El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha demandado hoy políticas y medidas públicas para impedir situaciones de pobreza hídrica en la comunidad autónoma, entre las que ha mencionado “la prohibición por norma imperativa del corte del suministro a aquellas personas que por razones económicas no pueden hacer frente al mismo”.

En la inauguración de las jornadas sobre servicios de suministro de agua organizadas por la Defensoría y que se celebran hoy en el Rectorado de la Universidad de Málaga, el Defensor del Pueblo Andaluz ha señalado que, entre las quejas recibidas en la Institución sobre esta materia, destacan las recibidas sobre el derecho de acceso al suministro y aquellas que denunciaban los cortes de agua por el impago de facturas.

“La pobreza hídrica es una de las situaciones que ha generalizado la crisis económica, y que ha llevado al surgimiento de una conciencia social que reclama el reconocimiento a todas las personas el derecho de acceder a los suministros que resultan básicos y que este derecho no esté limitado por incapacidad económica”, ha apuntado el Defensor del Pueblo.

Esta nueva realidad llevó a la Institución a presentar el pasado año ante el Parlamento un informe especial sobre suministros de agua, en el que se detectaban “carencias” en el sistema de regulación de los servicios de suministro de agua. Así sucede, por ejemplo, en supuestos de corte de suministro por impago de facturas; o en relación con los procedimientos por fraude; o ante consumos elevados de agua motivados por avería de las instalaciones interiores.

El Defensor del Pueblo Andaluz realizó en este informe especial un análisis centrado, preferentemente, en la calidad del servicio y en los derechos de las personas usuarias. Para ello remitió cuestionarios a las empresas suministradoras, organismos públicos y asociaciones de consumidores, a los que Jesús Maeztu agradeció su colaboración.

El Defensor del Pueblo Andaluz destacó el “privilegio” que supone contar en Andalucía con una norma como el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, que ha ofrecido una regulación con carácter general a diferencia de otras comunidades autónomas, al albur de normativas locales o de la jurisprudencia.

No obstante, Jesús Maeztu consideró que los cambios introducidos en 2012 han resultado insuficientes para adaptar esta normativa a los retos futuros en materia de aguas, entre los que destacó la necesidad de afrontar las situaciones de pobreza hídrica o la garantía efectiva del derecho humano al agua, así como la urgencia de regular el ciclo integral del agua para garantizar los principios de sostenibilidad y recuperación de costes.

En la inauguración de las jornadas han intervenido junto al Defensor del Pueblo Andaluz Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga; José Ángel Narváez, Rector de la Universidad de Málaga, y María Belén Gualda, Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía una modificación urgente del Programa de Solidaridad de los Andaluces, en el que se incluye una renta mínima de inserción o 'salario social', con el fin de que se dote de los recursos necesarios y se resuelvan las demoras en su tramitación.

En la presentación del Informe Anual sobre el ejercicio de 2015 ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz, y peticiones del Parlamento andaluz, el titular de esta institución ha lamentado que “la falta de dotación presupuestaria y las disfunciones que reiteradamente se producen en la gestión del salario social que concede la Administración autonómica reducen en gran parte su eficacia y avoca a la exclusión a colectivos muy necesitados”.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha propuesto que, con la máxima celeridad, el Consejo de Gobierno acuerde la ampliación del crédito presupuestario destinado al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) hasta la cuantía necesaria para absorber la demanda existente y cumplir lo recogido en el Decreto-Ley 7/2013 en cuanto al plazo de resolución de este procedimiento, cifrado en dos meses, adoptando si fuera preciso medidas presupuestarias de carácter extraordinario.

El titular de la Defensoría ha estimado que, como paso previo a la aprobación de una Renta Básica como recoge el artículo 23 del Estatuto de Andalucía, es necesario que la Administración autonómica revise el Decreto 2/1999 donde se recoge esta ayuda “para hacerla digna y que se conceda conforme está previsto, sin las alteraciones que sufre actualmente”.

Las otras propuestas que recoge el informe anual de 2015 sobre la modificación de este Programa son:

-Considerar beneficiaros del programa a todas las personas solicitantes que constituyendo unidades familiares independientes se encuentren empadronadas y residan en un mismo domicilio junto con otras, siempre que se acredite la independencia de cada una de ellas.

-Suprimir artículo 12 del Decreto 2/1999 y que se tome en consideración como fecha de referencia para la concesión de la ayuda la de la solicitud presentada por la persona demandante del Programa dentro del período legal de resolución. Ello no ocasionaría perjuicio alguno si el procedimiento se tramitara en el plazo de dos meses como establece el Decreto Ley 7/2013.

-Regular la participación de los Servicios Sociales Comunitarios como órganos colaboradores en la fase inicial de Procedimiento, vía Convenio, vía regulación normativa.

-Determinar si efectivamente el IMS es una subvención o un ingreso o prestación económica de otra naturaleza, adecuando en su caso el procedimiento de gestión económica a lo que al respecto se decida.

-Estudiar que la Tesorería pagara el salario como si de una nómina se tratase y no fuese todo el dinero a la Cuenta de Funcionamiento de la Delegación Territorial, aunque previamente habría de darse un paso intermedio y es que se preparase el Programa Syrus para su conexión informática con las bases de datos de la Seguridad Social, Empleo Estatal, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los Ayuntamientos (Empadronamiento) a efectos de comprobar las condiciones exigidas por la norma.

-Tramitación contable independiente y técnica de muestreo como medida de fiscalización que se considera necesaria, previa la validez de la información telemática que conste en el Sistema.

El Defensor del Pueblo andaluz, además, ha instado al Parlamento y al Gobierno autonómico a trabajar en nuevas propuestas que incluyan soluciones que impidan el corte de suministros básicos por la imposibilidad de impagos, y ha recordado la necesidad de una ley que consolide estas prestaciones.

DATOS ESTADÍSTICOS

En el año 2015 casi 29.000 personas nos han trasladado sus problemas y denuncias, lo que evidencia una realidad que está muy lejana de suponer una garantía de bienestar de la ciudadanía.

En términos de actuaciones realizadas en defensa y protección de los derechos, éstas ascendieron a un total de 18.923, lo que representa una media de 1.576 actuaciones al mes.

Estos datos se desglosan de la siguiente manera:

9.343 consultas

9.082 quejas tramitadas a lo largo del año

498 actividades de promoción de derechos

Sobre las consultas, nunca antes se había dado tal volumen de demandas ciudadanas en la institución.

El año pasado las consultas sobre servicios sociales se duplicaron con respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar las casi 1.400, el 15% del total.

Hemos gestionado 9.082 quejas, de las que 6.170 fueron nuevas, es decir, surgieron ese mismo año. De ellas, 229 fueron quejas iniciadas de oficio y, el resto, 5.941, presentadas por los ciudadanos y ciudadanas. A estas quejas nuevas suman las 2.912 tramitadas que proceden de años anteriores.

Comparativamente con respecto al ejercicio 2014, la actividad global ha supuesto un ligero ascenso del total de las quejas y consultas tramitadas. También hemos aumentado la labor de mediación de la Oficina (458 mediaciones, un 9% más que en el año 2014).

De los supuestos que hemos cerrado durante el pasado ejercicio hemos logrado que el asunto se solucione o que se encuentre en vías de solución en un 94% de los casos. Así, sólo en un 6% se ha rechazado nuestra resolución de mediación, nos hemos visto obligados a dar cuenta al Parlamento de nuestras resoluciones o ha existido discrepancia técnica de la Administración con respecto a nuestros pronunciamientos.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, informa este martes 10 de mayo a la Comisión consultiva de Nombramientos, relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones de la actividad de la Institución durante 2015, recogida en su Informe Anual.

La situación actual de las personas que piden refugio a la Unión Europea desde países como Siria, Libia, Eritrea, Afganistán o Pakistán, entre otros, será objeto de análisis el próximo viernes 6 de mayo de 2016, a las 19 horas, en el salón de actos del CEIP “Guzmán El Bueno” de Tarifa.

Propuesta 6.

Que en la regulación del servicio de abastecimiento de agua se incluyan unos estándares mínimos de calidad en la atención al cliente y en la prestación del servicio, de cuyo incumplimiento se deriven sanciones para la entidad y/o compensaciones para las personas usuarias afectadas.

Asimismo, consideramos necesario que se promueva entre las entidades suministradoras la implantación de Cartas de servicios, como documento en el que se recogen los derechos que asisten a la clientela en relación con la prestación del servicio así como los compromisos de calidad de la propia entidad ante determinadas cuestiones relacionadas con el ejercicio de su actividad.

También creemos que debe garantizarse que las oficinas y servicios de atención al cliente cumplen los principios de accesibilidad y diseño para todos impuestos desde la normativa de protección a las personas con discapacidad.

La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará en la Sierra de Aracena (Huelva) los próximos días 12 y 13 de mayo para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, sunimistros de luz y agua, etc.

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta en horario de mañana, de 9 a 14 horas, y de tarde, de 16.30 a 19.30 horas, ambos días. El jueves 12, la oficina atenderá las quejas y consultas ciudadanas en los Servicios Sociales Comunitarios de Sierra Oeste, calle Carmen, 8, de Cortegana. El viernes 13 se trasladará a Aracena, en el Hogar del Pensionista, calle Estudio s/n.

Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la Oficina y trasladar su reclamación, si bien, para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También por facebook (https://www.facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz / ) o twitter (@DefensorAndaluz).

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz también aprovechará este viaje para reunirse con representantes de asociaciones, con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

Más de medio millar de personas presentaron queja o consulta en Huelva ante el Defensor del Pueblo Andaluz el pasado año.

·         Jesús Maeztu afirma en una reunión de ombudsman de todo el mundo celebrada en Barcelona que Andalucía está preparada para recibir a unas 17.000 personas bajo la atención de las ONG

·         El titular de la Defensoría insta a sus homólogos europeos a convertirse en “activistas” y provocar la reacción de los poderes públicos para hacer efectivo el derecho de asilo

·         El Defensor del Menor lamenta que niños y niñas son víctimas junto a sus familias del “pacto de la vergüenza”

El Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, ha trasladado hoy en una reunión de ombudsman de todo el mundo que se celebra en Barcelona la necesidad de que se vayan preparando los sistemas de acogida de los refugiados procedentes de Siria en todos los territorios europeos y que, a su vez, se provoque una reacción de los poderes públicos para hacer real y efectivo el derecho de asilo que tienen estas personas.

Durante su intervención en este seminario de trabajo organizado por el Instituto Internacional del Ombudsman, de la mano del Síndic de Cataluña, Rafael Ribó, el Defensor del Pueblo andaluz ha exigido a Europa una respuesta de protección y acogida a estas víctimas, como tiene regulado normativamente, y ha instado a sus homólogos europeos a “convertirnos en agentes de supervisión y de movilización para que las acciones de acogida sean una realidad”.

El titular de la institución ha participado en una mesa redonda junto a sus homólogos de Serbia, Saša Janković; de Grecia, Vasileios Karydis; de Lituania, Edita Žiobienė y el Director General del Ombudsman de Dinamarca, Jonas Bering Liisberg.

El Defensor del Pueblo andaluz ha relatado la experiencia de Andalucía como “frontera sur” de fenómenos migratorios, donde sus 800 kilómetros de costa son una vía importante de llegada de personas que buscan llegar a Europa desde el Magreb y que provienen del corazón de África, por lo que ahora ante la grave crisis que padece Siria, Andalucía está llamada a participar en el despliegue de medidas de recepción, asistencia emergente y acciones de integración de esta población.

El titular de esta institución ha asegurado que ha pedido información al Gobierno andaluz sobre las medidas o actuaciones que se vayan a aplicar en atención a las personas desplazadas del conflicto sirio, así como ha solicitado planes de preparación y coordinación entre todas las administraciones para disponer los recursos para la acogida de este colectivo.

A falta de una concreción por parte de las autoridades españolas y europeas, el Defensor del Pueblo andaluz ha asegurado que “Andalucía está preparada para acoger a los refugiados que lleguen” y ha estimado que “cuenta con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para acoger a unas 17.000 personas, que estarían atendidas bajo los programas de recepción y acogida de las ONG”. Esta cifra se la trasladaron al Defensor del Pueblo andaluz las delegaciones en Andalucía de Accem, CEAR, Cepaim y Cruz Roja en una reunión celebrada hace unas dos semanas.

El Defensor del Pueblo andaluz ha animado a preparar los sistemas de acogida para que éstas sean “serenas y normalizadas” con el fin de evitar episodios de xenofobia o racismo y ha alentado a los defensores europeos a ser “activistas” para implantar en toda la Unión Europea los valores de la dignidad de las personas.

En este sentido, el también Defensor del Menor de Andalucía ha hecho hincapié en que “en este dramático proceso donde familias enteras huyen para salvar sus vidas, como siempre, los más vulnerables son los niños y las niñas”. Según datos de Unicef, uno de cada tres refugiados es menor de edad. Europol ha alertado de la situación que están viviendo 10.000 niños no acompañados que se encuentran en paradero desconocido, ha recordado Jesús Maeztu.

El Defensor del Menor ha señalado que la imagen del cuerpo sin vida del pequeño Aylan, ahogado en una playa de Turquía, pareció despertar la conciencia de la comunidad internacional, aunque sin embargo ni ésta ni nuevas imágenes “han sido suficientes para que Europa reaccione de una vez por todas y otorgue a los menores la protección internacional a la que tienen derecho”. “Son víctimas junto con sus familias de la aplicación de un pacto, bien llamado, de la vergüenza”, ha criticado Jesús Maeztu, que ha instado a los defensores europeos a dar la voz de alarma ante las instituciones europeas y los gobiernos de las regiones para que tengan un especial celo en la atención de los niños refugiados ante esta situación “de emergencia”.

Tras el cierre del centro, los menores habrían sido trasladados a centros de distintas provincias de Andalucía, en algunos casos a centros ordinarios en los que los MENAS no se pueden beneficiar de la asistencia especializada que recibían en el centro Isdabe, específicamente concebido para la atención de menores inmigrantes, en su mayoría procedentes del Magreb.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su sesión celebrada en Ginebra en noviembre de 2002, afirmó que «El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico».

Nuestro ordenamiento jurídico no incluye aun un reconocimiento explícito del derecho humano al agua. No obstante, nuestros textos legales contienen una regulación pormenorizada de los servicios destinados a garantizar la accesibilidad a este recurso esencial por parte de la ciudadanía. Una regulación, caracterizada por un difícil equilibrio entre la protección de los derechos de las personas usuarias y la satisfacción de los intereses comerciales de las empresas prestadoras.

Así sucede, por ejemplo, en supuestos de corte de suministro por impago de facturas; o en relación con los procedimientos por fraude; o ante consumos elevados de agua motivados por avería de las instalaciones interiores. Supuestos en los que resulta discutible la efectividad de la regulación actual y su adecuación a los requisitos de tutela de derechos que demanda la sociedad. Por otra parte, estimamos imprescindible avanzar en una regulación que garantice que ninguna persona pueda verse privada del acceso al agua por razones de capacidad económica.

Esta Jornada pretende propiciar un foro de debate y reflexión sobre las distintas propuestas que se incluyen en el Informe Especial "Servicios de suministro de agua. Garantía y derechos" presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento de Andalucía y que buscan ofrecer soluciones a los diferentes problemas detectados en relación con el funcionamiento de los servicios de suministro de agua en Andalucía.

La Jornada se desarrollara en un solo día, con una sesión de mañana y otra de tarde y se desarrollará en cuatro mesas redondas con participación de expertos, empresas suministradoras, asociaciones de consumidores y del tercer sector de acción social y representantes de las Administraciones públicas.

Las Jornadas serán de libre acceso, mediante previa inscripción, y están dirigidas fundamentalmente a personas y asociaciones que trabajen en el ámbito de los servicios sociales, la protección del consumidor o la defensa de colectivos vulnerables. Asimismo, esperamos concitar el interés de quienes desarrollan su trabajo en empresas suministradoras y en administraciones públicas con competencias relacionadas con el suministro domiciliario de agua.