Los Defensores del Pueblo han reafirmado hoy en una declaración conjunta su compromiso con la prevención y en la lucha contra la violencia de género. El documento, consensuado entre las distintas defensorías, recoge casi una treintena de recomendaciones encaminadas a mejorar la respuesta que reciben las víctimas de violencia de género y a proponer medidas efectivas para acabar con esta lacra social. El mismo será remitido a todas las administraciones nacionales y autonómicas con competencias en la materia.

Entre las medidas aprobadas, urgen a poner en marcha las actuaciones recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, como la implantación generalizada y homogénea de las Unidades de Valoración Integral Forense. Estos órganos periciales se encargan de asistir a los órganos judiciales a la hora de tomar decisiones, por lo que resulta imprescindible la especialización de sus profesionales -forenses, psicólogos y trabajadores sociales- para valorar correctamente el nivel de riesgo de las víctimas. Sus informes de valoración deberían estar en el juzgado antes de la declaración de la víctima y del agresor, garantizando las medidas de protección más idóneas y personalizadas.

La formación y sensibilización en materia de violencia de género, según el acuerdo adoptado, es indispensable para cualquier profesional que intervenga en la protección integral de las víctimas; desde los cuerpos y fuerzas de seguridad, abogados/as del turno de oficio, hasta jueces y fiscales. Una formación que, además, debería ser continuada, obligatoria y evaluable.

Los defensores instan a revisar, actualizar y adaptar la ley de violencia de género y a que se impulsen los cambios legislativos necesarios para ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujer, tal y como se recogen en el Convenio de Estambul. También consideran necesario que la acreditación de la condición de víctima de violencia de género pueda refrendarse mediante instrumentos más amplios y homogéneos en todo el territorio.

INSERCIÓN LABORAL

Es imprescindible la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género para propiciar su recuperación integral. Para ello habría que dotar presupuestariamente los recursos y programas destinados a este fin, fomentar la creación de convenios laborales, incluir cláusulas sociales en los contratos de las administraciones públicas y adoptar medidas de compatibilización horaria de los cursos de formación con los horarios de escuelas infantiles y colegios.

VIVIENDA

Los defensores defienden el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género a acceder, con carácter prioritario, a viviendas protegidas y subrayan la obligación de la legislación de garantizar esta prioridad de forma suficiente mediante la reserva obligatoria de viviendas y la flexibilización de requisitos para el acceso a las mismas. El déficit de estas viviendas limita el abandono de la vivienda habitual y perpetúa la violencia sobre las víctimas.

MENORES

Las nefastas consecuencias que produce la violencia de género no las sufre exclusivamente la mujer, sino que ineludiblemente alcanza a sus hijos e hijas que, sin lugar a dudas, son víctimas directas de esta violencia.

En primer lugar, los defensores recuerdan que se debe garantizar el derecho del niño/a víctima de violencia de género a ser escuchado de forma activa en las decisiones que le afecten y tenerse en cuenta siempre su interés superior.

Para la protección de los menores, los defensores proponen una modificación normativa que propicie la suspensión temporal de la patria potestad para el padre presunto agresor en el momento en que se dicten medidas de protección sobre la mujer. Esta medida, además de proteger la propia vida del menor, evitaría tener que recabar la autorización paterna para que los hijas e hijos reciban atención sanitaria o para cambios de centros educativos que garanticen su seguridad.

Los problemas psicológicos que pueden padecer los menores cuando son víctimas directas del maltrato resultan mucho más sutiles para su detección que los daños físicos. De ahí que los defensores urjan a reforzar las plantillas de profesionales que prestan asistencia psicológica especializada garantizando la calidad y la intensidad de las sesiones.

Respecto a los menores huérfanos de madre, los defensores apuestan por acelerar los procesos de otorgamiento de la guardia y custodia a los familiares, evitando situaciones de desamparo.

Consulta el documento que ha servido de base para la Declaración de los Defensores y la propia Declaración de las XXXIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo sobre atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

• El Premio está dirigido a todos los centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Especial de Andalucía

• 3.500 colegios andaluces podrán participar en esta convocatoria para la defensa de los derechos de los menores

• El plazo para participar es del 1 de octubre al 20 de noviembre, Día Universal del Niño

El Defensor del Menor de Andalucía ha puesto en marcha, en este mes de octubre, una nueva edición del Premio del Menor “Así veo mis derechos”. En concreto, la Institución andaluza celebra la undécima edición de este concurso que tiene un doble objetivo: promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

Un total de 3.512 centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Especial de Andalucía están invitados a participar en este premio que pretende promover que los niños y niñas conozcan sus derechos y fomentar la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Así, están invitados a participar: 310 centros en Almería; 514, en Cádiz; 369 en Córdoba; 428, en Granada; 230, en Huelva; 320, en Jaén; 601, en Málaga; y 740, en Sevilla.

El Premio del Menor de Andalucía es una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos. Entre ellos, derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc. Su objetivo es promover que los niños y niñas andaluces conozcan sus derechos y fomentar la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la Dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor del Menor en Andalucía.

El Defensor del Menor de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz convoca este certamen dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional de la Infancia.

La XI edición del Premio del Menor está abierta del 1 de octubre al 20 de noviembre

Más información de la XI edición del Premio del Menor en:

http://www.asiveomisderechos.es

La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz se desplaza a la comarca de Loja (Granada) el próximo martes, 23 de octubre, para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

El objetivo es conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones, y para ello, durante un día entero, atenderán la demanda vecinal del municipio y sus alrededores: Algarinejo, Huetor-Taja; Íllora, Moclín, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Villanueva Mesía, y Zagra.

Esta atención a la ciudadanía la prestarán en en centro de Servicios Sociales, ubicado en la calle Rafael Pérez del Alamo, de Loja, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas.

Además de atender las quejas de particulares, la oficina del Defensor andaluz tiene previsto mantener sendos encuentros con las asociaciones de la localidad y con los Servicios Sociales para conocer de primera mano las principales demandas de estos colectivos y su problemática actual.

Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la Oficina y trasladar su reclamación, si bien, para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se pude concertar la cita a través de nuestras redes sociales: en facebook (https://www.facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz) o twitter (@DefensorAndaluz).

La Defensoría andaluza puso en marcha este programa de visitas a las comarcas andaluzas con el objetivo de acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía para defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con las principales ONG de protección a la infancia y de apoyo a personas extranjeras y refugiadas para analizar las políticas de atención a los menores inmigrantes no acompañados (menas). Han asistido representantes de Accem, Fundación Cepaim, Save the Children, Unicef, Andalucía Acoge, CEAR, Cruz Roja y Pro Derechos Humanos.

En esta reunión, enmarcada en una ronda de contactos en la que también se entrevistará con gestores de los centros de protección de menores, el Defensor del Pueblo andaluz ha traslado su preocupación por la acogida de estos menores ante el incremento constante de entrada de estas personas, que está poniendo al límite los recursos residenciales para atenderlos, a pesar de los importantes esfuerzos de la Entidad Pública por incrementar las plazas, y de la labor de los profesionales que se están viendo abocados a incrementar en exceso su trabajo para la cobertura de las necesidades básicas de los menores. Y también por la necesidad de reflexionar sobre la protección de estos menores con medidas adecuadas, que atiendan las diferentes realidades que demandan.

El Defensor del Pueblo andaluz ha informado de los trabajos impulsados por la Institución para mejorar la coordinación en los procesos de determinación de la edad de los Mena en Andalucía; el llamamiento al resto de las CCAA, a través de los defensores autonómicos y con la colaboración del Defensor del Pueblo, para promover un reparto justo, equitativo y dirigido de MENA entre todo el territorio nacional, en interés superior de éstos; y la supervisión de distintos dispositivos que atienden a menores en Andalucía y reuniones con las personas responsables del Sistema de Protección.

El Defensor del Pueblo andaluz, asimismo, ha trasladado a las ONG el posicionamiento de la institución, recogido en el Informe anual del Menor 2017 presentado ante el Parlamento de Andalucía.

• El Ayuntamiento de Cádiz y la Delegación de Fomento y Vivienda nos han informado de las actuaciones previstas en fechas próximas

• El Defensor les ha recordado la necesidad de continuar trabajando en una dirección conjunta que cuente con "financiación suficiente; consenso, colaboración y coordinación entre administraciones, y con herramientas y medidas específicas a corto y medio plazo"

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, se ha reunido con el Delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y con el Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz para actualizar y conocer de primera mano el estado de los trabajos que ambas administraciones están desarrollando en materia de vivienda en la ciudad.

El primer encuentro tuvo lugar el pasado jueves, 27 de septiembre, en la Delegación provincial de la Junta de Andalucía y, posteriormente, este miércoles, se ha reunido en el Consistorio gaditano.

Ambas reuniones forman parte de la labor de seguimiento que la Defensoría viene realizando tras su compromiso con diversos colectivos sociales que les han trasladado su preocupación de los últimos años por la necesidad de vivienda en la que se encuentran muchas familias.

Un compromiso que el Defensor del Pueblo andaluz ha calificado en numerosas ocasiones de “reto complejo, dada las caracteristicas específicas y propias de la ciudad” y para el que ha pedido "financiación suficiente, consenso, colaboración y coordinación entre las administraciones, y continuidad con herramientas y medidas a corto y medio plazo".

En sendas sesiones de trabajo, las administraciones han informado al Defensor de las actuaciones que cada una de ellas ha puesto en marcha o están programadas para su inicio y ejecución en fechas próximas. En concreto, de los proyectos actualmente en tramitación para la ejecución de la 7ª y 8ª fase de Cerro del Moro o la construcción de nuevas viviendas en la zona de Matadero Sur; las actuaciones previstas en el Casco Antiguo y la Barriada de La Paz, tras su declaración como ARRU o el paquete de medidas aprobadas por el Pleno Municipal en defensa del Derecho a la Vivienda, entre ellas, el Plan municipal de vivienda, actualmente en periodo de alegaciones.

El Defensor ha valorado estas iniciativas, a la vez que ha insistido a las dos administraciones sobre la necesidad de continuar trabajando en una dirección conjunta “siempre necesaria y beneficiaria”, que tenga en cuenta las peticiones que se están debatiendo en la Mesa Tripartita de la Vivienda, donde también participan los colegios profesionales y colectivos sociales, con el objetivo final de garantizar el derecho a la vivienda de las familias con menores recursos de la ciudad de Cádiz.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha entregado hoy en el Parlamento andaluz el informe especial 'Los Equipos Psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia'.

Los Equipos Psicosociales de la Administración de Justicia en Andalucía son elementos de apoyo técnico, especializado en las disciplinas del Trabajo Social y la Psicología, que ofrecen sus criterios a los órganos judiciales encargados de resolver los asuntos judiciales con menores implicados en materia de Derecho de Familia. Su principal función es aportar información al órgano judicial sobre la idoneidad de los dos progenitores para ostentar la guarda y custodia de los hijos menores y cuál debe ser el régimen de visitas, siempre velando por el interés superior de los menores.

Jesús Maeztu ha señalado que la oportunidad de realizar el Informe Especial viene dada por la intención de profundizar en el conocimiento de estos Equipos, que han venido aumentando su presencia en los procesos judiciales y reforzando la solvencia de sus aportaciones en las decisiones que afectan a los menores y familiares interesados.

Para la realizacion de este informe, la institución ha visitado los 21 Equipos de Andalucía; ha inspeccionado las instalaciones donde los Equipos desarrollan su labor y donde se entrevista a los padres y a los menores de edad; y ha mantenido reuniones y contacto con representantes de la Judicatura, Fiscalía y con los colegios profesionales de abogados, psicólogos y trabajadores sociales.

Entre las conclusiones de este Informe, el Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado el "vacío legal" sobre esta figura que, junto con otros elementos como lo es la dualidad en la dependencia de sus cometidos, "determinan que no se encuentren clarificados y definidos, ni siquiera con una mínima nitidez, los derechos y deberes que incumben a quienes se someten al estudio psico-social o las garantías para el usuario del servicio, incluida la posibilidad más elemental de reclamar contra los informes".

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha trasladado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo -que ha iniciado una visita para investigar la protección y conservación del espacio natural de Doñana- su preocupación por el estado del acuífero que nutre al parque y por el proyecto de extracción y almacenamiento de gas (gasoducto) en este paraje, para el que ha solicitado su “suspensión definitiva”.

La reunión del Defensor del Pueblo andaluz con esta delegación europea se produce después de que el pasado mes de marzo el titular de la institución interviniese ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para relatar las actuaciones de esta institución sobre las amenazas a este espacio natural. La Comisión de Peticiones aprobó enviar una misión para investigar el estado de Doñana, que se reúne con los propios peticionarios, administraciones y organizaciones ecologistas, entre otros.

El Defensor ha recordado a los eurodiputados que la preocupación de esta institución por los riesgos derivados de estas iniciativas han venido propiciando a lo largo de los años diversas actuaciones, amparadas en la encomienda realizada por su normativa reguladora como organismo de tutela de los derechos fundamentales de la ciudadanía andaluza, entre los que se encuentra el derecho a disfrutar de un medio ambiente digno y adecuado.

Así, la primera de las intervenciones está relacionada con el estado del acuífero que nutre los humedales del Parque y constituye la pieza esencial de su valor ambiental y ecológico. El Defensor tiene la firme convicción de que "es posible compatibilizar la protección del acuífero de Doñana con la satisfacción de las necesidades de los agricultores y ganaderos que viven en la zona y con el desarrollo turístico e industrial de las poblaciones próximas". 

Para alcanzar este objetivo, el Defensor ha solicitado, en primer lugar, garantizar la supervivencia del propio acuífero, adoptando para ello las medidas necesarias que eviten una sobreexplotación y, en segundo lugar, ofrecer alternativas viables que posibiliten el acceso al agua de agricultores, ganaderos y poblaciones de la zona, procurando que la misma no proceda del propio acuífero.

Para el Defensor, "lo que en ningún caso nos parece aceptable es continuar con la situación actual en la que se postergan una y otra vez las decisiones necesarias para eliminar las extracciones ilegales del acuífero en espera de unas medidas alternativas que nunca llegan a concretarse".

La segunda cuestión parte de la iniciativa de una empresa gasista, que lleva años explotando diversos yacimientos en el espacio protegido y su entorno, y proyecta la realización de un gasoducto que conectara dichas explotaciones y la construcción de las infraestructuras necesarias para utilizar los pozos existentes como lugar de almacenamiento, previa inyección, de los gases extraídos.

El Defensor ha recordado que gran parte del trazado de este proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, la ejecución del proyecto de gasoducto de Doñana no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana, y por ello, ha reclamado la suspensión definitiva del proyecto. En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz ha apuntado a lo ocurrido con el proyecto de almacenamiento de gas en la denominada plataforma Castor, ubicada junta a la costa noreste española, que, pese a contar con la preceptiva autorización y haber obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable, ha debido ser paralizado por el Gobierno de la Nación como consecuencia de los movimientos sísmicos producidos tras su puesta en marcha.

El Defensor ha considerado que no existen razones suficientes que puedan justificar la asunción de los riesgos que conlleva este proyecto para la preservación de este ecosistema único. "No solo el principio de precaución, sino el mero sentido común, debería llevarnos a ponderar si los riesgos asumidos con este proyecto, por pequeños que sean, se justifican con los beneficios que pretenden obtenerse del mismo", ha subrayado.

El Defensor espera y confía, que de esta visita los eurodiputados extraigan las conclusiones necesarias para promover, desde esa Comisión de Peticiones, la adopción por las instituciones europeas de las medidas necesarias para preservar los valores singulares de un ecosistema único como es el Espacio Natural de Doñana.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha hecho públicas las cifras de agresiones a médicos registradas en Andalucía en el año 2017, señalando que de las 515 contabilizadas en España, en esta Comunidad ascienden a 122 casos, frente a los 102 del año anterior. También la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que en el año 2017, realizó 164 asistencias letradas y logró 154 sentencias condenatorias frente a estas agresiones .

Ante esta situación, que es considerada por la OMC como una “lacra que afecta a la sanidad”, como Defensor del Pueblo Andaluz hemos iniciado una actuación de oficio para conocer el estado actual de esta situación y valorar la efectividad del Protocolo adoptado por el Servicio Andaluz de Salud para prevenir y corregir estas situaciones, así como las medidas e iniciativas que se puedan adoptar para ello.

Nos dirigimos a los órganos directivos competentes de la Consejería de Salud y proponemos al Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas una actuación coordinada en todas las provincias andaluzas para ofrecer soluciones a las personas afectadas

Esta Institución viene recibiendo numerosas quejas tras el cierre de las clínicas iDental en Andalucía. Coincide el relato de las quejas en que los materiales empleados en los tratamientos eran de mala calidad y se rompían las piezas con facilidad o bien que eran inadecuados para las necesidades personales (piezas de distinto tamaño). La mayoría se encuentra con los tratamientos sin terminar e incluso algunas personas ni siquiera los han comenzado, pese a haberlos abonado o encontrándose pagando la financiación solicitada. Algunas de estas personas son menores que llevan meses sin revisar su tratamiento odontológico, trasladándonos sus familiares su especial preocupación.

Un grupo de personas que están intentando organizarse en plataforma expusieron los hechos y solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz. A algunas el tratamiento inadecuado les ha provocado infecciones o daños en oídos, otras han perdido peso por no poder ni comer, para muchas se trata de un problema incluso laboral por su estética actual y todas refieren su especial vulnerabilidad al carecer de recursos económicos para hacer frente a los gastos que supone un tratamiento que les permita contar con la dentadura adecuada. Precisamente acudieron a esta clínica porque anunciaban, incluso por radio y televisión, tratamientos “sociales” adaptados a las circunstancias económicas de los pacientes. Destacan el engaño sufrido porque en ningún momento les advirtieron de que se tratase de tratamientos “low cost”, además de que tenían la impresión de que la clínica contaba con respaldo administrativo pues les dijeron que tenían una ayuda económica de la Junta de Andalucía. Con respecto a la financiación de los tratamientos explican que la clínica decidía con qué empresa firmaban el contrato de préstamo y que el dinero lo recibía directamente aquella. Además la clínica habría falseado en algunos casos los datos referentes a los ingresos familiares para que recibieran la financiación.

Aparte de las quejas recibidas, por las noticias publicadas en medios de comunicación y páginas webs hemos podido conocer el elevado número de personas que se encontrarían afectadas por tratamientos inadecuados o sin terminar. Las mismas publicaciones hacían referencia a la existencia de varios procesos judiciales en curso, así como actuaciones administrativas por parte de la Consejería de Salud y por parte de los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía. También los Colegios Profesionales estarían interviniendo iniciando expedientes informativos y activando la correspondiente denuncia penal, e incluso ofreciendo asesoramiento a los pacientes para la presentación de reclamaciones.

Nos ha llamado particularmente la atención la actuación del Colegio de Dentistas de Cádiz que ha coordinado una actuación ante sus colegiados con el fin de que puedan ofrecer sus servicios profesionales realizando a los pacientes afectados informes de exámenes buco-dentales que respalden documentalmente sus reclamaciones ante las correspondientes instancias. Por lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se considera oportuno desarrollar una actuación de oficio con objeto de conocer las actuaciones que estén desarrollando las Administraciones y organismos competentes, así como para promover la búsqueda de soluciones.

En concreto nos dirigiremos a los órganos directivos competentes de la Consejería de Salud, solicitando información sobre las actuaciones desarrolladas tanto por la inspección sanitaria como por los Servicios de Consumo. Asimismo, consideramos oportuno plantear al Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas una actuación coordinada en todas las provincias andaluzas para ofrecer soluciones a las personas afectadas.

Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.