La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se une a los homenajes dedicados al día de la tierra, hogar y patria común de la humanidad, pero, también, deseamos que esos reconocimientos se traduzcan en compromisos que garanticen la protección y conservación de nuestro planeta del que, no lo olvidemos, somos meros usufructuarios.

Justamente por ello, en un año 2016, en el que la temperatura registrada en la atmósfera terrestre y en la superficie marina ha alcanzado su nivel más alto desde 1980, último año en el que se tiene referencia de una medición sistematizada a través de diferentes registros, es urgente que se afronten con decisión las graves consecuencias que se derivan del cambio climático inducido, en gran medida, por la actividad humana.

Esta Institución está comprometida con el reto de detener el aumento de la temperatura de la tierra por lo que, espera y desea que los países presentes en la Cumbre de París asuman de manera clara y sin excepciones los compromisos derivados de los acuerdos adoptados en aquélla.

Sin perjuicio de ello, como sabemos, si queremos cambiar globalmente nuestro mundo debemos de actuar, también, desde “lo local”. En este contexto, las agendas públicas que han asumido los compromisos 20-20 no pueden ser meras declaraciones expresadas en términos políticamente correctos, sino constituir una manifestación de actuaciones visibles y verificables en las que los poderes públicos, y por supuesto, la sociedad civil escenifiquen su disposición a afrontar aquéllos.

El campo de batalla de la lucha contra el cambio climático se sitúa en gran medida en nuestras ciudades, por lo que deben ser configuradas y entendidas en clave de sostenibilidad tal y como venimos demandando en distintas actuaciones de esta Institución como el Informe Especial sobre “Seguridad, accesibilidad y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las ciudades andaluzas” o en la Jornada que hemos organizado en este ejercicio en torno a las “Ciudades inteligentes, ciudades sostenibles”

En el día de la tierra, esta Institución reitera su compromiso con el objetivo de proteger nuestro planeta y continuará realizando actuaciones para garantizar un desarrollo sostenible en clave económica, social y ambiental. Al fin y al cabo, como nos recordaba Ban Ki-moon, no hay plan B por que no hay planeta B.

Propuesta 5.

El Defensor del Pueblo Andaluz, en su Informe Especial "Servicio de suministro de agua. Garantías y Derechos" ha pedido que se arbitre un régimen jurídico de infracciones y sanciones, con las suficientes garantías legales, que tenga por objeto la erradicación de prácticas defraudatorias.

También deben valorarse las circunstancias en que resultaría procedente acudir a la vía penal, como la reiteración en conductas fraudulentas, el elevado volumen de agua defraudada o la utilización de medios ilícitos para impedir la regularización del suministro.

El Defensor del Pueblo Andaluz considera necesario que se realicen campañas de información a la población sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de la defraudación, así como las posibilidades existentes para facilitar el pago de las facturas cuando la situación económica así lo requiera.

Con este tipo de medidas preventivas estimamos que pudiera reducirse de modo significativo la incidencia de los fraudes en el suministro de agua, de tal manera que la situación económica personal y familiar no sea la responsable indirecta de los mismos.

• Jesús Maeztu debate en la Comisión de Justicia e Interior el informe especial sobre “La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía”

• El titular de la Defensoría destaca la retirada de las concertinas en los sistemas de seguridad de las instalaciones

• La institución valora el proceso de reorganización y distribución de los menores en los centros, con la inauguración de las instalaciones en Huelva el pasado enero, aunque le preocupa la escasez de plazas en los centros de Málaga y Granada

• También ha insistido en otras recomendaciones todavía pendientes, como es el caso de los menores con problemas de salud mental.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la “buena acogida” que ha tenido el informe especial La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y ha resaltado, entre otras, las medidas encaminadas a mejorar las infraestructuras de los centros.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior en el Parlamento de Andalucía, el Defensor del Menor ha valorado la retirada definitiva de las concertinas y la búsqueda de alternativas en los sistemas de seguridad de los centros de menores infractores de la comunidad autónoma, en los que reciben atención más de 700 menores privados de libertad.

El Defensor del Menor ha explicado que, “atendiendo a esta demanda, a partir del pasado 1 de enero, la Consejería de Justicia ha dado instrucciones a todas las entidades que gestionan los centros para que retiren las concertinas de estos establecimientos, adoptando medidas alternativas que garanticen la seguridad” de los menores. La fecha límite para la retirada de estos dispositivos fue el pasado 28 de febrero.

El titular de la Defensoría ha considerado “que es posible la instalación de otros elementos de seguridad disuasorios sobre el vallado de los centros que dificulte su salto al exterior por los internos, pero que no produzcan los efectos negativos para la integridad física de las personas que actualmente tiene el uso de las concertinas”. En cuanto al uso de concertinas, el titular de la institución argumentó que “es verdad que los centros de internamientos son establecimientos en los que los menores están privados de libertad y deben disponer, por consiguiente, de medidas que disuadan de posibles fugas. Pero no es menos cierto los dispositivos de seguridad instalados no se pueden llevar al extremo de cohibir desproporcionadamente la conducta del menor internado”.

En su intervención en el debate, el Defensor del Menor ha subrayado otras recomendaciones aceptadas por la Administración como el desajuste de las plazas de los centros en las provincias. Jesús Maeztu ha destacado que desde el pasado abril de 2015 la Junta de Andalucía ha realizado una nueva reorganización y distribución de los centros, en la que se ha tenido en cuenta el incremento de la población femenina, y creado nuevas unidades de internamiento terapéutico. Además, desde enero de este año la provincia de Huelva cuenta ya con un centro de internamiento con 20 plazas, dando así cumplimiento a una reiterada petición de la institución.

El Defensor del Menor ha valorado que “se ha dado, por tanto, un paso adelante en el difícil proceso de reorganización y distribución de los centros”, aunque precisó que “la tarea no ha concluido, especialmente por lo que respecta a las provincias de Málaga y Granada”. “Los menores infractores de estas provincias continúan teniendo serias dificultades para cumplir la medida de internamiento en un recurso cercano a su domicilio familiar debido a la escasez de plazas en cada uno de los centros existentes”, ha subrayado el Defensor. También ha encontrado una respuesta positiva por parte de la Junta de Andalucía la demanda de una línea de ayudas económicas para aquellas familias con escasos recursos económicos que ven limitadas sus posibilidades de visitar al menor interno por encontrarse el centro alejado de su casa.

Asimismo, ha sido subsanada la carencia detectada en el momento de elaborar el informe sobre una normativa reguladora de la organización, el funcionamiento y las características de los centros de internamiento, gracias a la aprobación del decreto 98/2015, de 3 de marzo.

Entre las propuestas del Defensor para garantizar las protección de los derechos del menor durante el desarrollo de la medida de internamiento se ha aceptado que sea un único letrado el que defienda al menor en todas las causas pendientes; potenciar el uso de la videoconferencia para las comunicaciones entre el letrado y el menor; o el acceso del letrado al expediente que consta en la base informática INTRA, donde se contiene toda la información del cumplimiento de la medida. También aquellas otras que tienen como finalidad ampliar los programas de intervención con menores tras su liberación.

No obstante, otras recomendaciones presentadas en el informe y cuyo cumplimiento requiere de actuaciones coordinadas entre distintas Administraciones, están aún pendientes de ejecución, como es el caso de los menores con problemas de salud mental.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado una Resolución a las 9 Universidades andaluzas y a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología sugiriendo que por la Junta de Andalucía se establezca una regulación de los fondos destinados para la financiación por las Universidades públicas andaluzas de becas y ayudas destinadas al alumnado en situación de precariedad económica que no ha podido acceder a las becas otorgadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo, sugiere que todas las Universidades andaluzas aprueben el otorgamiento de becas o ayudas extraordinarias con el objetivo de ayudar a aquellos estudiantes que, por una situación sobrevenida, no pueden continuar sus estudios universitarios por razones económicas.

Ello en el marco de la Queja de Oficio iniciada sobre las medidas de apoyo al alumnado universitario en situación de precariedad económica; donde ha centrado su investigación en el examen de las distintas convocatorias de becas y ayudas aprobadas por las Universidades públicas de Andalucía para el curso académico 2014-2015.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio destinada a que accedan los autobuses del transporte urbano al interior del barrio almeriense de El Puche, así como para que, en esta zona, como en cualquier otra de la ciudad, no se estacionen indebidamente vehículos y se proceda al arreglo de la calle Mare Nostrum.

En este sentido, ha elevado Recomendación para que, con carácter urgente y sin perjuicio de adoptar otras medidas, se den las instrucciones oportunas para que la empresa concesionaria del transporte público de viajeros, de carácter urbano, de la ciudad comience a prestar servicios en el interior del barrio de El Puche, sin perjuicio de que si existe un cierto riesgo de que se pudieran producir hechos de esta naturaleza, se preste una adecuada protección a conductores y pasajeros a fin de garantizar su seguridad.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido este lunes, 18 de abril, con el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, quien le ha informado del nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación para el cuatrienio 2016-2020, actualmente en tramitación.

La Defensoría andaluza viene demandando la urgencia de disponer de este Plan, como principal instrumento de planificación de la política pública andaluza, para poder atender la demanda de vivienda de buena parte de la población, sobre todo, de aquellos sectores que por circunstancias económicas y sociales se encuentran en una peor situación para poder acceder a una vivienda o mantener la actual.

Durante el encuentro, el Defensor del Pueblo le ha trasladado las principales quejas y consultas que la ciudadanía plantea en la Institución ante la necesidad de vivienda y que están recogidas en el Informe anual del Defensor del año 2015. Entre ellas, los retrasos por las ayudas al alquiler, los problemas para acceder a una vivienda, los desahucios, la ocupación irregular de vivienda, etc.

l Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado Resolución a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, incluyendo diversas Recomendaciones encaminadas a mejorar los plazos de espera, y la información proporcionada a las parejas/usuarias de la prestación sanitaria que consiste en Técnicas de Reproducción Humana Asistida.

Que se regule de forma más precisa el procedimiento de notificación de los supuestos de fraude en el suministro de agua con objeto de garantizar el legítimo derecho a la defensa de las personas afectadas. Debería incluirse necesariamente, como garantías en favor del usuario, la firma de testigo en el informe de inspección y la notificación fehaciente de las actuaciones practicadas.

La notificación fehaciente en los casos de fraude debería incluir copia del informe de inspección y documentación gráfica acreditativa del fraude, así como la liquidación que se le vaya a girar en concepto de valoración del agua defraudada, explicando claramente los criterios empleados. Asimismo, debería incluir la concesión al abonado de un trámite de audiencia, cuyo plazo debiera computar a partir de la recepción de la misma, a fin de formular cuantas alegaciones estime oportunas.

La liquidación por fraude debería llevar incluida una nota relativa a las posibilidades de pago fraccionado de la deuda y, en caso de dificultades económicas, otras medidas que pudieran acordarse con el abonado para regularizar su situación. Asimismo debería permitir modulaciones en los criterios que se emplean para girar la misma de modo que, sin perder su carácter disuasorio, permitan a las personas y familias que se encuentran en riesgo de exclusión social regularizar la situación de su suministro de agua y disfrutar del mismo conforme a su situación económica.

El Defensor del Menor de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha constituido este sábado, 9 de abril, su nuevo Consejo de Participación de Menores, con la representación de un niño o niña por cada provincia andaluza que durante 2 años forman parte de este órgano de colaboración de los menores andaluces con la Institución para la defensa y protección de sus derechos.

Los nuevos miembros de este órgano son Juan Andrés Archilla Parrón, de Vícar (Almería), de 1º ESO del IES Puebla de Vícar; Andrés Romero Varo, de Vejer de la Frontera, Cádiz, de 6º de Primaria del colegio Nuestra Señora de La Oliva; Ana Muñoz Moreno, de Fernán Nuñez, Córdoba, de 4º ESO del IES Francisco de los Ríos; Nora Kzaini Hernández, de Granada, de 3º ESO del IES Cartuja; Sara Giraldo Ramírez, de Aljaraque, Huelva, de 2º ESO del IES Fuente Júncal; Rafael Peralta Bergillo, de Jaén, de 3º ESO del colegio Andrés Vandelvira; Sofía Pilar Gallardo Aznarez, de Estación de Cártama, Málaga, de 4º ESO del IES Valle del Azahar y, Alejandro Cala Dominguez, de Sevilla de 2º ESO del IES Azahar.

Este e-foro de menores es un órgano de participación del Defensor del Menor de Andalucía que le da voz a los problemas de la infancia y adolescencia a través de sus protagonistas, quienes trabajan con la Defensoría andaluza algunos de los temas que más les preocupan.

Los casos de acoso escolar y la convivencia en sus centros educativos, y la desigualdad entre los niños y niñas por los recursos económicos de sus familias son algunos de los temas que han comentado estos 8 consejeros y consejeras del Defensor en la reunión de trabajo que han mantenido este sábado tras la constitución del nuevo Consejo, el 4 e-foro de menores desde que se puso en funcionamiento en 2009, con una vigencia bianual.

Este foro, constituido por un representante escolar por cada provincia andaluza, analiza estas cuestiones y eleva propuestas, recomendaciones y peticiones que son recogidas por el Defensor del Menor para su incorporación en la defensa de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes de Andalucía, en el Informe que anualmente presenta la Institución al Parlamento de Andalucía.

Además de este trabajo, los menores colaboran con el Defensor en otras iniciativas puestas en marcha por la Institución, como ser miembros del jurado en el Premio del Menor de Andalucía, y en las labores de difusión y promoción de los derechos de los niños y niñas en sus respectivas provincias.

En este sentido, también es de destacar la colaboración del e-Foro de Menores en convocatorias de participación de otras entidades, como ha sido el IV Congreso Solidari@; la Plataforma de la Infancia “Tengo una Idea”, y en el III Encuentro Estatal de Consejos de Participación de menores.

ENTREGA DEL INFORME ANUAL 2015 DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Defensor del Pueblo Andaluz ha entregado hoy al Presidente del Parlamento Andaluz el Informe Anual de su gestión realizada en 2015.

El titular de esta Institución Andaluza ha destacado que el mismo recoge la dación de cuentas de un nuevo año en defensa y protección de los derechos sociales donde un importante sector de la población andaluza sigue sufriendo las consecuencias de la crisis, a pesar de los indicadores de finales de 2014 que anunciaban una recuperación. También, un año más, son los colectivos más vulnerables los más afectados, en especial, los menores, los mayores y las mujeres.

En total, 28.777 personas han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz durante 2015 para la defensa de sus derechos sociales, además de 277 colectivos y entidades que han trabajado con la Institución en la denuncia y protección de los mismos.

Una demanda de atención que ha significado la tramitación de un total de 18.923 actuaciones para el reconocimiento de un derecho ante la administración mediante la gestión de 9.082 quejas; atendiendo las 9.343 consultas recibidas o mediante las 498 actuaciones de promoción de derechos sociales puestas en marcha a lo largo del año.

De las 9.082 quejas gestionadas en 2015, 2.912 corresponden a años anteriores y 6.170 quejas se presentaron en el año, de las que 5.941 han sido por parte de personas o colectivos y 229 han sido actuaciones de oficio iniciadas por el Defensor, además de las 458 mediaciones realizadas, sobre todo por cuestiones de justicia, prisiones, servicios de interés general y vivienda.

Sobre los resultados de gestión, de las más de 6.000 quejas admitidas a trámite en 2015, la Institución concluyó la tramitación de 3.676 expedientes, donde detectó irregularidad por parte de la Administración en 2.093 casos, emitiendo una resolución para subsanarla que ha sido aceptada o está en vías de solución en un 94 por ciento de las veces.

Estos datos estadísticos reflejan el agravamiento de las situaciones que afectan al Estado del Bienestar. En total, 11.300 expedientes de esta naturaleza, lo que supone un 60% de todas las reclamaciones ciudadanas. Le siguen las relacionadas con la sostenibilidad de nuestras ciudades y territorio (14%); las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia, prisiones y asuntos de extranjería (12%); un 9% relativas con administraciones locales y tributarias y, finalmente, un 5% por asuntos de consumo y servicios de interés general.

Por materias, la actividad del Defensor del Pueblo Andaluz ha estado marcada por la continuidad de las quejas y consultas por la demora en los pagos o reconocimiento de solicitud del salario social (1013). Las 441 reclamaciones por cuestiones de vivienda, ya sean por necesidad de vivienda, reclamando las ayudas o por los casos de desahucios y ocupaciones irregulares. Y la continuidad de los expedientes por las dilaciones en Dependencia (200).

Nuestra actuación ha estado muy centrada en visualizar la situación de pobreza infantil y las situaciones de violencia en todas sus variaciones que afectan a los niños y niñas, donde más de 230 casos han sido por conflictos familiares, menores en situación de riesgo, desamparo, o maltrato, entre otras.

Además, 565 quejas en materia educativa donde la denuncia por los procesos de escolarización, aunque sigue siendo el grueso, está siendo desplazada por otros temas como la demanda del comedor escolar o sobre la atención que recibe el alumnado con necesidades educativas especiales. Y significativo ha sido el montante de quejas del personal del sector público (1.270) sobre todo por bajas y reposición, precariedad y temporalidad del empleo público, etc, así como las más de 244 reclamaciones ante el colapso y funcionamiento de los juzgados.

También en defensa de los usuarios en salud (300 quejas) por asuntos que afectan a la salud mental, lista de espera, o derechos de los pacientes, entre otras y en especial, la atención sanitaria que recibe la población reclusa andaluza, objeto de un Informe Especial en este año sobre las Unidades de Custodia Hospitalaria.

En materia medioambiental, del total de quejas (304) destaca el trabajo ante las situaciones por contaminación acústica, la demanda por cumplir con el “vertido 0” de nuestras aguas y la defensa de un diseño de ciudad más inclusiva e inteligente, y en materia urbanística (163) la Institucion ha llamado la atención sobre todo por los delitos contra la ordenación del territorio.

Finalmente, han sido significativas las más de 300 consultas por cuestiones sobre multas de tráfico, impuestos y tasas o por las prestaciones de los servicios financieros, entre otras.

Por ello, el Informe Anual 2015 concluye con una serie de propuestas urgentes para garantizar en la medida de lo posible un estado de bienestar y los derechos sociales inherentes al mismo, basado en un equilibrio entre el necesario progreso económico y un bienestar social sostenible.

Entre las medidas, esta Institución andaluza propone la modificación urgente de la normativa que regula el salario social en tanto no se apruebe una Ley Andaluz de Renta Básica, y que se acuerde la ampliación del crédito presupuestario necesario para absorber la demanda existente y resolver las solicitudes pendientes.

En materia de suministros mínimos vitales de luz y agua para las familias más vulnerables, el reconocimiento explícito del derecho humano al agua que incluya el derecho de la población a no verse privada del suministro de agua por razones económicas y a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera, también tratado en un Informe Especial en 2015 “Servicio de Suministro de Agua. Garantía y Derechos”. Y para el suministro de luz, la Defensoría andaluza propone un protocolo de actuación entre las empresas suministradoras y los ayuntamientos que evite los cortes por situaciones económicas.

En materia de políticas activas de empleo, el paro estructural que registra Andalucía y el deber de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y eficiencia en la utilización de los recursos públicos hacen imprescindible el sometimiento de las políticas activas de empleo a un profundo proceso de evaluación que permita determinar su grado de efectividad y eficiencia, así como adoptar las medidas que sean necesarias para ello.

En vivienda que, de forma inmediata las viviendas que gozan de algún tipo de protección y que se encuentran vacías o desocupadas, se destinen al alquiler social, así como que se adopten medidas para superar las disfunciones detectadas en la gestión de las ayudas a la vivienda y que se agilicen los sistemas de adjudicación de viviendas donde consideramos más justo que se realice una baremación basada en criterios sociales y no por sorteo.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha concluido su intervención con una reflexión sobre el retroceso que, a tenor de estos últimos años de crisis, están sufriendo algunos derechos sociales y ha mostrado el compromiso pleno por parte de la Defensoría andaluza para luchar contra esa tendencia.