefe de Servicio de Salud Pública.

Finalmente informaba de que había tenido entrada en esa Delegación Territorial de Salud y Consumo en Huelva nueva solicitud de aprobación de reforma y adecuación de otra iniciativa sobre el mismo cementerio, consistente en un Proyecto de regeneración del Cementerio el cual estaba en fase de estudio de la documentación por los técnicos del Distrito Sanitario, previa a su preceptiva aprobación.

A la vista de lo informado por la Delegación Territorial, solicitamos la colaboración del Ayuntamiento para conocer si existía previsión de construcción de cementerio municipal, para dar cumplimiento al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que “el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: k) Cementerios y actividades funerarias”, junto con la aprobación de las respectivas ordenanzas municipales.

En caso negativo, si existía proyecto de firma de convenio con la Parroquia para ofrecer el servicio público municipal de cementerio al menos, mediante gestión municipal, ya que ni la titularidad del mismo ni sus terrenos pertenecen al Ayuntamiento.

Por último, respecto a la ejecución de las obras de reforma y ampliación del cementerio parroquial, si había prevista algún tipo de mediación o intervención municipal, a la vista de las quejas vecinales.

En respuesta por parte de esa Alcaldía se nos informó:

.- En el municipio no existe cementerio municipal pero si un cementerio parroquial que tiene un régimen de funcionamiento interno y que se define, como un servicio privado de interés general que se regula por su propio reglamento, por el derecho canónico y supletoriamente por el Derecho administrativo.

- Que la Alcaldía comenzaría los estudios necesarios para decidir si realizar la prestación del servicio de cementerio por sí o en mancomunidad con otros municipios.

- Que se aprobarán unas Ordenanzas municipales para la regulación de este servicio público una vez se implante.

Respecto a la ejecución de las obras de reforma y ampliación del cementerio parroquial, informaba que se está a la espera del preceptivo informe de sanidad, sin el cual el ayuntamiento no puede otorgar la licencia correspondiente, siendo el silencio administrativo negativo ya que se carece de un informe necesario para decidir sobre la legalidad de la misma. Por lo tanto dicho procedimiento se encuentra en suspenso.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de ser solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los procesos de atención al alumnado con necesidades educativas y refuerzo de apoyo de monitor, o Profesional Técnico de Inserción Social (PTIS), en un centro de educación infantil y primaria (CEIP) en la provincia de Sevilla.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema con fecha 14 de mayo de 2025.

“En la Queja presentada, se solicita apoyos para su hijo, alumno en el CEIP. Alega que ha formalizado diversas peticiones sin obtener una respuesta acorde con las necesidades del alumno de apoyo de PTIS a tiempo completo. Se remite la siguiente respuesta por parte del Servicio de Ordenación Educativa:

PRIMERO.- Que, desde el Servicio de Ordenación Educativa, se respondió con fecha 1 de julio de 2024 donde se informó con los recursos que cuenta el centro y que es responsabilidad del Equipo Directivo la organización de la respuesta educativa del alumnado NEAE del centro, tal y como se recoge en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

SEGUNDO.- Que, en la respuesta anteriormente citada también se informaba de las actuaciones que debe realizar el centro educativo para la demanda de los recursos personales: “… el centro debe realizar cada curso la petición de recursos en tiempo y forma, en base a lo establecido en el Protocolo NEAE”.

TERCERO.- Que desde el Servicio de Ordenación Educativa (SOE) se realiza estudio de las necesidades de los centros educativos a lo largo de todo el curso teniendo en cuenta la solicitud de recursos humanos en diciembre y junio por parte de los Centros y teniendo en cuenta las actas de las Comisiones de escolarización”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla para abordar las necesidades del centro y de la familia del alumno afectado.

También observamos que el informe recibido de la Delegación alude a los procedimientos para determinar las necesidades de apoyo así como las pautas a seguir desde el propio centro educativo en relación con la dotación de la figura de monitores o PTIS a través de la posible adecuación de este singular apoyo.

Efectivamente esta definición del servicio no avanza en mayores detalles, si bien debemos entender que la evaluación del servicio ha establecido la conveniencia de los criterios de ordenación del horario actual de PTIS.

Este singular apoyo deriva de los respectivos informes psicopedagógicos de cada alumno o alumna que permite determinar las necesidades de recursos específicos del alumnado de necesidades educativas especiales. Además, en función del dictamen de escolarización, se establece, en ocasiones, la atención en centros específicos de educación especial, o bien en aulas específicas en centros ordinarios o bien la atención del alumnado se realiza dentro de las aulas con apoyos en periodos variables para que el alumnado pueda continuar con su desarrollo evolutivo y formativo y su integración global en la sociedad.

