Las situaciones de pobreza hídrica constituyen una realidad social inasumible que demanda de una respuesta coordinada por parte de las Administraciones públicas y de los operadores de los servicios de agua.

Es preciso garantizar que el derecho de acceso al agua no resulte limitado o condicionado por las circunstancias económicas de las persona usuarias y para ello es necesario reconocer normativamente este derecho y establecer procedimientos y protocolos de actuación que eviten cortes en el suministro por razones económicas.

El derecho de las personas a recibir un suministro mínimo vital de agua constituye el eje de un debate público de plena actualidad y en el que se discute sobre su obligatoriedad, su universalidad, su alcance, su financiación y los procedimientos para hacerlo efectivo.

Sobre esta realidad versó la ponencia del Defensor del Pueblo Andaluz en la jornada “Medidas de Acción Social en el sector del agua” celebradas el pasado jueves 28 de enero en Sevilla.

La intervención de la Defensoría Andaluza tuvo como título “Responsabilidad social y servicios de interés general. La pobreza hídrica y el mínimo vital como paradigmas de una nueva cultura social del agua”.

Los servicios de interés general reciben este nombre por estar destinados a la producción de bienes o a la prestación de servicios que resultan esenciales para el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas, por ello están sometidos por el ordenamiento jurídico a una especial regulación, supervisión y control.

Los operadores de estos servicios de interés general asumen una especial responsabilidad en la gestión de los mismos y en relación con las persona usuarias, que trasciende el concepto de responsabilidad social corporativa que con carácter general puede atribuirse a una entidad gestora.

En relación con el suministro de agua, las responsabilidades de los operadores no pueden limitarse a garantizar unos estándares de calidad en la prestación del servicio, sino que deben incluir criterios de responsabilidad social basados en la consideración del derecho al agua como un derecho humano básico.

Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Almería con objeto de que nos informe si tiene previsto abordar el mantenimiento y conservación adecuados de los accesos a la Universidad de Almería desde la barriada almeriense de La Cañada de San Urbano.

Hemos tenido conocimiento por noticias aparecidas en diversos medios de comunicación de la localización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una patera, en la viajaban 63 personas (algunas mujeres embarazadas) y entre estas personas 7 menores de edad en la zona del Mar de Alborán.

Según las crónicas periodísticas, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 25 de enero de 2016, cuando tras activarse el protocolo de control de inmigración irregular se procedió a la interceptación de la embarcación y a traslado de las citadas personas al dispositivo habilitado por la asociación Cruz Roja en el Puerto de Motril.

Sin dejar de lado la preocupación de esta Institución por la correcta atención que se ha de prestar a aquellas personas retenidas en aplicación de la legislación de extranjería, el motivo de la presente actuación es para interesarnos de modo particular por la situación de desprotección en que pudieran encontrarse aquellos inmigrantes menores de edad, que a su condición de inmigrantes en situación irregular unen su dependencia de la persona adulta que habría de cumplir con la obligación de cuidarlos y atenderlos en sus necesidades.

De sobra es conocido que en muchas ocasiones estos menores afrontan su periplo migratorio a solas, sin ningún familiar o persona adulta que vele por ellos. En esta tesitura también se dan casos de menores indocumentados o no correctamente identificados, así como de menores que en su periplo migratorio se ven sometidos a la presión de redes de trafico de personas con fines ilícitos de explotación laboral o sexual.

Así pues, hemos decidido emprender, de oficio, una actuación en salvaguarda de los derechos de los menores para que se informe sobre la atención dispensada por el Ente Público de Protección a los menores que por encontrarse en situación de desproteccion hubieran quedado bajo la custodia del Ente Público de Protección, en garantía de sus derechos y bienestar.

Comprobada la veracidad de la noticia de la publicación por D. Francisco Rivera Ordóñez de una imagen toreando con su hija menor de 5 meses en brazos nos reiteramos, como garante de los derechos de los menores, que por mucho que la misma se desarrollara en un entorno controlado por el padre, según ha manifestado el propio progenitor, no deja de ser una situación de riesgo innecesaria para una menor y una decisión que rechazamos totalmente.

Asimismo, expresamos nuestro deseo de que no se repitan estos comportamientos y que la repercusión social mediática sirva para que no sea visto y se acepte como normal dicha actuación. En nuestra función de Defensor del Menor nos corresponde trabajar en la defensa de los derechos de los niños y niñas y atender los problemas graves que les afectan, así como una labor de concienciación en la defensa y protección de sus derechos.

Finalmente, analizada la situación y realizadas las gestiones necesarias, en nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, lo hemos trasladado a la Fiscalía de Menores a los efectos oportunos.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha reiterado el pago inmediato de los retrasos del salario social, del que dependen familias en situación de extrema necesidad sin otros ingresos.

Para el Defensor urge aprobar definitivamente el reconocimiento y concesión del Programa de Solidaridad de las solicitudes que hay en espera desde hace meses; adoptar en las Delegaciones Territoriales las medidas necesarias (materiales y personales) para que se resuelvan a la mayor brevedad y urgencia posibles las solicitudes en espera que reúnan los requisitos exigidos y las que se vayan presentando en el plazo legalmente establecido de dos meses; así como que se arbitre la dotación de los fondos suficientes para hacer frente a los pagos pendientes.

El Defensor demanda que se corrijan las disfuncionalidades detectadas en el programa, tanto en lo que atañe a los plazos de tramitación y reconocimiento, como en lo relativo a la insuficiencia presupuestaria. Los incumplimientos en los pagos de esta ayuda, con mas de un año de retraso en muchos casos, está abocando a muchas familias a vivir situaciones de auténtica desesperación y emergencia social, toda vez que esta prestación constituye, hoy por hoy, su única fuente de ingresos.

Las quejas en la Institución por la excesiva dilatación en el reconocimiento y en los pagos de la prestación económica por el Programa de Solidaridad, conocido como Salario Social, han aumentado en 2015 un 25% más con respecto al año anterior que, asimismo, sufrió un incremento del 300 por ciento.

En total, la Oficina del Defensor ha tramitado en 2015, 200 expedientes de queja por motivo de los retrasos en los pagos o en los reconocimientos de nuevas solicitudes, sobre todo, localizadas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba.

Es por ello que la Institución andaluza viene reclamando en sus informes anuales ante el Parlamento de Andalucía y ante la Administración andaluza medidas urgentes y excepcionales para hacer frente a los pagos por salario social y al reconocimiento de nuevos demandantes.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz el Salario Social ha demostrado estar obsoleto por lo que se requiere una modificación urgente de la normativa actual mientras tanto no se apruebe la Ley de Renta Básica.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al tener conocimiento, a través de las noticias publicadas en los medios de comunicación, de que en el margen izquierdo del río Monachil, antes de desembocar en el Genil, se encuentra un camino rural en el que se acumulan “varias toneladas de basura desde hace meses (…) son algo más de trescientos metros en los que se acumula toda suerte de basura inorgánica e, incluso, animales muertos, según aseguran haber visto ciudadanos que pasean a diario por este camino”.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha defendido este jueves, 21 de enero, la mediación como una fórmula idónea para contribuir a la defensa y garantía de los derechos de la ciudadanía.

Así lo ha manifestado durante su intervención en los actos conmemorativos con motivo del Día Europeo de la Mediación, organizados por la Comisión Permanente de Mediación Málaga, que está integrada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Málaga, Colegios profesionales y Asociaciones de mediadores.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz es necesario “impulsar la mediación como instrumento de resolución de conflictos en los que se encuentren afectados los derechos de contenido social establecidos en el Título I del vigente Estatuto de Autonomía, en aras de la búsqueda de consensos y del fomento de la cultura del diálogo, y para la protección de los derechos de los consumidores de bienes y servicios de interés general gestionados por entes privados en los que pudieran resultar afectados estos derechos”.

Junto con la supervisión de las Administraciones Públicas, el Defensor está adecuando su ordenación e intervenciones a ese papel que el Estatuto de Autonomía le otorga como instrumento de garantía de los derechos estatutarios, disponiendo de mecanismos de relación e intervención entre las entidades públicas y privadas para permitir, a través de la mediación, el desempeño de un papel activo y de impulso.

RECOMENDACIÓN: Que desde esa Delegación Territorial se impartan las instrucciones oportunas al Equipo directivo y al Departamento de Orientación del Instituto de Educación Secundaria de Córdoba, para que se promuevan y hagan efectivas las medidas de colaboración y coordinación con los Equipos de Orientación Educativa Especializados, de conformidad con lo establecido en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa. 

SUGERENCIA: Que para los nuevos procesos selectivos de ofertas de empleo público, a los que concurran personas discapacitados con grado de minusvalía del 33% o superior, y hayan solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios, se dicten resolución (inicialmente con carácter provisional) sobre concedidas o denegadas para la realización de las pruebas selectivas, y se notifiquen formalmente a los interesados, o en su caso, mediante publicidad en boletín oficial, tablón de anuncios o páginas web, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

A este respecto, es práctica en otros procesos selectivos de la Junta de Andalucía; por ejemplo, por la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 221, de 13 de noviembre de 2015, Resolución del día 9), que una vez evaluadas por el respectivo Tribunal Calificador y estimadas o desestimadas mediante Resolución de dicho Centro Directivo, se declare aprobada la lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas, y denegadas, para la realización de las pruebas.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio ante la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y ante los 29 ayuntamientos andaluces cuyos municipios cuentan con más de 50.000 habitantes y las Diputaciones provinciales preguntándoles por la incorporación de las viviendas de la Sareb y del Fondo Social de Viviendas al alquiler social en Andalucía.

La Institucion andaluza viene reclamando la cesión de dichas viviendas para su uso social ante la necesidad de vivienda en Andalucía, tanto en los informes anuales 2013 y 2014 de la Institución, como en el trabajo conjunto en materia de vivienda del Defensor del Pueblo Andaluz junto con las demas defensorías del pueblo, recogido en las XXX Jornadas de Coordinación de los defensores del pueblo, celebradas en septiembre pasado.

En dicho encuentro propusieron, entre otras medidas, que: “debe considerarse que la SAREB y el Fondo Social de Viviendas son elementos determinantes de la política de vivienda, y que las bolsas de vivienda en su poder, así como las que se encuentran en manos de las entidades financieras, están especialmente sujetas a la función social de los inmuebles residenciales dada la vinculación de esos activos con la política económica y financiera”, o que debe “intensificarse la difusión del Fondo Social de Viviendas (FSV) y su conocimiento por el público; ampliar los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el FSV”.