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Una vez más nos ponemos en contacto con usted en relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado en la que la parte afectada exponía una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

I. Con fecha 21 de noviembre de 2022, fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por la persona interesada, a través de la cual nos exponía lo siguiente:

“Que soy funcionario público de carrera desde 1980 y, hasta hace unos meses, en los últimos tiempos he venido desempeñando el puesto de Jefe del Servicio de Gestión del Medio Natural, en la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en (...).

Que después de haber sido cesado verbalmente y desposeído de mis funciones el pasado 23 de mayo de 2022 (...), quedé en una situación de muy difícil calificación desde el punto de vista del estatus normal de un funcionario público, ya que, por una parte, en aquel momento no fui adscrito a ningún otro puesto de trabajo, tal y cómo marca la Ley, hasta mucho tiempo después, el 12 de julio de 2022 y, por otra, porque yo seguía acudiendo y fichando en el único Centro de Trabajo donde podía hacerlo -el de mi anterior puesto-(...).

Que cuando llevaba instalado UN MES Y MEDIO en esa situación tan anómala, se me indicó, sin posibilidad de manifestar mi conformidad o no, que me habían adscrito forzosamente a otro puesto de trabajo cómo funcionario en el Centro Provincial del 112 en (...). En cuanto conocí esa decisión, el pasado 12 de julio de 2022 me personé en la Delegación del Gobierno en (...) para formalizar mi toma de posesión de ese mi nuevo puesto de trabajo, ya que éste está adscrito en dicho Órgano.

Que tras la aceptación formal de dicho puesto de trabajo, me incorporé a ejercer el nuevo cometido en donde he continuado hasta el momento actual desempeñando el trabajo asignado.

Que una vez consolidada mi nueva situación, he sufrido otro varapalo por parte de los responsables de la Administración de la Junta de Andalucía en (...). Que este nuevo varapalo tiene que ver con la regularización de mis haberes que, al pasar de un puesto de trabajo a otro de más baja categoría, se puso de manifiesto con ocasión del devengo de mi nómina del pasado mes de agosto. (…) computándolos desde el 27 de mayo, fecha en que se me comunicó que la Delegada Territorial de Desarrollo Sostenible de (...) iba a proponer mi Cese. Pero, tal y cómo ya he mencionado, hasta el 12 de julio yo no empecé a desempeñar mi actual puesto de trabajo, por lo cual esta regularización de haberes resulta tan irregular cómo lesivo para mis derechos de funcionario en activo.

(…)

El caso es que, teniendo en cuenta lo anterior, fácilmente se puede comprobar que en mi nómina de regularización del pasado mes de agosto me ha sido indebidamente detraída la considerable cantidad de 826,64 €, cantidad que me pertenece según se desprende de aplicar, tanto el sentido común mas elemental, cómo las propias normas administrativas (...)”.

II. Una vez admitida a trámite la queja, con fecha 10 de marzo de 2023, se solicitó a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en (...) el preceptivo informe en relación con estos hechos, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de nuestra Ley del Defensor del Pueblo Andaluz. En concreto, solicitábamos información relativa a la tardanza habida en la adjudicación del nuevo destino asignado al funcionario, tras su cese en el puesto de libre designación.

III. Con fecha 20 de marzo de 2023, por parte de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno se nos indica que se le ha dado traslado del asunto a la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, por considerar que es la competente en el tema de la reubicación del funcionario y que, además, como organismo de adscripción de la persona interesada, también nos remitirán ellos informe sobre la interacción habida con la misma.

De este modo, con fecha 30 de marzo de 2023, recepcionamos informe de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, cuyo contenido íntegro damos aquí por reproducido, y del cual destacamos lo siguiente:

“(...) se emite el presente informe referido exclusivamente a la actuación de este Servicio de Administración Pública sobre la cuestión, con una breve exposición previa sobre la documentación citada:

1. En Shirus consta informe de 25 de mayo de 2022 de la entonces Secretaría General Provincial de Desarrollo Sostenible de (...), relativo a las circunstancias que podrían motivar el cese de (...).

2. La Viceconsejería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible dicta Resolución con fecha 10 de junio de 2022, en la que se dispone el cese en el puesto reseñado con efectos administrativos de 26 de mayo de 2022.

3. Con fecha 12 de julio de 2022 (...) se realiza diligencia de inscripción en el Registro General de Personal del mencionado cese.

4. Al no existir en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería antes indicada puesto de trabajo vacante y dotado presupuestariamente adecuado, en atención a las competencias atribuidas por el art. 15 del Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública dicta con fecha 11 de julio de 2022 Resolución por la que se adscribe provisionalmente a (...) al puesto de trabajo Asesor Técnico-Gestión Emergencias (código 7806210), adscrito a la Delegación del Gobierno de (..), “con efectos administrativos al día siguiente del cese”. Consta en el Shirus notificación de esta Resolución a la persona interesada fechada el 13 de julio, así como declaración de no estar afectada de incompatibilidad para ocupar este puesto de la misma fecha.

5. Este Servicio de Administración Pública realiza con fecha 14 de julio de 2022 diligencia de inscripción en el Registro General de Personal de toma de posesión en el puesto indicado en el punto anterior.

La razón por la que a pesar de que la Resolución de Viceconsejería de cese de PLD se dictase el 10 de junio de 2022, esta no se inscribiera por parte de este Servicio de Administración Pública en el Registro General de Personal hasta el 12 de julio de 2022 (…) obedece a una práctica habitual para estos supuestos que intenta evitar que se produzcan perjuicios económicos en la percepción de haberes (...) dado que si la inscripción del cese se produjera en la misma fecha en que se dicta la Resolución, los interesados dejarían de recibir ingresos hasta que no se produjera la inscripción registral de la toma de posesión del nuevo puesto asignado (...).

En cualquier caso, y atendiendo de forma estricta a la actuación practicada desde este Servicio de Administración Pública, que se limita a la realización de las inscripciones registrales pertinentes, entendemos que la misma ha sido correcta y adecuada a las circunstancias del caso en todo momento, debiendo acudirse a otras instancias si se pretende ampliar la información aquí suministrada”.

