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Un ciudadano con una discapacidad del 84% que le obliga al uso de silla de ruedas, manifiesta su desacuerdo con el hecho de que se le prohiba la practica de la pesca en el puerto, único lugar donde le es posible. .

Tras la respuesta recibida de la Administración, se emite Resolución con el siguiente tenor literal

ANTECEDENTES

I. Con fecha 25 de Noviembre de 2013 fue registrado de entrada en esta Institución escrito remitido por el interesado a través del cual señalaba lo siguiente:

- Que tiene una minusvalía del 84%, consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido hace 6 años que le produjo una lesión medular que le obliga al uso de silla de ruedas.

- Que a causa del accidente se ha llevado mucho tiempo sin practicar la pesca, su mayor afición, hasta que recientemente volvió a intentar poder desempeñarla.

- Que al acudir al puerto de su localidad, Chiclana de la Frontera, se le informa, que no es posible la practica de la pesca en el puerto pues hay un reglamento de pesca que lo prohíbe.

- Que debido a si discapacidad, el único sitio posible para poder practicar la pesca es en los puestos pesqueros o deportivos, por lo que solicito permiso o autorización para poder realizar dicha actividad en los puertos.

II. Reunidos cuantos requisitos formales se prevén en el artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la referida queja y, consiguientemente, solicitar la evacuación de informe a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

III. En atención a la solicitud cursada, con fecha 3 de Marzo de 2014 fue recibido oficio de la referida Agencia Pública, informando lo siguiente:

- Que el ejercicio de la pesca en el interior de los recintos portuarios está prohibido fundamentalmente por motivos de seguridad, estando tipificada como infracción por la Ley 21/2007, de 18 de Diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

- Que el interesado fue atendido e informado de la reglamentación existente, indicándole que presentará por escrito su petición para que fuera debidamente estudiada.

- Que se le expuso al interesado, que de ser posible dicha practica, sería en todo caso en la zona del muelle pesquero, manifestando el mismo que no era esa la zona de su preferencia.

- Que en cualquier caso se esta dispuesto a estudiar cualquier solución que se encuentre dentro del marco de la legalidad vigente.

IV. A tenor del contenido del informe, se dio traslado del mismo al interesado, quien manifestó que “... lo que reclamo es una oportunidad para poder pescar en el muelle pesquero, siendo indiferente el lugar donde deba de realizarlo siempre y cuando sea acorde a mis circunstancias ...”.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Unica.- Del régimen jurídico en los Puertos de Andalucía en relación a la práctica de la pesca.

La Ley 21/2007, de 18 de Diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, viene a establecer en su artículo 6 como competencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, entre otras las siguientes:

«a) El otorgamiento, modificación o extinción de licencias, autorizaciones y concesiones de dominio público portuario en los puertos de gestión directa.

...

c) La redacción y participación en la tramitación de los planes especiales de ordenación de los puertos.

...

f) Auxiliar a la Consejería competente en materia de puertos en el ejercicio de la potestad de inspección y llevar a cabo las tareas de vigilancia con relación a los servicios, operaciones, ocupaciones y actividades en general que se desarrollen en los puertos, cualquiera que sea el régimen de uso del espacio portuario o la forma de prestación de los servicios.

...

h) Cuantas otras competencias se le atribuyen expresamente por esta ley.»

Pasando a continuación a establecer la norma los usos y actividades permitidas en el dominio público portuario (art. 16), así como su utilización (art. 20):

«Artículo 16 Usos y actividades permitidos en el dominio público portuario

1. En el dominio público portuario solo podrán llevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones acordes con los usos portuarios propios de cada puerto.

A tal efecto, tienen la consideración de usos portuarios los siguientes:

...

2. Dentro del dominio público portuario, también podrán realizarse usos compatibles con los portuarios, tales como los culturales, deportivos, educativos, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades comerciales no portuarias que favorezcan el equilibrio económico y social de los puertos. Para permitir estos usos no portuarios será necesario que estén previstos en el correspondiente Plan de Usos de los Espacios Portuarios y que se ajusten al planeamiento urbanístico.

Artículo 20 Utilización del dominio público portuario

1. La utilización del dominio público portuario se regirá por lo establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.

2. La utilización del dominio público portuario para usos que presenten circunstancias de exclusividad, intensidad, peligrosidad o rentabilidad exigirá la obtención de la correspondiente concesión o autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

3. Solo podrán otorgarse concesiones o autorizaciones para los usos y actividades permitidos en el artículo 16 que sean conformes con las determinaciones establecidas en el Plan de Usos de los Espacios Portuarios. Excepcionalmente podrán otorgarse autorizaciones para usos no previstos, siempre que no sean incompatibles con la normal actividad del puerto y su plazo de vigencia no exceda los tres meses.»

Por otro lado, viene a regularse mediante la Orden de 1 de Marzo de 1995 el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de Andalucía, determinándose el uso de las infraestructuras e instalaciones de los puertos (art. 4) como las actividades permitidas en las zonas de servicio (arts. 53 y 54):

«Artículo 4. Uso de las infraestructuras e instalaciones

1. Están destinados al servicio público los muelles, tinglados, almacenes, viario, superficies y en general toda la infraestructura e instalaciones dentro de las zonas de servicio de los puertos, con sujeción a las normas de este Reglamento, las particulares que se contengan en eventuales títulos de concesión y a aquellas instrucciones que en materia de ordenación, organización y gestión de las instalaciones, sean dictadas por EPPA sobre entrada, salida y atraque de embarcaciones, embarque, desembarque, trasbordo y tránsito de pasajeros, pesca y mercancías, depósito provisional de éstas, operaciones complementarias, circulación de vehículos y personas, depósito de objetos, así como el ejercicio de cualquier otra actividad, estando sujeto su uso a la autorización de EPPA y a la obtención de los permisos adicionales necesarios en cada caso por las disposiciones vigentes.

2. El uso de las infraestructuras e instalaciones portuarias deberá ajustarse en cada momento al fin específico para el que están previstas, y con los límites definidos en cuanto a máximos niveles de uso (cargas, intensidades, volumen, etc.), y horarios de funcionamiento.

Artículo 53. Otras actividades

1. En la zona de servicios del puerto no se permitirá, salvo autorización previa, el ejercicio de actividades secundarias tales como:

a) Establecer puestos o kioscos y realizar ventas ambulantes de cualquier clase;

b) varar, limpiar, desguazar o calafatear embarcaciones;

c) abandonar los restos de aquellas que por graves averías o ruina manifiesta hayan sido dadas de baja por la Autoridad de Marina;

d) colocar sillas o mesas, efectuar comidas, bañarse, pescar desde los muelles o pescar con cualquier tipo de arte en las dársenas y aguas portuarias;

Artículo 54. Prohibiciones generales

Quedan prohibidas las acciones contrarias a la salubridad o higiene pública o al respeto debido al personal de servicio de EPPA, demás agentes de la Autoridad, y usuarios del puerto en general, así como los actos que perturben la buena marcha de los servicios del puerto, y cuanto constituya trasgresión de las órdenes complementarias dictadas por EPPA.»

Por lo tanto, si bien el ejercicio de la pesca desde los muelles esta considerada como una actividad secundaria que no esta permitida, cuestión que de forma expresa se indica en el informe de esa Agencia (“...el ejercicio de la pesca en el interior de los recintos portuarios está prohibido fundamentalmente por motivos de seguridad, estando tipificada como infracción ...”), no es menos cierto que la propia normativa permite el ejercicio de toda actividad secundaria con autorización expresa, motivo por el que el referido informe continua indicando que “...de ser posible dicha practica, sería en todo caso en la zona del muelle pesquero, ... en cualquier caso se esta dispuesto a estudiar cualquier solución que se encuentre dentro del marco de la legalidad vigente.”

Trasladada dicha cuestión al interesado, entendemos aceptada dicha propuesta al manifestar que “... lo que reclamo es una oportunidad para poder pescar en el muelle pesquero, siendo indiferente el lugar donde deba de realizarlo siempre y cuando sean acorde a mis circunstancias.”

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN Que a tenor de la predisposición mostrada por ambas partes, se mantengan entre ellas los encuentros pertinentes al objeto de tratar de lograr una solución de consenso que, partiendo del respeto del ordenamiento jurídico, haga posible la atención de las pretensiones de la parte promotora de la queja.”

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Se dirige a la Institución un ciudadano exponiendo la falta de respuesta del Ayuntamiento de Puerto Real a su solicitud de información sobre la empresa ipReal.

Tras reiteradas peticiones de información por nuestra parte sin obtener respuesta, se emitió Resolución que se transcribe literalmente a continuación

ANTECEDENTES

I. Con fecha 3 de Marzo de 2014 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D. X, a través de la cual nos exponía que “....con fecha 20 de Enero de 2014 planteó ante esa Corporación una solicitud de información sobre la empresa ipReal (se adjunta copia del escrito) si bien parece que hasta la fecha no se le ha facilitado respuesta.”.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por el interesado al que se hace referencia, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma en tres ocasiones, está ultima mediante llamada telefónica donde se nos informo lo siguiente:

“Desde Alcaldía tras explicar el motivo de la llamada me pasan la llamada al Departamento Jurídico del Ayuntamiento, siendo informado por la Sra. letrada que ellos elaboran un borrador de contestación que pasan a la Sra. Alcaldesa para firma, y que para la elaboración de dicho borrador necesitan la información que le han de facilitar el departamento correspondiente. Que cada vez que les hemos remitido un escrito (TSPR -Petición de respuesta-, TS1R -Primer Reitero- y TS2R –Segundo Reitero-) han procedido de dicha forma, no habiendo obtenido respuesta alguna”.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Única.- De la obligación de resolver a cabo de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del apartado primero del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación».

De esta obligación se exceptúan tan sólo los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. Por consiguiente, el supuesto objeto de estudio no resulta subsumible en tal excepción.

Asimismo, según lo preceptuado en el apartado séptimo del citado artículo 42, «El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar el incumplimiento de dicha obligación a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RECOMENDACIÓN: Consistente en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la solicitud planteada por el interesado a través del escrito objeto de la presente intervención del Defensor del Pueblo Andaluz.”

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En esta Institución se tramita expediente de queja relativo al abono de ayuda por asistencia a cursos de formación, solicitado al órgano provincial de empleo previamente a la asunción de competencias en la materia por esa Dirección General, conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

La persona interesada en dicha comunicación, exponía el problema que le afecta, relacionado con la demora en el pago de la beca concedida en base al curso de Formación para el Empleo, denominado “Trabajador Forestal". Por ello, solicitaba la intervención de esta Institución ante la Administración educativa, al objeto de conseguir encontrar una solución al problema existente.

Una vez estudiada dicha comunicación, procedimos a admitirla a trámite, se iniciaron actuaciones ante la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, que con fecha 8 de abril de 2013 informaba lo siguiente:

“Con fecha 9 de diciembre de 2011, la interesada, presentó una solicitud de beca PROTEJA por su asistencia al curso de Formación Profesional para el Empleo “Trabajador Forestal”, al amparo del artículo 2,3 de la Orden de 24 de marzo de 2009, por la que se desarrollan las medidas relativas al fomento del empleo y acciones formativas contempladas por el Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA).

Atendiendo a la disponibilidad presupuestaria existente, el día 30 de diciembre de 2012 la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo dictó resolución por la que concedió a la interesada una beca por un importe equivalente al IPREM mensual vigente a la fecha de inicio de la acción formativa (532,51€), en función de los días de asistencia y por un periodo máximo de tres meses.

El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 30 de diciembre de 2008, concedió una subvención excepcional a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) para financiar las medidas de acompañamiento al proyecto: Acciones Formativas: Proyecto Proteja, entre las que se incluía el pago de estas becas PROTEJA. De esta manera, la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo resolvía, notificaba y ordenaba el pago de las becas pero era la FAFFE la que gestionaba el pago a los beneficiarios con los fondos recibidos por la subvención anteriormente citada.

La extinción de la FAFFE, el 5 de mayo de 2011, provocó que el Servicio Andaluz de Empleo, en virtud del artículo 8.5 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, asumiera directamente el pago de las becas.

Finalmente, el pago de las becas PROTEJA no ha podido materializarse pues, al grabar las propuestas contables, se detectó que las bases reguladoras de las subvenciones, en esta caso la Orden de 24 de marzo de 2009, no habían sido dadas de alta en el sistema integrado JÚPITER. Esta situación ha sido puesta de manifiesto, reiteradamente, a nuestros Servicios Centrales que nos han informado de que dicho trámite está pendiente de un informe de la Intervención General.

Esta Dirección Provincial tiene el máximo interés en el abono de estas becas que van destinadas a un colectivo desfavorecido y, por ello, en cuanto se solucione el mencionado trámite, procederemos a su pago inmediato”.

Posteriormente, el 20 de septiembre de 2013, la citada Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo nos comunicó que habían dado traslado del asunto a la respectiva Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, por haber asumido dicho organismo las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo.

Tras estas vicisitudes administrativas relacionadas con las reestructuraciones acaecidas en las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo, con fecha 23 de enero de 2014 la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte nos informó lo siguiente:

“Que el curso realizado por MPSM es de ámbito multiprovincial por lo que la gestión del mismo depende de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

Que a día de hoy no se ha producido la incorporación de remanentes ni las instrucciones necesarias para cumplimentar los documentos contables que posibiliten el pago de las becas/ayudas correspondientes a las acciones formativas de la convocatoria de 2011, objeto de la reclamación.

Que esta Delegación Territorial tiene el máximo interés en el abono de estas becas que van destinadas a colectivos desfavorecidos y, por ello, una vez se solucionen las circunstancias señaladas, procederemos a su pago en el plazo más breve posible.”

A la vista de ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones, en la confianza de que las actuaciones que se estaban llevando a cabo por los servicios competentes de dicha Administración, condujeran al abono a la interesada cuanto antes, de las cantidades reclamadas a las que tenía derecho por haber realizado el curso de Formación para el Empleo de Trabajador forestal.

No obstante, como quiera que esta Institución viene realizando un seguimiento de estos expedientes, al objeto de comprobar la efectiva adopción de las medidas anunciadas para la solución del problema, después de un tiempo prudencial volvimos a contactar con la interesada para que nos indicase si se había producido alguna novedad en el tema que motivó de su queja, o bien existía alguna circunstancia que desvirtuase nuestra decisión de dar por concluido el expediente adoptada en su día.

En su respuesta, la interesada nos confirmaba que, en efecto, continuaba sin resolverse el problema por el que se dirigió a esta Institución en su día, manifestando su disconformidad con que una ayuda concedida por la realización de un curso en el año 2009, aún no le hubiese sido abonada.

Ante ello, y dado que habían transcurrido varios meses desde la información administrativa anterior, se procedió a reabrir este expediente de queja con fecha 2 de septiembre de 2914, cursando nuevo requerimiento en este sentido realizado a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, tiene como respuesta un informe emitido con fecha 8 de octubre de 2014, en el que, en definitiva, se constata la permanencia en dicho estado de situación del expediente. En dicho informe se indica:

“Que no se han solucionado las circunstancias señaladas a día de hoy, por lo que no se ha podido proceder a la materialización del pago de la beca correspondientes a las acciones formativas de la convocatoria de 2011, objeto de la reclamación.

Que esta Delegación Territorial tiene el máximo interés en el abono de estas becas que van destinadas a colectivos desfavorecidos y, por ello, una vez se solucionen las circunstancias señaladas, procederemos a su pago en el plazo más breve posible.”

En conclusión, al día de la fecha, transcurridos más de dos años de la finalización del curso de Formación Profesional para el Empleo y de la solicitud de la beca/ayuda vinculada a esta formación, la interesada aún no ha obtenido respuesta alguna, ni tampoco la percepción de la misma.

CONSIDERACIONES

Única.- Del derecho de la ciudadanía a una buena administración.

Con carácter general, la legislación administrativa establece un determinado plazo para la resolución de los procedimientos administrativos, y en su defecto un plazo sustitutorio, para el caso que no lo señale la legislación específica.

En el caso que aquí nos ocupa el plazo específico viene establecido en el art. 47.3 de la Orden de 23 de octubre de 2009 (dictada en desarrollo del Decreto 335/2009, de 22 de septiembre), estableciendo un plazo de 3 meses como máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos relativos a estas becas y ayudas (BOJA de 3 de noviembre)

Por otro lado, el art. 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regula el derecho de la ciudadanía andaluza a una buena administración, derecho desarrollado por el art. 5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, incorporando como uno de los elementos de este derecho, el de la obligación de la Administración de resolver las cuestiones planteadas por la ciudadanía en un “tiempo razonable”.

Resulta evidente que en el presente caso, el procedimiento administrativo no solo no ha sido resuelto en el plazo establecido (3 meses) como tampoco en un plazo razonable, toda vez que los dos años transcurridos hasta el momento sin respuesta administrativa, y por consiguiente tampoco el abono de las cuantías económicas, situando este derecho en el ámbito de lo ilusorio.

En modo alguno, unas demoras tan excesivas como las aquí detectadas, pueden justificarse por reestructuraciones administrativas afectando a sucesivos ejercicios presupuestarios.

RESOLUCIÓN

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el art. 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, regulador a de esta Institución, con fecha 17 de noviembre de 2014 se realizó el siguiente RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES:

Art. 47.3 de la Orden de 23 de octubre de 2009, sobre bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas de formación profesional para el empleo.

Art. 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y art. 5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sobre derecho de la ciudadanía a una buena administración.

Igualmente, y con el mismo amparo legal y fecha, hubimos de formular a la referida Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte la siguiente

RECOMENDACIÓN:

Que a la mayor urgencia posible adopte las medidas necesarias para la puesta al día de los expedientes relativos a las subvenciones y ayudas derivadas de los cursos de Formación Profesional para el Empleo dependientes de esa Administración, procediéndose al abono de las correspondientes prestaciones económicas derivadas de las mismas, entre la que se encuentra la reclamada en el presente expediente de queja”.

La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, con fecha 16 de enero de 2015 ha remitido un informe en el que manifiesta estar plenamente de acuerdo con dicha Recomendación, pero que no está en el ámbito de sus competencias adoptar las medidas necesarias para poder hacer efectivo el abono de la beca reclamada , ya que no se han incorporado créditos que posibilite el pago de las becas y ayudas de acciones formativas de la convocatoria del año 2011, a pesar de haber trasladado el problema en varias ocasiones a distintos órganos de la Consejería, poniéndolos en antecedentes del mismo y solicitando que se arbitre una solución. Lo que vuelven a reiterar, solicitando asimismo, se tome en consideración la Recomendación efectuada el 17 de noviembre de 2011 por esta Institución, y se adopten las medidas necesarias para poder abonar los citados expedientes.

Por su parte, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, -organismo al que, como se decía, le ha dado traslado la Delegación Territorial referida de nuestras Resoluciones-, ha enviado una comunicación con fecha 28 de enero de 2015 aceptando igualmente la Recomendación formulada por esta Institución .

En efecto, dicha Administración educativa expone las razones justificativas del silencio administrativo existente en estos expedientes de ayudas, y aceptando la Recomendación formulada, y afirma que “se van a adoptar aquellas medidas necesarias suplementarias a las ya adoptadas por esta Administración pública, en el marco del estricto cumplimiento de la normativa jurídica vigente y teniendo en consideración los recursos humanos y materiales existentes, así como las disponibilidades presupuestarias, para agilizar la tramitación y resolución de aquellos expedientes administrativos en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, incluyendo los procedimientos referentes al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía “PROTEJA”. “

A la vista de ello, se ha procedido a dar por concluidas nuestras actuaciones, ante la aceptación de la Recomendación por parte de la Administración educativa, y en la confianza de que, en cumplimiento del compromiso expresamente asumido por la Dirección General competente, se proceda al abono cuanto antes de las prestaciones económicas derivadas de las ayudas y subvenciones concedidas por la participación en los cursos de Formación Profesional para el Empleo dependientes de dicha Administración.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz