Alerta por correo electrónico de las novedades

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción a nuestra petición de informe sobre las causas por las que el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística no había registrado avances en orden a proceder a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, persistiendo de esta forma las instalaciones y parcelaciones de la trasera de una calle y las tierras acumuladas sobre los cerramientos traseros de dicha calle, con el consiguiente peligro que se derivaba, según el interesado, de que las aguas del terreno (10 hectáreas) se embalsaran sobre los citados cerramientos y vertieran sobre las viviendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formuló Resolución al citado Ayuntamiento en el sentido de que impulsar el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, informando de los avances registrados en orden a proceder a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, de forma que cesara la situación irregular de las instalaciones y parcelaciones de la trasera de la calle y las tierras acumuladas sobre los cerramientos traseros.

En la respuesta municipal recibida se nos informó que, con fecha 18 de agosto de 2020, la Alcaldía había aprobado por resolución el expediente de contratación para la obra de conservación en la trasera de la calle afectada y que había sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 8 de septiembre del 2020, tramitándose el procedimiento según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se añadía que el contrato se abonaría con cargo a la existencia del crédito adecuado y suficiente a su naturaleza, consignado en una partida presupuestaria del presupuesto municipal del año 2020.

Entendimos que ello suponía, en definitiva, que había sido aceptada la Resolución y que, en consecuencia, nos encontrábamos ante un problema en vías de solución por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La reclamante exponía que desde un centro educativo, desde hacía años venían reclamando al Ayuntamiento de La Zubia y al de Cájar que regularizara y mejorara el acceso al centro debido a la enorme peligrosidad, para todos los usuarios del Instituto, especialmente los alumnos y alumnas, que suponía la llegada al mismo por la falta de pasos de peatones, los que existían tenían la pintura desgastada y no se veían y la señalización vertical que los avisaba está tapada con el autobús que tenía allí su parada (era el caso del final de la calle ... del municipio de Cájar), inexistencia de señales luminosas que avisaran de la presencia del paso de peatones en los accesos al centro (en esta calle los coches iban a enorme velocidad no respetando los límites de velocidad).

A todo esto había que añadir que el alumnado, por el tipo de trazado de la calle, cruzaban por cualquier sitio, en zonas además de curvas con poca visibilidad. Habían pedido reiteradamente a través del Consejo Escolar a dichos Ayuntamientos la solución del problema, en el caso del Ayuntamiento de Cájar ni siquiera se habían molestado en contestar, en el de La Zubia seguían a la espera de una solución.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe a ambos Ayuntamientos interesando que, en el ámbito de sus competencias, se nos diera cuenta de las medidas que se estuvieran impulsando para la mejora de la seguridad vial en la zona cercana al centro educativo, así como que se informara de ellas por escrito al Consejo Escolar.

Como en una primera respuesta del Ayuntamiento de La Zubia se nos informó sobre las medidas adoptadas para mejorar la seguridad vial en los accesos al centro, y se nos remitió un Informe de regulación de tráfico y creación de nuevos estacionamientos elaborado por la Policía Local, volvimos a dirigirnos al mismo solicitando conocer si esa Corporación Municipal había aprobado la implantación de las medidas indicadas en dicho informe y, en ese caso, el plazo aproximado en que se efectuarían las actuaciones precisas para ello.

Desde el Ayuntamiento de Cájar se nos informó que en septiembre de 2019 se iniciaron las reuniones con el Ayuntamiento de La Zubia, en cuyo término municipal se encontraba ubicado el centro afectado, pero dada la cercanía y estar en la zona limítrofe con Cájar entendían que las actuaciones debían ser conjuntas. Es por ello que en la reunión mantenida con el Área de Movilidad en febrero de 2020 se acordó lo siguiente: hacer una rotonda con el acerado correspondiente en los tramos que no existía y que eran de ambos términos municipales, recayendo tanto el trazado del proyecto como los trámites administrativos en el Ayuntamiento de La Zubia.

Nos explicaban que estas actuaciones se habían retrasado en el tiempo dada la excepcionalidad de la situación que se había atravesado durante los últimos meses por el Estado de alarma declarado en el Real Decreto 463 de 14 de marzo de 2020.

En el informe posterior remitido por el Ayuntamiento de La Zubia se indicaba que la regulación de tráfico solicitada requería de un consenso entre ambos Ayuntamientos, el cual se estaba negociando encontrándose éste en estado muy avanzado. Y que, por su parte, se estaba regulando y repintando todo el entorno de la zona escolar, con medidas extraordinarias para el control y prevención del COVID-19 y protección del alumnado a tal efecto, acometiendo trabajos de repintado y acondicionamiento de pasos de peatones, estacionamientos, marcas Viales, isletas, señalización vertical, etc. La única zona que quedaría por regular y repintar sería la zona comprendida dentro del término municipal de Cájar, manteniendo negociaciones.

Continuaban informando que por parte del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de La Zubia ya existía proyecto de regulación y remodelación de la zona en cuestión acometiéndose éste en cuanto se tuviera disposición de los presupuestos y el departamento de economía autorizara la acometida de la actuación.

De las informaciones recibidas se desprendía que ambos Ayuntamientos eran conscientes de que la solución del problema debía ser acordada por las dos Corporaciones Municipales, añadiendo que ya se habían dispuesto una serie de medidas de repintado y acondicionamiento de los pasos de peatones y se había redactado un proyecto de regulación de la zona que sería ejecutado en cuanto las disponibilidades presupuestarias del Ayuntamiento de La Zubia así lo permitieran.

De acuerdo con ello, estimando que las actuaciones en ejecución y las previstas en el futuro supondrían la solución de los problemas de seguridad vial planteados, dimos por concluidas nuestras actuaciones, a la vez que instamos al Ayuntamiento de La Zubia a agilizar al máximo las gestiones pendientes de forma que, contando con la dotación presupuestaria necesaria a tal efecto, se pudieran ejecutar las obras de remodelación anunciadas a la mayor brevedad posible.

La persona interesada denuncia la insuficiencia de dedicación horaria de profesionales para el debido desarrollo del programa de atención educativa domiciliaria en el que se encuentra incluido su hijo, alumno con necesidades educativas especiales, escolarizado en un centro educativo de la provincia de Sevilla.

Por la situación expuesta nos dirigimos a la administración, quien tras varios trámites del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, remite un escrito en el que informa que el menor está recibiendo la atención educativa solicitada por los progenitores: la atención telemática, organizada por el centro docente y la atención educativa domiciliaria establecida en las Instrucciones e impartida por personal docente de la Consejería de Educación.

Teniendo en cuenta lo señalado, hemos de entender que desde la Administración educativa se han puesto a disposición del menor distintas medidas, acorde con sus necesidades educativas especiales, para hacer posible que este pueda continuar en el domicilio familiar su proceso educativo.

Con fundamento en lo anterior, hemos acordado dar por concluidas nuestras gestiones en el expediente de queja.

El reclamante, en su condición de presidente de una asociación de vecinos exponía textualmente lo siguiente:

“El motivo de esta instancia es, fundamentalmente, transmitirle la preocupación y la situación de indefensión de los vecinos del lugar de Chiclana de la Frontera conocido como …,, debido a la instalación de una estación base de telefonía. Esta estación incluye una torre metálica de grandes dimensiones, que ha sido colocada en el centro de las parcelas y viviendas del ... por la empresa de telefonía T...., afecta al grupo … . Asimismo pedimos su intervención inmediata para precintar las obras, que inicie una mediación con el Ayuntamiento y la empresa promotora, y en todo caso, que inste a las Administraciones, incluido el Ayuntamiento de Chiclana, a hacer respetar la legalidad ya desmantelar la estación base, que consideramos ilegal.

Por el gran tamaño de esta construcción, entendemos que dicha estación base va a servir para dar servicios de telefonía no a nuestras parcelas no urbanizadas -y sin desarrollo urbanístico-, sino a una gran zona turística cercana y completamente urbanizada conocida como ..., que incluye numerosos grandes hoteles, instalaciones de apartamentos, campos de golf, numerosas instalaciones deportivas y zonas extensas de playa. Somos por lo tanto conscientes de los intereses económicos en juego, tanto por parte de la empresa promotora, como de las empresas de hostelería y turísticas de nuestro municipio.