Asimismo, con fecha 31 de marzo de 2023, hemos recibido informe emitido por la Delegación del Gobierno en (...), que damos aquí por reproducido.

Tras dar alegaciones a la persona interesada en relación con los informes recibidos, valoramos la conveniencia de solicitar nuevo informe a la Delegación del Gobierno en (...). Así, con fecha 12 de julio de 2023, nos dirigimos a dicha administración en el siguiente sentido:

“En concreto, y analizado el informe recibido así como las alegaciones de (...), no cabe duda que el tiempo transcurrido desde que se adopta la resolución de cese (10 de junio de 2022) hasta que se resuelve la adscripción provisional y toma de posesión en el puesto AT- Gestión de Emergencias, código 7806210, (14 de julio de 2022) resulta excesivo, sin perjuicio de que ello se deba a la dificultad que se haya tenido para encontrar un puesto adecuado que permitiera dicha reubicación. Además de ello, según nos traslada la persona interesada, durante ese tiempo estuvo acudiendo a su lugar de trabajo y estuvo disponible en su puesto de trabajo para lo que fuere necesario hasta que se produce la adscripción al nuevo puesto en fecha posterior.

Por todo ello, le ruego nos informe sobre la posibilidad de hacer coincidente la resolución de cese con la de la adscripción provisional al puesto de AT-Gestión de Emergencias, toda vez que la persona interesada ha estado acudiendo a su puesto de trabajo anterior y ha tomado posesión del nuevo puesto con fecha 14 de julio”.

Posteriormente, con fecha 25 de julio de 2023, nos fue remitida la respuesta requerida a la Delegación del Gobierno en (...), de cuyo contenido destacamos lo siguiente:

“(...) informarles que el órgano cesante fue la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en (...). Por tanto, de conformidad con el artículo 27.2.f) de La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, corresponde a las personas titulares de las Viceconsejerías, dentro del ámbito de la Consejería respectiva, desempeñar la jefatura superior de todo el personal.

Por otro lado, corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública la adscripción provisional de personal funcionario de carrera que haya cesado en puestos de libre designación cuando no existan en la Consejería en que se hallasen destinados puestos adecuados para ello. Por este motivo, la resolución por la que se adscribe con carácter provisional a (..) a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en (...) en virtud del artículo 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, es competencia de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

En cualquier caso, no corresponde a esta Delegación del Gobierno en (...) hacer una valoración para armonizar los tiempos entre el cese y la nueva toma de posesión, dado que simplemente interviene en este proceso por ser el órgano de destino donde se produce la efectiva incorporación de (...) a su puesto de trabajo, al disponer de plaza vacante, dotada y libre. También destacar que en los meses en que se realizaron tales actos, las vacaciones del periodo estival, pudieron afectar a tal adscripción, por el carácter peculiar que tuvo la misma por razón de la formación concreta que requería el puesto con código 7806210 de Asesor Técnico-Gestión Emergencias”.

En consecuencia con lo manifestado por la citada administración, consideramos oportuno requerir informe, con fecha 2 de octubre de 2023, sobre este asunto a la entonces Viceconsejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Además de informales de las actuaciones realizadas desde esta Defensoría, le consultábamos lo siguiente:

“Así pues, es por todo lo expuesto por lo que, en estos momentos, nos dirigimos a esa Viceconsejería para que nos informe sobre la posibilidad de hacer coincidente la resolución de cese con la de la adscripción provisional al puesto de AT-Gestión de Emergencias de (...), toda vez que la persona interesada ha estado acudiendo a su puesto de trabajo anterior y ha tomado posesión del nuevo puesto con fecha 14 de julio.”

Con fecha 30 de noviembre de 2023, recibimos la información requerida, que damos aquí por reproducida, y de la que destacamos lo siguiente:

«No obstante, como indica el Decreto 2/2002, de 9 de enero, la adscripción provisional tiene efectos del día siguiente al de la fecha de cese, por lo que resultó necesario regularizar sus haberes por la diferencia de retribuciones entre el puesto en el que fue cesado y el puesto en el que resultó adscrito.

En cuanto a “...la posibilidad de hacer coincidente la resolución de cese con la de la adscripción provisional...”, no resulta jurídicamente viable ya que supondría revisar de oficio la resolución de cese dictada, no dándose, en este caso, ninguno de los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para la nulidad de los actos administrativos».

De todo lo expuesto dimos traslado desde esta Defensoría, en su momento, a la parte interesada.

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso plantear a esa Administración las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Sobre el derecho a una buena Administración.

En el ámbito europeo, la buena administración está prevista en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y ha sido reconocida en numerosa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La buena administración como derecho y principio está también implícitamente recogida en la Constitución española a lo largo de todo su articulado; principalmente podríamos referirnos al artículo 103, cuando se refiere a los principios de actuación de la Administración “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

En este sentido lo ha señalado el Tribunal Supremo repetidamente en vinculación con los principios de eficacia, eficiencia, economía y objetividad. Así, podemos citar la Sentencia de 4 de noviembre de 2021 (Sala de lo Contencioso- Administrativo), la cual señala: “Como se desprende de lo dicho por el Tribunal Supremo el principio de buena administración tiene una base constitucional y legal indiscutible. Podemos distinguir dos manifestaciones del mismo, por un lado, constituye un deber y exigencia a la propia Administración que debe guiar su actuación bajo los parámetros referidos, entre los que se encuentra la diligencia y la actividad temporánea; por otro, un derecho del administrado, que como tal puede hacerse valer ante la Administración en defensa de sus intereses”.

En la misma línea, la Sentencia de 17 de abril de 2017 (Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo) que, en su fundamento jurídico tercero, ha recogido en relación con el principio citado que "[...] le era exigible a la Administración una conducta lo suficientemente diligente como para evitar definitivamente las posibles disfunciones derivada de su actuación, por así exigirlo el principio de buena administración que no se detiene en la mera observancia estricta de procedimiento y trámites, sino que más allá reclama la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente al contribuyente".

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, dispone entre otros principios y fundamentos de actuación el de “eficacia en la planificación y gestión integrada de los recursos humanos, en particular, la ordenación y racionalización de los sistemas de acceso, la provisión de puestos de trabajo, la carrera profesional y el sistema retributivo”.

