La reiteración de quejas en esta Institución que denuncian vulneración de los derechos y garantías de las personas consumidoras nos lleva a presentar una propuesta relativa a los requerimientos mínimos que deberían incluirse en los expediente de fraude que se tramitan en nuestra Comunidad Autónoma.

Por ello, nos hemos dirigido a la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio) y a Endesa, como principal empresa distribuidora en el ámbito andaluz y por ser la empresa a la que se refieren las quejas recibidas.

Les hemos trasladado nuestro análisis acerca de las cuestiones que consideramos necesitadas de una mayor protección al consumidor, proponiendo alternativas a la falta de regulación y solicitando compromisos por parte de las empresas implicadas para la adopción de protocolos de actuación con las debidas garantías, así como por parte de las Administraciones competentes para su debida exigencia a través de las pertinentes Instrucciones.

Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.

• Jesús Maeztu comparece en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales para valorar el proyecto de ley
• El titular de la Defensoría reclama una definición del derecho subjetivo a recibir las prestaciones garantizadas, el acceso de las personas extranjeras no residentes o la inclusión de la renta básica

El Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, ha comparecido hoy en la comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento andaluz para valorar el proyecto de ley de Servicios Sociales de Andalucía, que sustituirá a la vigente ley aprobada en 1988. El Defensor del Pueblo ha valorado el proyecto de una forma positiva con carácter general, como un nuevo marco jurídico para los servicios sociales que mantendrá su vocación pública o la estructura territorial del sistema, aunque ha solicitado que se analicen algunas dudas como la configuración de los derechos y garantías que proporcionará la ley.

 Jesús Maeztu ha mostrado su inquietud en cuanto al reconocimiento de los derechos subjetivos al condicionar el derecho de acceso a las prestaciones del Sistema, también en el caso de las prestaciones garantizadas, a criterios de índole presupuestaria. El Defensor del Pueblo ha subrayado que, con independencia de la regulación legal, la propia Constitución y las leyes de estabilidad presupuestaria, surge la duda de si es la dotación presupuestaria la que condiciona la categoría de derecho subjetivo o es al revés, como tendría que ser.

El titular de la Defensoría también ha reclamado que no se restrinja la titularidad de los derechos a las personas extranjeras no residentes de acuerdo a la Ley de Extranjería y que el listado de prestaciones garantizadas, a la espera de la aprobación del catálogo, incluya una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna, puesto que se trata de un derecho reconocido en el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El Defensor del Pueblo andaluz ha propuesto la inclusión de otras prestaciones garantizadas que no aparecen en el proyecto de ley como la ayuda a domicilio básica, la atención psicosocial y psicoeducativa y la garantía de un alojamiento alternativo, para que no se pierda la oportunidad de configurarlas como derechos.

Entre otras propuestas, el comisionado del Parlamento ha recomendado la inclusión del derecho de los usuarios de los servicios sociales a recibir un buen trato por parte de los profesionales o el derecho a no ser sometidos a ningún tipo de inmovilizaciones o restricciones físicas o intelectuales, salvo peligro inminente para la seguridad propia o externa, con la reivindicación de que se minimice y elimine el uso de sujeciones o contenciones en la comunidad autónoma.

El Defensor del Pueblo andaluz ha planteado una revisión de las competencias y financiación del sistema de servicios sociales tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional para definir una relación concreta de funciones y competencias y ha señalado que el proyecto de ley no matiza suficientemente la diferencia entre la colaboración y la participación de las empresas privadas.

Jesús Maeztu ha invitado a encontrar el máximo consenso social y político posible sobre el concierto social y, para ello, ha propuesto considerar las premisas de calidad y proximidad de los servicios, enfoque comunitario, apoyo a la iniciativa social y a la economía social y, en los restantes casos, preeminencia de los proyectos que supongan creación de empleo de calidad y reinversión de parte de los beneficios en mejoras del servicio.

