La presencia cada vez mayor de la mujer en el mercado de trabajo y sus logros en la educación y formación, así como en diversos ámbitos de la vida pública, ponen de manifiesto avances en nuestra sociedad. Es evidente que, en muchos ámbitos, se han eliminado discriminaciones y que las desigualdades también han disminuido, pero aún quedan otros en donde la falta de igualdad se sigue manifestando con toda su crudeza.

Las mujeres, a consecuencia de su género, se enfrentan a situaciones que les impiden participar con plenitud en la sociedad donde viven. Estas desigualdades entre los sexos no se pueden rectificar si no se detectan y corrigen los persistentes, sutiles y a veces ocultos factores que ponen a las mujeres en desventaja frente a los hombres.

Por eso es indispensable la perspectiva de género que implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual.

Como institución garante de derechos, detectamos que, a día de hoy, la sociedad no ofrece las mismas oportunidades a mujeres y hombres en ámbitos como el laboral. Son muchos los estudios y estadísticas en los que se concluye que hay más mujeres que hombres en situación de pobreza y exclusión, en gran parte porque, por motivos familiares, las mujeres trabajan con mayor frecuencia que los hombres a tiempo parcial o con contratos de trabajo temporales, por lo que la pobreza de las mujeres se debe en gran medida a la precariedad de sus empleos y a las diferencias salariales por igual trabajo desempeñado.

Especialmente duras son las quejas que llegan a esta institución en materia de vivienda, de servicios sociales o de violencia de género, dado que los relatos, muchas veces estremecedores, de las propias afectadas ponen de manifiesto cómo la condición femenina junto a las especiales circunstancias de toda índole en la que se encuentran, pueden contribuir a una doble discriminación. Es el caso de mujeres titulares de familias monoparentales con hijos e hijas a cargo, con escasos o nulos recursos económicos, además víctimas de violencia de género, con alguna discapacidad o pertenencia al colectivo de personas mayores. Es el caso de las mujeres víctimas de trata, en especial de las niñas, una explotación que sobrecoge a esta institución. 

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta y para su toma de consideración hay que tener en cuenta las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación que sufren muchas mujeres y niñas (por razones de discapacidad, origen inmigrante, origen étnico, edad, orientación sexual, identidad de género, embarazo, condiciones de vivienda, bajo nivel educativo, ser víctima de la violencia, etc.) y que sus condiciones han empeorado durante los últimos años.

Hay que seguir avanzando, porque la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo se configura como un factor determinante para un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad.

Este año, el Día Internacional de la Mujer se suma a un movimiento mundial sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres, cuyo lema fijado por las Naciones Unidas es “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”.

Personas de todo el mundo se están movilizando para conseguir un futuro que sea más igualitario. Esta acción se ha manifestado en forma de marchas y campañas mundiales, incluido el movimiento #MeToo en los Estados Unidos de América y sus reflejos en otros países, como protesta contra el acoso sexual y la violencia, por ejemplo: #YoTambién en México, España y América Latina, entre otros lugares, #QuellaVoltaChe en Italia, #BalanceTonPorc en Francia y #Ana_kaman en los Estados Árabes; “Ni Una Menos”, una campaña contra el feminicidio que surgió en Argentina; y tantas otras iniciativas, abordando cuestiones que incluyen desde la igualdad salarial hasta la representación política de las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer 2018 es una oportunidad para transformar este impulso en medidas para empoderar a las mujeres de todos los entornos, rurales y urbanos, y reconocer a las personas activistas que trabajan sin descanso para reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que estas desarrollen su pleno potencial.

En España se ha convocado una huelga formal de mujeres de 24 horas. Esta movilización está inspirada en el llamado “Día libre de las mujeres” de Islandia de 1975, en el que el 90% de la población femenina de la isla dejó de trabajar y salió a la calle para manifestarse por la igualdad. Fue un día histórico en el que el país se paralizó. Asimismo, en más de 100 países hay convocadas ausencias simbólicas y también paros regulares pero parciales para el jueves 8 de marzo.

El 8 de marzo, unámonos a las activistas de todo el mundo y a ONU Mujeres para aprovechar la oportunidad, celebrar los logros, tomar medidas y transformar las vidas de las mujeres en todo el mundo.

AHORA es el momento.

Los asuntos relacionados con la educación, la vivienda y la atención a los menores de edad han sido los que mayor preocupación han generado a las mujeres que acudieron al Defensor del Pueblo andaluz durante 2017. Un año más, la mayoría de las personas que solicitaron la intervención de este comisionado, dirigido por Jesús Maeztu, fueron mujeres (51%).

Estos datos pertenecen a un anticipo del Informe Anual 2017 de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana, 8 de marzo. Las conclusiones de este Informe aporta que los asuntos relacionados con la igualdad de género, la educación o la dependencia son mayoritariamente abordados por las mujeres. En cambio, el medio ambiente, la vivienda y el consumo son las principales materias por las que los hombres acuden al Defensor del Pueblo andaluz. Asimismo, los asuntos sobre los que los hombres reclaman en mayor número una actuación a diferencia de las mujeres son agricultura, ganadería y pesca; cultura y deportes, y prisiones.

Las mujeres presentaron ante esta institución menos quejas que los hombres (46% del total), pero son las que más acuden a los distintos mecanismos de consulta de la institución (54,5%). En cuanto a las actuaciones que reclaman, se pone de manifiesto la pervivencia de los roles de género tradicionalmente asignados a las mujeres como son los ligados al cuidado de mayores y personas dependientes o la preocupación por todo lo relacionado con el derecho a la educación de sus hijos e hijas. Asimismo, las familias monomarentales alcanzan un alto grado de protagonismo como promotoras de las quejas en materia de vivienda o de servicios sociales.

Esta Defensoría está implicada desde hace años en la reivindicación de la igualdad de género. En esta materia, el Defensor del Pueblo andaluz tramitó el pasado año 57 quejas, un 42,5% más que en 2016.

Son casos, por ejemplo, relacionados con el empleo público, por las presuntas discriminaciones en situaciones que están directamente vinculadas al sexo biológico, como es el caso del embarazo y maternidad, o también por la imposibilidad de ejercitar los derechos laborales de conciliación de la vida laboral y familiar, ya se trate para su ejercicio de solicitudes de movilidad laboral para precisamente poder conciliar o por el impago de becas o ayudas destinadas a la conciliación.

El rol de género no es ajeno a la salud. Dentro de las intervenciones de esta Defensoría, se atienden quejas relacionadas con procesos o patologías fundamentalmente femeninos. El año pasado esta institución se ocupó, entre otras cuestiones, por las mujeres que padecen hipertrofia mamaria, que a juicio de esta institución, no están suficientemente atendidas en nuestro sistema sanitario. También la práctica de tratamientos de reproducción asistida sigue siendo fuente inagotable de reclamaciones, no sólo por las largas esperas que la acompañan.

Como cada año, las quejas presentadas ante esta Defensoría en materia de servicios sociales por personas del sexo femenino, tienen una alta carga de dramatismo dado los relatos estremecedores que muchas veces se nos trasladan, de los que se desprenden las circunstancias tan difíciles que día a día viven estas mujeres. La pobreza y las circunstancias de carencia de empleo y de extrema precariedad económica sitúa a las personas en una posición de mayor riesgo de exclusión social y, si esas personas son además del sexo femenino que, además, pertenecen a colectivos más necesitados de protección como las familias monoparentales, mujeres mayores o con alguna discapacidad, ser o haber sido víctima de violencia de género son factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que caigan en situación de exclusión social. Las demandas de empleo y de ayudas económicas de emergencia para el pago del alquiler de la vivienda o de los suministros domiciliarios básicos, así como para alimentación, suelen ser las más usuales. Muchas de ellas se cierran al aceptarse o resolverse la pretensión de las interesadas por parte de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento en cuestión. Otras las concluimos al comprobar tras el informe social que se nos envía, las intervenciones y ayudas sociales concedidas, dentro de los recursos económicos siempre limitados de los que disponen estos servicios.

Sobre violencia de género, en 2017 esta institución ha seguido trabajando en el enfoque administrativo, relativo a los recursos y ayudas de los que pueden beneficiarse las víctimas. Hemos abierto una queja de oficio para conocer, analizar y valorar el grado de cumplimiento y eficacia de las previsiones establecidas en el Acuerdo de 3 de junio de 2013, por el que se aprueba el Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, así como en el Protocolo Marco de Coordinación Institucional de 14 de julio de 2016 y restantes elementos de aplicación.

En otras ocasiones, las mujeres víctimas de violencia de género cuestionan que el Ente Público de Menores proceda a retirarles la guarda y custodia de sus hijos e hijas con fundamento en el deterioro personal y psíquico que padecen precisamente por haber sido sometida durante años al maltrato de sus parejas. Es habitual y comprensible que las madres argumenten una víctimización secundaria, ya que además de ser víctima de violencia por parte de sus maridos, sufren también el dolor que supone la separación de sus hijos e hijas, y manifiesten encontrarse con una actitud fría y distante de la Administración que no tiene en cuenta la situación vivida.

En Administración de Justicia, el Defensor abrió una queja de oficio tras conocer la ausencia de personal para la oficina de denuncias de violencia de género en una comisaría. En la respuesta de la Subdelegación del Gobierno no se alude a los supuestos de insuficiencia de medios que despertó alguna protesta de sindicatos profesionales, así como alguna queja de particulares afectados. Debemos entender que los posibles incidentes quedan solventados. Esta institución confía en que esa ordenación de los servicios implique la superación de posibles incidencias y permaneceremos atentos a cualquier novedad que se produzca sobre esta esencial labor de asistencia y apoyo en las actuaciones de protección a la víctimas de violencia de género.

En vivienda, una gran parte de las quejas se basan en la carencia de este bien básico por parte de muchas familias andaluzas que acuden a nosotros en demanda de ayuda para poder satisfacer su necesidad de acceso. Muchas de estas quejas por necesidad de vivienda se presentan por familias monoparentales, mujeres madres que asumen la crianza de sus hijos e hijas en solitario, que no cuentan casi con ningún recurso económico o con algunos de muy escasa cuantía, en situación desempleo o con empleos precarios, siendo subsidiarias de prestaciones y ayudas sociales.

En la labor de las administraciones locales, esta institución inició un expediente de queja en el que se planteaba la situación de desigualdad que históricamente ha padecido la mujer respecto de los hombres en cuanto al reconocimiento público por sus actos o sus méritos. Y todo ello, a colación de la petición recibida para que se rectificase el error material existente en el nomenclátor del callejero de la Ciudad de Sevilla en relación con la calle denominada Eustaquio Barrón, cuya denominación correcta debía ser el de calle Eustaquia Barrón, por ser la denominación original de la misma. La sugerencia fue finalmente aceptada por el pleno del Ayuntamiento y ya se ha llevado a debido efecto, cambiando la rotulación de la calle, que recupera, de esta forma, su denominación primigenia.

En sostenibilidad, ninguna de las quejas presentadas por mujeres en estas materias hacían alusión directa o indirecta a cuestiones de género. Esa ausencia de quejas motivadas por esta causa tal vez tenga su base en los escasos estudios sobre la incidencia que el planeamiento urbanístico, la movilidad y el medio ambiente puede tener en los derechos de la mujer y las situaciones de discriminación que se generan.

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía (en adelante LPIGA) contiene diversos preceptos para intentar subsanar esta importante omisión de la perspectiva de género en la configuración del modelo de ciudad, pero el Defensor del Pueblo andaluz considera que no existe todavía una conciencia clara por parte de los responsables públicos que afronte con compromiso tener presente la mencionada perspectiva.

La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará en Écija, el próximo 15 de marzo para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta el jueves, 15, en horario de mañana y tarde (de 9 a 14 horas, y de 17 a 19 horas), para atender las quejas y consultas de la ciudadanía en la Casa de la Juventud, en avenida Miguel de Cervantes, 21.

Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la Oficina y trasladar su reclamación, si bien, para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz también aprovechará este viaje para reunirse con representantes de asociaciones y trabajadores sociales, con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

Como en anteriores visitas del Defensor a otras zonas andaluzas, el objetivo del desplazamiento de la Oficina de Atención Ciudadana es acercar la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz a toda la ciudadanía, reforzar las relaciones con las entidades locales y colectivos sociales, y, sobre todo, tener un mayor conocimiento de la problemática de la zona.

 

 

El Defensor del Menor de Andalucía ha celebrado hoy una jornada técnica para el análisis y mejora de los procedimientos de determinación de la edad a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan al territorio andaluz.

El Defensor del Menor, cuyo titular es Jesús Maeztu, ha contado con la experiencia de fiscales de Extranjería y de Menores; representantes de las Consejerías andaluzas de Igualdad, de Interior y de Salud; representante del Instituto de Medicina Legal y miembros de ONG.

El Defensor del Menor ha considerado que esta prueba en el caso de Andalucía queda reducida generalmente a una radiografía del hueso carpo de la mano izquierda que se realiza en algunos hospitales del Sistema sanitario público andaluz. En opinión del Defensor del Menor, esta técnica presenta grandes márgenes de error y ha sido objeto de crítica por un amplio sector de la comunidad científica, desde donde se insiste en que cualquier estudio de determinación de la edad ha de basarse en distintas pruebas, valoradas todas ellas en su conjunto; aun así no son rigurosas si no toma en consideración también la influencia de factores patológicos específicos, nutricionales, higiénicos-sanitarios y de actividad física.

Respecto a los métodos para realizar estas pruebas, existe un documento sobre Recomendaciones sobre métodos de estimación forense de la edad de los menores extranjeros no acompañados. Se trata de un documento de Consenso de Buenas Prácticas entre los Institutos de Medicina Legal de España (2010). Las pautas y directrices recogidas en este documento han sido recomendadas en el Protocolo Marco de MENA de 2014.

La fiabilidad y rigurosidad de las pruebas no es una cuestión baladí Se trata de un asunto sumamente trascendente para la vida de las personas extranjeras ya que con esta prueba se está decidiendo si los poderes públicos deben prestarles las atenciones y cuidados a las que tienen derecho como menores de edad o, por el contrario, han de ser tratadas como personas adultas extranjeras que se encuentran irregularmente en nuestro país y han de ser repatriadas a sus países de orígenes, salvo que sean susceptibles de protección internacional.

Con esta jornada, el Defensor del Menor pretende interesar la colaboración de todos los agentes implicados y conseguir para estos menores sobre cuya edad existan dudas fundadas, que se les realicen de estudios y pruebas médicas de mayor fiabilidad que permitan fundamentar con rigor el dictamen médico, que se la base de la declaración de mayoría o minoría de edad por la Fiscalía de menores. También que durante la realización de dichas pruebas se respeten otros derechos de los menores como el derecho a ser informado sobre la naturaleza de aquellas en un lenguaje comprensible y en su idioma, y obtener su consentimiento para la práctica de las mismas.

En concreto, en la actuación de oficio nos interesaremos por conocer si desde la Administración se han habilitado los cauces oportunos para la remisión de la información de los listados de cortes a los Ayuntamientos; para la recepción de la respuesta municipal con el listado de personas cuyos suministros no pueden ser cortados; y para la puesta en conocimiento de esta información a las empresas eléctricas. Todo ello, dentro de unos plazos suficientemente ágiles para evitar que se consumen los cortes anunciados cuando los mismos no resulten procedentes. Igualmente nos dirigiríamos a la FAMP con objeto de conocer si existe alguna iniciativa para que los Ayuntamientos andaluces puedan recibir la información correspondiente a los listados de corte de suministro.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, intervendrá en la próxima Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que se celebrará el 21 de marzo,  para explicar su posicionamiento sobre el proyecto de gaseoducto que se planea construir en Doñana. El Defensor del Pueblo andaluz recibió ayer tarde la comunicación de la presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, en la que invita al titular de esta institución a asistir y participar en la reunión que abordará distintas peticiones de asociaciones y partidos políticos relacionadas con el proyecto de gaseoducto en Doñana.

El pasado mes de enero una delegación de IU Andalucía propuso al Defensor del Pueblo andaluz solicitar a esta comisión su comparecencia. El Defensor garantizó que, si dicha Comisión lo aprobaba, el Defensor acudiría al Parlamento europeo.

En octubre, el Defensor del Pueblo Andaluz envió al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales un informe en el que proponía "la suspensión definitiva del Proyecto de Gaseoducto de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental":

“... con la información que actualmente se posee sobre los posibles riesgos que se pueden derivar de la ejecución del Proyecto de Gaseoducto de Doñana, lo acontecido en el Depósito de El Castor, la forma en que se han tramitado los proyectos, tanto en lo que concierne a la DIA del proyecto Marismas Occidental, como en lo relativo a la ausencia de una evaluación conjunta que tenga en cuenta las afecciones que se pueden generar asociadas a los cuatros proyectos y, sobre todo, teniendo en cuenta los valores ambientales y la extraordinaria diversidad del Espacio Único de Doñana, que es muy necesario mantener, conservar y, en la medida de lo posible, acrecentar ante las amenazas que ha tenido, y tiene, pese a haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad, derivadas de la actividad humana, que se debe proceder a la suspensión definitiva del Proyecto de Gaseoducto de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental".

• El Defensor del País Vasco comparte con el DPA la preocupación por la situación de tres bomberos andaluces acusados de tráfico de personas en Grecia y contactará con su homólogo griego

• Ambas instituciones organizan un grupo de trabajo sobre el modelo de mediación profesional implantado por la Oficina andaluza

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el Ararteko, Manuel Lezertúa, han coordinado hoy acciones de ambas instituciones para la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y en particular, de aquellas personas y organizaciones humanitarias que los asisten.

En el transcurso de un grupo de trabajo de dos días en Sevilla en el que una delegación del Ararteko ha conocido la estrategia de comunicación y el modelo de mediación profesional implantado por la Oficina andaluza, el Defensor del Pueblo andaluz ha informado a su homólogo en el País Vasco de las acciones tomadas esta misma semana en la defensa de tres bomberos acusados de tráfico de personas cuando participaban en labores de rescate en la isla de Lesbos (Grecia) en enero de 2016.

Maeztu se ha dirigido al Defensor del Pueblo estatal, Francisco Fernández Marugán, para que se les garantice la mejor asistencia jurídica en el juicio a celebrar el 7 de mayo, instando al Ministerio de Asuntos Exteriores a procurarles la ayuda consular necesaria. Maeztu remitirá también toda la documentación sobre el caso al Defensor del Pueblo de Grecia, Andreas Pottakis, para que medie en el caso.

Precisamente, el Ararteko pertenece junto al defensor griego y al holandés al grupo de trabajo encargado por el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) para el estudio de la situación de las personas refugiadas. Lezertúa ha mostrado su preocupación por la situación de estos tres bomberos y ha ofrecido su apoyo para informar al Defensor griego sobre su situación. Lezertúa medió recientemente con el Defensor griego en el caso de dos activistas vascos de una organización solidaria con los refugiados que fueron detenidos en Grecia cuando intentaban embarcar en dirección a Italia con ocho personas ocultas en su caravana. Finalmente, se retiraron las acusaciones contra estas dos personas y el caso fue archivado.

El Ararteko también emprendió acciones el pasado diciembre para interesarse por la situación judicial de la activista por los derechos humanos Helena Maleno Garzón, del colectivo Caminando Fronteras. Maleno se encuentra pendiente de si se abre juicio o se archiva su caso tras declarar en el Tribunal de Apelación de Tánger (Marruecos) por las llamadas que realiza para que se rescaten a inmigrantes en el mar. El Ararteko trasladó a su homólogo marroquí Abdelaziz Benzakour, Mediateur du Royaume, el interés y la admiración de los colectivos vascos hacia la labor que realiza Helena Maleno en la frontera sur. Benzakour ya se ha puesto en contacto con Maleno.

Además de las acciones en defensa de estas personas, el Defensor del Pueblo andaluz y el Ararteko han conversado sobre las repercusiones que tendrá el Brexit para los trabajadores de comarcas como el Campo de Gibraltar y las consecuencias para los derechos de los españoles que residen en Reino Unido.

La reunión del Defensor del Pueblo andaluz y el Ararteko se produce en el marco de un grupo de trabajo en el que el Defensor del País Vasco se ha interesado por la estrategia de comunicación y por el modelo de mediación profesional implantado en la Oficina andaluza desde el pasado año.

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, abrirá una queja de oficio dirigida a su homólogo estatal para pedirle que reclame al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación asistencia jurídica para los tres bomberos de la organización Proem-Aid que participaron en acciones humanitarias en las isla de Lesbos (Grecia) en enero de 2016 y que se enfrentan a un juicio en el país heleno el próximo 7 de mayo por un presunto delito de tráfico de personas en grado de tentativa.

Ésta es una de las conclusiones extraídas de la reunión que los bomberos de Proem-Aid han mantenido este martes con Jesús Maeztu en la sede de la Defensoría en Sevilla. Además, y en declaraciones a los periodistas tras el encuentro, Maeztu ha explicado que pedirán la presencia consular en el juicio, "teniendo en cuenta la intervención llevada a cabo el pasado mayo en el Senado, en la que se aconseja que se cambie la normativa para que el cónsul pueda acompañar a los acusados en el juicio".

RELATO DE LA VISITA A LA COMARCA DE LA LOMA (JAÉN) LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2018. HASHTAG: #dPA_LaLoma

En esta ocasión visitamos la Comarca de la Loma. Hemos atendido a la Ciudadanía, Asociaciones u otras agrupaciones ciudadanas y Equipos de Trabajo Social en la Ciudad de Baeza, en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios

  

También nos hemos reunido con Alcaldías que forman la parte de la Comarca de la Loma.

Esta Comarca reúne a los Municipios siguientes: Baeza, Begijar, Canena, Ibros, Lupión, Rus, Sabiote, Torreblascopedro, Torreperogil y Úbeda

Y atendido a los medios de comunicación.

La Ciudadanía: Atendimos diversos problemas entre los que destacamos los siguientes:

Unos familiares de una persona con discapacidad nos consultan sobre un problema en el procedimiento para la revisión de la valoración de grado de su familiar discapacitado, pues el médico no le facilita el acceso a informes médicos necesarios para solicitarla. Además nos trasladaron diversos temas como la tardanza en tramitar la solicitud de cambio de médico de familia; irregularidades en la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Úbeda para el acceso al empleo público de personas con discapacidad; la injusticia que supone el que la ejecución de las actividades rehabilitadoras supongan un perjuicio al tener como consecuencia cierta mejoría en sus capacidades limitadas que conlleva una disminución en la valoración del grado de incapacidad. También solicitaron información sobre el procedimiento de revisión de la pensión por incapacidad. Todo esto lo trasladamos a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y al Ayuntamiento de Úbeda

Un ciudadano nos cuenta que personas con problemas de movilidad no pueden usar el ascensor de su edificio por un error en el cambio de contador que Fenosa no repara a pesar, según nos relata, de los numerosos contactos que ha mantenido con la citada Empresa. Al parecer Fenosa procedió al cambio de contador en su edificio por uno de los llamados inteligentes. El problema surge cuando el contador que le instalan no es el adecuado para un edificio con ascensor y este deja de funcionar causando numerosos inconvenientes a los residentes en ese edificio en el que viven muchas personas que, por sus circunstancias o edad avanzada, tienen necesidades especiales de movilidad. Mediaremos con Fenosa.

 

 

Un problemón tiene esta familia con el retraso del ingreso involuntario de un familiar enfermo mental, dictado por una jueza, que la Junta de Andalucía no soluciona. Nos trasladan que se trata de una persona muy agresiva, con antecedentes y juicios por lo penal pendientes de celebrar que, actualmente, vive con su madre de unos 85 años de edad a la cual maltrata. Hace ya varios meses una jueza decretó su ingreso involuntario en un centro especializado en este tipo de enfermedad, por parte de los Servicios Sociales se elabora el correspondiente Plan Individual de Atención (PIA) y la Administración de la Junta de Andalucía se está retrasando ostensiblemente en la validación de ese PIA y la asignación del recurso correspondiente. En definitiva, la familia, en estos mementos, se encuentra sola e indefensa ante esta situación. Llegamos a escuchar, “la solución más rápida que vemos es que se celebren los juicios por lo penal que tiene pendientes y lo ingresen en prisión”. Lo trataremos con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Una Ciudadana nos traslada la necesidad de una atención sanitaria integral a las enfermedades raras en Andalucía y la mejora de los procedimientos para la derivación a otras Comunidades Autónomas. Nos relata que tiene un hijo con una enfermedad no habitual, considerada como enfermedad rara –osteogénesis imperfecta-, y no existe unidad específica para tratarla en el sistema sanitario andaluz. Necesita que sea atendida en otra Comunidad Autónoma y, para esto, precisa un informe médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Denuncia los inconvenientes que está sufriendo para que le emitan este informe dado que, según sus palabras “me mandan de un lado para otro” sin tener claro que unidad es la responsable y a la que tiene que solicitarlo. Asimismo nos hace llegar su petición de que en Andalucía exista una asistencia completa a este tipo de enfermedad. Lo veremos con la Consejería de Salud.

Un padre no puede ver a su hija. El punto de encuentro familiar (PEF) de Jaén designado para la visita está saturado. Se ha designado un PEF para la visita a su hija pero, al no haber plazas disponibles para este tipo de encuentros, está en lista de espera. No puede ver a su hija con la normalidad acordada hasta que no se resuelva esta cuestión. La administración responsable de la gestión de los PEF es la Consejería de Justicia e Interior, con la que contactaremos tras valorar adecuadamente este caso.

 

 

 

Por último, destacamos la visita que nos hizo una familia con escasos ingresos y tres hijos menores  que nos manifestaron que llevan cinco años pidiendo al Ayuntamiento de Torreperogil una solución para arreglar los problemas de humedades en su vivienda.

 

 

Las Asociaciones y otras agrupaciones Ciudadanas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaron la Asociación Proyecto Ilusión de Baeza, Caritas Baeza y Cruz Roja Baeza.

Después de explicar los objetivos de nuestra visita y las funciones del Defensor del Pueblo Andaluz empezamos a escuchar la voz de las Asociaciones que han querido acudir a nuestra convocatoria.

Caritas Baeza nos expone:

-La falta de empleo en la zona, la poca cualificación y la escasa oferta de formación.

-Las dificultades de acceso a la vivienda.

-Sobre los Albergues de Temporeros:

• Nos explican sus actividades (reparto de alimentos, mantas...)
• Cuando van a los Albergues no hay nadie o muy pocas personas. Se encuentran cerrados porque los Temporeros solo pueden estar tres días en el Albergue y cogen sitios fuera en los que pueden permanecer más tiempo. Nos dicen “es que si no los cogen se los quitan otros”

 

Cruz Roja Baeza nos traslada su preocupación con el servicio de ambulancias que prestan:

-No hay disponibilidad suficiente de ambulancias.

-El Ayuntamiento de Baeza tiene un convenio pero lo que aporta es insuficiente.

-Viene la ambulancia con un técnico y ellos tienen que poner el segundo técnico a su costa.

Asociación Proyecto Ilusión de Baeza. Defienden los derechos de las personas con discapacidad, sean físicos, psíquicos o sensoriales y desarrollan su actividad en los ámbitos educativo, sanitario (rehabilitación), social y laboral con estas personas. Le dan bastante importancia a Menores discapacitados y no tiene problemas de infraestructuras. Plantean las siguientes cuestiones:

-Cupo para discapacitados en los procesos selectivos para acceso al empleo público.

-Falta oferta formativa para personas con discapacidad intelectual con vistas a su integración laboral.

-Faltan monitores de educación especial en los centros escolares.

-Problemas en los procedimientos judiciales dentro de los procesos de incapacitación

-Problemas en los internamientos en residencia de personas incapaces, quedan en hacernos llegar una escrito de queja con dicho problema.

Los Equipos de Intervención Social:

Después de una pequeña intervención introductoria por nuestra parte, comenzamos a escuchar a personas integrantes de los Equipos Intervención Social de la Comarca de La Loma. Nos relatan los problemas que tratan y escuchamos las dificultades que tienen para desarrollar su labor, reivindicaciones y propuestas. Se trataron las siguientes cuestiones:

Sobre la prestación del servicio:

-Faltan plazas en residencias y son largas las listas de espera. Por otro lado, no se están cubriendo las vacantes en plazas residenciales.

-La ayuda a domicilio que se aprueba es insuficiente y el número de horas que se concede no cubre las necesidades de las personas usuarias.

-Retrasos en la resolución de las solicitudes de dependencia.

-La situación en la que se encuentran los dependientes de grado I.

-Retraso en percibir las ayudas.

-Las revisiones de grado tardan mucho.

-No puede beneficiarse del bono social eléctrico una persona que esté alquilada y la factura de la luz venga a nombre del propietario del inmueble.

-En contra de lo regulado les piden informe de situación social de personas que han solicitado el bono social eléctrico.

-Plantean el tema de la protección de datos personales en su trabajo.

-Valoran como “muy precipitada” la implantación de la renta mínima sin prever recurso materiales, personales y económicos. Los ciudadanos nos echan la culpa a nosotros. Hay que tener claro que antes era una ayuda y ahora es un derecho subjetivo.

-La renta mínima se va a convertir en el segundo Plan de Empleo Rural (PER) pues se entrega el dinero a cambio de ninguna actividad productiva.

-En las Comisiones que prevé la renta mínima no hay profesionales de los servicios sociales.

-Critican que el plazo para esperar a solicitar de nuevo la renta mínima sea ahora de 12 meses en lugar de seis, como era hasta ahora.

-Si para conceder la renta mínima se establece como criterio prioritario el no tener vivienda, se da el caso de que en esta Comarca a muchas personas en esta circunstancia.

-El censo de viviendas no funciona en Úbeda. Se admiten solicitudes pero no se valora y consecuentemente no se planifica en base a datos reales

-En el albergue no se puede quedar más de tres noches. Pueden decir que hay 23 albergues y que pueden quedarse en varios alternativamente. La cuestión es que los temporeros vienen a trabajar en un sitio fijo y no pueden estar desplazándose. Tampoco la gente quiere alquilar viviendas a estas personas. Las empresas deberían hacer algo más para solventar el problema del alojamiento. También existen problemas de seguridad porque las personas que se encargan de esto solo pueden actuar en las instalaciones del albergue pero no en las proximidades donde se alojan muchos.

-Los políticos prometen cosas imposibles para ganar votos. Inventan políticas sociales que no se pueden cumplir. Los ciudadanos se cabrean y los profesionales se queman. Crean expectativas que no se pueden cumplir.

-Falta información a los profesionales de los servicios sociales. La información le llega antes a los usuarios y nos viene a preguntar por cosas que desconocemos.

-La Administración tarda mucho en renovar la tarjeta de aparcamiento para personas discapacitadas que lo precisen.

-- ¿Por qué las personas que cobran una pensión no contributiva tienen que pagar la teleasistencia?

-Desde la Delegación Territorial les dan pautas de actuación sin estar justificadas ni amparadas legalmente de una forma clara. Por ejemplo, reciben instrucciones de paralizar unos trámites y agilizar otros; trámites en general, no para beneficiar a ninguna persona.

-Es necesario redefinir el estado de bienestar y no todo cargarlo a la espalda de los servicios sociales.

-Proponen que el Defensor acometa un estudio o informe sobre las personas mayores que viven solas.

-También proponen otro estudio o informe para impulsar la coordinación entre diferentes administraciones a la hora de atender ciertas actuaciones en Servicios Sociales.

 

Cuestiones de personal

-Despidos de interinos valoradores de dependencia y su situación. Cómo se cubren las vacantes y cómo afecta esto a los interinos.

-Precariedad laboral. Insuficiencia de recursos  personales en trabajo social

-Habla un educador: se tarda en cubrir las bajas. La Diputación establece en su protocolo para cubrir las bajas un mínimo de 20 días.

-Sensación de indefensión al llevar a cabo su trabajo pues los usuarios y familiares le ponen denuncias falsas para limitar su labor.

-La Administración dota plazas pero cambian cada 6 meses y cuando aprenden, cuando empiezan a funcionar, se van.

-La sobrecarga de tareas administrativas limitan la dedicación de las personas que se dedican a la intervención social a las tareas que le son propias como es el acompañamiento en su itinerario.

-No se cubren las bajas del personal, ni siquiera las bajas maternales que no tienen coste.

El Defensor anuncia una jornada en que se reunirá, escuchará y debatirá con Profesiones de intervención social, Representantes políticos y Ciudadanía usuaria de estos servicios.

Representantes políticos:

Reunión del Defensor con los Alcaldías Pedáneas Entidades Locales Autónomas (ELAs) El Mármol, perteneciente al Ayuntamiento de Rus y Garcíez perteneciente al municipio del Ayuntamiento de Bedmar- nos trasladan que la Diputación de Jaén, a diferencia de otras provincias, excluye a las ELAs como beneficiarios directos en convocatorias ayudas locales. También piden que Ayuntamientos matrices destinen a ELAs los fondos que perciben para estas.