Por otra parte, los recursos se distribuyen cada curso escolar, tras el estudio de las necesidades detectadas en todos los centros educativos a través de los Servicios de Ordenación Educativa proponiendo la distribución de estos recursos personales. En el marco de esta metodología, confiamos que finalmente, una vez ejecutadas estas medidas y desde su fecha de implantación, los resultados puedan aportar una mejora de la situación.

Comprendiendo la preocupación generada en la familia por disponer de los recursos adecuados, valoramos que la situación se está abordando desde unas pautas razonables y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno para el resultado que se logre con organización del servicio de apoyo de monitores o PTIS en el centro. En todo caso, debemos señalar la importancia de disponer de la argumentada motivación para solicitar desde el centro educativo de referencia cualquier nueva ordenación de los servicios de PTIS para el alumno.

Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas.

El Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja relativa a las peticiones dirigidas sobre la adecuación de instalaciones para dotar de accesibilidad determinados servicios deportivos de un ayuntamiento de la provincia de Málaga.

Para conocer las circunstancias del caso, solicitamos con fecha 25 de abril de 2025 el necesario informe ante el propio ayuntamiento de la localidad. Junto a un completo relato de antecedentes, se acompaña la respuesta con fecha 23 de mayo a modo de conclusión.

“• A fecha de 14/05/2025, la empresa, ha realizado las siguientes tareas:

- Sustitución de las puertas de acceso a vestuarios (que incluyen rejillas de ventilación).

- Señalización de vestuarios destinados a PMR.

- Adecuación de altura de percheros, alcachofas duchas, barras horizontales.

Queda pendiente por el momento:

- Sustituir el WC del vestuario femenino, por uno adaptado para PMR (la empresa ya dispone del WC, pendiente instalarlo)

- Eliminar el WC del vestuario masculino, para disponer de mayor espacio de maniobra. El WC adaptado masculino se instalará en el aseo ubicado en primera planta del edificio.

- Colocar una barra horizontal en la ducha del vestuario femenino.

- Cambiar los espejos. Los actuales están en mal estado.

Estas tareas pendientes, se pretenden ejecutar por parte de la empresa concesionaria del Club Municipal antes del 25/05/2025”.

A la vista de las informaciones recibidas, podemos acreditar un relato sobre los contenidos de la queja presentada y la posición de los responsables deportivos locales.

A modo de balance, podemos apreciar una actuación a cargo de los servicios municipales, y de la entidad adjudicataria gestora, basándose en la identificación de algunos elementos constructivos y de mobiliario para su adecuación a la normativa de accesibilidad, así como a las disposiciones que protegen el derecho de disfrute y acceso en especial para personas de movilidad reducida. Tales actuaciones se anuncian en su desarrollo y, al día de la fecha, estarían próximas a su conclusión, a expensas de los resultados de los informes comprometidos.

Por tanto, hemos de considerar que los procedimientos de control se han activado y procede otorgar un plazo para la conclusión de dichas actuaciones de adecuación.

Igualmente constatamos la oportuna comunicación que se ha mantenido con la entidad promotora de la queja y los propios interesados, dando cuenta de las respuestas ofrecidas.

Procedemos, pues, a concluir nuestra intervención, sin perjuicio de las conclusiones de las actuaciones anunciadas, de las que esperamos ser informados en su momento.

Se recibía en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación de la promotora de la queja en el que exponía la falta de respuesta del Ayuntamiento a sus escritos, sobre una reclamación del cementerio municipal.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado Organismo resolviese el escrito presentado por la promotora.

En respuesta el Ayuntamiento nos trasladó el informe que daba respuesta a la reclamación de la promotora de la queja.

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a este escrito se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja de oficio relativa a los procesos de atención educativa para un alumno con necesidades sanitarias derivadas de enfermedades graves y crónicas en la provincia de Sevilla.

En su día, 4 de marzo de 2025, nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema con fecha 11 de abril.

“En respuesta a la solicitud de emisión de informe ante la Queja en relación con la situación descrita de necesidades de respuestas educativas singulares para un alumno de un centro de educación infantil y primaria (CEIP) en la provincia de Sevilla. Este Servicio de Ordenación Educativa informa:

PRIMERO.- Que por parte de la Consejería de Educación y de Salud está autorizado el recurso de un profesional sanitario (TCAE) en el C.E.I.P. para el alumno para el curso 2024-2025.

