Comprobada la veracidad de la noticia de la publicación por D. Francisco Rivera Ordóñez de una imagen toreando con su hija menor de 5 meses en brazos nos reiteramos, como garante de los derechos de los menores, que por mucho que la misma se desarrollara en un entorno controlado por el padre, según ha manifestado el propio progenitor, no deja de ser una situación de riesgo innecesaria para una menor y una decisión que rechazamos totalmente.

Asimismo, expresamos nuestro deseo de que no se repitan estos comportamientos y que la repercusión social mediática sirva para que no sea visto y se acepte como normal dicha actuación. En nuestra función de Defensor del Menor nos corresponde trabajar en la defensa de los derechos de los niños y niñas y atender los problemas graves que les afectan, así como una labor de concienciación en la defensa y protección de sus derechos.

Finalmente, analizada la situación y realizadas las gestiones necesarias, en nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, lo hemos trasladado a la Fiscalía de Menores a los efectos oportunos.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha reiterado el pago inmediato de los retrasos del salario social, del que dependen familias en situación de extrema necesidad sin otros ingresos.

Para el Defensor urge aprobar definitivamente el reconocimiento y concesión del Programa de Solidaridad de las solicitudes que hay en espera desde hace meses; adoptar en las Delegaciones Territoriales las medidas necesarias (materiales y personales) para que se resuelvan a la mayor brevedad y urgencia posibles las solicitudes en espera que reúnan los requisitos exigidos y las que se vayan presentando en el plazo legalmente establecido de dos meses; así como que se arbitre la dotación de los fondos suficientes para hacer frente a los pagos pendientes.

El Defensor demanda que se corrijan las disfuncionalidades detectadas en el programa, tanto en lo que atañe a los plazos de tramitación y reconocimiento, como en lo relativo a la insuficiencia presupuestaria. Los incumplimientos en los pagos de esta ayuda, con mas de un año de retraso en muchos casos, está abocando a muchas familias a vivir situaciones de auténtica desesperación y emergencia social, toda vez que esta prestación constituye, hoy por hoy, su única fuente de ingresos.

Las quejas en la Institución por la excesiva dilatación en el reconocimiento y en los pagos de la prestación económica por el Programa de Solidaridad, conocido como Salario Social, han aumentado en 2015 un 25% más con respecto al año anterior que, asimismo, sufrió un incremento del 300 por ciento.

En total, la Oficina del Defensor ha tramitado en 2015, 200 expedientes de queja por motivo de los retrasos en los pagos o en los reconocimientos de nuevas solicitudes, sobre todo, localizadas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba.

Es por ello que la Institución andaluza viene reclamando en sus informes anuales ante el Parlamento de Andalucía y ante la Administración andaluza medidas urgentes y excepcionales para hacer frente a los pagos por salario social y al reconocimiento de nuevos demandantes.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz el Salario Social ha demostrado estar obsoleto por lo que se requiere una modificación urgente de la normativa actual mientras tanto no se apruebe la Ley de Renta Básica.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al tener conocimiento, a través de las noticias publicadas en los medios de comunicación, de que en el margen izquierdo del río Monachil, antes de desembocar en el Genil, se encuentra un camino rural en el que se acumulan “varias toneladas de basura desde hace meses (…) son algo más de trescientos metros en los que se acumula toda suerte de basura inorgánica e, incluso, animales muertos, según aseguran haber visto ciudadanos que pasean a diario por este camino”.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha defendido este jueves, 21 de enero, la mediación como una fórmula idónea para contribuir a la defensa y garantía de los derechos de la ciudadanía.

Así lo ha manifestado durante su intervención en los actos conmemorativos con motivo del Día Europeo de la Mediación, organizados por la Comisión Permanente de Mediación Málaga, que está integrada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Málaga, Colegios profesionales y Asociaciones de mediadores.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz es necesario “impulsar la mediación como instrumento de resolución de conflictos en los que se encuentren afectados los derechos de contenido social establecidos en el Título I del vigente Estatuto de Autonomía, en aras de la búsqueda de consensos y del fomento de la cultura del diálogo, y para la protección de los derechos de los consumidores de bienes y servicios de interés general gestionados por entes privados en los que pudieran resultar afectados estos derechos”.

Junto con la supervisión de las Administraciones Públicas, el Defensor está adecuando su ordenación e intervenciones a ese papel que el Estatuto de Autonomía le otorga como instrumento de garantía de los derechos estatutarios, disponiendo de mecanismos de relación e intervención entre las entidades públicas y privadas para permitir, a través de la mediación, el desempeño de un papel activo y de impulso.

RECOMENDACIÓN: Que desde esa Delegación Territorial se impartan las instrucciones oportunas al Equipo directivo y al Departamento de Orientación del Instituto de Educación Secundaria de Córdoba, para que se promuevan y hagan efectivas las medidas de colaboración y coordinación con los Equipos de Orientación Educativa Especializados, de conformidad con lo establecido en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa. 

SUGERENCIA: Que para los nuevos procesos selectivos de ofertas de empleo público, a los que concurran personas discapacitados con grado de minusvalía del 33% o superior, y hayan solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios, se dicten resolución (inicialmente con carácter provisional) sobre concedidas o denegadas para la realización de las pruebas selectivas, y se notifiquen formalmente a los interesados, o en su caso, mediante publicidad en boletín oficial, tablón de anuncios o páginas web, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

A este respecto, es práctica en otros procesos selectivos de la Junta de Andalucía; por ejemplo, por la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 221, de 13 de noviembre de 2015, Resolución del día 9), que una vez evaluadas por el respectivo Tribunal Calificador y estimadas o desestimadas mediante Resolución de dicho Centro Directivo, se declare aprobada la lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas, y denegadas, para la realización de las pruebas.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio ante la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y ante los 29 ayuntamientos andaluces cuyos municipios cuentan con más de 50.000 habitantes y las Diputaciones provinciales preguntándoles por la incorporación de las viviendas de la Sareb y del Fondo Social de Viviendas al alquiler social en Andalucía.

