Objetivo:

- La cooperación con otros pueblos, sobre la base del respeto de los derechos humanos y su protección internacional, la solidaridad y el respeto mutuo a sus identidades.

Objetivo:

- El acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la igualdad en el conocimiento y aprovechamiento de las mismas.

Artículo (1º)

1. Los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía son titulares de los derechos, libertades y deberes reconocidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como en los Tratados y Convenios Internacionales y, en particular, los que se reconocen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
2. La Comunidad Autónoma de Andalucía garantizará y tutelará en su territorio el adecuado ejercicio de los derechos, libertades y deberes reconocidos a la ciudadanía.

     

Artículo (2º)

La Comunidad Autónoma de Andalucía, con objeto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de contenido social reconocidos a los ciudadanos y ciudadanas, promoverá las políticas y adoptará las medidas necesarias para alcanzar los siguientes fines:

1. El acceso al empleo en condiciones de igualdad, así como de dignidad y calidad del mismo.
2. El acceso a la educación permanente para facilitar la formación plena e integradora de todas las personas.
3. La protección efectiva de la salud mediante la adecuada promoción, prevención y atención sanitaria durante todas las etapas de la vida de las personas.
4. El acceso a la vivienda fomentando la adopción de medidas adecuadas para atender su protección y la aplicación de los medios necesarios para asegurar su efectivo disfrute.
5. La protección ante situaciones de necesidad a través de un conjunto de prestaciones y servicios con especial atención a las situaciones de dependencia.
6. La protección social, económica y jurídica de la familia y demás modalidades convivenciales.
7. El acceso a la cultura y la conservación y protección de los bienes que integran el patrimonio histórico, cultural y artístico andaluz.
8. La protección del medio ambiente y la mejora de su calidad con arreglo al principio de desarrollo sostenible.
9. La tutela y protección efectiva de los consumidores y usuarios.
10. El disfrute y participación de la sociedad en los avances de la investigación científica y técnica.

Artículo (3º)

La Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos sociales que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales, promoverá, entre otras, las políticas destinadas a garantizar:

1. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
2. Un sistema integral de atención y protección de los menores que asegure el interés superior del menor.
3. La autonomía y el acceso a unas condiciones dignas de vida de las personas mayores y la mejora de su bienestar.
4. La igualdad de oportunidades y normalización social de las personas con discapacidad.
5. La integración de las personas inmigrantes y de las minorías étnicas, culturales, religiosas o de otra índole.
6. La prevención de aquellas situaciones que determinen o impliquen riesgo de exclusión, su atención y el fomento de las políticas de inclusión de las personas o grupos sociales que las padezcan.

Artículo (4º)

La Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de asegurar a todos los ciudadanos y ciudadanas unas condiciones mínimas de dignidad y calidad de vida, garantizará unos servicios y prestaciones básicas, a través de los correspondientes sistemas públicos de protección social, en el ejercicio de los siguientes derechos:

1. A la educación.
2. A la salud.
3. A los servicios sociales.
4. Al acceso a unos recursos y prestaciones mínimas o a los complementos necesarios para ello, al objeto de cubrir las necesidades básicas de subsistencia.

Artículo (5º)

1. Para garantizar la consecución de los fines señalados en el presente Título, la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las políticas adecuadas, impulsando el desarrollo legislativo necesario, asegurando la suficiencia financiera y la eficacia de la actuación administrativa.
2. Una ley regulará la Carta de los Derechos Sociales de la ciudadanía andaluza en la que se determinará el catálogo de prestaciones y servicios que se garantizan en relación con los derechos de contenido social comprendidos en el presente Título.

Artículo (6º)

1. El Defensor del Pueblo Andaluz es un Comisionado del Parlamento de Andalucía, designado por éste, para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en la Constitución y en este Estatuto.
2. En el ejercicio de sus competencias podrá, entre otras actuaciones, supervisar la actividad de las Administraciones Públicas Andaluzas en los términos que se establezcan en la Ley, dando cuenta al Parlamento de Andalucía.
3. El Defensor del Pueblo Andaluz, en el cumplimiento de la misión que tiene encomendada, podrá dirigirse a las autoridades, instituciones y organismos de todas las Administraciones Públicas con sede en el territorio andaluz.
4. El Defensor del Pueblo Andaluz será designado por mayoría cualificada de las tres quintas partes de los miembros del Parlamento y por un periodo de cinco años.
5. El Defensor del Pueblo Andaluz gozará en el ejercicio de su cargo de las garantías que se otorgan a los Diputados del Parlamento de Andalucía en este Estatuto. Estas garantías serán también aplicables a sus Adjuntos durante el ejercicio de sus funciones.

Artículo (1º)

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía servirá con objetividad los intereses generales con pleno respeto al principio de legalidad y de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración, coordinación, cooperación y responsabilidad de la gestión pública.
   
   Una Ley regulará el régimen de organización y funcionamiento de la misma así como la relación de servicios de su personal.
2. La actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía asegurará a los ciudadanos y ciudadanas la efectividad de sus derechos en sus relaciones con ésta, garantizando una buena administración a través de la información sobre derechos y procedimientos, transparencia, agilización y participación en los procedimientos que les afecten.