SEGUNDO.- Que es competencia del Servicio de Salud la contratación de dichos profesionales sanitarios siendo este organismo el que debe velar por el buen funcionamiento y capacitación de los citados profesionales”.

Tras estudiar el escueto informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla para abordar las necesidades del alumno afectado en su centro educativo y de su familia. Nada se indica de los motivos que hubieran motivado una situación de preocupación por apremiar estas respuestas especializadas en el alumno afectado.

En todo caso, observamos que el informe recibido de la Delegación educativa alude a la autorización de los servicios de atención al alumnado con necesidades en función del “Protocolo conjunto de colaboración que establece condiciones generales y básicas necesarias para ofrecer una escolarización segura al alumnado enfermo en situación de cronicidad o en situación de cuidados paliativos entre la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional”.

En concreto, en virtud de la naturaleza del centro, se señalan las actuaciones de la administración educativa. En concreto se explica que “por parte de la Consejería de Educación y de Salud está autorizado el recurso de un profesional sanitario (TCAE) en el C.E.I.P. para el alumno para el curso 2024-2025”.

En el marco de esta metodología, confiamos que finalmente, una vez ejecutadas estas medidas, y desde implantación, los resultados puedan aportar una atención adecuada a las necesidades del alumno que, hasta la fecha, parece avanzar en la dirección correcta.

Valoramos que la situación se está abordando, al día de la fecha y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno para evaluar la progresión de las medidas fijadas en el protocolo implementado para el caso en cuestión.

Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas.

Se recibía en esta Institución escrito de la promotora de la queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento a un escrito presentado denunciando los problemas a los que se enfrentaba de manera cotidiana debido a una incidencia con la denominación de la calle en la que reside, que según él, dicha incidencia conllevaba dificultades a la hora de encontrar la vía en los sistemas de mapas on line, lo que repercutía en la localización de su domicilio o incluso, en la prestación de algunos servicios públicos como el correo.

Admitida a trámite la queja a fin de que el referido organismo diese expresa respuesta al escrito de la promotora, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos al Ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente el escrito presentado por la parte afectada .

Recibimos del Ayuntamiento el informe que daba respuesta a la solicitud del reclamante mediante el cual se le trasladaba que:

“El Ayuntamiento está desarrollando distintas actuaciones urbanísticas cuya finalidad principal en la actualidad es la de adaptar las normas actuales a la nueva regulación establecida con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía dentro de las cuales se encuadraría la redacción y posterior aprobación de un Plan Básico de Ordenación Municipal. A través del mismo se estudiaría la posibilidad de regularizar esta situación.”

Continuaba el informe indicando que de forma paralela y como medida provisional e intentando paliar la situación actual, se ha solicitado a Google que se denomine el camino, por el que accede la promotora a su domicilio. Esta medida junto con el cartel indicativo del nombre a la entrada de este camino hacia el domicilio de la promotora, hará más fácil la identificación para los servicios que se indicaban en el escrito de queja.

A la vista de que se había puesto fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, dimos por terminada nuestra intervención en la misma y procedimos a su archivo.

En su escrito de queja el promotor nos indicaba que existía un problema en la red de saneamiento del mercado que provocaba inundaciones en su local cada vez que llovía.

Solicitado el oportuno informe al Ayuntamiento, se nos comunicó que se había aprobado un proyecto para la “rehabilitación de los mercados de abastos de El Cerro del Aguila y La Candelaria” que había sido informado favorablemente por la Gerencia de Urbanismos y cuya ejecución no se había podido acometer en 2023 por encontrarse en situación de prórroga presupuestaria, aunque si estaba prevista su consignación en el presupuesto de 2024.

Concluía el escrito del Ayuntamiento señalando que “se establece como prioridad absoluta y urgente proceder a la licitación de las obras cuando se proceda a la aprobación del presupuesto municipal de 2024”.

En base a lo expuesto en este escrito procedíamos al archivo del expediente de queja considerando que el problema se encontraba en vías de ser solucionado.

Pues bien, se recibían diversos escrito del promotor denunciando que el proyecto citado seguía sin ejecutarse y manifestando su desesperación por la situación padecida por las continuas inundaciones de su local.

A la vista de estas comunicaciones, esta Institución decidió reabrir el expediente de queja y solicitar la colaboración del Ayuntamiento para solicitarle información relativa a la situación del proyecto de rehabilitación del mercado de abastos de el Cerro del Aguila, indicando las fechas previstas para la ejecución del mismo.