El Defensor del Pueblo pide a la Intervención General de la Junta información sobre las incidencias planteadas en varias provincias

Como ya hemos informado en comunicados anteriores, en esta Institución se tramita de oficio la queja 15/5618, ante las numerosas quejas recibidas por los retrasos en la convocatoria de ayudas al alquiler para el año 2015, regulada por la Orden de 15 de marzo de 2015, de la Consejería de Fomento y Vivienda. Estas personas nos muestran su indignación y desesperación ante el excesivo retraso en la conclusión definitiva de esta convocatoria. Algunas de las personas promotoras han denunciado también las varias veces que han sido requeridas para aportar documentación sin que tuvieran información alguna de cuándo se iba a resolver de forma definitiva su solicitud, dada la falta de información por parte de los órganos gestores de la misma.

Téngase en cuenta que estas ayudas están dirigidas a personas con una situación económica precaria, en situación de especial vulnerabilidad, que esperan la ayuda como la única posibilidad que les va a permitir hacer frente al pago del alquiler de su vivienda, o a poder acceder a una y, por consiguiente a mantener o disponer de una vivienda digna ya que, de lo contrario, se podrían ver abocados a un procedimiento de desahucio, a vivir en la calle, en condiciones de hacinamiento o en viviendas precarias. En definitiva, se trata de ayudas destinadas a permitir que determinadas personas puedan satisfacer su derecho de acceso a una vivienda o bien, su derecho a no perderla y poder disfrutar una. De manera que, cualquier retraso en el pago de estas ayudas, con el indiscutible y grave perjuicio que se ocasiona a las personas beneficiarias provisionales, y las situaciones dramáticas que se esconden tras las distintas solicitudes, desvirtúa la intencionalidad y finalidad última que persigue el legislador al contemplar las mismas.

En fecha de 30 de mayo de 2016 esta Defensoría formuló a la Secretaría General de Vivienda una Resolución consistente en varias Recomendaciones y Sugerencias, entre las que se encontraba:

- "Que se proceda a la inmediata resolución definitiva de los expedientes de ayuda al alquiler que aún se encuentran en trámite y se publiquen las correspondientes listas definitivas de personas beneficiarias, debiéndose proceder a continuación, a la tramitación del pago y abono efectivo de las mismas, a la mayor brevedad posible y sin dilaciones indebidas”.

En su respuesta, este organismo nos dice textualmente lo siguiente:

-“Es prioridad para esta Consejería la inmediata resolución de estas ayudas. Una vez baremadas y revisadas las solicitudes, las propuestas de resolución definitiva han sido enviadas a las Intervenciones Provinciales para la fiscalización previa a la resolución definitiva. En las distintas provincias difiere la situación respecto de la fiscalización, estando más avanzada en Córdoba, que fue resuelta favorablemente con fecha de 17 de junio, lo que ha permitido iniciar el procedimiento de pago, esperando que en las provincias de Cádiz y Huelva, el trámite de fiscalización permita la emisión de la resolución definitiva en los próximos días, mientras que en Sevilla y Jaén está pendiente de respuesta por parte de su Intervención, y en Málaga, Almería y Granada, se han manifestado incidencias por parte de sus Intervenciones Provinciales que es preciso solventar. Con el fin de evitar distintas situaciones en las provincias, se ha mantenido contacto con la Intervención General si bien están pendientes de resolver algunas cuestiones planteadas”.

En consecuencia, el Defensor del Pueblo andaluz ha solicitado información a la Intervención General de la Junta, en especial, sobre las diferencias en la actuación de las diferentes Intervenciones Provinciales en la fiscalización de las ayudas al alquiler de vivienda sobre la convocatoria de 2015, con especial mención de las incidencias planteadas por las Intervenciones Provinciales de Málaga, Almería y Granada.

Asimismo, el Defensor reclama que se nos comunique cuáles son las cuestiones planteadas por la Consejería de Fomento y Vivienda, a fin de evitar situaciones distintas y diferencias entre las provincias, en el trámite de fiscalización de estas ayudas, así como la resolución que finalmente se adopte respecto de las mismas, así como cualesquiera otras cuestiones que nos puedan resultar de interés para que podamos efectuar una adecuada valoración final de esta queja de oficio.

Los menores con una plaza escolar podrán tener servicio de ayuda a domicilio o prestación económica para cuidados en el entorno familiar. La Agencia de Dependencia regulará una homogeneización por provincias

Familias andaluzas nos venían planteando su disconformidad con la incompatibilidad entre las prestaciones y recursos de la dependencia a las personas menores dependientes en edad de escolarización obligatoria. Si se beneficiaban de residencia escolar, no tenían acceso a otras prestaciones.

En relación con la primera cuestión, las personas interesadas concretaban que la pretendida incompatibilidad a que aludía la Administración hacía que a los discapacitados con residencia escolar de lunes a viernes, con dependencia reconocida, o bien les era aprobado el PIA con un recurso del que no podían hacer uso por no estar en el domicilio familiar (caso del Servicio de Ayuda a Domicilio), siendo éste el único recurso que se les aprobaba, aunque estuviera vacío de contenido, o bien, de tener reconocida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar previamente al acceso a la residencia escolar, se dictaba resolución extinguiendo la misma. Esta situación producía la injusta situación de que la persona discapacitada en residencia escolar no tenía derecho a ningún recurso en virtud de su dependencia, sin que la Administración contemplase siquiera la posibilidad de modular o adaptar alguno de los disponibles a la situación del dependiente.

Añadían estas familias que no existía uniformidad de criterio en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, produciéndose resoluciones dispares según la provincia y creándose por tanto desigualdad entre las personas afectadas. Así, mientras en las provincias de Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla se aseveraba la existencia de incompatibilidad total entre la residencia escolar y la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, -que posteriormente confirmó la Agencia de Dependencia-, y que había determinado revisiones de oficio del PIA para extinguir las reconocidas, en la de Almería no se oponía objeción a que los menores dependientes usuarios de residencia escolar se beneficiaran de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con una intensidad media o parcial, en función del tiempo de permanencia en el domicilio.

Igualmente, algunas Delegaciones Territoriales consideraban que existía incompatibilidad absoluta entre la residencia escolar y cualquier recurso del Sistema de la Dependencia (Cádiz, Málaga y Sevilla), por lo que las personas con discapacidad que tienen reconocida residencia escolar no pueden ser beneficiarias ni de servicios ni de prestaciones económicas de atención a la dependencia en sus correspondiente programas individualizados de atención, ni siquiera de modo parcial. Otras, como la de Granada, consideraba que, en estos casos, el único recurso de la dependencia posible es el del servicio de ayuda a domicilio, con la intensidad acomodada a su situación de estancia en el domicilio.

En resumen, existía una aplicación divergente e injustificada de la norma a personas en idéntica situación por razones de ubicación provincial. De forma que mientras a algunos dependientes no se les reconoce recurso o prestación alguna, a otros se les reconoce únicamente el servicio de ayuda a domicilio; asimismo, algunos obtienen ex novo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y otros que ya la tenían reconocida ven revisado de oficio su PIA para suprimirla.

Esta institución reclamó informes a las Delegaciones Territoriales de las ocho provincias andaluzas y tras un pormenorizado estudio, formulamos una Sugerencia a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para que procediera a dictar las instrucciones que homogeneizasen los criterios en materia de compatibilidad e intensidad.

En su respuesta, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía nos manifestó que el servicio educativo que se impartía en estos centros públicos residenciales debía ser equiparado al servicio de atención residencial, por lo que se estimó la incompatibilidad entre aquél y el resto de prestaciones de dependencia. No obstante, consideró que las personas en situación de dependencia que disfrutaban de una plaza de residencia escolar recibían atención de lunes a viernes, motivo por el cual podría estimarse, excepcionalmente, la posibilidad de prescribir el servicio de ayuda a domicilio o la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (PECEF) en el ámbito de la dependencia, siempre que se diesen los requisitos y las circunstancias adecuadas y exigidas para su reconocimiento, y en cualquier caso, con una intensidad media o parcial en función de la permanencia en el domicilio y de los cuidados que se estaban prestando efectivamente a estas personas.

Y, habiéndose detectado diferentes criterios entre las provincias, la Agencia aceptó la Sugerencia propuesta, por lo que se procedería a abordar esta cuestión concreta y a elaborar las instrucciones precisas dirigidas a los Servicios Territoriales para garantizar un tratamiento unificado en estos supuestos.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha mantenido hoy un encuentro con representantes de la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos. En este encuentro se ha compartido el problema que supone la ausencia de una adecuada conservación y mantenimiento de estas vías públicas y, lo que es peor, la usurpación que fácticamente se ha hecho de muchos de sus tramos.

Esta situación -que no hubiera tenido lugar si los poderes públicos no hubieran mantenido una actitud pasiva respecto de su obligación de defender este patrimonio público- ha tenido como aliada el desuso de estas vías como consecuencia del desarrollo económico y su incidencia en el transporte de la ganadería y la utilización de estas vías para los desplazamientos con objeto de atender las necesidades agropecuarias.

El Defensor entiende que, en la actualidad, cada vez es mayor la conciencia de lo público y, al mismo tiempo, está creciendo una demanda en amplios sectores de la sociedad destinada a exigir la recuperación de estas vías públicas para usos deportivos, ocio, turístico y, en definitiva, para una mejora del bienestar, la calidad de vida y la salud de la ciudadanía.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz comparte la preocupación y las reivindicaciones de esta Plataforma y ha solicitado su colaboración, sin perjuicio de que también se mantengan contactos con otras asociaciones que vienen reivindicando desde hace años la protección y recuperación de estas vías públicas, para iniciar actuaciones con esta finalidad.

Esperemos y deseamos que muy pronto la Administración Autonómica, en el marco de la legislación sobre vías pecuarias, estatal y autonómica, y las entidades locales de acuerdo con la normativa sobre el régimen jurídico de los caminos públicos, puedan iniciar de manera coordinada, y con una planificación y programación previa, las actuaciones necesarias para que la red de vías pecuarias y caminos públicos pueda utilizarse para usos públicos acordes con su naturaleza y respetuosos con el medio ambiente.

El Alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández Moya, y el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, han acordado trabajar conjuntamente para la mejora del Puche, con el impulso y la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz.

Las tres administraciones se han comprometido a constituir una comisión de coordinación que establecerá un calendario de actuaciones en el Puche a través de diferentes mesas técnicas de trabajo donde también estará presente el movimiento asociativo del barrio.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido al Ayuntamiento de Almería, a la Junta de Andalucía y a la Subdelegación de Gobierno que conformen este equipo de trabajo durante la reunión convocada para este miércoles, 20 de julio, por el Consistorio almeriense de acuerdo al compromiso alcanzado por la Defensoría la semana pasada con el Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En la reunión de hoy, el Alcalde de Almería ha manifestado que “es deber de las administraciones públicas sentarnos a hablar y trazar las líneas de una colaboración que lleve a mejorar la calidad de vida de los vecinos de El Puche. Tenemos que sentar las bases de una colaboración sólida en favor del interés general de los vecinos del barrio”.

Por su parte la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía ha manifestado que el barrio del Puche, es uno más en la capital de Almería, en el que viven más de 7.000 personas, que por sus condiciones socioeconómicas es considerado una zona de transformación social y por ello necesita una atención integral con políticas de inversión en Infraestructuras y sobre todo de inversión social. “Las políticas sociales no son un gasto sino una inversión. La Junta de Andalucía siempre ha estado ahí, con discriminación positiva, adaptando los recursos a las necesidades de salud, educación, servicios sociales y vivienda. Seguiremos estando, siendo necesaria una coordinación máxima con las Instituciones, sobre todo con el Ayuntamiento”, ha dicho.

Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha informado de las quejas que la Mesa Comunitaria del Puche y demás colectivos del barrio han denunciado ante la Defensoría andaluza en sendos encuentros mantenidos con las asociaciones y colevtivos del barrio en los últimos meses.

Entre ellas, los problemas de disponer de unos espacios y equipamientos públicos adecuados; las situaciones de vulnerabilidad de muchas familias; las conexiones ilegales de luz que provocan continuos cortes de suministro eléctrico; las deficiencias en el alumbrado y viario , así como del transporte público; la limpieza de aguas residuales del Andarax o la ocupación de locales como viviendas irregulares por parte de muchas familias.

