La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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11.30 h: Reunión del Defensor con la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches

El Defensor del Pueblo Andaluz se reúne este miércoles, 8 de junio, con la Mancomunidad de municipios de Los Pedroches, en Córdoba.

 

Este encuentro se enmarca en la visita que la Oficina del Defensor está realizando los días 7 y 8 de junio en dicha comarca, atendiendo in situ las peticiones y consultas de los vecinos y vecinas de estas localidades.

 

Dentro del programa de visitas, la Oficina de Atención Ciudadana del Defensor tiene previsto también mantener este miércoles un encuentro con los trabajadores sociales de la zona de Pozoblanco, y, por la tarde, reunirse con asociaciones de la Comarca, entre ellas, la asociación cultural Alicia, la asociación de Familiares de Enfermos Mentales, 2 asociaciones de mujeres, una asociación de vecinos, y la asociación Española contra el Cancer de Pozoblanco.

 

 

 

ATENCIÓN A LOS MEDIOS

 

El Defensor del Pueblo Andaluz y las autoridades de la Mancomunidad atenderán a los medios a las 11.30 horas, en la sede de la Mancomunidad, calle Pozoblanco, 4, Alcaracejos, Córdoba

 

El Defensor del Pueblo Andaluz y Facua firman un convenio de colaboración

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y la presidenta de Facua Andalucía, Olga Ruiz, han firmado hoy un convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto en defensa de los derechos de las personas consumidoras.

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la colaboración “de ida y vuelta” con esta organización de consumidores que se refuerza con la firma de este convenio. De esta manera, Facua participará de los análisis de la institución en materia de consumo, a la vez que proporcionará información a la institución sobre las quejas que recibe en temáticas de relevancia para el Defensor como son los productos financieros, eléctricos, o los suministros básicos, entre otros.

La presidenta de Facua Andalucía, Olga Ruiz, ha destacado que este convenio renueva el compromiso con una institución “que nos parece esencial en el modelo de Estado”. “Es una alianza estratégica para dar voz a la ciudadanía y para estar al lado de los mas vulnerables”, ha afirmado.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido a la Consejería de Fomento y Vivienda que con la máxima urgencia resuelva la convocatoria de ayudas al alquiler de 2015, de la que están pendientes 13.468 personas, beneficiarios provisionales, según los datos facilitados por la propia administración.

 

En su resolución, el Defensor Andaluz insta a “que se proceda a la inmediata resolución definitiva de los expedientes de ayuda al alquiler que aún se encuentran en trámite y se publiquen las correspondientes listas definitivas de personas beneficiarias, debiéndose proceder a continuación, a la tramitación del pago y abono efectivo de las mismas, a la mayor brevedad posible y sin dilaciones indebidas”.

 

El Defensor ha insistido en que el pago de estas ayudas, que van dirigidas a personas con una situación económica precaria y de especial vulnerabilidad, “debe abonarse dentro del año natural de su convocatoria, toda vez que su fin último es garantizar el derecho a la vivienda a quienes con sus propios medios no lo pueden satisfacer o mantener”.

 

También recomienda que para las próximas convocatorias se agilicen los trámites y los requisitos se ajusten a la normativa, que eviten “estos retrasos excesivos”.

 

La Institución andaluza inició una actuación de oficio a finales del año pasado ante la demora en la tramitación de estas ayudas. En respuesta a esta investigación, la Consejería de Fomento y Vivienda ha informado a la Institución que confía en resolver en breve dicha convocatoria, adelantando que, hasta la fecha son 13.468 los beneficiarios provisionales, con un presupuesto de 15 millones de euros.

 

El Defensor del Pueblo Andaluz también ha valorado la cuantía inicial prevista en la anualidad 2015 y el presupuesto finalmente destinado, considerando que la administración regional debe hacer un mayor esfuerzo presupuestario, si fuera necesario, para aprovechar las cuantías máximas que pueda conceder la Administración estatal para este tipo de ayudas.

 

Para el Defensor andaluz este esfuerzo está justificado ante la necesidad de vivienda que recogen los Registros Municipales de Demandantes, actualmente con más de 124.000 personas inscritas, de las que el 65% tiene unos ingresos inferiores a 1 vez el IPREM , y más del 74% manifiesta sus preferencias por el alquiler simple o con opción a compra.