En respuesta a esta nueva petición de colaboración, se nos informó del proceso realizado para la licitación de las obras de rehabilitación del Mercado del Cerro del Águila. También se informaba de los detalles de la adjudicación del contrato y del plazo de ejecución.

Finalmente decía el informe recibido que “… el plazo de ejecución de los trabajos es de 3 meses, estando, por tanto, prevista la finalización de los mismos en el mes de mayo de 2025.”

Entendimos que el Ayuntamiento daba respuesta a lo solicitado y procedimos al cierre del expediente de queja.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los procesos de atención al alumnado con necesidades educativas y refuerzo de apoyo de monitor del Profesional de Audición y Lenguaje (AL) y profesorado especializado en un centro educativo de la provincia de Sevilla).

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema.

“PRIMERO.- Que el C.E.I.P. cuenta con un profesional de Audición y Lenguaje (AL) compartido con otro centro de la zona y tres profesionales de Pedagogía Terapéutica para la atención de todos los niños con necesidad educativa especial en el centro para el curso 2024-2025.

SEGUNDO.- Que es responsabilidad del Equipo de Orientación Educativa y del Equipo directivo la organización de la respuesta educativa del alumnado NEAE del centro tal y como se recogen en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

TERCERO.- Que en cuanto al marco normativo, señalar la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, donde recoge en su CAPÍTULO V, OTRAS DISPOSICIONES en su Artículo 19. Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales:

‘4. El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales podrá prestar sus servicios con carácter fijo en su centro o con carácter itinerante en los centros que se le encomienden, de acuerdo con la planificación elaborada por cada Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Educación’.

También, queda recogido en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, en su Artículo 9 del Capítulo III. Recursos humanos, medios materiales y apoyos:

‘El número y la cualificación de los profesionales que intervengan en un centro docente público que escolarice alumnado con discapacidad, variará en función del número de alumnos y alumnas, el tipo y el grado de discapacidad que presenten y las necesidades educativas de los mismos. En las plantillas del Cuerpo de Maestros se incluirán los puestos de trabajo especializados para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales que deban existir, de acuerdo con la planificación educativa que realice la Consejería de Educación y Ciencia […..] La Consejería de Educación y Ciencia establecerá la cualificación y la proporción de los profesionales por alumnos y alumnas para las aulas y centros específicos de educación especial’.

CUARTO.- Que con estos datos desde el Servicio de Ordenación Educativa, según la normativa vigente, las necesidades del alumnado están cubiertas, teniendo en cuenta los recursos que para este alumnado existen en la zona en la que se ubica el centro”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla para abordar las necesidades del centro y de las familias del alumnado afectado.

También observamos que el informe recibido de la Delegación alude a un mantenimiento de los servicios educativos en relación con la dotación de la figura de Audición y Lenguaje a través de la adecuación del servicio según se alude al indicar que “las necesidades del alumnado están cubiertas, teniendo en cuenta los recursos que para este alumnado existen en la zona en la que se ubica el centro”.

Efectivamente esta definición del servicio avanza sobre los detalles de reordenación, dado que entendemos que la evaluación del servicio ha establecido la conveniencia de los criterios de ordenación del horario de AL y de los PT asignados.

Este singular apoyo deriva de los respectivos informes psicopedagógicos de cada alumno o alumna que permite determinar las necesidades de recursos específicos del alumnado de necesidades educativas especiales. Además, en función del dictamen de escolarización, se establece, en ocasiones, la atención en centros específicos de educación especial, o bien en aulas específicas en centros ordinarios o bien la atención del alumnado se realiza dentro de las aulas con apoyos en periodos variables para que el alumnado pueda continuar con su desarrollo evolutivo y formativo y su integración global en la sociedad. Por otra parte, los recursos se distribuyen cada curso escolar, tras el estudio de las necesidades detectadas en todos los centros educativos a través de los Servicios de Ordenación Educativa proponiendo la distribución de estos recursos personales.

En el marco de esta metodología, confiamos que finalmente, una vez ejecutadas estas medidas y desde su fecha de implantación, los resultados puedan aportar una mejora de la situación.

Comprendiendo la preocupación generada en las familias por disponer de los recursos adecuados, valoramos que la situación se está abordando desde unas pautas razonables y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno para el resultado que se logre con organización del servicio de apoyo de profesorado especializado en el centro público de Sevilla.

En todo caso, y a la vista de la pluralidad de quejas recibidas sobre la misma demanda de atención de especialista en Audición y Lenguaje, esta Institución realizará un seguimiento de los resultados que se aluden en el informe, que lleva calificar el caso como de “atención cubierta”.

Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas.