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Se recibía en esta Institución escrito de la Presidenta de una Comunidad de Propietarios exponiendo que en los bajos del edificio hay un local municipal cedido a una asociación donde se imparten clases de flamenco a diario. El local, según exponía, carecía de cualquier tipo de insonorización lo que generaba a muchos vecinos daños graves por las molestias de ruido y vibraciones.

Habían solicitado al Ayuntamiento de Marbella que solucionase esta situación, pero nunca habían hecho nada y ni siquiera contestaban a sus escritos.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Marbella que nos informó de las distintas reuniones que se habían llevado a cabo para tratar de dar solución a este asunto, también informaba de las circunstancias pasadas y presentes del personal técnico en la Delegación Municipal competente para tratar la problemática y, finalmente, se nos daba cuenta de que las actividades ruidosas -academia de flamenco- se encontraban suspendidas desde hacía semanas, realizándose otras sin impacto acústico.

Asimismo, se nos informaba de que se iban a realizar nuevas actuaciones a fin de hacer compatible, en la medida de lo posible, la utilización del local para actividades como las que ahora se han suspendido, y el derecho al descanso de los vecinos.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

Se recibía en esta Institución escrito de una vecina de Cártama mediante el cual exponía lo siguiente:

"... tengo una caseta delante de mi bloque, la cual no tiene un uso práctico. Vivo al lado de un parque, que no tiene aseos por lo que tengo que ver como defecan, orinan, y consumen drogas delante de mi casa. He contactado con Ayuntamiento, dicen que al ser un parque el mantenimiento no depende de ellos, he contactado con la Junta, me dicen lo contrario... Estamos desesperados.

Ruego la demolición de estas casetas, la limpieza (esto parece un estercolero), que habiliten unos servicios públicos y seguridad para el no consumo de drogas aquí delante de nuestras casas. El parque se encuentra en Estación de Cártama, al lado del puente de hierro".

El 24 de abril, presentó en el Ayuntamiento un escrito exponiendo este problema y solicitando una solución. A dicho escrito no había tenido respuesta.

Adjuntaba también fotografía de la caseta en cuestión en la que se podía ver una especie de cerramiento perimetral de obra con puerta y sin techo, de aspecto degradado y con grafitis, con vegetación o maleza interior, sin duda propiciando un espacio para usos no convenientes, tanto en su interior como en cualquier de los laterales en exterior.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento para conocer si el parque donde se encuentra esta caseta es de titularidad municipal o es de titularidad autonómica, pues es una de las cuestiones que parece no estar clara a tenor del relato de queja. En caso de que sea de titularidad autonómica, rogábamos nos informase si existe algún convenio entre ese Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en cuanto a su mantenimiento y conservación, y sobre la frecuencia de la limpieza que se lleva a cabo.

En cuanto a la caseta en sí, interesábamos informe sobre su utilidad y sobre si es posible su demolición o adoptar alguna otra medida para evitar lo que parece un punto degradado dentro de este parque.

El Ayuntamiento de Cártama nos informó de que la gestión y mantenimiento del área recreativa donde se ubica la edificación en ruinas objeto de queja, pertenece a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Málaga y que:

"… 2. Son numerosas las quejas recibidas en este Ayuntamiento en relación al uso incívico que los usuarios del Área Recreativa del Río Guadalhorce realizan de esta edificación, sobre todo, provenientes de los vecinos y vecinas residentes en los edificios cercanos a la misma en la barriada de los Almendros.

3. Esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga en numerosas ocasiones, solicitando tanto la eliminación de esta edificación, la cual se encuentra en estado de ruina y sin uso conocido, así como la habilitación y el debido mantenimiento de los baños públicos del Área Recreativa, al ser competencia de la citada administración.

Por todo lo expuesto, y al ser competencia de la Junta de Andalucía la gestión del citado área, se reiterará desde este Ayuntamiento la eliminación de esta edificación y el adecuado mantenimiento de los equipamientos del mismo."

Nos aportaba también el Ayuntamiento de Cártama una petición formulada en tal sentido a la citada Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, de fecha 25 de abril de 2022, que al parecer no había tenido respuesta.

A la vista de lo anterior, solicitamos la colaboración de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a la que pedimos que nos informase de las previsiones que tiene respecto de esta edificación en estado de ruina en el Área Recreativa del Río Guadalhorce de Cártama Estación, a la vista de las quejas que se plantea desde la ciudadanía y de la petición del Ayuntamiento de demolición, y de habilitación y mantenimiento de los baños públicos del área recreativa.

La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul no informó que la competencia en la materia objeto de esta queja la tenía la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y que daban traslado de nuestra petición a esa delegación.

Finalmente recibimos comunicación de la promotora de la queja que nos trasladaba que el asunto motivo de la queja había sido solucionado y nos trasladaba su agradecimiento por lo que procedimos al cierre del expediente de queja.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de Alcalá de Guadaíra mediante el cual exponía, en esencia, que con fecha de febrero de 2022, presentó en el Ayuntamiento un escrito con el que denunciaba que en su calle llevaban tiempo sufriendo los ruidos que ocasiona el desajuste de una tapa de registro, molestias que afectan a todo el vecindario.

Habría adjuntado a dicho escrito 4 folios de firmas de vecinos afectados. Explicaba que estos ruidos, provocados por el mal ajuste de dicha tapa y por el paso de vehículos, se suceden las 24 horas del día, los 365 días del año.

Ante la falta de respuesta y de intervención municipal a dicho escrito, más recientemente había vuelto a presentar en ese Ayuntamiento otro en fecha de julio de 2022, sin que hasta el momento se haya dado solución a este problema.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para conocer las actuaciones de comprobación y, en su caso, de adopción o de exigencia de medidas correctoras que se han adoptado por ese Ayuntamiento para dar solución al problema de ruidos denunciado. Para el caso de que no se haya tomado aún ninguna medida, rogábamos se proceda a ello y se activen los mecanismos de inspección y, en su caso, solución de este asunto, informándonos al respecto.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra nos remitió informe indicando, en esencia, que inspeccionada la tapa de registro objeto de queja, se comprueba que su mantenimiento y conservación corresponde a Telefónica de España SAU. También constaba en dicho informe que con fecha de febrero de 2022, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se dio traslado a Telefónica de España SAU, de esta incidencia para su resolución.

A la vista de ello, solicitamos la colaboración de Telefónica de España que en fecha de febrero de 2023 nos remitió informe en el que constaba, en esencia, que:

"Sobre este tema les informo de que con fecha de hoy hemos formulado la correspondiente orden de trabajo para nuestro departamento de Planta Exterior.

En los próximos días, nuestros servicios técnicos inspeccionarán las infraestructuras objeto de la reclamación, programarán la realización de los trabajos e informaran sobre el desarrollo del proceso y el plazo previsto de finalización de los mismos."

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a las peticiones dirigidas por la familia adoptante de una menor a fin de agilizar este proceso adoptivo.

Para conocer las circunstancias del caso, solicitamos con fecha 16 de agosto de 2023 el necesario informe ante la Delegación de Inclusión Social y Familias en Málaga. Finalmente, se recibió comunicación con fecha 11 de septiembre de 2023 en la que se indica que la resolución judicial esperada se ha producido en el curso del Procedimiento de Adopción, seguido en el Juzgado de Primera Instancia.

Efectivamente, se acompaña copia de la resolución dictada acordando en su parte dispositiva la adopción de la menor.

Considerando que ha sido superado el motivo de la presentación de queja, creemos adecuado concluir nuestras actuaciones, dejando a salvo las actuaciones de seguimiento que, en su caso, resulten necesarias.

La queja fue tramitada por la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de analizar las medidas hacia un menor federado que expresaba situaciones de desatención y conflicto en el seno de su club de fútbol.

Los trámites y la investigación del caso motivaron que la Institución formulara Resolución ante la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), señalando:

“RECOMENDACIÓN a fin de que desde las atribuciones de la RFAF se promueva el estudio del caso analizado y la actuación de los recursos de la federación, en particular del Defensor del Menor del Fútbol Andaluz”.

Con fecha 19 de septiembre de 2023, la RFAF respondió a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia y Defensor del Pueblo Andaluz, indicando que:

“En particular, venimos a contestar el escrito RECOMENDACIÓN, que dejamos por reproducido, y sobre el cual, esta Real Federación Andaluza de Fútbol quiere manifestar lo siguiente:

Primero.- Reiterar, lo expuesto en nuestro primer informe, acerca de las competencias que la Real Federación Andaluza de Fútbol (en adelante RFAF) para intervenir en cuestiones que pertenecen a la esfera privada CLUB-JUGADOR.

Segundo.- Que el jugador ya no pertenece a la disciplina del equipo que motivó la queja, ya que el jugador ha suscrito licencia con un nuevo club, por lo que esta parte entiende, que, en este caso concreto, ya no es necesaria nuestra labor mediadora.

Tercero.- Que, al tratarse de una recomendación esta RFAF valorará, en su caso, y atendiendo a su naturaleza, la pertinencia de dar traslado al Comisionado del Menor Deportista (anteriormente denominado Defensor del Menor del Fútbol Andaluz), de los expedientes que sean remitidos por su honorable Institución.

A este respecto, nos es grato informales, que se han tramitado, hasta la fecha, desde el 1 de enero de 2023, más de 70 expedientes”.

Según la respuesta recibida, y realizando una valoración sobre sus contenidos, por cuanto respecta al caso particular analizado, fue precisamente esa ausencia de acogida o de amparo federativo lo que suscitó el posicionamiento de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia y Defensor del Pueblo Andaluz. Tras la investigación del caso, creímos necesario dar acogida a las peticiones que en su día dirigió la familia del menor solicitando la intervención de la RFAF ante unas determinadas situaciones de conflicto con su antiguo club y sus técnicos.

Creemos que cabía esperar una respuesta más proactiva de los servicios de la RFAF ante la situación descrita para, en primer lugar, poder evaluar con rigor la propia entidad del caso suscitado y luego, si procedía, promover la actuación de esa figura federativa de protección para los jugadores menores. Tal actitud no se produjo desde la RFAF argumentando que era un asunto “juridico-privado”.

Sin ánimo de reproducir los argumentos expresados en la Resolución dictada, los valores acogidos en el seno de la actividad deportiva, y aún más en el caso de practicantes menores de edad, son los que fundamentan la creación en la RFAF de estos servicios específicos de atención “en asuntos relativos a presuntos abusos, violencia (física o verbal), discriminación, desarraigo o indefensión”. Y, por ello, parecía coherente aguardar que la propia Federación acogiera el caso.

Sin embargo, los acontecimientos han derivado finalmente en la salida del jugador de su club y el cambio de ficha, lo que ha dejado sin sentido cualquier medida adoptada en el seno de la entidad afectada.

Por otra parte, también hemos de señalar que acogemos con interés la voluntad de la RFAF de derivar hacia la figura federativa del “Defensor del Menor del Fútbol Andaluz” los casos que se sometan a la consideración desde esta Institución. Ello facilitará las intervenciones de estos servicios de atención y protección de los menores en los ámbitos propios de sus actividades federativas; si bien —insistimos— esperamos una mayor iniciativa y agilidad de estos servicios federativos a la hora de ofrecer sus atenciones en supuestos análogos a los analizados en la presente queja.

En todo caso, ante la respuesta recientemente recibida, debemos entender la aceptación formalmente expresada por la Real Federación Andaluza de Fútbol sobre la Resolución a la vista de sus competencias.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a las peticiones dirigidas por familiares de una alumna con necesidades educativas especiales para requerir los recursos adecuados en el centro específico en el que está matriculada.

Para conocer las circunstancias del caso, solicitamos con fecha 6 de julio de 2023 el necesario informe ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla. Dicha respuesta fue recibida con fecha 12 de septiembre, en la que se indica:

“De las actuaciones llevadas a cabo y el análisis de los hechos en contraste con la normativa en vigor, se concluye que el centro IES Luca de Tena ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las medidas de atención a la diversidad establecidas en la lnstrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que Impartan Educación Secundarla Obligatoria para el curso 2022/2023 y en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundarla Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

Por tanto, se constata que el centro ha tomado las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa vigente, para que la alumna sea atendida en su proceso de enseñanza aprendizaje con las máximas garantías de calidad a través de mecanismos que tanto el orientador del centro como la tutora y el equipo docente han llevado a cabo, bajo la supervisión de la Jefatura de estudios y la dirección del cetro, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundarla.”

A la vista de las informaciones recibidas y de las aportaciones ofrecidas por la familia, hemos podemos acreditar un relato sobre los motivos de la queja presentada y la posición de los responsables educativos.

A modo de balance, podemos apreciar una actuación a cargo de los servicios educativos de Inspección sobre la controversia expresada en la queja. Ciertamente, la asignación de recursos y la definición, en suma, de la respuesta educativa que necesita la alumna suponen un proceso de estudio y valoración que está recogido en la normativa que regula estos procedimientos, según el Decreto 147/2002, de 14 de mayo y en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

Sustancialmente, el proceso definido pretende realizar un estudio singular de las características del alumnado y elaborar un dictamen de escolarización que abrigue esas necesidades singulares acordes con todas las circunstancias relevantes del alumno. Con ello queremos destacar el alcance eminentemente técnico y especializado que aportan los profesionales que integran los Equipos de Orientación y, por tanto, debemos aportar un imprescindible criterio de confianza a la hora de analizar las propuestas que se recogen en estos dictámenes. Además, en estos procesos está recogida la intervención y escucha de las familias para garantizar su participación y colaboración en la tarea de construir la respuesta educativa a cada alumno y alumna.

En el caso concreto que nos ocupa, nos encontramos con una divergencia a la hora de definir precisamente esas atenciones específicas entre el criterio expresado por la familia de la alumna frente a la opción de algunos profesionales del centro. Y, al hilo de esos mismos procesos y de la respuesta eminentemente técnica a la que se hace necesario acudir, es la propia Inspección la que señala que “el centro ha tomado las medidas necesarias de acuerdo con la normativa vigente”.

Por tanto, cabe otorgar el tiempo necesario para perseverar en estas medidas en el centro asignado y evaluar sus resultados a través de la progresiva aplicación de todos los recursos definidos en el dictamen de escolarización.

Y, no menos importante, debemos reseñar la importancia de disponer de la estrecha comunicación colaboradora de los profesionales educativos junto a la familia, para garantizar una respuesta integral en la atención que requiere y merece la alumna.

Procede pues concluir nuestras actuaciones, dejando a salvo las actuaciones de seguimiento que, en su caso, resulten necesarias para la buena marcha educativa del alumno.

El Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja relativa a la petición dirigida para requerir medidas de adaptación y accesibilidad de las instalaciones de piscina en su localidad.

Para conocer las circunstancias del caso, solicitamos con fecha 6 de julio de 2022 el necesario informe ante la Alcaldía. Dicho informe debió ser requerido mediante nuevos escritos de fechas 16 de agosto de 2022, 27 de septiembre de 2022, 30 de marzo de 2023 y 1 de septiembre de 2023, cuando ya se dirigió citación formal a la Alcaldía para comparecer en estas dependencias para el día 26 de septiembre de 2023. Finalmente, con fecha 21 de septiembre, se recibe informe en el que se destaca:

“CONCLUSIÓN

Dicho todo lo anterior, el técnico que suscribe, concluye que:

La construcción de la piscina cubierta, obtuvo licencia de obras por resolución del concejal delegado de obras y urbanismo con fecha del 15/05/2008, siendo en materia de accesibilidad, el DECRETO 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía la normativa vigente en aquel momento y cuyo cumplimiento quedó acreditado según los informes técnicos obrantes en el expediente.

Posteriores intervenciones que se han venido realizando en las instalaciones, según se ha podido comprobar en los expedientes obrantes en el área de obras y urbanismo, han sido actuaciones propias del mantenimiento, conservación y mejora de la instalación, como por ejemplo:

- Sustitución de las bombas de la piscina cubierta.

- Actuaciones varias piscina cubierta. Consistentes en sustitución de llaves y valvuleria, depósitos, tuberías, placas, intercambiadores, sistema de control de producción de agua caliente, etc.

- Instalación de calderas de biomasa, quemador y bancada de sustentación.

- Reparación de carpinterías metálicas y vidrios.

- Ejecución de actuaciones varias de mejora y reparación en piscina. Intervención consistente en reparación y mejora de vestuarios y zonas anexas.

Estas actuaciones posteriores sobre la edificación existente, no han alterado la actividad que allí se desarrolla, si bien, y dado que las condiciones de la propia construcción no imposibilitan el cumplimiento de las exigencias a las que se ha hecho referencia en el presente informe en relación a la reclamación efectuada por el denunciante, no podemos acogernos a la disposición adicional primera del Decreto 293/2009 donde se recogen excepcionalidades al cumplimiento del Reglamento, por lo que se han de realizar las intervenciones necesarias para su ajuste.

Dichas intervenciones, resultan viables y mejorarán las condiciones de accesibilidad preexistentes, y son las siguientes:

1. Se deberá realizar la colocación de un asiento adosado a la pared así como dejar libre un espacio de 0,70 metros de ancho a cada lado para facilitar el acceso lateral. (Lugar, VAMx, vestuario accesible mixto)

2. Se deberá colocar perchas a una altura comprendida entre 0,40 y 1,20 metros así como reubicar algunos elementos de lavado de manos a la altura indicada. (Lugar, VAMx, vestuario accesible mixto)

3. En las duchas se deberá resolver la variación de cota, de manera que la entrada a la misma quede enrasada.

4. Se colocarán perchas a una altura de entre 0,40 y 1,20 metros.

Observ. Se entiende que las dimensiones del asiento actual 45, 48 y 39 pueden quedar dentro del ajuste razonable, ya que el asiento tiene pequeñas variaciones de dimensión pero llega a cumplir su función, de manera que permite que haya un espacio libre de transferencia al asiento de 0,70 metros. (DAF. Ducha accesible femenina. y DAM. Ducha accesible masculina)”.

A la vista de las informaciones recibidas y de las aportaciones ofrecidas por la interesada, hemos podido acreditar un relato sobre los motivos de la queja presentada y la posición de los responsables municipales.

A modo de balance, podemos apreciar la descripción de las instalaciones a los efectos de garantizar la accesibilidad a través de un proceso de estudio y valoración que está recogido en la normativa que regula estos requisitos, conforme al Decreto 72/92 sobre eliminación de barreras arquitectónicas.

Sustancialmente, el proceso definido pretende realizar un estudio singular de las características de la instalación deportiva que concluye la existencia de necesidades singulares de adecuación acordes con todas las circunstancias de uso y el perfil de las personas que acuden a estas dependencias.

En el caso concreto que nos ocupa, nos encontramos con una serie de necesidades identificadas y, al hilo de esos mismos estudios, se concreta la respuesta eminentemente técnica a la que se hace necesario acudir, tras la propia inspección realizada, que señala que “se han de realizar las intervenciones necesarias para su ajuste. Dichas intervenciones, resultan viables y mejorarán las condiciones de accesibilidad preexistentes”.

Esa misma tarea de estudio y diagnóstico también concreta las intervenciones específicas que se han reseñado anteriormente. Por tanto, en la búsqueda de la adecuada respuesta de adaptación y mejora, queremos destacar la motivación de la queja y el anuncio de acometer las intervenciones que resultan necesarias.

Por tanto, cabe otorgar el tiempo necesario para poner en marcha estas medidas en el establecimiento deportivo y evaluar sus resultados a través de la progresiva aplicación de todas las mejoras definidas. Dicha respuesta nos lleva a postergar la emisión de un pronunciamiento formal como Resolución dejando señalada la disposición a realizar las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias hasta la aplicación de las medidas de mejora anunciadas.

Por otra parte, debemos destacar la dilatada tramitación del expediente tras la petición de colaboración que se dirigió ante la alcaldía desde el 6 de julio de 2022 y que no ha logrado obtener el informe requerido hasta catorce meses después, tras seis requerimientos sucesivos recabando la colaboración de ese ayuntamiento. Confiamos evitar en futuras ocasiones estas dilaciones en la colaboración debida con este Comisionado del Parlamento de Andalucía, en los términos recogidos en la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz.

Procede pues concluir nuestras actuaciones, dejando a salvo las actuaciones de seguimiento que, en su caso, resulten necesarias para la mejora y accesibilidad de las instalaciones deportivas municipales.

La presente queja se tramita en relación con la petición planteada para la adecuación de la luminaria de espacios públicos a los entornos históricos de municipio de la provincia de Córdoba.

En su día esta Defensoría se hizo eco del caso y con fecha 3 de abril de 2023 nos dirigimos ante la entidad local y así solicitamos información sobre la petición expresada. Dicha información no fue atendida lo que necesitó de nuevas peticiones dirigidas con fechas 12 de mayo, 14 de junio y 17 de agosto de 2023. Finalmente el informe municipal señala con fecha 2 de octubre lo siguiente:

“Mediante el presente informe, y desde la Delegación de Infraestructuras, Obras y Servicios, del Excmo. Ayuntamiento, les hacemos llegar lo siguiente:

Tras la petición formulada por un colectivo de vecinos del barrio…., de nuestra localidad, realizado con objeto de solicitar la instalación de unas luminarias más acordes con los valores históricos y patrimoniales del entorno de dicha plaza, le informamos que se ha efectuado el cambio tanto de las luminarias como de las columnas de las mismas, por unas de apariencia de tipo clásico más acordes con las características de la Plaza donde se encuentran, teniendo en cuenta además el arraigo cultural que dicha plaza supone para nuestra localidad.

Por tanto, ponemos los hechos expresados anteriormente en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz para su constancia y efectos”.

Estudiada la contestación municipal podemos deducir una actuación receptiva ante las peticiones vecinales disponiendo la adecuación de estos elementos de iluminación más acordes con los entornos urbanos.

Nos congratulamos de la resolución favorable del caso planteado en la queja y procedemos a concluir nuestras actuaciones.