El Defensor del Pueblo Andaluz pide en el Parlamento la mejora de la asistencia sanitaria de la población reclusa

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido este jueves, 2 de junio, en el Parlamento de Andalucía, la mejora de la asistencia sanitaria de la población reclusa durante la presentación del Informe Especial sobre las “Unidades de Custodia Hospitalaria y la asistencia sanitaria especializada para personas internas en prisión” y ha dado cuenta de las principales conclusiones recogidas en la jornada que el pasado martes 31 se celebró con la participación de todos los profesionales y colectivos implicados.

 

El Defensor ha informado ante la Cámara andaluza que el actual modelo sanitario se presta entre Instituciones Penitenciaras, que ofrece la atención primaria, y el SAS, la atención especializada. Esta dualidad es la principal causa de un modelo organizativo deficiente que termina provocando una ruptura en la atención integral de la persona enferma en prisión “que es, ante todo, un paciente. No un preso”.

 

Para el Defensor del Pueblo Andaluz es necesario integrar la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud como mejor manera de garantizar una atención integral de estas personas enfermas que actualmente deambulan entre dos sistemas sanitarios: la sanidad penitenciaria y el SAS.

 

Por ello, ha pedido definir un modelo sanitario que responda a las necesidades de las personas internas en prisión y restablecer el convenio de colaboración, entre Instituciones Penitenciarias y el sistema sanitario andaluza, paralizado desde 2012, pero “actualizado y mejorado”.

 

Durante su intervención, el Defensor del Pueblo andaluz ha vuelto a mostrar su preocupación por dos situaciones que afectan principalmente a este colectivo: la problemática específica de la hepatitis C, que según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria entre la población reclusa la tasa de infectados es superior al 25%-, y la prevalencia de las patologías mentales, 5 veces superior a la que tiene la problación general.

El Defensor propone la creación de una mesa de coordinación para la acogida de los menores refugiados

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha propuesto hoy la creación de una mesa de coordinación entre las diferentes administraciones y colectivos implicados para la acogida e integración de los refugiados sirios y, en especial, en la atención que se dispensará a los niños y niñas que llegarán a la comunidad autónoma de Andalucía.

El Defensor del Menor de Andalucía, como miembro del Foro Profesional por la Infancia de Andalucía, ha intervenido hoy en la presentación de un documento del Foro que alerta sobre las consecuencias médicas y psicológicas de esta crisis para el bienestar de los niños refugiados.

Jesús Maeztu ha alentado a las administraciones competentes a elaborar planes de acogida e integración de los niños y niñas, especialmente en los ámbitos educativo y sanitario, en el marco de una actuación conjunta en la que se reúnan las iniciativas de las administraciones, las universidades y las ONG. “Los distintos dispositivos están planteando acciones, pero hace falta un punto de encuentro que organice una respuesta ágil en actuaciones y recursos disponibles, para que la integración sea lo más rápida posible”, ha señalado.

El Defensor del Menor ha incidido en que en el caso de los niños y niñas no sólo es necesaria la acogida, sino una atención integral que trabaje con las consecuencias y efectos de las situaciones que han padecido. También ha solicitado que, “en este tiempo de espera”, se proporcione a las entidades documentación sobre el perfil de los menores que van a llegar, para adaptar la respuesta a estas situaciones concretas. “No sólo hay que acogerlos ya, porque cada día que pasa va a peor, sino que hay que trabajar en una integración para sanarlos de nuevo”, ha señalado.

“¿Qué han visto estos niños? ¿Qué imágenes tienen grabadas en su pupila? ¿Qué no entienden? Son niños que han huido de una catástrofe, y hay que acogerlos con los brazos abiertos”, ha recalcado Jesús Maeztu, quien ha propuesto medidas de sensibilización para evitar episodios de racismo o xenofobia.

Por su parte, Ignacio Gómez de Terreros, presidente de la Fundación Gota de Leche, ha alertado sobre las graves consecuencias que representa para los menores la crisis migratoria que está viviendo Europa, una situación que ha calificado de “trágica, vergonzosa e inadmisible”.

Gómez de Terreros ha subrayado que el Foro Profesional por la Infancia, del que es impulsor, ofrece una información de carácter profesional relacionada con la vulnerabilidad de los más pequeños, por lo que ha presentado un documento que ofrece un “diagnóstico de ese daño y de ese dolor a corto y largo plazo”.

El documento, apoyado por un vídeo elaborado por la Asociación de la Prensa de Sevilla, recopila los efectos médicos y psicológicos que tiene la crisis de los refugiados en el bienestar de los niños. El autor del documento, el pediatra Juan Gil, ha recopilado seis grandes bloques sobre situaciones de riesgo y consecuencias para la salud en los niños y niñas refugiados.

Para empezar, los niños se ven expuestos a una alta probabilidad de morir por el naufragio de las embarcaciones sobrecargadas en las que viajan o por enfermedades contraídas en el éxodo. También sufren una elevada probabilidad de ser separados de sus padres, lo que conlleva la ruptura brusca de los vínculos, del cariño y de la protección imprescindibles para su desarrollo psicológico y orgánico.

La falta de higiene y de ropa adecuada, de vivienda y las medidas insuficientes o inexistentes de saneamiento elevan el riesgo real de enfermedades y de epidemias para los refugiados y para toda la población en su conjunto. La desnutrición dificulta el desarrollo de las funciones orgánicas, de la psicomotricidad, de la inmunidad, del desarrollo cognitivo, del aprendizaje y de instrucción. También sufren la privación del derecho al juego y al aprendizaje, dos elementos básicos para el desarrollo personal y la vivencia de la infancia.

Otro elemento destacado en el documento es que en muchas ocasiones estos niños y sus familias son rechazados en los países en los que buscan refugio, suelen ser víctimas de xenofobia, pierden su identidad cultural o son relegados a la marginación y a la exclusión social.

El Defensor del Pueblo Andaluz insta a mejorar la coordinación entre las administraciones para la atención sanitaria de las personas reclusas

  • El Defensor del Pueblo Andaluz cree necesario integrar la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud, tal y como recoge la Ley 16/2003

 

 

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, junto con el consejero de Salud, Aquilino Alonso y el Presidente del Parlamento de Andalucía, Pablo Durán, han inaugurado este martes, 31 de mayo, la jornada “Las Unidades de Custodia Hospitalaria y la asistencia sanitaria especializada para personas internas en prisión”, organizada por el Defensor para debatir con los profesionales implicados, las necesidades asistenciales de este colectivo, que en Andalucía supone alrededor de 14.000 personas, el 30% de la población reclusa nacional.

El Defensor del Pueblo Andaluz considera que es necesario integrar la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud, tal y como recoge la Ley 16/2003, como mejor manera de garantizar una atención integral de estas personas enfermas que actualmente reciben la prestación de dos sistemas sanitarios: la sanidad penitenciaria y el SAS.

Esta dualidad provoca unas deficiencias en el modelo organizativo para realizar esta asistencia médica que perjudica el derecho de la persona presa enferma a recibir la respuesta médica sin restricciones ni diferencias de trato. “Una persona enferma en prisión, es, ante todo, un paciente, no un recluso”.

Por ello ha insistido también en la necesidad de mejorar la coordinación entre ambas administraciones y en la urgencia de firmar el convenio entre el SAS y el Estado, paralizado desde 2013, para regular la atención sanitaria especializada de la población reclusa en Andalucía.

El Defensor ha pedido una organización cohesionada de estos servicios médicos y que se garantice a esta población reclusa una atención sanitaria equitativa.

Las Unidades de Custodia Hospitalarias (UCH) son dependencias del SAS para acoger los ingresos de pacientes que provienen de centros penitenciarios. En estas instalaciones, que tienen un acceso restringido, se ofrece la asistencia médica que necesitan estos enfermos a la vez que se despliega unas medidas de seguridad y custodia hasta que son dados de alta y regresan a la prisión.

Los problemas de salud mental que padece esta población, 8 veces más incidencia que la población común, o la alta presencia de la hepatitis que necesita programas especiales de atención, son algunas de las principales problemáticas que afectan a este colectivo y que aborda el Informe Especial del Defensor, así como otros asuntos de organización como la falta de conexión de los sistemas informáticos de las prisiones con el Servicio Andaluz de Salud que provoca que las historias clínicas o la gestión de consultas no cuenten con los sistemas adecuados.

