Jesús Maeztu valora la regulación expresa del derecho de asistencia sanitaria a las personas inmigrantes sin residencia y la oposición al copago

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha valorado este martes, 23 de mayo, la apuesta normativa que supone el proyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía y ha reclamado un acuerdo en el ámbito autonómico que fije “los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública por parte de quienes están llamados a ejercerla, que en definitiva somos todos los sectores de la sociedad”.

En la última comparecencia de agentes sociales convocados en el Parlamento andaluz para valorar este proyecto de ley, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que la pervivencia e indemnidad de los valores de la atención sanitaria se han visto amenazados como consecuencia de los cambios introducidos por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de Abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud  que, en algunos casos, han supuesto una cierta quiebra de los mismos.

En cuanto a la universalidad del sistema, el Defensor del Pueblo andaluz ha saludado que se sustituya la exigencia de residencia en Andalucía, por la condición de vecindad administrativa, de manera que se lleve a cabo un regulación expresa del derecho a la asistencia sanitaria del colectivo de personas inmigrantes sin autorización de residencia, que resultaba parcialmente excluido (excepto en cuanto a la atención de urgencias) por la normativa estatal. No obstante, el Defensor ha advertido sobre la posibilidad de que surja un conflicto competencial con la Administración estatal, aunque parezca poco probable. Asimismo, el Defensor ha apoyado el compromiso de no establecer sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria, así como de minimizar los que pudieran fijarse por la normativa básica estatal en cuanto a la cartera común, con el fin de que nadie quede excluido de la misma por razones económicas.

Sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, el Defensor ha señalado que el proyecto de ley establece un principio de suficiencia financiera para desarrollar las actuaciones que corresponden al sistema sanitario, aunque ha echado en falta una memoria económica o plan de financiación, o al menos una definición de ese compromiso presupuestario, por ejemplo, mediante la fijación de un porcentaje del PIB.

De igual modo, el Defensor ha explicado que la ley regula diversos mecanismos para contribuir a la sostenibilidad económica, que en su mayor parte vienen ya funcionando, algunos con  refrendo legal, como por ejemplo parte de los vinculados al uso racional del medicamento, y otros que ahora se recogen con dicho rango, caso de la Estrategia de gestión -que resulta equiparable a los actuales planes de salud-, las estructuras de compras de bienes y servicios, o la entidad responsable de la evaluación de tecnologías sanitarias. 

Sobre la sostenibilidad social, basada en la equidad del acceso a los recursos, la lectura del Defensor del Pueblo en base a las quejas que recibe la institución es que “aún nos encontramos lejos de alcanzarla a tenor de las situaciones que nos comunican muchos ciudadanos en relación con la asistencia sanitaria que precisan”. “La amplitud territorial de nuestra región y la diversidad geográfica son sin duda condicionantes difíciles de superar, pero lo cierto es que no podemos decir que la prestación sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma sea igual para todos los usuarios”, ha asegurado el Defensor del Pueblo, que ha puesto como ejemplo las terapias para el tratamiento del ictus; los cribados de algunas patologías; el acceso a medicamentos innovadores; el tratamiento de rehabilitación domiciliaria; los programas para enfermos mentales o los tiempos de espera para consultas e intervenciones.

Por esta razón, el Defensor del Pueblo andaluz ha abogado por tener en cuenta situaciones crónicas de insuficiencia de medios que afectan a determinadas áreas geográficas y aglutinan las reivindicaciones de su población, que al ser atendida en centros de referencia ubicados fuera de sus lugares de residencia se ven obligados a realizar importantes desplazamientos y a someterse a los tiempos y plazos que marcan los mismos.

Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que en el último Informe Anual de la institución emplazó a buscar fórmulas más imaginativas de participación, ya que la falta de diálogo ha sido el motivo expuesto en las muestras de contestación ciudadana a la atención sanitaria. De hecho, el Defensor ha subrayado que este proyecto de ley, pese a haber contado con un trámite de consulta amplio y extendido, y en el que han participado múltiples asociaciones y entidades, su existencia, no ha trascendido realmente a la sociedad y ni siquiera a llegado a ser conocida por muchos de los profesionales llamados en su día a aplicarlo.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, y la Defensora del Pueblo Estatal, Soledad Becerril, han celebrado este martes, 23 de mayo, la 4ª reunión del grupo de trabajo constituido para la protección de menores extranjeros que llegan a Andalucía acompañados de adultos sobre los que recaen indicios de ser víctimas de trata.