Para la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz estas situaciones exigen una respuesta coordinada y conjunta de las autoridades públicas, que involucre a los vecinos y colectivos en la transformación de su barrio.

A modo de valoración final, hemos pretendido desde la iniciativa emprendida por el Defensor del Pueblo Andaluz en la queja 14/376, de enero de 2014, impulsar las respuestas necesarias para ofrecer en el núcleo residencial de Sierra Nevada un servicio propio de extinción de incendios y salvamento. Aunque se han dado pasos importantes, como la redacción y puesta en marcha del Plan de Emergencias Local, creemos que nos encontramos ante la carencia de un servicio esencial en la que han coincidido los diagnósticos de las tres Administraciones implicadas.

Por tanto, tras el seguimiento realizado a través de la presente queja de oficio 16/1136, debemos reiterar la prioridad para disponer este Parque para la prevención y seguridad de las personas que acuden a Sierra Nevada, insistiendo a todas las instancias responsables en continuar trabajando hasta lograr su creación.

Nuestro dolor y consternación por el atentado en Niza (Francia) y nuestra condolencia por las víctimas y sus familiares, así como nuestra solidaridad y apoyo a todo el pueblo francés.

La Institución se suma al minuto de silencio de toda la sociedad por esta trágica pérdida de vidas y condena estos actos terroristas que suponen una vulneración de derechos y defensa de la ciudadanía. Estamos convencidos que la unión de la sociedad y los poderes públicos para combatir la desigualdad y fomentar la cooperación entre las personas y las naciones, es el camino para luchar contra esta sinrazón.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha considerado hoy ”imprescindible” que cuando desde el ámbito educativo, social o de salud se detecten los primeros comportamientos inadecuados o violentos de un menor hacia sus padres, sean valorados como indicadores de una disfunción en la relación entre padres e hijos. “Una intervención del problema en su estadío más inicial puede, sin duda, limitar el agravamiento de la situación y mejorar la reconstrucción de la vida en familia afectada por el conflicto”, ha señalado. El Defensor del Menor, que ha participado hoy en un seminario de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, ha subrayado en su intervención que por la magnitud que está adquiriendo la violencia filioparental, la institución que dirige ha reclamado programas específicos y especializados en esta materia que a través de medidas de intervención permitan restituir la jerarquía y la autoridad paterna, repare las relaciones rotas y deterioradas por la violencia familiar, y además, permita el aprendizaje de técnicas para establecer entre los miembros de la familia una disciplina coherente y consistente. "No podemos seguir permitiendo que el abordaje de este tipo de violencia pase necesariamente por la judicialización del problema”, ha señalado el Defensor del Menor, para quien “no es justo que la familia reciba toda la atención que requiere cuando presenta la correspondiente denuncia y se pone en marcha todo el mecanismo judicial, con el elevado coste emocional y económico que de ello se deriva”. El Defensor del Menor de Andalucía ha recordado que este tipo de violencia fue la principal protagonista en el reciente informe que realizó la institución sobre los menores infractores que se encuentran en centros de internamiento, “un trabajo que ahonda en la labor de reeducación y reinserción social de los centros de internamiento a favor de los chicos y chicas internados". Jesús Maeztu ha destacado el creciente aumento de sentencias condenatorias por este tipo de violencia, de un 60% de 2007 a 2013 según los últimos datos disponibles, y que “muchas familias, sobre todo de nivel medio-alto, es la primera vez que acuden a la Justicia". "La madre es la principal víctima de las agresiones. Cuando el menor agrede a otros miembros de la familia, éste ha sido víctima por defender o interponerse entre la madre y su agresor", ha anotado el Defensor del Menor de Andalucía. En este informe la institución también reclama estadísticas que reflejen la incidencia real del problema; la intervención con protagonismo de servicios sociales; estrategias de prevención primaria recomendadas que apunten al fortalecimiento de la vida de pareja, si la hubiese y, en su ausencia, el fortalecimiento de la red social.