 

    La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz estará en la Comarca de Los Pedroches (Córdoba) los días 7 y 8 de junio.

    La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará en la comarca de Los Pedroches (Córdoba) los próximos días 7 y 8 de junio para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

    El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, sunimistros de luz y agua, etc.

    La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta en horario de mañana, de 10 a 14 horas, y de tarde, de 16.30 a 19.30 horas, ambos días. El martes, 7 de junio, la oficina atenderá las quejas y consultas ciudadanas en el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, en Plaza de la Catedral, 1. El miércoles 8 se trasladará al Ayuntamiento de Pozoblanco, calle Cronista Sepulveda, 1.

    Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la Oficina y trasladar su reclamación, si bien, para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se pude concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter .

    La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz también aprovechará este viaje para reunirse con representantes de asociaciones, con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

     

    El Defensor del Pueblo Andaluz organiza este martes, 31 de mayo, una jornada sobre “Las Unidades de Custodia Hospitalaria y la asistencia sanitaria especializada para personas internas en prisión”, con objeto de debatir y dar a conocer el estudio que la Institución andaluza ha realizado acerca de las necesidades asistenciales de esta población reclusa en Andalucía, unas 14.000 personas.

     

    Las Unidades de Custodia Hospitalarias (UCH) son dependencias del SAS para acoger los ingresos de pacientes que provienen de centros penitenciarios. En estas instalaciones, que tienen un acceso restringido, se ofrece la asistencia médica que necesitan estos enfermos a la vez que se despliega unas medidas de seguridad y custodia hasta que son dados de alta y regresan a la prisión.

    El Defensor del Pueblo Andaluz considera que es necesario integrar la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud como mejor manera de garantizar una atención integral de estas personas enfermas que actualmente deambulan entre dos sistemas sanitarios: la sanidad penitenciaria y el SAS.

     

    Esta dualidad provoca unas deficiencias en el modelo organizativo para realizar esta asistencia médica que perjudica el derecho de la persona presa enferma a recibir la respuesta médica sin restricciones ni diferencias de trato. “Una persona enferma en prisión, es, ante todo, un paciente, no un recluso”.

     

    Enlace al Programa de la Jornada

    El Defensor alerta del retroceso de derechos sociales por la crisis ante el Parlamento de Andalucía

    El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado este martes, 24 de mayo, el Informe Anual de 2015 ante el Pleno del Parlamento de Andalucía.

    El Defensor andaluz ha mostrado su preocupación por la continuidad de las consecuencias de la crisis, sobre todo en los colectivos más vulnerables y que ha tenido un fiel reflejo en la actividad de la Institución, con más de 18.000 actuaciones en defensa de los derechos sociales, donde el 60% de las mismas afectan al Estado del Bienestar.

    Durante su intervención, Jesús Maeztu ha alertado sobre el agravamiento de las situaciones de muchas familias provocadas por la crisis económica y que se han traducido en las quejas y reclamaciones presentadas en la Institución durante 2015. Entre ellas, por los retrasos en el cobro del salario social o las ayudas al alquiler de vivienda; las continuas demandas de necesidad de vivienda; las situaciones de acoso escolar o de casos de violencia de hijos e hijas a sus padres; los casos de pobreza infantil y la demanda del comedor escolar como medida de apoyo social para garantizar al menos una comida caliente al día; la atención a menores con discapacidad; la atención sanitaria especializada, etc.

    Ante esta situación, el Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido mejores políticas activas de empleo; evitar los cortes de suministro de luz y agua mínimos por razones económicas; recuperar la función social de la vivienda y modificar la prestación del salario social, para evitar las demoras en el reconocimiento y en el pago de esta prestación económica.

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha mostrado su preocupación por el retroceso de los derechos sociales, a tenor de las quejas ciudadanas de los últimos años de crisis y ha pedido ante el Parlamento de Andalucía el compromiso y responsabilidad de todos y todas para que no lo aceptemos como inevitable.

    El Defensor del Pueblo Andaluz presenta este martes, 24 de mayo, en el Pleno del Parlamento de Andalucía, el Informe de su gestión durante 2015. A las 16.30 horas.

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