A la cita han acudido responsables de las direcciones generales de Infancia, Familias y Violencia de Género de la Junta de Andalucía; de la Federación de Municipios estatal y autonómica, respectivamente; Fiscalía del Estado y de Andalucía; Fuerzas de Seguridad del Estado; Cruz Roja, Ayuntamiento de Puente Genil, responsables de Extranjería, Trata y Violencia de Género de los respectivos Ministerios competentes y personal de las Instituciones del Defensor del Pueblo convocantes.

Ambos defensores han mostrado la importancia de seguir trabajando conjuntamente para procurar la acogida y acompañamiento de estos menores indocumentados ante la alarmante cifra de menores indocumentados que llegan acompañados a las costas andaluzas, que oscila entre los 50 y los 100 casos, muchos de ellos con indicios de ser víctimas de trata.

Esta explotación de los niños, posibles víctimas de trata, atenta frontalmente contra los derechos contra la infancia y contravienen la protección que les reconocen las normas internacionales, nacionales y autonómica, primando en las decisiones que se adopten su condición de menor frente a la de extranjero, lo que obliga a los poderes públicos a prestar una especial atención por su situación de riesgo y vulnerabilidad.

Por eso, del Defensor del Menor de Andalucía y la Institución del Defensor del Pueblo de España decidieron en 2013 trabajar conjuntamente con el objetivo de conseguir la implicación de todos los organismos en la defensa de los derechos de estos menores

Así, se ha avanzado en la identificación de estos menores. Estos niños y niñas ya no son “invisibles”. Ahora, son reseñados e inscritos en los registros correspondientes y atendidos en los centros de ayuda humanitaria, y su situación de riesgo, derivada de sus propias circunstancias o de las de sus acompañante, abordada por el Ente público de protección de menores en coordinación con las fiscalías.

“Pero todavía queda un largo camino por recorrer. Se trata de una situación muy compleja y cambiante, porque las mafias siempre irán buscando resquicios o puntos débiles en la intervención para seguir sacando provecho y beneficio de estas personas más vulnerables. La explotación de estos niños evidencia una de las tragedias más dramáticas y nos compromete a seguir avanzando en la protección de los derechos de estos menores de edad”, han declarado el Defensor del Pueblo Andaluz.

El Defensor del Pueblo Andaluz, como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía, ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por que las ciudades sean inclusivas y sostenibles, lo que incide directamente en la garantía efectiva de diversos derechos de la ciudadanía.

Así, tras promover sendos debates sobre “ciudades inteligentes, ciudades inclusivas” y “ciudades inteligentes, ciudades sostenibles” organiza ahora una nueva jornada para este jueves 25 de mayo sobre “Los gobiernos locales ante la Nueva Agenda Urbana”.

En este nuevo escenario mundial, los gobiernos locales son quienes tienen que implementar la Nueva Agenda Urbana 2030, ya que les corresponde ejecutar en última instancia las políticas sectoriales para hacerla realidad.

La jornada del Defensor del Pueblo Andaluz aborda una mesa redonda “los gobierno locales como tomadores de decisiones en la Agenda Urbana” en la que interviene el consultor internacional Federico Salmerón Escobar, quien participó en la 3º Conferencia de la ONU, Hábitat III, celebrada en Quito en octubre pasado con el objetivo de fijar el lugar de las ciudades en esta Mesa Global. Compartirá la mesa con los catedráticos Esteban Ruiz Ballesteros (de Antropología Social) y Manuel Enrique Figueroa Clemente (de Ecología, también Director de la Oficina de Sostenibilidad) y el Secretario General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, Rafael Márquez Bernal.

Además se celebrarán dos conferencias: “Objetivo 11. Desarrollo Sostenible en la Nueva Agenda urbana” y “Consenso político y participación ciudadana en la cinstrucicón de la ciudad sostenible”, a cargo de Isabela Velázquez Valoria (arquitecta urbanística. Gea 21) y Roberto González Argote (Jefe del área de Sostenibilidad Urbana en el Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz), respectivamente.

            El doble reto de garantizar la calidad ambiental y la lucha contra la exclusión en las ciudades está muy presente en los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible de la nueva Agenda Urbana Mundial 2030, que se marca como uno de ellos: “Conseguir que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

 Ello solo es posible si se apuesta decididamente por la ciudad compacta. Es decir, una ciudad planificada que evite la dispersión que da lugar a los barrios dormitorios y a los suburbios que demandan unos grandes gastos energéticos en el transporte y un alto consumo, sin retorno, del suelo no urbanizable.

En segundo lugar, una ciudad inclusiva, en la que toda la población sin discriminación alguna pueda disfrutar libremente de los espacios físicos, políticos y sociales, ejerciendo de igual manera el derecho a una vivienda adecuada y a tener acceso a los bienes y servicios públicos.

Y, en tercer lugar, una ciudad participativa que genere sentido de pertenencia no excluyente, lo que facilitará la cohesión social y un modelo de gobierno local que responda a la idea de codecisión.

En definitiva, un ciudad segura, sin fronteras para la ciudadanía donde los espacios públicos son la clave para construir comunidades plurales y pacíficas, evitando la estigmatización de grupos sociales,

El Ayuntamiento de Almería, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía han aprobado hoy un plan de trabajo interadministrativo y multidisciplinar para la mejora de El Puche, que contará con la participación de su población y el seguimiento de los trabajos por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, quien ha impulsado este modelo de intervención integral coordinado en la zona tras la demanda vecinal por las carencias del barrio en materia de educación, salud, vivienda, equipamientos públicos, seguridad, etc…

En julio del pasado año, las tres administraciones, con la garantía del defensor andaluz, aprobaron crear una comisión de coordinación que tras identificar los principales problemas del barrio, han propuesto unos criterios para priorizar las actuaciones conjuntas a realizar y una metodología de este trabajo interadministrativo que contará con la participación del vecindario.

Los retos que se marca esta comisión se engloban en tres grandes bloques: atajar el deterioro del hábitat, invertir el alto nivel de desempleo o empleos marginales en la zona y trabajar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mayoría de la población. Para ello, se plantean 3 mesas técnicas de trabajo colectivo de las administraciones y los vecinos, junto con una cuarta mesa encargada de la coordinación de las tres administraciones públicas.

Para cada uno de estos bloques ya se han definido algunas propuestas. Así, la Mesa del Hábitat abarca desde la continuación de los trabajos de reurbanización de Puche Norte y la gestión del parque público de vivienda hasta la definición de planes anuales de control de plagas en el río o la mejora en la recogida de basuras.

En la Mesa de Empleo se ha detectado la necesidad de potenciar prácticas de empresa en los polígonos industriales de la zona, e iniciativas emprendedoras para la puesta en valor de la capacitación artesanal de las distintas culturas.

Precisamente, dar visibilidad a las distintas culturas que viven en el barrio es una de las iniciativas en las que trabaja la Mesa de Vulnerabilidad, junto con otras como potenciar la creación de clubes deportivos o coordinar con las entidades de Tercer Sector programas encaminados a mejorar la gestión familiar, entre otras.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha querido lanzar un mensaje “en positivo” con el ánimo de implicar a los vecinos de El Puche con su barrio y con el propósito de trasladar al vecindario “que todas las administraciones que ya trabajan allí desde hace tiempo se van a coordinar con un único objetivo: mejorar el barrio en todos los sentidos”. Se va a mejorar desde el aspecto social, al urbanístico, pasando por el dotacional y el relacionado con los servicios públicos que allí se prestan. En definitiva, se trata “de mejorar la calidad de vida y la integración de los vecinos en su ciudad”.

“Las diferentes problemáticas de El Puche hay que abordarlas de forma completa, integral, y hacerlo no sólo cada administración desde sus competencias, sino siempre entre todos”, se muestra convencido el regidor.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández, ha señalado que en el planteamiento integral del barrio de El Puche “es imprescindible la implicación de todas las administraciones para conseguir entre todos que, independientemente del barrio en que viva cualquier ciudadano, se le ofrezca por parte de las diferentes administraciones las mismas oportunidades”.

Para ello, la Junta va a seguir trabajando poniendo a su disposición de los vecinos las políticas transversales de la Junta en materia de empleo, educación, igualdad, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos.

Finalmente, el Defensor del Pueblo Andaluz considera que el proceso de intervención integral en El Puche está avanzando firme y seguro, y se ha mostrado convencido de este modelo de trabajo coordinado y participado para mejorar las condiciones de vida de El Puche en igualdad de oportunidades. Para Jesús Maeztu, se trata de ir “todos a una, garantizando la eficacia de los programas públicos que se pongan en marcha e integrando en el proceso a los vecinos de la zona”.

Los defensores del Pueblo autonómicos y del Estado han homenajeado hoy a la figura de Juan Relinque, un vecino de Vejer de la Frontera (Cádiz) que en el siglo XVI luchó a favor de sus vecinos contra los abusos y gravámenes impuestos por el Duque de Medina Sidonia, y cuyo esfuerzo permitió que el pueblo conserve todavía hoy unas tierras comunales conocidas como Hazas de Suerte.

El acto ha contado con la presencia de las defensorías autonómicas de País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla León, Canarias, y de la Defensoría estatal; del presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río; del alcalde de Vejer, José Ortiz, así como de diputados autonómicos de Cádiz, entre otras autoridades regionales, provinciales y locales.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado en la inauguración de la jornada el perfil biográfico y la actuación de Juan Relinque en su calidad de Síndico procurador, centrada en los quince pleitos contra el Duque de Medina Sidonia. "Si hoy sigue siendo un ejemplo siglos después, eso demuestra que su vida no terminó con la muerte, sino que se transformó, y sigue vigente su compromiso y la consciencia de que estamos en esta vida para ser felices, actuando en paz, libertad y justicia", ha ensalzado Jesús Maeztu.

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Duran, ha reivindicado el valor de esta figura "universal" y su esfuerzo en la defensa de lo colectivo, en una época distinta a la que hoy vivimos. Duran ha instado a las instituciones a "construir sobre su legado", al ser Relinque "un héroe local que representa la dignidad de sus vecinos y que ha permitido mantener viva una tradición histórica".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lorenzo del Río, ha animado a confiar en la Justicia como hicieron los vecinos de Vejer en su día, "en un contexto muy diferente, cuando no había separación de poderes", enfrentándose a una casa señorial como la de Medina Sidonia.

Con motivo de esta celebración la institución ha editado la publicación Juan Relinque, de Síndico Procurador a Defensor del Pueblo. Un vestigio comunal: Las Hazas de Suerte de Vejer de la Frontera”, que condensa de forma singular los trabajos y las investigaciones realizadas sobre Juan Relinque, de dos autores vejeriegos experimentados sobre esta figura: Antonio Morillo Crespo y Antonio Muñoz Rodríguez.

Como si de una recreación del mito bíblico de David y Goliat se tratara, su hazaña significó la victoria del pequeño frente al grande, del desvalido frente al poderoso, dejándonos como legado el convencimiento de que nunca es vano luchar por lo que creemos justo y del interés general, aunque tengamos todo en nuestra contra.

El Ayuntamiento de Vejer ha estrenado con motivo de la jornada un vídeo sobre las Hazas de Suerte que formará parte de la candidatura de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a la que ya opta. Vejer cuenta con 232 tierras y Barbate con 124 cuyas rentas son sorteadas cada cuatro años, los bisiestos, entre los vecinos. Es una tradición única en el mundo.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio ante el Ayuntamiento de Motril, a fin de conocer:

• Régimen de protección que ostente en la actualidad el centro histórico de la ciudad de Motril.

• Medidas de carácter urgente que se pretendan adoptar para la identificación o catalogación de los inmuebles susceptibles de contar con un régimen singular de protección y amenazados en su conservación.

• Iniciativas adoptadas para la protección urbanística o cultural de los inmuebles merecedores de tutela.

• Cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y el Presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, han renovado este lunes, 8 de mayo, su compromiso de seguir colaborando conjuntamente en la promoción y protección de los derechos de la ciudadanía.

Ambas instituciones han firmado un nuevo convenio para la participación en actividades de formación, publicación y organización de jornadas a lo largo del presente ejercicio, entre otros actos.

Una colaboración que se renueva cada año  y que afianza el compromiso de ambas instituciones por colaborar juntos en la protección de los derechos de la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio sobre el cumplimiento en Andalucía de la ley 2/2010 de derechos y garantías de la persona en el proceso de muerte, una norma conocida como ley de muerte digna. El objetivo de esta investigación es elaborar y presentar al Parlamento de Andalucía un Informe Especial, evaluando el grado de cumplimiento de los preceptos de esta Ley, analizando la situación de las personas que padecen una enfermedad terminal y comprobando si se reconocen y respetan los derechos que determinan el concepto de muerte digna.

Esta investigación analizará, desde una perspectiva jurídica, hasta qué punto se preserva en los procesos asistenciales los derechos a la información y al consentimiento informado, el rechazo del tratamiento y la retirada de una intervención, la realización de la declaración de voluntad vital anticipada, la recepción de cuidados paliativos integrales y elección del domicilio para recibirlos, el tratamiento del dolor, la administración de sedación paliativa o el acompañamiento y la salvaguarda de la intimidad y confidencialidad, entre otros aspectos.

Una vez transcurridos siete años desde la aprobación de esta norma, -la primera regulación autonómica específicamente dedicada a la salvaguarda de la dignidad humana en el proceso de muerte-, esta institución considera necesario este estudio, ya que si bien considera conveniente disponer de una normativa particular que aporta claridad a estas actuaciones, también los ciudadanos nos han puesto en entredicho su fiel cumplimiento. La ciudadanía nos ha planteado quejas sobre la atención de cuidados paliativos, el funcionamiento del registro de voluntades anticipadas, o el respeto a la intimidad de los pacientes y sus familiares en el trance de la muerte, si bien estos planteamientos constituyen indicios aislados que no nos permiten formarnos una opinión fundada respecto al grado de satisfacción de los derechos en este proceso.

Considerando que pudiera ser el momento oportuno para su evaluación, aunque sea con la perspectiva que incorpora el formato de nuestros Informes Especiales, iniciamos de esta manera las gestiones necesarias para planificar un estudio de estas características que mejore nuestra visión de resultados en lo que se refiere a la aplicación de la ley, al menos por lo que hace al ámbito de los dispositivos sanitarios que se integran en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. En el curso de esta investigación se solicitará información a las distintas administraciones competentes y se consultará con expertos y profesionales de diversos ámbitos que conocen en profundidad esta realidad y sus implicaciones. También se pedirá la colaboración de aquellas asociaciones que son fieles conocedoras de la situación de las personas que se encuentran en un estado avanzado de una enfermedad para la que no existen expectativas razonables de curación y presentan un pronóstico de vida limitado.

Asimismo, mostramos el máximo interés en conocer las experiencias de las personas que han vivido de cerca este tipo de situaciones y acceder a la valoración que realicen de la atención recibida desde los servicios sanitarios para cubrir las necesidades de todo tipo que se les hayan suscitado. Para ello, esta Institución ha diseñado una sencilla encuesta que puede cumplimentarse en la página web www.defensordelpuebloandaluz.es, pensada para que todo aquel que lo desee, y de manera totalmente anónima, pueda aportarnos su propia experiencia y ofrecernos su opinión y sus valoraciones rellenando un breve cuestionario. La información aportada por los participantes en la encuesta no sólo nos ayudará a elaborar el Informe Especial y a fundamentar las propuestas de mejora que se eleven al Parlamento de Andalucía, sino que servirá además para ponerle rostro humano a la descripción de una realidad que es inherente al propio ciclo de la vida.

La Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del Defensor del Pueblo Andaluz de desplazará a la comarca del Valle del Almanzora-Los Vélez (Almería) los próximos días 9 y 10 de mayo para atender en persona las quejas y consultas que quieran hacerle llegar los vecinos.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

Queremos reunirnos con Asociaciones y con ciudadanos y ciudadanas para conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones. Atenderemos a los pueblos de Albanchez, Albox, Alcóntar, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Cantoria, Chercos, Chirivel, Cóbdar, Fines, Laroya, Líjar, Lúcar, Macael, Maria, Olula del Rió, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Vélez-Rubio, Vélez Blanco y Zurgena.

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta en horario de mañana, de 9:00 a 1400 horas, y de tarde, de 17:00 a 19:00 horas, en el Centro de Servicios Sociales del Saliente, en Albox, ubicado en la Carretera de la Estación s/n. Edificio de la Cámara Agraria.

Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la Oficina y trasladar su reclamación, si bien, para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es También se pude concertar la cita a través de nuestras redes sociales: en facebook (https://www.facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz) o twitter (@DefensorAndaluz).

La Adjunta al Defesor del Puebo Andaluz ha particidado hoy en la inauguración del II Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer, que se celebra estos días 21 y 22 de mayo la AECC, en Málaga.

La humanización de la práctica asistencial para atender a pacientes con cáncer es una constante de la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz desde que empezó a desarrollar su actividad en la defensa del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos. Para el Defensor del Pueblo Andaluz la humanización de la prestación sanitaria significa que hay que otorgar la máxima consideración al paciente, respetando escrupulosamente la individualidad y la diferencia, y ofreciendo un trato personal y una actitud de servicio,

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tiene previsto iniciar próximamente una actuación de oficio para conocer el nivel real de implantación del programa de cribado de cáncer de colon y promover de esta manera que se extienda a todo el territorio de Andalucía en el menor plazo posible.