Sin embargo, los vecinos del ... nos sentimos muy seriamente perjudicados por la instalación de esta estación base. Sirviendo esta instalación para dar cobertura de telefonía a toda una gran zona turística urbanizada, entendemos incorrecto que esta torre de telefonía se coloque precisamente en nuestro lugar, en el centro de nuestras fincas y casas, en una zona aún sin desarrollo urbanístico, causando un impacto desmesurado en nuestro entorno y enormes perjuicios a muchos vecinos y pequeños propietarios.

Esta instalación se ha llevado a cabo de forma encubierta, de forma que los trabajos de cimentación y posterior levantamiento de la torre metálica se realizaron antes de dar ningún tipo de información previa a los vecinos afectados, los cuales se vieron sorprendidos la mañana de 23 de Julio de 2019 con esta estructura metálica de grandes dimensiones.

A nuestro entender, esta estación base se ha instalado ilegalmente, al haberse erigido en suelo sin ningún tipo de ordenamiento urbanístico y sin contar con requerimientos mínimos de seguridad: la torre se encuentra a menos de 5 metros de la calle y de las edificaciones más cercanas. En vista de la anulación del PGOU de Chiclana de la Frontera en el Tribunal de Justicia de Andalucía el 13 de Febrero de 2020, el suelo no es urbanizable y en todo caso carece de acometidas de electricidad y agua, acerados, ni acceso a una vía pública asfaltada. La empresa promotora ha intentado realizar, a nuestro entender, la acometida eléctrica haciendo pasar un cable subterráneo, de forma ilegal y clandestina, campo a través y atravesando hasta tres fincas rústicas privadas, pertenecientes a tres propietarios diferentes, a más de ciento veinte metros de distancia -120 metros- del poste de luz más cercano.

En todo caso, coincidimos en el análisis y opinión del Defensor del Pueblo el 21 de Agosto de 2019 en que los planes de implantación de la tecnología 5G en nuestro país no ha sido objeto de evaluación ambiental previa. Compartimos con el Defensor del Pueblo, en base al principio de precaución, que la elección de emplazamientos para estaciones base de telefonía debe tener en cuenta criterios ambientales y de salud pública, los cuales están ausentes en el caso de la instalación que nos afecta.

Por todo esto, ya desde Julio de 2019 hemos presentado las correspondientes denuncias urbanísticas ante el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y nos hemos manifestado en contra de esta instalación en numerosas ocasiones ante el pleno municipal. La prensa local se ha hecho eco en numerosas ocasiones de nuestras protestas.

Asimismo, hemos intentado sin éxito que la empresa promotora considere emplazamientos alternativos dentro de municipio, dado que el Ayuntamiento tiene a su disposición varios millones de metros cuadrados en la zona. ... no solo ha ignorado nuestras tentativas de una solución amistosa, sino que ha intentado continuar con los trabajos, a nuestros ojos, de forma ilegal y fraudulenta. Después de más de ocho meses desde nuestras primeras denuncias, no tenemos ninguna respuesta escrita por parte del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Las obras ni siquiera están paralizadas y, a pesar de nuestras denuncias, el recinto aún no ha sido precintado.

Todo esto lo achacamos tanto a las presiones que pudiera estar recibiendo desde la empresa promotora, como a los propios intereses económicos en juego y, en último lugar, a la emergencia causada por el COVID-19, que ha permitido a la compañía continuar los trabajos de puesta en marcha de la instalación sin mayores trabas administrativas. Todo esto viene a unirse a la muy difícil situación urbanística del municipio, después de que el Tribunal Superior de Justicia Andalucía anulara el PGOU de Chiclana de la Frontera el 13 de Febrero de 2020, que crea un vacío legal y que entendemos que la empresa promotora intentará aprovechar en su beneficio.”

Admitida la queja a trámite solicitamos del citado Ayuntamiento que nos indicara si la instalación de esta estación base de telefonía contaba con todas las autorizaciones urbanísticas, ambientales o de otra índole requeridas y, de no ser así, se nos informara de las medidas adoptadas para el restablecimiento de la legalidad. Igualmente, interesamos que, dando cuenta de su contenido a esta Institución, se emitieran las respuestas que resultaran procedentes ante los escritos de denuncia de la Asociación de Vecinos, de los que no habían obtenido respuesta alguna.

En la respuesta remitida se nos indicaba, en síntesis, que estaba en proceso la verificación de las actuaciones realizadas tras la declaración responsable de la entidad promotora de las infraestructuras y otros recursos asociados que suscitaban la queja, ya que la documentación presentada resultaba insuficiente. También se indicaba que se estaba a la espera de recibir informe solicitado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

A la vista de ello, quedamos a la espera de conocer las posteriores actuaciones del Ayuntamiento en torno a este asunto, a fin de saber si las obras efectuadas se atenían a la legalidad y, de no ser así, los posteriores trámites previstos para la restauración de la misma.

En el nuevo informe emitido se nos indicaba, en síntesis, que se había resuelto la ineficacia de la declaración responsable para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones y se había ordenado su desmantelamiento en el plazo máximo de un mes.

De acuerdo con ello, entendimos que el problema que suscitó la presentación de la reclamación se encontraba en vías de solución por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada solicitó la ayuda para el alquiler para familias en situación de especial vulnerabilidad el día 10 de diciembre de 2018, aportando informe acreditativo de encontrarse en esa situación, emitido por los servicios sociales del Ayuntamiento de su localidad, fechado en mayo del año 2018, de acuerdo con el apartado l) de la base quinta de la Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sin embargo, en los listados publicados aparecía en los solicitantes del cupo general. Al contactar telefónicamente con la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, le indicaron que su expediente estaba paralizado y que precisaban informe de los servicios sociales que acreditara su situación de vulnerabilidad en los años 2019 y 2020, pero al solicitarlos le indicaron que no podían realizarlos sin previo requerimiento del organismo solicitante.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe a la citada Delegación Territorial sobre la fecha aproximada en la que podría resolverse y las posibilidades de que resultara beneficiaria la interesada, a los efectos de que pudiera mantener unas expectativas realistas.

En el informe recibido se indicaba que con fecha 15 de junio se había resuelto la solicitud de la interesada, siendo estimada su solicitud de ayudas para el alquiler de viviendas de la convocatoria 2018, 2019 y 2020.

Respecto a que el informe de situación de especial vulnerabilidad que debían emitir los servicios sociales municipales necesitaba del previo requerimiento del organismo solicitante, nos informaron que normalmente los ciudadanos no tenían problema para obtenerlo, habiendo sido aportado en los expedientes de diferentes convocatorias del Programa Alquila.

Entendían que los servicios sociales municipales necesitarían un requerimiento por escrito a la interesada para que aportar el referido informe de vulnerabilidad, por lo que la Delegación Territorial había procedido a requerirlo a la interesada para que una vez lo hubiera recibido lo incorporara a su expediente de ayudas.

A la vista de lo anterior, se deducía que el asunto planteado se encontraba solucionado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla a nuestra petición de que, dando respuesta a los escritos del interesado, se aclarara si las obras contaban con licencia municipal y se ajustaban a la misma, así como, de no ser así, pedíamos conocer las actuaciones impulsadas en orden a la restauración de la legalidad urbanística, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formuló Resolución en el sentido de que se realizaran cuantas actuaciones fueran necesarias con objeto de que la denuncia de posible irregularidad urbanística formulada por el interesado fuera objeto del debido impulso en su tramitación.

En su respuesta, el Ayuntamiento de Sevilla nos daba cuenta de las medidas de disciplina urbanística impulsadas en relación con la pancarta colocada en el edificio donde residía el reclamante. No obstante, parecía que no se pronunciaba sobre obras realizadas en el inmueble que también se hacían constar en las denuncias, por lo que solicitamos al afectado que nos remitiera las alegaciones y consideraciones que tuviera por convenientes sobre la respuesta municipal.

No habiendo recibido éstas, entendíamos que ya no se seguía estimando necesaria nuestra intervención, considerando aceptada la Resolución formulada.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente al nomenclator y numeración de su lugar de domicilio (polígono rural), el Ayuntamiento de Estepona, nos traslada la siguiente información:

“En contestación a la solicitud de información sobre el asunto objeto de la queja al inicio reseñada, adjunto remito Informe Padronal de 12/05/2020, emitido por el Jefe del Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, sobre los distintos expedientes y actuaciones realizadas en contestación a las múltiples solicitudes formuladas por el Sr. (...), todas ellas resueltas expresa y oportunamente. El informe viene acompañado de los documentos que se refieren en el mismo.

Indicar que, como se desprende de lo actuado, el domicilio del interesado se sitúa en Suelo No Urbanizable Natural o Rural (Diseminado), accediéndose al mismo por un camino rural. Conforme a la Ordenanza Municipal aplicable, dichos inmuebles se identifican con la numeración de los planos del Catastro Inmobiliario de Rústica. No obstante lo anterior, previos los informes y actuaciones oportunas, por resolución de esta Alcaldía de fecha 25/12/2019, se atribuyó al reiterado camino rural que discurre por el Paraje Cortijo Reinoso, la denominación de Camino Loma Los Lirios, para facilitar la identificación del acceso al inmueble.”

Añade el Ayuntamiento en su respuesta que con fecha 26 de diciembre de 2019, comunicó a los servicios externos la decisión de otorgar número de gobierno y acceder a rotulación del vial de acceso a su vivienda en zona rural (diseminado). Lo que le fue notificado a usted personalmente, el 8 de enero de 2020 (consta acreditada firma de su recepción).

Acredita igualmente el Ayuntamiento la recepción del siguiente informe, remitido por la entidad que ejecutó la rotulación:

“A/A:Comisión de Seguimiento de la Gestión Indirecta del “Servicio de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones e infraestructuras municipales, junto con la gestión energética y la implementación del plan de optimización energética del municipio de Estepona.

Asunto: Respuesta a su expediente 44717 Gestiona de fecha 27 de diciembre de 2019 Ref: RESP 977-2020 Fecha: 23 de marzo de 2020. Por la presente se notifica, que lo solicitado en el referenciado expediente, se ha llevado a cabo” .

Tras un detenido estudio de dicha información se deduce que el asunto objeto de la queja se encuentra solucionado, por lo que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente.

En relación con el expediente de queja recibido en esta Institución referente a Estatuto de los Concejales: derecho a despachos para Grupos políticos, el Ayuntamiento de Huércal de Almería nos traslada la siguiente información:

“Primero.- Que con fecha 12 de diciembre de 2019, ha hecho entrada en el registro de este Ayuntamiento queja por la que se solicita “informe junto con la documentación oportuna que permita el esclarecimiento de los motivos de la queja” con número Q19/5061, presentada por Dña. (...) ante ese Defensor del Pueblo de Andalucía, ...

Segundo.- En primer lugar, cabe señalar, que tras la evaluación de las cuestiones planteadas, manifestar en base a los artículos aplicables 27 y 28 del ROF del derecho de los mismos a disponer de un despacho o local en el que reunirse y recibir a los ciudadanos, determinándose así que este uso sea de manera independiente, y a su vez estableciéndose el derecho a disponer de una infraestructura mínima de medios materiales y personales que les posibiliten realizar su labor con los requisitos que señalen las leyes. La citada previsión está directamente relacionada con los derechos fundamentales del artículo 23 de la Constitución, que reconocen el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, derecho fundamental que desde la entidad consideramos de suma importancia y de especial reconocimiento.

Por todo ello manifestar que tal y como indica en el citado precepto y en base a las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la Entidad local, se ha otorgado a los grupos políticos que conforman la oposición de un despacho habilitado con las debidas dotaciones de medios materiales y personales para que puedan desarrollar su labor en base a los fines que la legislación aplicable determina.

El lugar indicado citar que forma parte de las instalaciones pertenecientes al Ayuntamiento, concretamente se trata de un despacho en las inmediaciones del antiguo Ayuntamiento de Huércal de Almería el cual se encuentra ubicado en la plaza principal del municipio y dotado de los medios adecuados para su uso.

Tercero.- Considerar que este derecho carece de concreción según se establece en el artículo 27, solo se refiere a una estructura mínima y además supeditada a las posibilidades funcionales que en cada momento tenga la Corporación, no existiendo por tanto criterio preestablecido, sino que se constituye en base a las posibilidades de las que dispone la Corporación y de las necesidades que para el ejercicio de sus funciones precisen los Grupos Políticos.

Se procedió por parte de la entidad, a la respectiva evaluación y se consideró que el lugar adjudicado en la actualidad reunía las condiciones óptimas para que los Concejales de la Oposición pudieran desarrollar sus funciones. En este sentido, la puesta a disposición del despacho por parte de la organización administrativa de la entidad local, quedaron condicionadas por el espacio físico del que disponía el Ayuntamiento en relación al desarrollo de sus diferentes servicios ordinarios y las diversas dependencias existentes en el momento y en la actualidad.

Cuarto.- Destacar como hecho importante el aumento acontecido en el total de empleados pertenecientes al Ayuntamiento, en marzo de este mismo año debido a la aprobación por parte del Gobierno Andaluz de la Subvención de Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. Se produce un considerable incremento de la plantilla, existiendo como consecuencia una carencia respecto a las disposición de instalaciones físicas en las que poder ubicar a las personas contratadas. El número de nuevos empleados al servicio de esta entidad era un total de 28 personas añadidas a las existentes, y por tanto fue necesaria una reubicación general del Ayuntamiento debido al escaso espacio disponible en el edifico municipal. Como consecuencia, surgió en la entidad una importante ampliación de medios en referencia a escritorios, material de oficina y ordenadores, siendo ocupada la mayoría de la superficie útil por estos trabajadores.

Este problema respecto a la insuficiencia de espacio es un disyuntiva que el anterior equipo de gobierno tuvo presente, pues la incorporación de los nuevos trabajadores se realizó en marzo de este mismo año momento en el cual se encontraban al frente del gobierno los propios interesados en la presente queja. La actual organización de los despachos fue aprobada por el actual grupo político de la oposición, y a su vez fue de acometido para el mismo la modificación del despacho que venían ocupando los grupos políticos de la oposición para su posterior ocupación por parte del nuevo personal incorporado, sin ser motivo de controversia.

Quinto.- Tras la toma de posesión del actual equipo de gobierno y en relación a las nuevas Concejalías presentes en la actualidad, varias de ellas debido a la insuficiencia de espacio manifestada, han debido ser distribuidas fuera de la sede principal del Ayuntamiento, siendo por tanto ubicadas en otras instalaciones pertenecientes a la entidad local.

Sexto.- Tras ser ocupado el anterior despacho destinado a tal fin por trabajadores de nueva incorporación al Ayuntamiento, y con el interés de respetar los criterios establecidos hasta entonces, se procede por el actual equipo de gobierno a establecer como tal un despacho de similares características y en atención a la disponibilidad existente en el momento. Es relativamente importante tener en cuenta el número de miembros que van a ocupar el despacho asignado y siendo éste de las mismas magnitudes que el que venían utilizando, el número actual de concejales se ha reducido respecto al anterior periodo, siendo anteriormente un total de 10 miembros pertenecientes a siete grupos políticos y en la actualidad un total de 7 concejales respeto de tres agrupaciones, valorando por tanto ante una superficie de iguales similitudes a la anterior, en la actualidad éste va a ser por tanto ocupado por un reducido número de miembros.

Séptimo.- Informar que los contratos de los trabajadores anteriormente mencionados y que vienen ocupando el precedente despacho perteneciente a los grupos políticos de la oposición, finalizan en marzo de 2020, siendo por tanto liberado de su uso. Este equipo de gobierno se compromete a devolver en el momento de la expiración del contrato del mismo a los concejales de la oposición para que nuevamente hagan su uso del mismo. “

Tras un detenido estudio de dicha información, y examinadas las normas jurídicas aplicables al caso, entendemos que de las mismas no se deriva una actuación administrativa que sea contraria al ordenamiento jurídico o que no respete los principios constitucionales que está obligada a observar toda Administración Pública en su actividad.

Por lo tanto, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.