Pasando a otro asunto, en este apartado queremos destacar otra situación social que demanda y merece una protección social y jurídica eficaz que permita neutralizar las acciones intimidatorias y preserve los derechos constitucionales. Nos referimos a las personas que padecen el mal trato en el ámbito familiar, en especial el que reciben algunas mujeres es un asunto social sobre el que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha intervenido activamente durante el año 1997.

Las quejas directamente referidas a malos tratos a mujeres en el ámbito familiar difícilmente llegan a esta Institución, como no sea a través de las denuncias promovidas por Asociaciones de Mujeres; no obstante, a través de un breve análisis queremos poner de manifiesto cómo dicho tema subyace muchas veces implícito en quejas de otra naturaleza, y fundamentalmente en las que se refieren a menores.

Así, hemos recibido un conjunto de quejas en materia de protección de menores, en las que la situación de desatención e incluso violencia que los mismos sufren, es suficientemente expresiva de una previa o simultánea actitud de violencia frente a la madre. En estos casos aludimos a quejas fundamentalmente presentadas por las madres, que manifiestan su oposición a verse privadas de sus hijos, bien porque se les ha declarado en desamparo, o bien porque se ha decretado el acogimiento familiar preadoptivo. En muchos casos simplemente manifiestan el desconocimiento absoluto del paradero de éstos, y solicitan información sobre los mismos para poder al menos visitarlos.

En el análisis de estos casos desde la perspectiva de la mujer, madre de los niños que han sido objeto de alguna actuación de carácter protector por parte de las Autoridades Públicas competentes, resulta conveniente relatar brevemente el marco en el que se desenvuelve generalmente la convivencia familiar, puesto que nos va a proporcionar una idea aproximada del ámbito en el que se detectan con mayor frecuencia las conductas de agresión.

En primer lugar, tenemos que hablar de núcleos familiares fuertemente desestructurados, que se desenvuelven en un ambiente de marginalidad. Respecto a esta característica es preciso poner de relieve que dicha desestructuración no es solamente predicable respecto del núcleo en el que se desarrolla la vida del menor, sino incluso de las propias familias de ambos progenitores. No es difícil apreciar que las mujeres objeto del maltrato de sus parejas, han vivido incluso un ambiente similar en su propia familia. Dicho aspecto debe ser tenido en cuenta, puesto que implica que en caso de necesidad las mujeres no tengan el respaldo de aquélla, y puede determinar incluso que se prolongue el período de "aguante" ante una situación de violencia.

En segundo lugar, hablamos de familias sin recursos económicos, que dependen casi exclusivamente de la prestación de asistencia social, dedicándose a la venta ambulante, la mendicidad e incluso la prostitución. No es infrecuente tampoco la relación con la drogadicción.

Por lo que se intuye de los expedientes analizados, la protección de la mujer maltratada no parece que constituya en dichos supuestos fin específico de la actuación administrativa. En todo caso se ofertan soluciones de alojamiento temporal en centros y casas de acogida, en las que aquéllas no se ven libres de amenazas. A ello debe añadirse actitudes "poco comprensivas" de la policía, que se niega a actuar si no existe sentencia de separación.

Todo lo expuesto, determina que la mujer se vea obligada a seguir conviviendo con su agresor, y que tras las denuncias, la situación se vea incluso agravada por la reacción de aquél.

Estos y otros extremos se están analizando ampliamente desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz con la intención de ofrecer vías de intervención para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Nos consta que el propio Parlamento ha reaccionado con prontitud ante los últimos conflictos acaecidos y que se está desarrollando un plan coordinado sobre prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este problema social es un asunto de todos, y todos debemos de contribuir a mitigar la incidencia.

La queja 00/1770 Presuntos abusos sexuales en un centro de discapacitados se inicia de oficio toda vez que por la prensa tuvimos conocimiento de los posibles abusos sexuales de los que podría haber sido objeto una joven minusválida, de 20 años de edad, presuntamente por parte del director gerente de una asociación de padres de paralíticos cerebrales.

Según la información difundida, la joven, aquejada de espina bífida y una parálisis cerebral del 90%, residía en un centro dependiente de la citada asociación, concertado con la Junta de Andalucía, el IMSERSO y la Fundación ONCE, en el que podría haber sufrido estas agresiones reiteradamente durante los últimos ocho años.

Conocidos los hechos, al parecer se acordó la salida de la joven del centro, encontrándose el asunto en manos del juez, bajo el secreto de sumario.

A pesar de este último dato, consideramos conveniente impulsar un expediente para valorar la intervención administrativa a raíz de los hechos, recabando información de la Delegación de Asuntos Sociales en Málaga, organismo que nos informó del traslado cautelar de la joven a una residencia de estudiantes donde continuó cursando sus estudios. Durante la estancia en el citado centro recibió apoyo de los técnicos del centro, visitas del personal de la Delegación y se le asignó una cuidadora durante las 24 horas, al objeto que se sus niveles de atención no se vieran mermados. Al finalizar el curso escolar, y tras recabar el parecer de la joven, ésta fue trasladada a un nuevo centro en otra provincia, donde se encontraba adaptada a la nueva situación y gozaba de relaciones positivas con el resto de los residentes.

La Consejería se hallaba a la espera de conocer los resultados de la instrucción judicial para decidir posibles medidas de carácter disciplinario. A tenor de la información recibida estimamos que el asunto que motivó la apertura de la queja se encontraba solucionado por lo que procedimos al cierre del expediente de queja. 

En este sentido, recientemente ha sido aprobado el II Plan de acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia las mujeres, para ser aplicado en el periodo 2001-2004.

La eficacia de este sistema de protección exige, y así lo hemos expresado ante los organismos públicos competentes en el tema, que para la ejecución de esas medidas se cuente también con la participación de todos los agentes sociales afectados.

Desde esta perspectiva, los medios de comunicación constituyen hoy por hoy un fuerte poder en la estructura de cualquier sociedad, como plataforma indiscutible a través de la cual llegan a la luz pública los principales temas que preocupan a la ciudadanía. En este punto, hemos de reconocer que, en ocasiones, los medios de comunicación no consiguen reflejar toda la realidad, ni la sociedad que éstos muestran se corresponde fielmente con nuestra realidad social.

A nuestro juicio, el resultado del ejercicio de una profesión es responsabilidad de cuantos ejercen esa profesión. El tema de la mujer está en los medios de comunicación. La mujer forma parte de esos medios de comunicación. Esta coincidencia nos descubre algunos interrogantes acerca del papel que pueden cumplir las profesionales del periodismo ante el tema de la igualdad entre sexos, el reparto de deberes y derechos en las diferentes parceles públicas y privadas de sus respectivas vidas.

No se trata de exigir de estos profesionales una especial sensibilidad diferente a la exigible a cualquier otra persona, en el tratamiento de los casos sobre discriminación sexual, como si sólo a través de una visión femenina se pudiese transmitir la realidad del problema que existe tras las noticias que se publican. En este sentido, hemos de destacar la unánime solidaridad que vienen mostrando los hombres y mujeres integrados en los distintos medios de comunicación, en la repulsa a cualquier caso de desigualdad, abuso o maltrato por razón de sexo, dedicando páginas y horas de emisión al tema, con mayor o menor acierto u oportunidad. 

A nuestra experiencia directa en el estudio de estos casos, se une el contacto periódico con los representantes de los Colegios de Abogados integrantes del turno de oficio para Violencia de Género, de cuya constitución y funcionamiento ya nos ocupamos el año anterior, con ocasión de la tramitación de la queja 01/4120.

A lo largo de las entrevistas, las Letradas y Letrados nos transmitieron sus impresiones sobre algunas de las carencias que venían apreciando en el ejercicio del turno de oficio. De entre las cuestiones que se suelen plantear destacamos, por el tema que nos ocupa, la que se refiere a la imposibilidad que tenían y tienen los Letrados del turno de oficio de apoyar la fundamentación de acusaciones por lesiones psicológicas, ante la falta de informes extrajudiciales y el retraso que supone esperar a que se practique uno judicial (los cuales venían tardando entre 9 meses y 1 año), dificultad que se agudiza, según indican, cuando se trata de asuntos por hechos acontecidos en pueblos de la provincia.

El problema se plantea, al parecer, cuando las Letradas y Letrados del turno tratan de recabar informes psicológicos de los diferentes organismos públicos que integran la red de atención a mujeres maltratadas, con independencia de que las afectadas hayan sido o no usuarias de los correspondientes servicios. En otras ocasiones puede ocurrir que, habiendo sido atendidas previamente y existiendo el correspondiente informe, el profesional que lo firma no se persona en juicio para su ratificación ya que entiende que, entre las funciones atribuidas al puesto que desempeñan en esos centros públicos, no se contempla la realización de ese tipo de tareas.

Por último, nos indicaban los representantes de este turno de oficio, que la situación descrita resulta especialmente negativa para la mayoría de las usuarias de este turno afectadas por casos de malos tratos psicológicos, dado que su situación económica no les permite contratar los servicios de un profesional del sector privado.

Así pues vimos cómo el tratamiento de los casos de violencia psicológica y la prestación de ese servicio público estaba afectando, no sólo a las víctimas sino también a las Letradas y Letrados que tenían encomendada su defensa a través de los turnos de oficio de violencia de género. Conviene recordar aquí, que el II Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia las mujeres, año 2001-2004, contempla, entre las medidas de atención jurídica, la implantación del diagnóstico y valoración de los malos tratos psíquicos para su consideración en el ámbito judicial (medida número 9)

En la queja 02/3248 la interesada, una chica de 26 años de edad, exponía que hacía 4 años que venía sufriendo las amenazas, insultos y coacciones que le provocaba su ex compañero sentimental, desde que ella decidiera acabar con la relación sentimental que había durado varios años. Por esos hechos, desde el año 1998 hasta la fecha, había presentado un total de 19 denuncias ante el Juzgado de Arcos y ante la Guardia Civil de Algar como consecuencia de las cuales se habían incoado diligencias en los distintos Juzgados de Arcos de la Frontera, con diferente resultado.

Así, se había dictado una primera sentencia, en juicio de faltas, condenando al acusado, como autor de una falta de maltrato, amenazas y coacciones a una multa y prohibición de aproximación durante un plazo de 1 año. Pocos meses después la interesada se personaba en las dependencias de la Guardia Civil de Algar para denunciar nuevamente a su ex compañero por amenazas, insultos y quebrantamiento de la medida de alejamiento. A este proceso judicial le siguieron cuatro más, todos ellos juicios de faltas, dos de los cuales habían finalizado con fallo absolutorio para el acusado.

Señalaba la interesada que la ruptura no había sido aceptada por el denunciado, por lo que su acoso era continuo, los fines de semana con insultos dirigidos tanto a ella como a su familia, y durante la semana con persecuciones en el trayecto en coche hacia su trabajo, realizadas con el vehículo y poniendo en riesgo la vida de la interesada y de los demás conductores de la carretera. Al parecer, además de acosarla, el denunciado había realizado pintadas en el portal de su casa amenazándola de muerte, llegando a agredirla en dos ocasiones. Respecto a las pintadas, se había solicitado la prueba pericial caligráfica. El acusado quedó absuelto de la falta mediante sentencia de la que, por su interés, destacamos parte del contenido del fundamento de derecho segundo:

Ésta era la causa de la indefensión que afirmaba padecer la interesada, cuando acudió en demanda de ayuda al Centro de la Mujer de la Mancomunidad de Villamartín, donde al parecer le indicaron que su caso no era de los más graves y que, por esa razón, no podían prestarle toda la atención que ella esperaba, razón por la cual decidió no volver a acudir al centro.

Al parecer la situación de acoso se agravó y el 10 de Junio de 2002 la interesada presentó nueva denuncia contra su ex compañero, esta vez por agresión física y amenaza de muerte, y acudió por primera vez al Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVA) desde donde se le gestionó la designación de Letrado a través del turno de oficio del Colegio de Abogados de Cádiz.

En el escrito de queja que nos dirigió manifestaba encontrarse muy asustada, llena de pánico, y en situación de total desprotección jurídica, tanto por la falta de tutela judicial efectiva ante la gravedad y reiteración de las denuncias, como por la escasa eficacia de las pocas medidas judiciales adoptadas, que con tanta impunidad había incumplido el condenado pocos días después de ser aprobada. Así mismo nos reconocía que, tras esta última agresión, estaba recibiendo tratamiento psicológico a cargo del equipo de salud mental de Villamartín, debido al trastorno psíquico y alimentario que le estaban ocasionando estos cuatro años de acoso.

Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados por la interesada, y el estado de indefensión en el que afirmaba encontrarse, procedimos a la admisión a trámite de la queja y a solicitar informe al Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz.

Al mismo tiempo, nos decidimos a poner este caso en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Andalucía, a los efectos que estimase oportunos a tenor de la gravedad apreciada. Hemos de significar que la reacción de la Delegación del Gobierno ante nuestro comunicado fue rápida y eficaz. Según nos indicaron, el denunciado había sido detenido por la Guardia Civil y puesto a disposición judicial el 14 de Junio de 2002, pasando las actuaciones al Juzgado de Instrucción nº 2 de Arcos de la Frontera, que había calificado los hechos como delito de lesiones y amenazas, acordando la libertad provisional del detenido y la medida cautelar de prohibición de acercarse a menos de 50 metros de la interesada, durante el tiempo que durase la instrucción de las diligencias. Nos comunicaban además, que se había enviado copia de las diligencias practicadas a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz y al Capitán de la 2ª Compañía de la Guardia Civil en Jerez de la Frontera.

En idénticas condiciones de eficacia y celeridad se produjo la respuesta de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, desde donde se nos trasladaba el contenido del Decreto dictado por el Fiscal adscrito al servicio de violencia doméstica, en las Diligencias Indeterminadas abiertas como consecuencia del escrito que les remitió la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, dando cuenta de la situación de la interesada en esta queja y la multitud de denuncias presentadas. El citado Decreto señalaba que:

Por su parte, el Centro Provincial de la Mujer en Cádiz respondió a nuestra petición de colaboración adjuntando el informe elaborado al efecto por el Centro de la Mujer de la Mancomunidad de la Sierra, en el que se detallaban las numerosas gestiones llevadas a cabo para atender el caso de la reclamante en queja, las cuales nos fueron confirmadas por la propia afectada en un escrito posterior, y que se concretaban en el apoyo incondicional que en todo momento le dispensó la Asesora Jurídica del Centro acompañándola en la cumplimentación de todo tipo de trámites ante instancias policiales, cuando no disponía de abogado, y asesorándola para la solicitud de asistencia jurídica gratuita que finalmente le fue concedida.

Sin embargo, lo más sorprendente en la respuesta del Centro de la Mancomunidad fueron, sin duda, las críticas vertidas hacia la actitud de desesperación de la interesada, concretamente por las manifestaciones de desaprobación emitidas por esta usuaria ante los escasos resultados que, a su juicio, estaba reportándole la actuación de las instancias sociales y judiciales que, hasta ese momento, estaban interviniendo en el caso.

Recapitulando lo hasta aquí expuesto, hemos de recordar que en su escrito de queja la interesada exponía que se encontraba "muy asustada y llena de pánico, y en una situación de desprotección absoluta, tanto por la falta de tutela judicial efectiva ante la gravedad y reiteración de las denuncias, como por la escasa eficacia de las pocas medidas judiciales adoptadas, como la medida de alejamiento incumplida pocos días después de ser aprobada".

A través de los informes que nos hicieron llegar tanto la Delegación del Gobierno en Andalucía como la Fiscalía de la Audiencia de Cádiz, tuvimos conocimiento de la inmediata adopción de una serie de medidas de carácter policial y judicial, encaminadas a garantizar la protección de la afectada frente al denunciado, con lo que se daba por cumplida la principal pretensión de la interesada ante esta institución.

Por otro lado, tras estudiar con detenimiento el informe remitido por el Centro Provincial de la Mujer concluimos que no se apreciaba la existencia de irregularidad administrativa en la actuación del Centro de la Mujer de la Mancomunidad de la Sierra, toda vez que desde el primer momento en que la interesada solicitó sus servicios, fue bien atendida, asesorara, e incluso remitida, cuando ella misma lo demandó, al recurso de asistencia jurídica en juicio para mujeres víctimas de violencia, servicio prestado a través de la Asociación "Derecho y Democracia".

No obstante lo anterior, en relación a las críticas hacia la actitud desconfiada de la interesada, quisimos trasladar a la responsable del Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, nuestras reflexiones sobre este punto.

En este sentido, le expresamos que valorábamos positivamente la actitud perseverante de la interesada al insistir una y otra vez, ante todos y cada uno de los organismos públicos que le habían sido sugeridos, en busca de apoyo y protección. Bastaba con recordar que cuando la interesada acudió por primera vez al Centro de la Mujer, había transcurrido ya más de un año desde que comenzó a sufrir el acoso y que, a esa fecha, ya habían sido presentadas dos denuncias. En este sentido, son comprensibles sus muestras de agotamiento y el deterioro personal padecido ante los escasos resultados que, tres años después, arrojaban sus peticiones de ayuda, sentimiento éste que como sabemos es bastante común entre las víctimas de violencia. Su agotamiento se manifestó, una vez más, cuando tras recibir la última agresión, precisó tratamiento psicológico a cargo del equipo de salud mental de Villamartin, debido al trastorno psíquico y alimentario que le estaba ocasionando esa situación de acoso continuado.

Por todo ello, mostrábamos nuestra satisfacción por el hecho de que esta mujer no desistiera de su lucha e intentara todo tipo de recursos, como el Servicio de Atención a la Víctima, la asistencia jurídica gratuita a través del Colegio de Abogados e incluso el Defensor del Pueblo Andaluz, recursos todos ellos sugeridos desde el Centro de la Mujer de la Mancomunidad de la Sierra. A nuestro juicio, la intervención de cada una de estas Instituciones, en el ejercicio de sus respectivas competencias, había provocado, entre otras medidas, la adopción de medidas preventivas y protectoras, tal y como pusieron de manifiesto los informes de la Delegación del Gobierno en Andalucía y del Fiscal Especial de Violencia Doméstica de la Audiencia Provincial de Cádiz, respectivamente, las cuales sin duda ayudaron a infundir en la interesada una mayor confianza en las instituciones.

Finalizábamos nuestro escrito al Centro Provincial de la Mujer, comunicándoles el cierre de este expediente de queja, y transmitiéndoles nuestro convencimiento de que la lucha contra la violencia de género requiere un esfuerzo de coordinación y colaboración entre todos los órganos jurisdiccionales, las administraciones públicas de todos los ámbitos territoriales y las fuerzas de seguridad, con el fin de ofrecer a las víctimas una respuesta coordinada y eficaz, y lograr que mantengan la confianza, no sólo en sí mismas, sino en el sistema de protección social y judicial que ha sido diseñado para defenderlas. 

Como explicamos en las líneas introductorias, la Institución recoge en este ejercicio, como una trágica ratificación de los anteriores, una constante presencia de episodios de violencia de género contra mujeres, perpetrada sobre malos tratos, agresiones graves y de una trágica secuencia de víctimas mortales.

Sin duda este problema, esta lacra social se debe abordar desde una perspectiva amplia. De hecho, el siglo XX comenzó con la lucha de la mujer por conquistar la igualdad con los hombres ante la ley, el derecho al voto y a la participación política, y ha finalizado con la declaración universal de la violencia contra las mujeres como una de las vulneraciones de los derechos humanos más grave y extendida en nuestra sociedad, violencia que durante mucho tiempo había quedado oculta y vinculada al terreno de la privacidad familiar.

El modelo de sociedad que hemos heredado sitúa a la mujer en una posición de inferioridad y sumisión al hombre, permitiendo que éste pueda mantener su dominio empleando cualquier medio, incluido el de la violencia. El problema no se circunscribe a determinados ambientes económicos, educativos o socio culturales, sino que afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad y se produce por igual en todos los niveles y contextos sociales.

Efectivamente, la violencia de género, la violencia ejercida contra las mujeres, se ha calificado por distintos organismos internacionales como un problema que afecta al conjunto de la sociedad, pero fue la Organización de Naciones Unidas la que, en la IV Conferencia Mundial sobre mujeres celebrada en Septiembre de 1995, alcanzó a calificarla como un obstáculo para conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, al tiempo que un impedimento del ejercicio de los derechos humanos y de las libertades individuales. Expresamente se declaraba que "la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación masculina, a la discriminación contra las mujeres por parte de los hombres y a impedir su pleno desarrollo".

Siguiendo esa misma línea, el Parlamento Europeo designaba 1999 como el Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género.

Hoy conocemos que la violencia de género, como complejo fenómeno social que es, abarca todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres por el hecho de serlo –aborto selectivo, infanticidio de niñas, trata de mujeres, mutilaciones genitales femeninas, esclavitud sexual, agresiones sexuales, prostitución, acoso sexual en el trabajo, maltrato físico y psíquico a manos de sus parejas y un largo etcétera.

Se caracteriza además por ser una violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres y es una actitud agresiva ejercida por los hombres, no por las mujeres. La violencia de género es una violencia de un "tipo de hombre" contra la mujer, que consigue adscribir a su ejercicio del poder injusto, a algunas mujeres y que pone en peligro la salud, también, de los menores de edad. La mujer sufre ese problema y sólo puede denunciarlo y reivindicar sus derechos, tal y como reflejan las estadísticas sobre denuncias y muertes por violencia de género.

El preocupante incremento del número de mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de la convivencia, cuyo porcentaje se viene incrementado cada año de manera alarmante, configura un panorama desolador ante el que esta Institución no permanece impasible, tal y como relatan nuestros Informes Anuales anteriores.

En el año 2003, en Andalucía, 13 mujeres perdieron la vida a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales. Se presentaron 10.503 denuncias. Son datos ofrecidos por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Esta misma fuente señala que, al mes de Marzo de 2004 se habían presentado ya 2.565 denuncias por violencia de género. En lo que va de año, en Andalucía han muerto 7 mujeres: Laura en Córdoba, Josefa en Sevilla, Souad en Roquetas de Mar (Almería), Ana en Guadix (Granada), Encarnación en Cúllar Vega (Granada), Maria de los Ángeles en Priego de Córdoba e Irina en Málaga.

Como recordarán, la sociedad andaluza quedó conmocionada en el año 1997 al conocer la brutal agresión que acabó con la vida de Ana Orantes, aquella mujer granadina que días antes se había atrevido a hacer público en un programa de televisión, el maltrato que le provocaba su ex marido. La enérgica reacción política y social significó el comienzo de una nueva etapa en la lucha contra la violencia sexista, no sólo en Andalucía sino en todo el país.

A partir de ese momento se sucedieron los comunicados, pronunciamientos y manifiestos de condena del asesinato, procedentes de diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Muchos se dirigieron ante el Defensor del Pueblo Andaluz destacando que no estábamos ante un supuesto aislado sino ante una prueba más del abandono asistencial al que eran condenadas las mujeres víctimas de los, hasta ese momento, denominados "delitos domésticos".

Nuestro contacto con las asociaciones de mujeres y el tratamiento de las quejas presentadas por las propias mujeres, nos permitió conocer de forma directa aquellos aspectos de la violencia de género que más preocupación estaban causando entre las afectadas.

Uno de ellos era, sin duda, la falta de respuesta por parte de las autoridades policiales y judiciales, en cuanto a la adopción de medidas preventivas en casos de separación conyugal, en evitación de que se cumplieran las amenazas de que eran objeto, frecuentemente en unión de sus hijos y demás familiares, por parte de sus ex-maridos, así como las dificultades que tenían para demostrar, cuando las amenazas se materializaban, la culpabilidad del autor de las agresiones -que no sólo tenían por qué ser físicas-, al ocurrir en un ámbito privado, en ausencia de testigos.

El momento de máximo temor para estas mujeres llegaba una vez incoadas las oportunas diligencias judiciales o una vez manifestada su intención de romper la relación sentimental. En estos casos, las amenazas persistían, ahora redobladas por haberse atrevido a denunciar lo que con anterioridad habían ocultado por miedo.

Manifestaban sentir absoluta indefensión al comprobar cómo, en muchos de los casos denunciados, los supuestos agresores eran absueltos por falta de pruebas, y sólo cuando existía parte de lesiones se les condenaba como autores de falta.

A esa sensación de desamparo de las víctimas se unía una paralela sensación de impunidad de los agresores, lo que evidenciaba la necesidad de afrontar urgentemente una reforma del sistema de protección a las víctimas de la violencia doméstica.

Entre las normas esenciales que han contribuido a mejorar el marco de protección actual en nuestro país destaca la Ley Orgánica 14/99 de 9 de Junio, que introduce el nuevo artículo 544 bis a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el que se crea la medida cautelar de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima o sus allegados, y la Ley 27/2003 de 31 de Julio reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. Esta última se ha convertido en un instrumento de vital importancia práctica que permite concentrar las competencias para adoptar las primeras y más urgentes medidas cautelares en el juez de instrucción, a quien se le atribuye la facultad no sólo de decretar medidas de orden penal, como son la orden de alejamiento o la prisión provisional, sino incluso determinadas medidas de naturaleza civil esenciales para garantizar la seguridad de las víctimas en las horas siguientes a la denuncia –e ntre otras, la atribución del domicilio familiar o el régimen de custodia y visitas de los hijos.

Finalmente cabe citar la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de Septiembre, como la última y ambiciosa reforma penal en materia de violencia doméstica, basada en tres puntos clave. En primer lugar, cambia la ubicación sistemática del artículo 153 (tipo penal de la violencia doméstica) para situarlo en el Título VII del Libro II del Código Penal denominado «de las torturas y otros delitos contra la integridad moral». En segundo lugar, amplia el círculo de sujetos pasivos del delito, donde se incluyen las relaciones de noviazgo actuales o pasadas y las relaciones de subordinación o dependencia con el agresor. Y en tercer lugar, eleva a la categoría de delito las antiguas faltas relacionadas con la violencia familiar.

Hasta aquí el marco normativo penal en la lucha contra la violencia de género en nuestro país, a la espera de que las Cortes Generales aprueben la denominada Ley Integral contra la violencia de género.

Sin embargo, este nuevo marco penal se ha mostrado ineficaz para evitar la muerte de algunas mujeres a las que se había aplicado la orden de protección, como ocurrió en el caso de Encarnación Rubio, asesinada por su ex compañero sentimental en Cúllar Vega (Granada).

Hechos como el descrito ponen de manifiesto que no basta con una articulación de medidas coercitivas en el ámbito penal que protejan a las víctimas y que tipifiquen como delito todas las formas de violencia contra las mujeres; hace falta también incidir en la sensibilización y en el cambio de actitudes, y en la aplicación de un conjunto de medidas de apoyo social, laboral, jurídico y psicológico a las víctimas, que les permita rehacer sus vidas una vez que consiguen romper el ciclo de la violencia.

En Andalucía hemos conocido un primer Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres aprobado en el año 1998, que dispuso la elaboración y aprobación del Procedimiento de Coordinación para la atención a las mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales, instrumento que firmaron todas las Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en la materia, además de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

En la actualidad, se encuentra en fase de ejecución el segundo Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia las mujeres para el periodo 2001-2004, el cual ha venido a consolidar varias de las medidas contempladas en el Plan anterior y a implantar algunas otras nuevas.

La función de defensa y protección de los derechos individuales y colectivos que tiene encomendada el Defensor del Pueblo Andaluz cobra marcado énfasis cuando se trata de personas en situación de desigualdad que les convierte en seres humanos especialmente desvalidos, como son las víctimas de la violencia doméstica.

De ahí la conveniencia de analizar, evaluar y valorar las distintas políticas y medidas adoptadas hasta el momento por las Administraciones Públicas para erradicar la violencia en el ámbito de la convivencia, a fin de detectar su eficacia y deficiencias, y contribuir a concretar unas líneas de actuación sustentadas en la necesidad de dar una solución integral al problema.

Andalucía ha sido pionera en la puesta en marcha y aplicación de muchas de las medidas que más tarde han sido implantadas por varias Comunidades Autónomas en nuestro país. No cabe duda de que los planes de actuación citados anteriormente constituyen dos valiosos instrumentos imprescindibles para llegar a las raíces de este grave problema.

En ese sentido, somos conscientes de lo mucho que se ha hecho en poco tiempo para paliar esta terrible problemática, pero las quejas y la información que recibimos en nuestra Institución evidencian que este esfuerzo sigue siendo insuficiente.

De esta manera, entendemos que sería conveniente mejorar el funcionamiento de algunos servicios públicos creados por aplicación de los mencionados planes, y así se lo hemos hecho saber, con ocasión de la tramitación de los expedientes de queja, a los organismos públicos competentes por razón de la materia y en especial al Instituto Andaluz de la Mujer.

Uno de los momentos clave en el tratamiento de los casos de violencia de género coincide con el primer contacto de la víctima con el recurso público, tarea que suele corresponder a los centros de atención e información a la mujer o a las casas de acogida de emergencia. De ahí la necesidad de que la información ofrecida a las usuarias sea un fiel reflejo de la realidad del sistema de protección que van a encontrar, en el caso de que decidan romper con el ciclo de la violencia.

Hemos podido comprobar cómo, en muchas ocasiones, las expectativas de las usuarias se encontraban muy por encima de los recursos reales, bien porque en un primer momento habían recibido una información defectuosa –como en el caso de la queja 03/586- o porque el acceso a las ayudas estaba condicionado a la existencia de una coyuntura social propicia –como ocurría en la queja 03/35 presentada por la inaplicación de la ayuda para acceder a empleo y viviendas públicas para mujeres víctimas de violencia.

Lógicamente las usuarias acababan haciendo partícipes de su frustración a los profesionales destinados en esos centros, a quienes hacían llegar sus críticas por la ineficacia del sistema de protección, llegando a ser reprendidas e incluso cuestionadas por ese mismo personal, en alguna ocasión. Podríamos afirmar que algunos centros de atención a la mujer han tolerado mal las críticas vertidas por algunas usuarias contra la eficacia de los recursos puestos a su disposición.

Respecto a las dudas surgidas entre los profesionales acerca de la credibilidad de las interesadas, entendemos que apreciaciones de esta naturaleza no deberían trasladarse a las usuarias de los servicios de atención y acogida a mujeres maltratadas, como pretexto para cuestionar las verdaderas intenciones que llevan a estas mujeres a denunciar las situaciones de malos tratos en las que se ven envueltas, análisis que, en todo caso, corresponde realizar, en el ejercicio de la función jurisdiccional, al órgano judicial que resulte competente para estudiar la denuncia.

La credibilidad de la víctima, puesta así en tela de juicio por los profesionales destinados en los recursos de atención a las víctimas, contribuye al desgaste psíquico de las víctimas. En este sentido hemos transmitido nuestro convencimiento de que la lucha contra la violencia de género requiere un esfuerzo de coordinación y colaboración entre todos los órganos jurisdiccionales, las administraciones públicas de todos los ámbitos territoriales y las fuerzas de seguridad, con el fin de ofrecer a las víctimas una respuesta coordinada y eficaz, y lograr que mantengan la confianza, no sólo en sí mismas, sino en el sistema de protección social y judicial que ha sido diseñado para defenderlas.

Consideramos que es, precisamente, esa confianza lo que anima cada año a miles de mujeres a romper con la relación de sometimiento y dependencia respecto de su agresor, y a abandonar su entorno familiar, social y laboral para proteger su seguridad personal y la de sus hijas e hijos, refugiándose en cualquiera de los centros de acogida disponibles para este tipo de situaciones. De ahí la importancia de contar con un apoyo informativo eficaz desde el primer instante de contacto con los recursos públicos.

Es imprescindible además, fijar criterios y normas de funcionamiento de los centros de acogida y residencia para mujeres que sufren esta situación, por parte de las Administraciones Públicas encargadas de su gestión, en la línea emprendida por la Orden de 18 de Julio de 2003 de la Consejería de Presidencia por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales específicos de los Centros de atención y acogida a mujeres víctimas de malos tratos.

Pero hay que ir más allá, porque además se ha de garantizar unas condiciones mínimas de calidad del servicio, cuya gestión debe estar inspirada en la naturaleza de servicio público y asegurar su accesibilidad para aquellos grupos de mujeres víctimas de violencia de género en situación de especial vulnerabilidad, como son las mujeres con problemas de drogadicción o toxicomanías, las inmigrantes etc.

La recuperación de las víctimas de la violencia de género pasa por la aplicación de medidas que faciliten a estas mujeres una formación adecuada, su integración laboral y una vivienda digna. No podemos esperar que ellas, por sí solas, puedan generar la fuerza necesaria para alcanzar esos bienes básicos, cuando esos bienes ya escasean para la población en general. Y sabemos, por el tratamiento de los expedientes de queja, que en más de una ocasión han fallado las fuerzas, y algunas mujeres no han tenido más remedio que volver con los hombres que las maltrataron para garantizarse un techo y un alimento para sus hijos. Otras -¿podríamos decir que con menos suerte?-, han entrado en otro círculo, el de la marginación social y laboral.

Lamentablemente, esa situación se está produciendo en Andalucía, tal y como se describe en el Capítulo XIV de la Sección Segunda este Informe. Lo cual nos lleva a proclamar la necesidad de que se promueva en nuestra Comunidad Autónoma un marco jurídico unitario y global contra la violencia de género, como paso imprescindible para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres a la que se refiere el artículo 12 de nuestro Estatuto de Autonomía al disponer que «La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica y política».

Existen algunas experiencias en otras Comunidades Autónomas, como la Ley 1/2004 de 1 de Abril integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas de la Comunidad de Cantabria, Ley 16/2003, de 8 de Abril, de prevención y protección integral de las Mujeres contra la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género aprobada en Castilla La Mancha y Ley Foral 22/2002 de 2 de Julio del Parlamento de Navarra de adopción de medidas integrales contra la violencia sexista, por citar algunos ejemplos.

Porque no podemos hablar de avance en la lucha por erradicar este grave problema, mientras no estemos en condiciones de garantizar a todas las mujeres que lo vienen sufriendo un ejercicio igualitario de sus derechos a recibir atención integral, con independencia de la existencia de medidas coyunturales, del grado de ejecución de los planes de actuación administrativa, de la disponibilidad presupuestaria o de la existencia de otros problemas estructurales en la sociedad.