En el presente expediente, no cabe duda de que la finalidad que persiguen los centros directivos de la administración intervinientes en cada momento -cese en puesto PLD, reubicación en puesto adecuado y toma de posesión- es actuar de acuerdo a derecho, sin embargo, las distintas actuaciones realizadas por la administración no han sido lo suficientemente diligentes, comprometiendo de este modo el principio de eficacia y provocando una dilación excesiva entre el cese y la reubicación del/a funcionario/a que ha originado un daño en la economía de (...), pues significando la reubicación en el nuevo puesto una minoración de sus retribuciones, el ajuste a posteriori de dicha reducción ha conllevado la detracción en la nómina de agosto de la cantidad de 826,64 euros.

Es necesario, por ello, recordar -tal como ha expresado el Tribunal Supremo- la exigencia, en el contexto del principio de buena administración, de que la administración está obligada a actuar con la diligencia debida en relación con los principios de eficacia, eficiencia y objetividad; evitando que sus actuaciones puedan provocar perjuicio alguno o daño moral en la esfera particular de todas aquellas personas que se relacionan con ella.

Asimismo, debemos subrayar la obligación que tiene la administración de actuar de acuerdo al principio de coordinación (art. 103.1 de la Constitución) que lo entendemos como sinónimo de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados en estos procedimientos de provisión de puestos de trabajo, en los que concurren la intervención de varios órganos (como sucede en caso que analizamos). La necesidad de la coordinación aparece siempre que se dé una pluralidad que deba actuar de modo conjunto. Y se trata, en palabras del Tribunal Constitucional (sentencia 27/87) de conseguir «la integración de actos parciales en la totalidad del sistema, integración que la coordinación persigue para evitar contradicciones y reducir disfunciones, que de subsistir impedirían o dificultarán el funcionamiento del mismo». Para ello el Tribunal Constitucional propone «la fijación de medidas y sistemas de relación que hagan posible; la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos, y la acción conjunta».

De acuerdo con todo lo expuesto, en el supuesto que analizamos el órgano de la administración competente para realizar el cese en puesto PLD no ha logrado coordinar adecuadamente su decisión con la búsqueda e identificación del puesto que resulta necesario para la reubicación del/a funcionario/a afectado/a que, en este caso, le ha correspondido a un centro directivo distinto al que ha decidido el cese. Esta falta de coordinación junto con la escasa agilidad resultante, han ocasionado que la persona interesada -además del perjuicio económico referido- haya permanecido durante un mes y medio sin conocer su destino laboral, acudiendo a un puesto de trabajo en el que se encontraba cesada no pudiendo, por lo tanto, desempeñar las funciones correspondientes ni al puesto en el que ha sido cesada ni las nuevas del puesto en el que aún no había sido reubicada. No cabe duda que esta situación ha generado un perjuicio no sólo en el ámbito de la persona interesada, sino también en el desempeño eficiente del servicio público correspondiente.

A este respecto, esta Institución lamenta la referida situación -que debiera haberse evitado o, en su caso, rectificado en lo concerniente a los efectos del cese que debieron ser coordinados con la fecha posible de la nueva adscripción- y espera que en lo sucesivo no se planteen supuestos análogos, debiendo la administración autonómica, arbitrar las medidas normativas pertinentes para que el ejercicio de las competencias en materia de personal, se efectúe con la mayor eficacia, celeridad y coordinación, y sin merma de las garantías jurídicas de los funcionarios.

Segunda.- Sobre los derechos individuales de las personas empleadas públicas.

El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante EBEP), dispone en su artículo 14, letras b) y d), que:

“Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio”.

Pues bien, con respecto al derecho al desempeño efectivo hemos de decir que éste exige, a su vez, a la Administración el correlativo deber de procurar, en todo caso, la ejecución del trabajo acorde a la condición profesional del empleado, a las funciones de la plaza o categoría alcanzada por acceso inicial o por progresión profesional.

Al respecto, procede traer a colación nuestra Resolución de 26 de julio de 2019, dictada en el expediente de queja número 18/2986, en la que, entre otros aspectos, indicábamos lo siguiente:

«Con carácter general, todo trabajador tiene derecho a que su empleador le facilite una ocupación efectiva y que la tarea encomendada se adapte a su categoría profesional. La no asignación al empleado de servicio o actividad alguna puede suponer una situación agraviante que afecte a la dignidad personal y profesional del trabajador.

Sobre este particular ya se han pronunciado reiteradamente nuestros Tribunales Superiores de Justicia, al considerar que “la ocupación efectiva es un derecho vinculado íntimamente a la dignidad de la persona del trabajador, puesto que este no es una pieza insensible de la maquinaria productiva, sino una persona que se socializa también por su integración en el centro de trabajo en el que aspira a la realización humana mediante el desarrollo de sus tareas, de modo que la privación infundada de esta, aunque se mantenga el salario, frustra tal finalidad y produce en el trabajador menoscabo de su dignidad personal y profesional” (Sentencia del TSJ de Castilla y León núm. 1560/2005 de 12 septiembre, Fundamento de Derecho Tercero)

(…)

En este contexto, entendemos que el trabajo es un aspecto más de la vida de las personas, consustancial al desarrollo de las mismas, y por ende, a su dignidad personal, que debe ser objeto de protección y respeto de acuerdo con lo establecido en el art. 10 de nuestro texto constitucional. Quiere ello decir que, el concepto de dignidad adquiere un papel protagonista en el ámbito laboral, donde el trabajador es considerado como un sujeto de protección.

De manera que, en el desarrollo de la actividad laboral, toda persona y en especial la Administración pública debe preservar el valor supremo del trabajo, la dignidad de la persona humana y su bienestar».

Asimismo, el artículo 134,2 de la anteriormente citada Ley 5/2023, de 7 de junio, dispone lo siguiente:

“2. Con carácter general, en los supuestos de remoción de un puesto cuya forma de provisión sea el concurso o cuando se produzca el cese en un puesto de trabajo obtenido por libre designación, las personas funcionarias de carrera serán adscritas provisionalmente, en tanto no obtengan un puesto con carácter definitivo, a un puesto de trabajo correspondiente a su cuerpo o especialidad de pertenencia, con respeto al tramo de carrera profesional consolidado y preferentemente en la misma localidad del puesto de origen, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese”.

En el presente expediente, la persona interesada ha estado un mes y medio pendiente de la correspondiente adscripción provisional. Concretamente, la resolución por la que se le cesa es de fecha 10 de junio de 2022 y se expresa en la misma que sus efectos son de fecha anterior, concretamente de fecha 26 de mayo de 2022. Estas circunstancias iniciales -ya formalmente imposibles, pues los efectos de la decisión de cese se retrotraen a días anteriores ya trabajados por el/a funcionario/a- se agravan con la tardanza habida en cuanto al proceso seguido para la reubicación. De tal modo que, como decimos, durante un mes y medio la persona interesada se encuentra sin ocupación efectiva, comprometiéndose así lo dispuesto en el artículo 14 del EBEP.

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 29.1 de nuestra Ley reguladora, nos permitimos trasladar a ese organismo la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento, en especial al artículo 103 de nuestra Constitución, con respecto al respeto de los principios de eficacia, eficiencia y coordinación de las actuaciones de la administración; y al artículo 14 del EBEP, en cuanto a la protección y respeto del derecho individual a la ocupación efectiva de los empleados públicos.

RECOMENDACIÓN: Para que, al amparo de la normativa vigente, se analicen las actuaciones realizadas referidas al cese de la persona interesada en puesto PLD y, en su caso, se adopten las medidas que fueren oportunas para cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 103 de la Constitución y 14 del EBEP.

SUGERENCIA: Para que la administración competente en materia de personal, adopte las medidas necesarias en interés de los principios de coordinación y eficacia administrativa que permitan que en el futuro, y con respecto al procedimiento de cese en puesto PLD y adscripción provisional, se efectúe sin merma de las garantías jurídicas de los funcionarios.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

Como conoce, desde el año 2020 esta Institución comenzó a recopilar información sobre las dilaciones que se venían apreciando en los nueve Centros de Valoración y Orientación de nuestra Comunidad Autónoma en materia de discapacidad, tanto en los expedientes de valoración inicial como en los de revisión de la misma.

Así, en la actuación de oficio Q21/7579 dirigida a la Dirección General de Personas con Discapacidad, tras analizar la situación de cada provincia, pudimos comprobar que se estaban resolviendo los expedientes de discapacidad en plazos muy superiores al establecido en la legislación actual vigente, especialmente en Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Granada.

Por ello, con fecha 3 de noviembre de 2021 se dictó una Resolución en la que, entre otras cuestiones, se recomendó que se acometieran actuaciones de carácter estructural y permanente en la dotación de personal de los Centros de Valoración y Orientación, así como que se eleven a los órganos administrativos competentes en la toma de decisiones, la dotación de recursos humanos, técnicos o de otra índole, que permitan garantizar un procedimiento eficaz, en donde la acción de la Administración sea ágil y eficaz como marca la Ley, entre otras cuestiones con la finalidad de paliar esta situación y reducir, en la medida de lo posible, estos plazos de resolución.

Unas medidas que entendemos no se debieron de implementar o fueron insuficientes dado que se continuaban recibiendo quejas por parte de la ciudadanía en relación a las dilaciones para ser citados por los Centros de Valoración y Orientación (en adelante C.V.O.), así como en la notificación de las resoluciones, afectando a todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma.

Además, se nos trasladaron nuevos supuestos de demora, como los producidos en la resolución de las solicitudes de las tarjetas de aparcamiento de movilidad reducida, así como en la emisión de nuevas tarjetas en los supuestos de caducidad de las mismas.

Ante estas situaciones quienes se dirigían a esta Defensoría nos manifestaban que necesitaban conocer el tiempo aproximado en el que se les daría contestación a sus pretensiones, habiendo registrado en ocasiones Hojas de Sugerencias y Reclamaciones manifestando su disconformidad con las dilaciones producidas o con la atención dada, no recibiendo la respuesta en el tiempo estimado o en otras ocasiones sin conocer el trámite dado a su reclamación. Una gestión que se dificulta cuando las personas necesitan realizar estas gestiones de forma presencial, necesitando cita previa para ello.

Procede igualmente poner de manifiesto que, el Informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de la valoración de las personas con discapacidad del ejercicio 2021, reseñaba situaciones que coincidían con las expuestas en el Informe Anual 2023 que esta Defensoría eleva al Parlamento de Andalucía y que en gran medida son las analizadas en la actuación objeto de análisis.

Ante los numerosos problemas trasladados, teniendo en cuenta que las dilaciones en los distintos procedimientos relacionados con la gestión de la discapacidad afectan a personas que necesitan una respuesta a sus solicitudes para acceder a determinados derechos, se aperturaron sendas actuaciones de oficio dirigidas a las Delegaciones Territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de cada provincia, a los efectos de que nos informaran desde los Centros de Valoración y Orientación, entre otras cuestiones, las principales causas que impedían cumplir con el tiempo estipulado para resolver así como las propuestas que consideraran que mejorarían los tiempos de respuesta.

Así en el contexto de la queja de oficio objeto de esta Resolución (23/5768) se solicitó informe a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Huelva, habiéndose recibido respuesta al mismo el pasado 17 de octubre de 2023. Una vez analizado su contenido y contrastado con los informes recibidos durante 2024 en las quejas tramitadas a instancia de parte, procedemos a analizar cada uno de los items relacionados en el mismo.

 

ANÁLISIS DEL INFORME APORTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIA E IGUALDAD SOCIAL RESPECTO A LA GESTIÓN DEL C.V.O. DE HUELVA:

 

I.- Por lo que respecta a la dotación del personal necesario para la tramitación de los expedientes del C.V.O. de Huelva, es necesario analizarla en relación a la ratio establecida y a las características territoriales de la provincia.

Según nos informan, conforme el Decreto 255/2021, de 30 de noviembre, por el que se regulan la organización y las funciones de los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía y se desarrolla el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad en la Comunidad Autónoma (en adelante, Decreto 255/2021), el C.V.O. de Huelva debería contar con un total de 10 profesionales de la administración y 5 Equipos Multiprofesionales de Calificación y Reconocimiento del grado de discapacidad (anteriormente conocidos como Equipos de Valoración y Orientación).

Así, en el momento de la emisión del informe, de los 10 profesionales en el área administrativa, uno de ellos estaba a jornada parcial, y de los Equipos Multiprofesionales de Calificación y Reconocimiento del grado de discapacidad, uno no contaba con médico.

Por lo expuesto, si bien parece que se cumple con la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante, R.P.T), establecida en la legislación, en el informe se incide en que dada la situación laboral en la que se encuentra parte del personal del C.V.O. hace imposible el correcto funcionamiento del mismo.

Concretamente, nos trasladan que las incidencias en los distintos puestos de la R.P.T., ha provocado que, por distintas causas, durante los meses de julio y agosto únicamente han tenido un médico cada mes para atender las citas de reconocimiento.

Otra cuestión a mencionar, es el alto porcentaje de jubilaciones parciales que se dan, actualmente se encuentran en esta situación 3 trabajadores sociales y 2 psicólogos (la jubilación parcial se disfruta cada 2 o 3 meses, dependiendo de la persona), esto lleva a un esfuerzo añadido para la formación de los nuevos técnicos así como para organizar el trabajo de los equipos”.

A este respecto, se recibió informe de la Dirección General de Personas con Discapacidad en el que nos ponían en conocimiento que se se habían previsto dotaciones presupuestarias, tanto del año 2023 como del año 2024, para la contratación de personal administrativo y técnico en los C.V.O. de las distintas provincias andaluzas, desconociendo en qué número ha incidido esta medida en el C.V.O. de Huelva.

Así, le trasladamos que la deficiente dotación de recursos humanos que consideramos es una de las causas de las dilaciones en la tramitación de los expedientes de discapacidad fue objeto de análisis en la Resolución dirigida a la Dirección General de Personas con Discapacidad, en la que se recomendó, entre otras cuestiones, “que se acometan actuaciones de carácter estructural y permanente en la dotación de personal de los Centros de Valoración y Orientación existentes en las distintas provincias andaluzas, con especial atención al personal administrativo y se traslade a esta Defensoría cuándo se hará efectivo en relación a los presupuestos consignados para ello”.

 

II.- También nos interesábamos por conocer si el C.V.O. de Huelva contaba con algún procedimiento especial para priorizar los expedientes que se encontraban dentro de la Instrucción 2/2021 de la Dirección General de Personas con Discapacidad, dado que son numerosas las quejas que recibimos en las que se detecta la ausencia del mismo, respondiendo de modo afirmativo.

Concretamente, nos indicaron que se examinan las solicitudes y “cuando una solicitud cumple alguno de los criterios establecidos en la Instrucción se recogen en una tabla de excel de urgentes y se citan tan pronto haya disponibilidad para atender a la persona, de hecho en estos momentos están atendidas todas las solicitudes pendientes de citar por criterios de urgencia. El documento se estudia si cumple los requisitos, se rellena, se firma por parte del técnico que considera que hay que priorizarlo (bien sea por criterio médico, psicológico o social) y por la dirección del Centro. Este documento se digitaliza y se asocial al expediente de la persona usuaria”.

 

III.- En lo concerniente a la incidencia de los cambios de normativa en la tramitación de los expedientes, nos trasladan que con la entrada en vigor del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (en adelante, Real Decreto 888/2022), se publica el nuevo baremo para la valoración del grado de discapacidad, lo que ha requerido la formación de técnicos tanto de forma presencial y online lo que ha contribuido a aumentar la demora en las citas.

También nos indican que la entrada en vigor no fue la adecuada, dado que la plataforma que utiliza dio problemas, no pudiendo acceder en muchos momentos. Una incidencia que decían continuaba a la fecha del informe impidiendo emitir dictámenes técnicos y resoluciones al no tener interoperatividad los nuevos baremos con el Sistema Integrado de Servicios sociales (SISS) “y no permitir resolver y finalizar los expedientes”.

 

IV.- En cuanto al número de solicitudes pendientes de resolución, nos trasladan:

 

PROCEDIMIENTO	2021	2022	2023	TOTAL (sept 2023)
Reconocimiento grado inicial	0	204	2.213	3.417
Revisión a instancia de parte	0	86	817	2.403
Revisiones de oficio	0	5	67	172
Reclamaciones	0	0	10	10
TOTAL	0	1.795	4.207	6.022

 

En cuanto a los tiempos medios desde que los ciudadanos presentan la solicitud hasta que se notifica la resolución, nos manifiestan que:

 

PROCEDIMIENTO	2021	2022	2023
Reconocimiento grado inicial	9 meses	8 meses	13 meses hasta la entrada del BAREDI
Revisión a instancia de parte	11 meses	9 meses	13 meses hasta la entrada del BAREDI
Revisiones de oficio	En fecha de revisión	En fecha de revisión	En fecha de revisión
Reclamaciones	Entre 45 días y 3 meses	Entre 45 días y 3 meses	Entre 45 días y 3 meses
Tarjetas de aparcamiento primera vez	2 meses	3 meses	3 meses hasta la entrada del BAREDI
Tarjetas de aparcamiento por renovación	2 meses	< meses	2 meses

 

V.- En relación a las principales dificultades encontradas para cumplir con el plazo establecido en la Ley, nos trasladan que se debe principalmente a no contar con la figura del Coordinador del Área Técnica, a no contar con un Equipo más de valoración, a la imposibilidad de contar con todo el personal que trabaja en el C.V.O. durante un tiempo prolongado, a las jubilaciones parciales de los asesores técnicos, a las solicitudes de traslados del personal del área administrativa y, por último, a la implantación del nuevo baremo y la falta de interoperatividad del mismo con la aplicación interna.

Igualmente, cabe destacar que al final del informe se incluye un cuadro que muestra un elevado porcentaje de absentismo por parte de la ciudadanía a las citas del reconocimiento del grado de discapacidad.

En relación a esta cuestión debe mencionarse que esta Institución pudo verificar que este absentismo podía obedecer al modelo de notificación a los interesados, que una vez pasados los años pudieran ser infructuosas por distintas circunstancias, entre las que se encuentran las notificaciones emitidas por SMS.

Una cuestión que ha sido resuelta tras la Instrucción 4/2024 de la Dirección General de Personas con Discapacidad, de agilización administrativa en citas e informes de dependencia en Centros de Valoración y Orientación de Andalucía, cuya Instrucción primera recoge: “En el procedimiento de valoración del grado de discapacidad, cuando se requiera la cita presencial de una persona para su valoración, se remitirá una única cita por correo o notificación electrónica junto con dos mensajes por SMS, que se realizan a modo de recordatorio, en dos momentos previos al día de la cita”.

Nos trasladaron también las prácticas que implementan para minorar las dilaciones y las iniciativas elevadas a la Consejería, que han incidido en aportar una mayor celeridad a la tramitación de los expedientes.

En relación a las actuaciones de coordinación con otros órganos de la administración para mejorar los tiempos de respuesta, destacamos la coordinación “con el Centro Penitenciario para la tramitación de las solicitudes presentadas desde ese organismo y poder realizar, en todos los casos, valoraciones no presenciales que agilicen los procedimientos de los expedientes procedentes de prisión”.

Pues bien, en virtud de toda la información contenida en el informe de referencia y de los datos aportados en las quejas interpuestas por la ciudadanía en esta Defensoría con posterioridad a la emisión del informe, en relación a las competencias del C.V.O. de referencia, hemos de tener en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La buena administración y demás principios que rigen la relación entre la Administración y el Administrado.

Viene a establecer la Constitución Española en su artículo 103 que «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

En desarrollo de dichas previsiones constitucionales, la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, viene a reseñar que «el articulo 103 establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho...».

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, debe tenerse presente que el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) garantiza en su artículo 31 el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

Por su parte, la jurisprudencia de este país también ha determinado, con mayor precisión, que se entiende por buena administración incluyendo, dentro de dicho concepto, el principio de “diligencia debida”. Así, puede mencionarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2021 (recurso 8325/2019) que señala:

“Como se desprende de lo dicho por el Tribunal Supremo el principio de buena administración tiene una base constitucional y legal indiscutible. Podemos distinguir dos manifestaciones del mismo, por un lado constituye un deber y exigencia a la propia Administración que debe guiar su actuación bajo los parámetros referidos, entre los que se encuentra la diligencia y la actividad temporánea; ...”

Igualmente, cabe mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2020 (recurso 1652/2019) que recoge una visión más genérica de lo que se espera y entiende por “buena administración”:

“Es sabido que el principio de buena administración está implícito en nuestra Constitución (artículos 9.3, 103 y 106), ha sido positivizado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículos 41 y 42)” (…)

“constituye, según la mejor doctrina, un nuevo paradigma del Derecho del siglo XXI referido a un modo de actuación pública que excluye la gestión negligente (…)”

SEGUNDA.- De las dilaciones en los expedientes de discapacidad. Retrasos en la citación para ser valorado o revisado el grado y en la emisión de las resoluciones de los grados de discapacidad.

En este año 2024, esta Institución ha seguido recibiendo quejas referidas a la provincia de Huelva, en las que se constata dilaciones en la resolución de los expedientes de solicitud de grado de discapacidad, incluyendo también la revisión del mismo

Así, la ciudadanía nos transmite que, en ocasiones, lleva más de año y medio desde que solicitó la valoración/revisión, argumentando que éste retraso le impedía acceder a determinados derechos amparados por tal reconocimiento.

En otros escritos nos trasladan que, transcurridos meses desde que se produjo la valoración/revisión seguían sin recibir la Resolución de su expediente, aumentando con ello la dilación en la finalización del procedimiento.

Y también constatamos en otros supuestos, que una vez recibida la resolución de su grado de discapacidad, junto a la misma no se acompañaba el dictamen propuesta, por lo que pudiendo estar en disconformidad con la misma y querer interponer la correspondiente reclamación previa, se sentían indefensos/as, dado que desconocían cuáles de sus enfermedades habían sido valoradas y el porcentaje que se le habían adjudicado a las mismas.

Igualmente, también hemos conocido los retrasos en obtener la correspondiente tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, una vez que se había recibido la resolución de la misma.

Como se deduce del informe remitido desde la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Huelva, entre las causas de estas dilaciones, se encuentra el número de jubilaciones parciales que existe entre el personal que conforma el C.V.O., así como la incidencia de las plazas vacantes.

Unas deficiencias de recursos humanos que, como antes se ha expuesto, ha sido objeto de resolución por parte de esta Defensoría a la Dirección General de Discapacidad, competente en la dotación de recursos humanos. Hemos de tener en cuenta que estos déficit también repercuten en los/as trabajadores/as de los C.V.O. que ante las incesantes demoras en sus expedientes, les puede provocar un estres que les lleva a otros destinos más satisfactorios, con el consiguiente perjuicio de estos centros de trabajo.

Otra de las causas que ha provocado las dilaciones antes expuestas ha sido, los efectos producidos el nuevo Real Decreto 888/2022, que ocasionó una serie de problemas, entre los que se encuentran los ya relatados en el informe y relativos a la falta de interoperatividad entre el nuevo baremo y el Sistema Integrado de los Servicios Sociales (SISS), que imposibilitaba emitir resoluciones y, por ende, finalizar los expedientes. Circunstancias similares se dieron entre la aplicación interna del propio CVO y la del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), siendo ambos fallos una de las causas de muchas de las dilaciones antes expuestas.

TERCERA.- De los problemas relativos a los expedientes de solicitud y renovación de tarjetas de aparcamiento.

Esta Institución es consciente de los problemas que están existiendo con las solicitudes de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida cuando todavía no se ha producido la valoración/revisión del grado de discapacidad, de manera que no se ha podido valorar la movilidad de la persona y, por ende, no cumple con los requisitos para acceder a la misma.

Sin embargo y, debido al desconocimiento que una buena parte de solicitantes tienen en relación a los requisitos que hay que cumplir para acceder a la citada tarjeta, transcurridos los tres meses legalmente establecidos sin obtener respuesta a la solicitud de la misma y, pese a no haber obtenido todavía cita para la valoración/revisión de su discapacidad, se interponen quejas, tanto ante esta Institución como ante el Centro de Valoración y Orientación de su provincia, requiriendo la emisión de la tarjeta o bien, una valoración únicamente a los efectos de la concesión de la misma.

A consecuencia de lo expuesto, en la ya mencionada Resolución que esta Defensoría dirigió a la Dirección General de Personas con Discapacidad, se incluyó la siguiente Recomendación: “Recomendación 3: Que en el momento de presentación de la solicitud de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida cuando no se cuente con la valoración de la discapacidad, ni se tenga reconocida la movilidad reducida, ni se esté dentro de los supuestos especiales (ej: razones humanitarias), se informe a la ciudadanía de que, pese a que en la legislación actual se indique que su solicitud será resuelta en el plazo máximo de tres meses, ésta se resolverá de manera conjunta en el momento de la valoración/revisión de su grado de discapacidad”.

Una recomendación que ha sido aceptada por la Dirección General, conforme al informe recibido el pasado 26 de diciembre de 2024:

“Se acepta la recomendación de facilitar esa información en el sentido que nos transmite.

En este sentido, estamos trabajando en la modificación de los procedimientos y del formulario. Lo que pretendemos es que, en la solicitud del grado de valoración, el solicitante ya solicité la tarjeta de aparcamiento en el supuesto que obtenga la puntuación necesaria del baremo de movilidad. De conformidad con el nuevo baremo, que es de aplicación desde el mes de abril de 2023, cuando realizamos la valoración del grado, al mismo tiempo valoramos la movilidad del solicitante. Cuestión distinta si éste obtiene o no la puntuación necesaria para obtener la tarjeta.

Con esta modificación pretendemos que el ciudadano cuando reciba la resolución del grado, al mismo tiempo, reciba la tarjeta de aparcamiento (si ha obtenido la puntuación necesaria del baremo). De este modo, suprimimos un procedimiento innecesario y reducimos la demora en la obtención de la tarjeta”.

En este sentido, teniendo en cuenta que la Dirección General ha aceptado la recomendación en tanto se pone en marcha y se ejecuta esta nueva idea, considera esta Defensoría necesario solicitar a los Centros de Valoración y Orientación a los que nos dirigimos que trasladen a la ciudadanía la misma información en aquellos casos en los que las solicitudes se presenten de manera presencial por la ciudadanía ante los mismos.

CUARTA.- Del derecho a conocer el estado de su expediente y la fecha aproximada en la que se va a recibir la resolución.

Como recordarán en la queja Q24/2372, se dictó Resolución en la que se incluía: “RECOMENDACIÓN 1, de alcance general, para que se le traslade a las personas interesadas la fecha aproximada en la que se procederá a la valoración o revisión por agravamiento del grado de discapacidad”.

Una resolución que ha sido aceptada, al tiempo que nos indican “la dificultad que supone a este Centro de Valoración cumplir la recomendación efectuada. Si bien compartimos el derecho de los Administraciones a conocer en todo momento el estado de tramitación de sus expedientes, dar una fecha de resolución ni tan siquiera aproximada, resulta de gran complejidad. En el Centro de Valoración de Huelva, a fecha de elaboración de este informe, se están citando para valoración solicitudes de reconocimiento de grado y de revisiones a instancia de parte presentadas en Abril del año 2023, hace diecisiete meses, teniendo cubierto el cupo de citas para valoración hasta diciembre del presente año. Con esta demora acumulada, cualquiera fecha aproximada de valoración que podamos dar a los administrador, va a estar sometida a alto grado de oscilación y fluctuación por lo que, poniéndonos en el lugar del mismo su necesidad de conocer la fecha aproximada de resolución de su expediente se va a ver frustrada. Con todo ello, informaremos a los interesados del mes por el que se van resolviendo las solicitudes del tipo que le interese así como del trimestre aproximado en el que su solicitud podrá ser resuelta, indicándoles al tiempo que el ritmo en las resoluciones de los expedientes puede variar en función del número de solicitudes pendientes de resolver, del número de ellas que deben ser priorizadas, así como del personal técnico y administrativo con el que se cuente en cada momento, así como del resto de condiciones que pueden incidir en la previsión solicitada”.

Pues bien, siguiendo los principios y las argumentaciones expuestas en la citada Resolución se ha de destacar que, si bien la mayoría de las veces se ha proporcionado la citada fecha por parte de esta Delegación Territorial, teniendo esta Institución entre sus cometidos velar, proteger y salvaguardar los derechos de los ciudadanos, consideramos un derecho de los/as solicitantes conocer la fecha aproximada en la que serán citados, sin necesidad de que asumamos el papel de intermediaria como mera transmisora de información entre la ciudadanía y la Administración, pudiendo ésta proporcionar dicha información directamente a las personas que así lo soliciten.

En este sentido, consideramos el esfuerzo que se realiza para aportar esta fecha, que aunque sujeta a oscilaciones puede orientar a las personas en la fecha aproximada en la que serán citadas.

Así, esta Institución aumenta el alcance de la citada Recomendación, para que se haga extensible a todas las pretensiones relacionadas con el procedimiento de discapacidad, y no solo con el momento relativo a la valoración/revisión del mismo.

QUINTA.- Del creciente cuestionamiento de la cita previa.

Es importante traer a coalición que, en los/as interesados/as no solo manifestaban su descontento en relación a la espera a la que se estaban viendo sometidos/as, sino también a la imposibilidad de contactar con el número de teléfono del C.V.O. de Huelva que está alojado en su página web, como con el 900 555 564 (número proporcionado para la discapacidad), así como a las dificultades para acceder a las dependencias del propio C.V.O, siendo necesario conseguir cita previa.

Por ello, relataban que, en ocasiones y de manera desesperada, acudían a las dependencias del mismo careciendo de cita previa, ya sea con la pretensión de conocer el estado de tramitación de su expediente, con la finalidad de aportar nueva documentación al mismo (recordemos que muchos de ellos no tienen acceso a internet o desconocen el uso de éste), o con la intención de recoger documentación, trasladándonos no haber sido atendidos/as por no disponer de dicha cita.

Esta Institución se ha posicionado al respecto en numerosas ocasiones. Destacamos la queja de oficio Q23/7738 en la que se indicaba que, si bien la cita previa ha mejorado la eficacia y la eficiencia en la atención a la ciudadanía por parte de la Administración, la instauración de ésta como requisito obligatorio y necesario para poder acceder a la misma y no como opción o modalidad, puede suponer una restricción indebida en el derecho de las personas a la hora de acceder a las dependencias administrativas dentro del horario de atención al público.

Esta situación ha dado lugar a que cada vez sean más las personas, organismos y entidades las que se posicionan contra la cita previa obligatoria y demandan una mejora en su gestión, lo que ha supuesto, a su vez, que sean cada vez más las Administraciones Públicas que van aceptando modificar su postura al respecto y que permiten, en mayor o menor grado, el acceso de la ciudadanía o de determinados colectivos a las dependencias públicas para ser atendidos presencialmente sin necesidad de cita previa.

En consecuencia, dado que la gestión de la discapacidad afecta a personas que deben gozar de una especial protección, se considera necesario que los C.V.O. permitan el acceso a sus dependencias sin necesidad de cita previa, instaurando una franja horaria compatible con la misma, a los efectos de facilitar la información necesaria a quienes ya consideran que se les está vulnerando sus derechos a través de las dilaciones en la resolución de sus procedimientos y en especial a quienes tienen más dificultad para acceder a través de las nuevas tecnologías.

SEXTA.- De la obligatoriedad de contestar en tiempo y forma las hojas de reclamaciones.

En otras quejas recibidas en esta Defensoría, la ciudadanía ponía de manifiesto que, motivada por el retraso en la resolución de su expediente de discapacidad, había interpuesto una reclamación en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, no habiendo obtenido respuesta.

En este sentido, cabe recordar que, el artículo cinco del Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones, en relación con el funcionamiento de los Servicios de la Junta de Andalucía dispone: “Recibidas las denuncias en la dependencia afectada, ésta, en el plazo de quince días y previas las aclaraciones que estime pertinente recabar del interesado, informará al órgano directivo del que dependa, quien notificará al denunciante las actuaciones realizadas y las medidas, en su caso, adoptadas, dando traslado del informe evacuado y de la notificación al interesado al correspondiente órgano periférico o central de la Inspección General de Servicios, según proceda”.

En lo que respecta al plazo para proporcionar una respuesta a la ciudadanía, se debe acudir al artículo 21.3.b) de la LPAC que dispone: “3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación”.

Sin embargo, esta Institución ha podido comprobar que las citadas reclamaciones no son contestadas en tiempo y forma, llegando a alcanzar, en muchos supuestos, más de un año de demora en la obtención de respuesta y, en otros, produciéndose la valoración/revisión del grado de discapacidad de las personas solicitantes, sin que hayan obtenido respuesta alguna a la reclamación presentada.

A la vista de todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución.

RECOMENDACIÓN 1: Que se articulen los medios humanos y técnicos necesarios para resolver los expedientes conforme a la normativa en vigor, minorando las dilaciones existentes hasta cumplir con la normativa en vigor, o en su caso, se traslade a su Consejería las necesidades que tienen para poder dar esta respuesta a la ciudadanía.

RECOMENDACIÓN 2: Que en el caso de existir dilaciones en los distintos procedimientos que se tramitan en ese C.V.O, se proporcione a las personas interesadas una fecha aproximada en la que serán resueltas sus solicitudes, así como que se contesten en plazo las Hojas de Sugerencias y Reclamaciones. Una recomendación ya aceptada para las valoración o revisión por agravamiento del grado de discapacidad en la queja 24/2372, siendo en este caso extensible al resto de expedientes.

RECOMENDACIÓN 3: Que, en caso de tener instaurada la cita previa como forma de atención, se permita el acceso de la ciudadanía al C.V.O. sin necesidad de cita previa, durante una determinada franja horaria, compatibilizándose este derecho con las características de cada expediente y con quienes sí la han solicitado, articulándose los medios humanos necesarios para tal finalidad.

RECOMENDACIÓN 4: Que, hasta que la Dirección General de Personas con Discapacidad proceda a las modificaciones expuestas con anterioridad, referidas a la unificación de las solicitudes de valoración/revisión del grado de discapacidad y de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, se informe a los/as solicitantes de la tarjeta, de que su solicitud no será resuelta hasta que se proceda a la valoración/revisión de su grado de discapacidad, pese a que en la legislación actual vigente se establezca un plazo máximo de tres meses para su resolución.

SUGERENCIA 1: En relación a las medidas encaminadas a informar a la ciudadanía sobre la importancia de tener sus datos actualizados, se sugiere incorporar mensajes en este sentido a través de cartelería o de las pantallas instaladas en el C.V.O. o a través de cualquier otro medio que considere más oportuno.

SUGERENCIA 2: Se impulse por los responsables del C.V.O. la coordinación formal o informal necesaria con otros organismos públicos, para reducir o minimizar las dilaciones en el procedimiento del reconocimiento o la revisión del grado de la discapacidad, o en su caso se inste a responsables de su Consejería para abordar esta coordinación.

Una resolución que entendemos entronca con los objetivos y metas de la Agenda 2030 en relación a la situación de especial desigualdad y vulnerabilidad que padecen las personas en situación de discapacidad, así como la necesidad de adoptar y garantizar medidas paliativas y correctoras en favor de las mismas.

En particular se ha de tener como referente, el ODS 10, centrado en la reducción de las desigualdades, poniendo el acento en la importancia
de la protección social. De este modo, se ha de tener en cuenta las Metas 10.2, 10.3 y 10.4, que hacen mención a la necesidad de potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas; a garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto; y a adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad

Por último, mostrar el reconocimiento de esta Defensoría a quienes trabajan al servicio de lo público en cada territorio, dado que son los que tienen un mayor conocimiento de la realidad y de las causas que provoca las situaciones descritas, así como agradecerle las aportaciones realizadas para el mejor funcionamiento de su C.V.O.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz