El Defensor del Pueblo andaluz en funciones y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy una nueva ordenación territorial de los Equipos Psicosociales en Andalucía para ofrecer un mejor servicio a las familias y menores sobre los que se recaban datos que ayuden a los jueces a tomar la mejor decisión sobre su custodia en procesos de separación o divorcio.

El Defensor del Pueblo andaluz ha presentado hoy el Informe Especial Los equipos psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia ante la comisión de Turismo, Regeneración Democrática, Justicia y Administración Local del Parlamento andaluz. Este Informe aborda el papel de los Equipos Psicosociales en dos ámbitos: la presencia de menores ante los tribunales que conocen de estos pleitos familiares y las cuestiones que se dirimen con la intervención de estos Equipos y de enorme impacto en la vida de los menores. Los Equipos se nutren de profesionales de la Psicología y del Trabajo Social que, de manera dual, estudian, exploran y evalúan a los protagonistas del litigio para poder emitir un criterio técnico facilitador para la decisión de la jueza o el juez.

El Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado que en el momento de recabar datos y realizar las visitas a todos y cada uno de estos Equipos repartidos por Andalucía -hasta julio de 2018-, constatamos 21 Equipos, compuestos formalmente por un puesto de Psicología y otro de Trabajo Social.

El también Defensor del Menor de Andalucía ha señalado que no constan criterios organizativos que fundamenten la distribución por provincias de estos Equipos. “Sevilla cuenta con el mismo número de Equipos que Jaén con una diferencia sustancial de carga de asuntos. La destacada existencia de cinco Equipos en Granada no ha sido seguida para asignar recursos análogos en otras provincias; y, por cierto, presentando las mayores dilaciones a pesar de su supremacía”, ha expuesto.

“Si lo comparamos con los Juzgados de Familia existentes, tampoco se puede hallar un criterio racional. Sólo les indico que en 2018 existían 18 Juzgados exclusivos de Familia y los Equipos asignados presentan situaciones tan dispares como que Jaén, con un Juzgado, dispone de tres Equipos; Málaga tiene tres Juzgados y cuenta con tres Equipos; Sevilla dispone de cinco Juzgados de Familia pero tiene los mismos Equipos que Jaén; tres Equipos tiene Córdoba, pero para atender a dos Juzgados y Cádiz donde los Equipos están uno en Algeciras y el otro en la capital, cuando el Juzgado de Familia reside en Jerez.

El Defensor ha subrayado la necesidad de llevar a cabo una nueva ordenación territorial de los Equipos Psicosociales en Andalucía. “No es ésta una tarea fácil. En absoluto. Para ello se habrá de disponer de unos datos históricos que vengan a reflejar la evolución de los asuntos abordados en los últimos tiempos, la pendencia existente en la emisión de los informes, la cobertura de las plazas vacantes, el número de informes que se adjudican a las empresas contratadas externamente, y muchos otros factores, para poder determinar con rigor las necesidades reales del servicio en cada provincia”, ha comentado.

La última Memoria del TSJA reitera la creación de cinco nuevos Juzgados especializados de Familia; y que los asuntos de Familia han crecido respecto 2017 un 4% y subiendo. Las cifras de subcontratación que recibimos implican un porcentaje claramente creciente que va desde el 10,55% en 2014; 13,90% en 2015; un 24,02% de informes externalizados en 2016; hasta que en 2017 se alcanza al 69,55% de sub-contratación. “Este dato nos parece excesivo”, ha señalado Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz también ha analizado las pautas de trabajo de sus profesionales. Sobre la colegiación de sus técnicos, Jesús Maeztu ha señalado que "no anticipamos ningún juicio sobre colegiación sí o no; lo que pedimos son criterios sólidos, contando con la experiencia de los Colegios Profesionales, para atender y dar respuesta a las reclamaciones de esta naturaleza deontológica. Como les indicaba al principio, nos movemos en el entorno judicial, donde las partes acuden para dilucidar los detalles de la convivencia de sus hijo"s.

Por último, Jesús Maeztu ha destacado las labores de mediación que se deberían producir en el seno de la vida familiar, tanto, que Andalucía es donde más divorcios se formalizan. “Ojalá eludiéramos estos pleitos (“divorcios de plomo”, los llaman); ojalá evitásemos el dolor innecesario para los niños. Pero mientras, mejoremos el sistema judicial para garantizar los intereses de estos menores que no son culpables de nada”, ha concluido.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha destacado que la pobreza "condiciona el desarrollo de los niños y niñas, las familias del mañana". La pobreza es para Maeztu "un contenedor. Nacer en una situación desfavorecida o ser hijo o hija de una familia pobre atraviesa todo el desarrollo y hace mucho más difícil desarrollar su personalidad o su identidad".

Durante la inauguración de la jornada Invertir en infancia para eliminar desigualdades en la que, bajo el lema ‘Rompe la cadena’, analizamos junto a Save the Children medidas con el objetivo de corregir que la precariedad y la pobreza se transmitan a la infancia, Jesús Maeztu ha considerado que la pobreza "une todo, es un frontispicio para el desarrollo de los menores".

El Defensor del Menor, que se ocupa de la violencia de género, la atención a menores inmigrantes no acompañados o la trata de seres humanos, entre otras cuestiones, ha señalado que "la desigualdad es mayor y crece más en la pobreza".

"Tienen derecho a la educación, pero hay más casos de abandono; hay acceso a la sanidad, pero tienen dificultades para comprar medicamentos y otras posibilidades; No carecen de vivienda, o sí, pero viven hacinados o en condiciones no confortables; no están excluidos, pero no acceden a productos y servicios como otros niños", ha ejemplificado Jesús Maeztu, quien ha llamado a la reflexión para que la aporofobia, "el asco o el miedo a la pobreza" se elimine y no afecte a los niños y niñas.

La asociación Accem, en colaboración con el Defensor del Menor de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, organiza una jornada formativa en el marco del Proyecto Europeo FORUM - Para menores extranjeros no acompañados: fortalecimiento de habilidades de profesionales para la promoción del acogimiento familiar.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha aportado hoy que más de 22.000 personas solicitaron una actuación de la Institución durante 2018.

En su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y Peticiones para exponer el resumen del Informe Anual 2018, el Defensor del Pueblo andaluz ha saludado por primera vez a los componentes de esta Comisión parlamentaria, cuya composición obedece a los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Jesús Maeztu ha ofrecido su colaboración y ha deseado una relación “cordial y fructífera”. “Uno de los cometidos de mi trabajo es visualizar los problemas porque, si los visualizo, no los escondo, y si no los escondo, los soluciono”, ha señalado el Defensor.

Como datos del Informe, el Defensor ha recogido que fueron un total de 24.761 actuaciones, repartidas en 10.915 quejas, de las que, la mayor parte, 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; 13.117 consultas y 729 actividades de promoción de derechos. Según ha comentado el Defensor, estos registros son los más elevados en la historia de la Institución, tanto en quejas nuevas y en el total de tramitadas como en consultas. Con respecto al año anterior al del Informe, el número de quejas se incrementó un 11,2% y el de consultas un 26,3%. Con respecto al inicio del mandato, el número de quejas presentadas se elevó casi un 10% y el de consultas un 56,8%.

Como reflexión, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que, “pese a los mensajes de recuperación, de que la crisis se ha quedado atrás, todavía hay colectivos que padecen los efectos de la crisis económica, con secuelas que serán difíciles de subsanar”. “Todavía hoy se detectan núcleos de personas para quienes lo peor de la crisis aún no ha pasado y que necesitan de urgencia rentas de inserción para evitar la exclusión y la pobreza; ayudas para evitar el desahucio de sus viviendas; recursos para mantener a sus hijos a salvo de la pobreza infantil...”, ha subrayado Jesús Maeztu.

No obstante, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado “un aspecto positivo, la reacción que ha producido en la sociedad, con movilizaciones dirigidas a la recuperación de los derechos”. “Pensamos que la crisis nos ha proporcionado una valiosa lección: vamos siendo más conscientes de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación”, ha señalado.

En cuanto a las materias, el Defensor ha indicado que en educación bajaron los conflictos por el proceso de escolarización, pero siguen siendo habituales las reclamaciones relacionadas con la educación especial.

En salud, de nuevo el protagonismo recayó en la reclamación vinculada a los tiempos de respuesta asistencial, que en sus distintas vertientes (primeras consultas de especialidades, otras consultas, procedimientos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas de todo tipo). Como novedad en este ejercicio, tuvieron gran acogida por su actividad y destacaron por su importancia las conclusiones del Informe Especial sobre derechos de las personas en el proceso de muerte presentado en 2017.

En dependencia, los puntos de discordia se concentraron en las vulneraciones del plazo para resolver el procedimiento administrativo. En servicios sociales, el Defensor apuntó las críticas sobre deficiencias de personal, sobrecargados por el aumento de la población destinataria de su intervención, así como un incremento de funciones y demandas ciudadanas a las que dar respuesta, que no parece nacer acompañada de la suficiencia de medios.

El Defensor destacó las expectativas generadas tras la aprobación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, aunquer denunció los retrasos en el acceso a este reconocimiento, de ocho meses de media, en lugar de los dos meses preceptuados para que la resolución sea dictada y notificada.

En vivienda, Jesús Maeztu señaló que un gran número de familias no puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, un fenómeno agravado por las aún elevadas tasas de desempleo, la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el alza de los precios del alquiler, entre otras cuestiones. Mención aparte hizo con las ayudas al alquiler convocadas por la Junta de Andalucía, que evidenció un año más fallos en su gestión y fue de nuevo foco de las quejas de la ciudadanía.

En Menores, el Defensor del Pueblo andaluz destacó la atención a la llegada de menores de edad migrantes no acompañados y anunció que en el Defensor del Pueblo andaluz acogerá en Andalucía las Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, cuyo tema central será este año la atención y acogida de los menores inmigrantes no acompañados (Menas).

En Justicia, el Defensor apuntó las carencias estructurales de esta función pública y la situación de colapso en algunos juzgados, así como con las circunstancias coyunturales que agravan este servicio. En Prisiones, destacó las quejas de oficio sobre los problemas de la población reclusa sorda; las medidas para el fomento del ejercicio de voto para los reclusos o hemos requerido información acerca de los criterios para la presencia y acceso de menores en las visitas a los internos.

El Defensor del Pueblo andaluz destacó las actuaciones realizadas en una materia transversal como la igualdad, con especial atención a la violencia de género; las actuaciones destinadas a la igualdad de derechos de las personas con discapacidad o el seguimiento a las entidades que prestan servicios de interés general, tanto en el suministro de luz y agua, como en servicios financieros.

También destacó la labor realizada en la protección de Doñana, sobre el que lleva trabajando tres años; las quejas relacionadas con la protección del patrimonio y el deporte; el Empleo Público; la Administración Tributaria, o el Urbanismo, Movilidad y Accesibilidad donde se han abordado cuestiones de planeamiento urbanístico, licencia de obras, disciplina urbanística, deberes en materia de conservación de inmuebles, ordenación del territorio...

Como balance interno, el Defensor del Pueblo andaluz destacó las 21 visitas realizadas por la Oficina de Información y Atención Ciudadana, seis de ellas en 2018, visitando las comarcas andaluzas para acercar la institución y pulsar directamente las preocupaciones de la población residente en pueblos pequeños y medianos y en otras zonas rurales con problemas específicos preocupantes.

Asimismo, durante el pasado año la Institución asentó el Servicio de Mediación profesional y especializado, que obtuvo el pasado año el respaldo jurídico en el Parlamento en un primer paso a nivel reglamentario. El pasado año este servició gestionó 154 quejas, por encima de las 100 que calculamos como previsión. Esta fórmula de resolución de las quejas más dinámica y participativa ha motivado el interés por implantarla de las distintas defensorías del país, comenzando por el Diputado del Común de Canarias, el Ararteko del País Vasco o el Justicia de Aragón.

Hemos mantenido una reunión con la Directiva del Consejo Andaluz de Colegios Médicos para tratar de las agresiones a profesionales sanitarios en el desempeño de sus funciones asistenciales en los centros del sistema público de salud. La reunión fue solicitada por la organización colegial en respuesta a solicitud de información que se le trasladó desde esta Institución en el curso de la tramitación de la queja de oficio 18/4017, que se inició como consecuencia del aumento que se venía observando de estas agresiones a profesionales sanitarios en los hospitales y centros de salud del SAS.

En la reunión mantenida, los representantes del Consejo Andaluz de Colegios Médicos han facilitado diversa documentación de indudable interés para la tramitación de la queja de oficio a partir de los datos del Observatorio constituido a estos efectos en el Consejo Nacional de Colegios Médicos y han manifestado su preocupación por este asunto que afecta al derecho de los pacientes a recibir una atención médica de calidad y al derecho de estos profesionales a prestar sus funciones asistenciales.

El Defensor ha agradecido la información facilitada y las propuestas realizadas que se tendrán en cuenta para la decisión final que se adopte en este expediente de queja y se han emplazado, mutuamente, a seguir colaborando en éste y otros temas de interés recíproco para mejorar las condiciones de la atención sanitaria en Andalucía.

La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará en la Comarca de la Cuenca Minera de Huelva el próximo miércoles, 15 de mayo, en un día de jornada completa para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en todos sus derechos relacionados con la vivienda, la salud, la educación, los servicios sociales, el medio ambiente, la justicia, el transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta en horario de mañana, de 10 a 14 horas, y de tarde, de 17 a 19 horas, en Minas del Riotinto, en la casa del Centro de Recursos para Jóvenes (Centro Guadalinfo), en la Avenida de las Teleras, s/n. Desde esas dependencias, un equipo del Defensor andaluz compuesto por el responsable de la Oficina de Atención Ciudadana, un técnico y una trabajadora social atenderán las demandas de las poblaciones de Berrocal, Campofrio, El Campillo, La Granada de Riotinto, Minas del Riotinto, Nerva y Zalamea la Real. que puedan acercarse.  

Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a esta Oficina móvil y trasladar su reclamación, si bien, para una mejor prestación del servicio, se aconseja concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter .

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz también aprovechará este viaje para reunirse con representantes de asociaciones, con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

Un año mas se ha celebrado en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz la reunión de coordinación con las Defensorías Universitarias de Andalucía, en la que se han abordado y debatido diversas cuestiones que preocupan actualmente en el ámbito universitario.

Entre las cuestiones analizadas podemos destacar las siguientes:

- Normas de permanencia: se ha constatado la disparidad de las regulaciones existente al respecto en las Universidades Andaluzas y su desconocimiento por parte del alumnado y se ha acordado instar a las Universidades para que elaboren y aprueben unas normas de permanencia que respondan a todas las cuestiones que se plantean al respecto, dándoles la necesaria publicidad y difusión.

- Títulos propios: el aumento en el número de titulos propios ofrecidos por las Universidades andaluzas y su preferencia sobre las titulaciones oficiales, cuando no está plenamente justificado, puede resultar pejudicial para el alumnado y, en particlar, para quienes no pueden pagar los elevados costes que tienen algunos. Se ha acordado proponer a las Universidades que al fijar el precio de los títulos propios incluyan un régimen de exenciones y bonificaciones similar al existente para las titulaciones oficiales y que permitan el fraccionamiento del pago.

- Condiciones laborales del personal que realiza trabajos de investigación en la Universidad. Se han analizado las denuncias planteadas por algunas personas por la falta de una regulación clara de los derechos laborales que asisten a quienes realizan trabajos de investigación, en materia de jornadas, vacaciones u horas extras, que dificultan la conciliación de su vida familiar y laboral y, en ocasiones, dan lugar a excesos y abusos. A este respecto, se considera oportuno que se arbitren medidas para controlar el buen clima laboral en los trabajos de investigación, y que ese factor sea uno de los criterios que se valore a la hora de calificar la calidad de los mismos.