 

 

 

 

Nos reunimos con los alcaldes de la Comarca de La Loma para escuchar y atender sus preocupaciones. En la reunión el Defensor  ha avanzado que en las próximas semanas llevarán a cabo en la provincia de Jaén un proyecto junto a las entidades financieras de nuestra comunidad que pretende combatir la exclusión financiera de la que muchas personas, sobre todo en las pequeñas localidades, son víctima. El proyecto ya se está iniciando en comarcas de Sevilla y se pretende también poner en marcha en zonas de Almería, Granada y Jaén, principalmente para luchar contra las carencias de las zonas rurales. "Tenemos un índice de mayores de 65 años, que además muchos están solos, que en esa franja nadie los defiende. Esta  exclusión financiera llega en algunos pueblos hasta tal punto que se pretende solucionar con abrir una sala en el ayuntamiento o un curso de formación de ordenadores y nosotros tenemos claro que eso no resuelve el problema porque los mayores no pueden abrir cuentas o sacar dinero"

Además, el Defensor del Pueblo Andaluz tiene entre sus objetivos luchar contra la brecha digital que tiene a muchos mayores fuera del sistema actual. "Hay 13 entidades financieras, como la Caja Rural de Jaén, con las que hemos hablado para que haya una especie de correturnos y que se acceda a esos pueblos, que se repartan las tareas, y que cada uno, representando a todos, cubra estos servicios en los pequeños municipios",  "Hemos detectado las comarcas que tienen una exclusión financiera severa, después hemos visto que banco cubre principalmente y a quien cubre de cada provincia, aquí en Jaén la Caja Rural. Ahora tenemos que ver si los municipios de 700 para arriba se cumple y que pasan con los que tienen menos. A partir de ahí estamos preparando el encuentro de las 13 entidades financieras con representantes de las comarcas en el que se verifique de que población a que población están cubiertos y cuales no son posibles por no tener un volumen inferior. Yo creo que en las próximas semanas haremos esa radiografía", ha explicado el Defensor del Pueblo Andaluz.

Del resto de asuntos importantes de la visita de Jesús Maeztu a la comarca de La Loma, el Defensor del Pueblo Andaluz ha destacado los problemas que Jaén tiene en las zonas rurales, problemas como el cumplir en distintas zonas con los cuidados paliativos de las personas. "Yo estoy obsesionado con que el Defensor no es de Sevilla ni es para las capitales que pueden tener su sede, sino que el Defensor tiene que pulsar una radiografía de los temas cuando además las comarcas están en desventaja frente a las capitales y cuando además hay temas que no se tocan, como puede ser la exclusión financiera. Además, a pesar de que tenemos redes sociales de todo tipo, queremos dar a conocer nuestro éxito y nuestra capacidad para resolver problemas en las comarcas ante ciudadanos y sus derechos", ha finalizado Maeztu.

Medios de comunicación:

Encantado de hablar de las preocupaciones y deseos de los jiennenses de la comarca de La Loma en Diez TV.

En Radio Úbeda. Educación, salud, vivienda y empleo suponen el 60% de las 670 quejas de la provincia al defensor del pueblo. El defensor del pueblo ha trasladado su oficina a Baeza durante dos días

Reportaje en Diez TV

 

 

 

La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará en la comarca de La Loma de Jaén los próximos días 1 y 2 de febrero para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

 

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

 

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta el jueves, 1, en horario de mañana y tarde (de 9 a 14 horas, y de 17 a 19 horas). El viernes 2, atenderá de 9 a 14 horas. La oficina atenderá las quejas y consultas ciudadanas en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Baeza, en calle Compañia 5, 2.

 

La Oficina atenderá principalmente a los pueblos de la zona; Baeza, Begíjar, Ibros, Lupión, Torreblascopedro, Úbeda, Rus, Canena, Sabiote y Torreperogil.

 

Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la Oficina y trasladar su reclamación, si bien, para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es.

 

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz también aprovechará este viaje para reunirse con representantes de asociaciones y trabajadores sociales, con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones. Así, está previsto un encuentro con las asociaciones de la Comarca, en la tarde del jueves y una reunión con los Trabajadores Sociales Comunitarios en la mañana del viernes.

 

Como en anteriores visitas del Defensor a otras comarcas andaluzas, el objetivo del desplazamiento de la Oficina de Atención Ciudadana es acercar la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz a toda la ciudadanía, reforzar las relaciones con las entidades locales y colectivos sociales, y, sobre todo, tener un mayor conocimiento de la problemática de la zona.

 

Hasta la fecha, esta Oficina móvil ya se ha desplazado a las comarcas de Aracena (Huelva), Los Pedroches y La Subbética cordobesas, la Axarquía (Málaga), Bahía de Cádiz, Sierra Norte en Sevilla, la Alpujarra de Granada y la comarca del Almanzora y Los Vélez en Almería, entre otras.