La Institucion andaluza viene reclamando la cesión de dichas viviendas para su uso social ante la necesidad de vivienda en Andalucía, tanto en los informes anuales 2013 y 2014 de la Institución, como en el trabajo conjunto en materia de vivienda del Defensor del Pueblo Andaluz junto con las demas defensorías del pueblo, recogido en las XXX Jornadas de Coordinación de los defensores del pueblo, celebradas en septiembre pasado.

En dicho encuentro propusieron, entre otras medidas, que: “debe considerarse que la SAREB y el Fondo Social de Viviendas son elementos determinantes de la política de vivienda, y que las bolsas de vivienda en su poder, así como las que se encuentran en manos de las entidades financieras, están especialmente sujetas a la función social de los inmuebles residenciales dada la vinculación de esos activos con la política económica y financiera”, o que debe “intensificarse la difusión del Fondo Social de Viviendas (FSV) y su conocimiento por el público; ampliar los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el FSV”.

El Defensor del Pueblo Andaluz y Save the Children abordan el acoso escolar y el ciberacoso en unas jornadas previstas para el 18 de febrero de 2016 en Granada con la colaboración de la Universidad de Granada (Medialab UGR y GrinUGR). El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 17 de febrero, y puede hacerse mediante un formulario que se encuentra en las webs de ambas instituciones.

El Defensor del Menor de Andalucía, como garante de los derechos de los menores de edad, y Save The Children como entidad de sensibilización y promoción de derechos, tienen el convencimiento de que es necesario seguir avanzando en la lucha contra esta forma de violencia y maltrato.

Por ello han organizado este encuentro, que tiene como objetivo visibilizar este fenómeno y propiciar un debate público sobre estrategias de prevención y detección de los casos de acoso y ciberacoso para mejorar las respuestas a todos los niveles y ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación.

La jornada contará con la participación de profesionales del ámbito educativo y sanitario, de entidades que trabajan con menores, de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también con los verdaderos protagonistas: los niños y niñas.

Además, se expondrán las principales conclusiones de los dos debates on line, promovidos en las redes por ambas instituciones para favorecer la participación sobre esta problemática.

El primero de ellos se celebró el pasado 16 de diciembre con expertos y expertas en la atención a menores desde la perspectiva de qué son ambos fenómenos y sus dificultades para detectarlos. El segundo hangout está previsto para el próximo 2 de febrero y contará con la aportación de las familias y los centros educativos.

El acoso escolar y el ciberacoso son formas de violencia entre iguales que viven muchos niños en los centros escolares, con repercusiones negativas en su desarrollo y bienestar, y que pueden llegar a comprometer el ejercicio de derechos como la integridad física y moral, la intimidad, el honor o la propia imagen de la víctima.

Ambas figuras presentan características comunes: intencionalidad, repetición, desequilibrio de poder, indefensión, personalización y un componente colectivo o grupal.

El ciberacoso introduce además elementos diferenciadores, ya que la agresión se produce utilizando las tecnologías digitales, aumentando con ello el número de espectadores por las enormes posibilidades de difusión, y con escasas o nulas posibilidades de identificar al agresor.

Tanto el Defensor del Menor de Andalucía como Save the Children han incidido en la necesidad de una mayor implicación de todos: poderes públicos, Administración, familia, escuela, medios de comunicación y sociedad en general, para la prevención, detección y recuperación de las víctimas. Entre todos debemos concienciar a los menores que la violencia ejercida contra sus iguales constituye una vulneración de los derechos de niños y niñas a la intimidad y a la propia imagen, a la integridad física y moral . Sus efectos se extienden también a las familias, al resto de los compañeros y al propio agresor o agresores.

¿Qué atención le podemos prestar desde el Defensor del Pueblo Andaluz?

El Defensor del Pueblo Andaluz no puede supervisar directamente la actuación de las empresas de cobro de deudas al tratarse de empresas privadas ajenas a su ámbito competencial.

No obstante, si nos remite un escrito explicando su caso, podremos informarle acerca de las vías mas convenientes para defender sus derechos y, en su caso, velar porque las Administraciones a las que Usted dirija su denuncia tramiten las mismas con arreglo a las disposiciones legales que les resultan de aplicación.

El pasado 30 de diciembre, se publica en BOE número 312, el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, prevé en su disposición final decimoséptima que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de la citada ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia.

El principio inspirador al que responde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se estructura sobre la base del derecho fundamental del menor a que su interés superior sea prioritario, como proclama la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. En este contexto no sólo se plasman los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Europa, sino que además permite la equiparación a los países de nuestro entorno en la extensión de la protección que dispensan a los niños contra la explotación y el abuso sexual.

Partiendo de estos principios, el real decreto regula la organización y contenido del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, cancelación, rectificación y certificación de la información en él contendida, configurando un instrumento eficaz para los fines perseguidos.

Tras la publicación y entrada en vigor del citado texto legal -a los dos meses de su inserción en BOE (disposición final quinta)-, consideramos deben quedar resueltas las discrepancias planteadas por organizaciones sindicales y profesionales de la educación, en cuanto a la exigencia por parte de la Administración Educativa del certificado de antecedentes penales en el proceso selectivo de acceso a nombramiento de funcionarios interinos, certificación a que se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y, en relación con la aplicación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.