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La persona interesada en dicha comunicación nos exponía que, al parecer, por un error administrativo de duplicidad del expediente académico de su hija, no había sido admitida en el ciclo formativo de formación profesional que solicitó, por lo que, comenzado ya el curso, y a efectos de que se procediera a subsanar a la mayor brevedad el problema que se le había planteado, solicitaba la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz.

En concreto, según nos explicaba la interesada, el centro docente en el que su hija había realizado sus estudios de educación secundaria había abierto su expediente académico con la documentación aportada por la alumna en el momento en el que se matriculó -concretamente el pasaporte-, resultando que cuando ya tuvo el número de identificación de extranjeros, en vez de modificar los datos con el nuevo documento, lo que hizo fue dar de alta un nuevo expediente. Esto provocó que cuando la alumna solicitó plaza en el ciclo formativo, al ir a comprobar su titulación académica tan solo aparecía parte del expediente, pareciendo que no había realizado todos los cursos y etapas de la educación secundaría.

Si bien en un principio, a pesar de que la interesada trató de explicar el error, no se subsanó el problema, posteriormente, y tal como se nos informa, tras la reclamación presentada se comprobó lo ocurrido, por lo que se autorizó a su hija para que accediera al ciclo solicitado, procediéndose a su matrícula.

A la vista de la respuesta recibida, entendemos que el asunto objeto de la presente queja está solucionado, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

La presente queja fue tramitada a fin de analizar la preocupación de la interesada por la aplicación efectiva de los protocolos dispuestos ante los riesgos de la pandemia de Covid-19 para el curso 2020/2021. A tal efecto, nos dirigimos ante las autoridades educativas para solicitar la información necesaria sobre las actuaciones llevadas a cabo en un Centro de Educación Infantil y Primaria en la provincia de Córdoba.

Con fecha 13 de noviembre de 2020 se emite un texto desde los servicios de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba. Dicho texto explicaba, junto a un relato detallado de algunos incidentes en relación con el uso de la mascarilla por el alumno afectado y de las reclamaciones expuestas por su madre:

“(...) le informo que el alumnado de educación infantil y de aulas específicas del centro sólo usa la mascarilla a la entrada/salida del mismo y en los desplazamientos dentro del edificio. En cambio, no lo hace ni en clase ni en el recreo, debido a la posibilidad del centro de poder usar espacios limitados para estos alumnos y sin contacto con el resto de grupos burbujas (como se recoge en el Protocolo Covid).

Por otro lado, cabe indicar que en ningún momento se ha tratado de forma discriminatoria al alumno, que el centro está velando por la salud e integridad de todo el alumnado tal y como se expuso a las familias en la explicación del Protocolo de actuación Covid, siendo comprensivos con las situaciones individuales de cada familia.

En todo momento el centro se ha ofrecido a subsanar los posibles errores en los que se haya podido incurrir ante esta situación tan complicada, estando abiertos en todo momento a atender a las familias y solventar cualquier situación”.

Ciertamente, del contenido de la respuesta dada por la Administración se deduce la voluntad de aplicar y responder eficazmente con las previsiones establecidas en estos protocolos. Por tanto, creemos entender una respuesta colaboradora y comprometida para disponer diversas medidas en los términos que la propia familia interesada sugiere en su queja que confiamos que suponga una normalización en cuanto al manejo de las condiciones de seguridad que se aplica a cada alumno en función de su edad y circunstancias.

No es necesario destacar la dificultades a las que está sometido el conjunto del sistema educativo ante los impactos de esta terrible pandemia, con la presencia de una saturación de los recursos materiales disponibles y el desempeño extremo de los profesionales, a lo largo de este dilatado periodo de tiempo.

Ha sido una constante desde esta Institución insistir en la necesidad de desplegar una acción informativa y didáctica sobre las medidas de todos los centros para evitar situaciones de desconcierto o confusión entre toda la comunidad educativa, del mismo modo que se deben extremar los cumplimientos de estas mismas medidas que se han enarbolado como garantía de seguridad sanitaria ante las difíciles y complejas condiciones para el desarrollo del presente curso escolar.

De ahí que señalemos ante la Delegación Territorial de Educación la necesidad de extremar las labores de comunicación e información a los afectados, ganando en rapidez y transparencia respecto de la aplicación práctica de las medidas de lucha contra la pandemia de Covid-19.

Así pues, podemos dar por concluidas nuestras actuaciones procediendo a la finalización de los trámites de la presente queja.

El Defensor del Pueblo formulaba Resolución ante el Hospital Virgen de las Nieves, recomendando que se revisen los casos y patologías atendidos por urgencias, susceptibles de sectorización hospitalaria por no requerir continuidad asistencial, y, en caso de ser necesario, se revisen los criterios aplicados para los traslados de pacientes que puedan verse afectados por las mismas.

En respuesta, se recibe informe administrativo asumiendo la RECOMENDACIÓN de revisar con el servicio de Urgencias la patología susceptible de derivación por sectorización.

La presente queja relativa a la posibilidad de lograr nuevos espacios para un centro educativo en relación con las medidas decretadas por la Junta de Andalucía sobre la pandemia de SARS-COV-2 en el marco de los preparativos del inicio del nuevo curso 2020-2021.

Para conocer la disponibilidad de nuevos espacios en el Centro educativo, dirigimos escritos a la Delegación Territorial de Educación en Málaga y al propio Ayuntamiento de Antequera. Y así, la primera nos informó de que.

“...el solar adjunto al Centro permitiría abrir otra puerta de acceso al mismo, sin que las dimensiones de este y Ia estructura del edificio permitan más elementos constructivos. El mencionado solar, en la petición enviada por el centro educativo se encuentra adjunto al mismo, es de titularidad del Ayuntamiento. Actualmente, en el Plan de Infraestructuras 2021 se ha propuesto su inclusión para la regularización de espacios pertenecientes al centro educativo, quedando a la espera de su posible aprobación. No obstante, los plazos establecidos para una actuación de esta envergadura dependerán de los trámites administrativos necesarios (solicitud de la puesta a disposición del terreno, aprobación de dicha puesta a disposición, realización del programa de necesidades, contratación del proyecto, realización del proyecto de ejecución, supervisión posterior, fase de contratación de obra, ejecución de la misma).

Desde esta Delegación Territorial estimamos que, en caso de su aprobación tras su inclusión en el Plan de Infraestructuras 2021, el plazo estimado será de unos 3 ó 4 años aproximadamente”.

Por su parte, el ayuntamiento explicaba que “está dispuesto, como siempre lo ha estado, a establecer convenio de colaboración con la Consejería de Educación para efectuar un posible Proyecto de Obra y posterior ejecución de la adaptación del solar, -como ha realizado en el pasado mes de julio la limpieza y desinfección del solar mencionado-, siempre teniendo en cuenta los condicionantes y características del edificio que al ser un bien relevante y encuadrado dentro del Conjunto Histórico del municipio, además de estar enmarcado en el Plan Especial y Reforma Interior del Casco Histórico de la ciudad, tendría que contar igualmente con la aprobación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía”.

Ciertamente, la definición de estas medidas, las personas afectadas en el seno de la comunidad educativa , las condiciones de salida, tiempo, distancia, protección, etc. de los centros educativos revisten una gran variedad de opciones que pueden depender, como en este caso, de disponer de una ampliación de las instalaciones. Sin embargo, a la vista de las respuestas recibidas, esa posibilidad se antoja aún lejana en el tiempo y, en todo caso, difícilmente aplicable al presente curso escolar.

Aun comprendiendo las discrepancias, hemos de entender que son medidas que se decretan aplicando los criterios técnicos y los programas de creación de infraestructuras educativas. Desde esta Institución no podemos posicionarnos en este delicado y complejo debate para llegar a una conclusión que nos permita fijar una decisión concreta y certera sobre la incorporación de estos inmuebles a las instalaciones del centro escolar.

Sin embargo, también las respuestas aluden a una respectiva disponibilidad entre ambos organismos para definir estas necesidades y la disposición a incluir estas medidas en los trabajo de planificación de las futuras infraestructuras que necesita la comunidad educativa de este municipio.

En ese contexto, confiemos que la cuestión sea debatida con rigor y se alcance la mejor decisión para la adecuada dotación de la infraestructura escolar que la localidad necesita y, en particular, el Centro de Educación Infantil y Primaria en cuestión.

Por ello, creemos interpretar que el asunto se encuentra en vías de solución, quedando atentos a los pasos que se den en un futuro para lo cual, permaneceremos atentos y dispuestos a retomar la cuestión.

En su escrito de queja el interesado, propietario de una vivienda en una pedanía del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos, denunciaba que en una parcela colindante a la suya se encontraban varios perros, en ocasiones hasta cinco, cuyos ladridos diurnos y nocturnos generaban elevados niveles de ruido. Siempre según el interesado, esto imposibilitaba el normal descanso en su vivienda. Había puesto esta circunstancia en conocimiento del ayuntamiento en varios escritos desde julio de 2017 y de la Guardia Civil; aquél no había contestado a sus denuncias y las presentadas en la Guardia Civil las habían remitido a la Delegación del Gobierno en Málaga, pero el problema continuaba igual.

En relación con estos hechos, hay que tener en cuenta que conforme a la Ley 11/2003, de Protección de los Animales, constituye infracción leve del artículo 40.e), la perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, siendo competencia de los Ayuntamientos [art. 44.2 c) de dicha Ley], la imposición de sanciones leves que afecten a los animales de compañía.

Por ello, nos dirigimos al ayuntamiento de la citada localidad pero recibimos escrito del interesado en el que nos comunicaba que había sido atendido por el Alcalde y que en la reunión le habían trasladado la voluntad municipal de tratar de resolver el problema objeto de este expediente de queja.

Por tanto, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones y procedimos al archivo de este expediente de queja.

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, tras aceptar nuestra resolución sobre la terraza de veladores de un bar colindante a una vivienda, informa de las condiciones en las que está autorizada dicha terraza así como de que, tras ser inspeccionada por la policía, se pudo comprobar su adecuación a la autorización emitida, dejando libre la fachada de la vivienda de la reclamante.

En su escrito de queja, la interesada, propietaria de una vivienda en la localidad cordobesa de Priego de Córdoba en la que reside en temporada estival, denunciaba que colindante a su vivienda se encuentra un establecimiento hostelero con terraza de veladores que, al parecer, invade la fachada de su vivienda, tan cerca que es partícipe de las conversaciones de los clientes de esos veladores. Esta situación daba lugar, además, a que la puerta de su vivienda fuera el centro de diversas situaciones con niños menores de edad, que según decía, solían ser los hijos de los clientes de los veladores del bar colindante.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, esta Institución formuló a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Priego de Córdoba resolución en la que, en síntesis, le recomendábamos que vigilara que la terraza de veladores del establecimiento no ocupara la fachada de la vivienda de la reclamante, así como que valorara si el número de mesas y sillas autorizados era compatible, por el ruido generado por la aglomeración de clientes, con el derecho al descanso de los residentes más cercanos.

En su respuesta el ayuntamiento nos informó que no tenía regulada en Ordenanza estas situaciones referentes a las autorizaciones de terrazas de veladores de establecimientos hosteleros o equivalentes, disponiendo tan solo de una Ordenanza fiscal de las tasas por ocupación del espacio público para fines privativos. En concreto, el establecimiento hostelero que generaba las molestias tenía autorizados 72 m2 con diversas condiciones, entre ellas que la zona de ocupación fuera de un rectángulo de 4x18, con un total de 72 m2, disponiendo mesas y sillas dejando libre el acceso a las viviendas particulares y fuentes colindantes, así como un pasillo peatonal, debiendo garantizar que no se mermara la seguridad, comodidad, fluidez y accesibilidad para todas las personas a ambos lados de la terraza, con metro y medio para cada pasillo peatonal.

Se había dado traslado al titular de la actividad de un plano de distribución de la terraza de veladores, indicándole que debía dejar libre la fachada del inmueble, disponiendo las mesas en dos líneas paralelas de mesas, la primera colocada lo más lejana posible a la fachada del establecimiento y pegada al máximo al bordillo, con un total de 10 mesas y la segunda paralela de 8 mesas. Tras una visita de la Policía Local habían comprobado que el establecimiento cumplía con lo indicado en el plano, por lo que se había prorrogado la licencia como en años anteriores.

Dimos traslado de esta información a la interesada para que nos remitiera sus alegaciones, y tras recibirlas y analizarlas, entendimos que en lo esencial se había aceptado nuestra resolución por el Ayuntamiento, por lo que procedimos al archivo del expediente de queja.

En su escrito de queja el interesado nos trasladaba, en síntesis, la problemática de ruidos que venía sufriendo su familia como consecuencia de la actividad de un establecimiento hostelero situado en un local justo bajo su domicilio, en Almería. Textualmente nos indicaba lo siguiente: “se producen ruidos por el alto volumen de la televisión, música, discusiones de clientes en mesas instaladas en el exterior, aire acondicionado, etc.. Por mi parte en varias ocasiones se ha comunicado vía telefónica al 092 (área de medio ambiente) confirmándonos que los llaman por teléfono para que reduzcan el nivel de ruido, así mismo, nosotros personalmente hemos llamado a dicho bar. Cuando llamamos bajan el volumen, pero al día siguiente, vuelve a suceder lo mismo y así sucesivamente, y últimamente nos dicen que vayamos donde tengamos que ir (…) este problema que llevamos sufriendo hace mucho tiempo (incluso con el anterior propietario), ocasiona trastornos tanto físicos como psíquicos, debido al estrés que esto conlleva, y es que dicho bar se encuentra justo debajo de los dormitorios, y al no estar insonorizado nos produce dichos perjuicios en la salud”.

El interesado había denunciando en diversas ocasiones esta situación al ayuntamiento y éste, según la documentación que nos remitió el interesado, en mayo de 1991 había llegado a ordenar al establecimiento que procediera a la insonorización del local, para lo que le concedió el plazo de un mes, que derivó en una resolución de clausura de noviembre de aquel año 1991. Según lo manifestado por el interesado, ni se insonorizó el local, ni se clausuró el establecimiento.

Tras admitir a trámite la queja nos dirigimos al Ayuntamiento de Almería que nos respondió, dos años después y tras darnos traslado de las actuaciones que había llevado a cabo la Gerencia de Urbanismo, que el establecimiento ya se ajustaba, en ese momento, a la normativa medioambiental y que de ello habían informado al interesado. En todo caso, le habían dado traslado del expediente de licencia de apertura del establecimiento en el que figuraba el informe técnico favorable para ello.

A la vista de esta información, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones ene este expediente de queja pues las actuaciones administrativas habían conducido a la legalización del establecimiento, por lo que procedimos al archivo de este expediente.