El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy una batería de medidas para cuantificar, prevenir y detectar situaciones de riesgo que en el ámbito familiar, social o educativo puedan afectar al bienestar y los derechos de los niños y las niñas. Entre otras propuestas, Maeztu ha demandado el desarrollo del sistema de información previsto en la ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que incluye la creación de un Registro de declaraciones de riesgo para la infancia y adolescencia que permitiría un conocimiento y seguimiento más detallado de la protección de este sector de la población.
“Las administraciones públicas son las encargadas de paliar el riesgo antes de tener que proceder a la adopción de una medida más drástica como es la separación del menor de su entorno familiar”, ha señalado Jesús Maeztu en rueda de prensa acerca de la cuestión relevante que incluye el Informe Anual 2023, un trabajo entregado al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre.
El Defensor ha explicado que las medidas preventivas no siempre son suficientes o, en su caso, no llegan a todos los menores y familias que las demandan; en otras ocasiones, las intervenciones públicas no se identifican con las necesidades de las personas afectadas; o, en el peor de los casos, el abordaje de la situación no ha podido revertir el riesgo y culmina con una declaración de desamparo del menor por la Entidad Pública que conlleva su separación de la familia, con el coste emocional y social que de ello se deriva.
Entre otras medidas, Jesús Maeztu ha instado a la Junta de Andalucía a poner a disposición de las entidades locales un protocolo de detección, valoración e intervención de las situaciones de riesgo que garantice la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora en todo el territorio, que incluya, entre otros aspectos, una definición motivada del interés superior del niño o niña en situación de riesgo; un procedimiento con suficientes garantías jurídicas y que evite las dilaciones; un expediente administrativo que documente todas las actuaciones; la intervención de profesionales con formación jurídica; un proceso para denuncias anónimas; un procedimiento adaptado para escuchar al niño o niña, y otro para informar a los familiares. El Defensor ha requerido un incremento de los recursos personales dedicados a este labor; un análisis de la carga de trabajo que soportan; mayor formación especializada y que se intensifiquen las medidas de coordinación y colaboración entre las administraciones responsables para evitar la fragmentación de la intervención y que la situación de riesgo se cronifique o se torne irreversible.
Tras las reclamaciones sobre asuntos de Educación (1.946 en 2023), las cuestiones más numerosas trasladas a la Defensoría fueron asuntos relativos a cuestiones de familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos, sistema de protección o centros de internamiento (1.695), seguidas de Vivienda (571) y Salud (446) como áreas temáticas con mayor número de quejas iniciadas. Fueron un total de 5.728 actuaciones las realizadas este ejercicio por la Defensoría de la Infancia (un 15% más que en 2022), de las cuales 2.762 se refirieron a quejas y 2.966 a consultas. Del total de 2.762 quejas gestionadas, las iniciadas en 2023 fueron 2.096, de las cuales 2.063 fueron instadas por la ciudadanía y 33 se iniciaron de oficio promovidas por la Institución. Junto con estas actuaciones se han tramitado otras 666 más de años anteriores.
Entre otros asuntos destacados, el Defensor ha apuntado en cuanto a la salud las carencias de especialistas en pediatría en atención primaria, que sigue siendo la demanda más acuciante en numerosas zonas rurales y urbanas.
Sobre educación, Maeztu ha recordado la elaboración del Informe especial La atención educativa en los colegios rurales de Andalucía, en la que visibiliza esta realidad educativa como uno de los servicios públicos elementales para luchar contra la despoblación en el entorno rural.
Maeztu ha señalado que a lo largo de los 40 años de existencia de la Institución -25 como Defensor del Menor de Andalucía, desde 1998- ha sido testigo de los avances para conseguir una educación inclusiva y de calidad en los términos señalados, si bien ha señalado que quedan retos como la lucha contra el abandono escolar; la plena inclusión del alumnado más vulnerable; la mejora de las instalaciones escolares, sobre todo en lo que respecta a las condiciones térmicas y ambientales; el impacto de la brecha digital en el alumnado con mayor vulnerabilidad y la incidencia de la Inteligencia Artificial; en el aumento de la oferta de docentes con especial cualificación y seguir luchando contra el acoso escolar.
Por último el Defensor ha abordado situaciones de violencia que afectan a los derechos de la infancia, entre los que ha incluido la pobreza infantil, los malos tratos, la violencia vicaria, la infancia huérfana de la violencia de género, o los casos de violencia de género entre los propios menores de edad.