   
Artículo (2º)

Los poderes públicos de Andalucía promoverán la participación ciudadana en los asuntos públicos a través de los órganos y procedimientos que se establezcan en las leyes.

El ejercicio del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo, proclamado por el artículo 14 de la Constitución Española, implica la participación de mujeres y hombres en todas las esferas de la vida pública y privada. Es importante conocer que las condiciones de vida de uno y otro sexo son muy diferentes, en cierto grado a causa de la función maternal de las mujeres. El aspecto a tener en cuenta no es la mera existencia de tales diferencias, sino el hecho de que estas diferencias no tengan un efecto negativo sobre las condiciones de vida de las mujeres y hombres y no sean causa de discriminación contra ellas, sino que contribuyan a que se comparta por igual el poder en la economía, en la sociedad y en los procesos de elaboración de medidas políticas.

La aplicación del derecho a la igualdad en la actividad administrativa significa, además de la aceptación y la valoración por igual de las diferencias entre mujeres y hombres y los distintos papeles que juegan en la sociedad, el derecho de ser diferente, e implica el plantearse cómo avanzar, cambiar los marcos conceptuales de la sociedad que contribuyen al mantenimiento de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres y alcanzar un mejor equilibrio en los diversos valores y prioridades de mujeres y hombres, evitando así los problemas derivados de la jerarquía de géneros.

La sociedad para desarrollarse, depende de la utilización de todos los recursos humanos y tanto mujeres como hombres deben participar totalmente para enfrentarse a las distintas necesidades de la sociedad.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz acumula una larga experiencia en el estudio de los temas que afectan, preocupan o se relacionan directamente con la mujer, tal y como ellas mismas los expresan a través de las consultas o los escritos de queja que nos presentan. En otras ocasiones no son las mujeres sino el propio Defensor del Pueblo quien, tras tener conocimiento de un hecho concreto, decide de oficio, iniciar una investigación para esclarecer si la actuación de un determinado organismo público, está siendo lesiva para los derechos de la mujer. Si tomamos como referente los últimos 10 años, hemos de señalar que la mujer, en su condición de reclamante ante el Defensor del Pueblo Andaluz, ha representado en torno al 36´5% del total de quejas presentadas, frente al 58´3% de media que han supuesto el total de quejas presentadas por hombres.

La mujer que se siente en situación de desigualdad, acude al Defensor del Pueblo Andaluz en busca de respuestas a problemas que, teniendo origen en su condición de mujer, no están siendo resueltos por los organismos públicos a los que previamente se han dirigido. Así, nos encontramos con mujeres que padecen verdaderas dificultades para sobrellevar cargas familiares tras una separación matrimonial o para lograr su reincorporación al mercado laboral. También nos hacen llegar, principalmente a través de las asociaciones de mujeres, su preocupación por la situación de indefensión o desprotección en la que se encuentran cuando, tras presentar denuncias como víctimas de actos violentos cometidos, generalmente, por quienes han mantenido alguna relación sentimental con ellas, no obtienen una adecuada atención y protección por parte de las entidades públicas competentes.

Existen una serie de temas que afectan de forma directa, y casi diríamos exclusiva, a la mujer como son los supuestos de discriminación laboral, la desigualdad en el reparto de tareas domésticas, las dificultades de acceso a la educación en zonas rurales etc. Sin embargo, de todos ellos, el problema que de manera más evidente refleja las condiciones de desigualdad en las que han vivido y viven hoy en día miles de mujeres, es, sin duda, el fenómeno de la violencia de género.

Todos recordamos lo sucedido en el mes de diciembre de 1997, cuando los principales medios de comunicación de Andalucía publicaban la espeluznante muerte de una mujer a manos de su ex esposo, unos días después de que la primera hiciera públicos, en un programa de televisión, los malos tratos que el segundo le había ocasionado de forma continuada durante los años que duró su matrimonio.

A partir de ese momento, se multiplicaron ante esta Institución todo tipo de comunicados, pronunciamientos y manifiestos de condena y repulsa por estos hechos, procedentes de numerosas entidades, tanto públicas como privadas, que quisieron aprovechar la ocasión para recordar que no estábamos ante un supuesto aislado sino ante una prueba más del abandono asistencial al que son condenadas las mujeres víctimas de los denominados "delitos domésticos".

Ante la cantidad de peticiones que nos fueron llegando, esta Institución, consciente de la preocupación y la alarma que éste y otros hechos estaban provocando en la sociedad andaluza, consideró la necesidad de convocar, con carácter urgente, a las entidades sociales más representativas de Andalucía en el campo de la defensa de la mujer. A través de este contacto, el Defensor del Pueblo Andaluz trataría de recabar la máxima información posible sobre la situación real del problema desde la perspectiva de quienes lo sufren, al objeto de poder exigir de los organismos competentes la adopción de medidas oportunas. En consecuencia, con objeto de mejorar nuestra información sobre este problema y en el ejercicio de nuestras funciones de defensa de los derechos constitucionales, en aquel momento decidimos iniciar una investigación de oficio, a la que después seguirían algunas más, ante tres instancias públicas diferentes: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil), Instituto Andaluz de la Mujer, y Consejería de Educación y Ciencia, al objeto de conocer las medidas que se estuvieran adoptando para atender este grave problema.

El resultado de nuestras investigaciones nos ha permitido acercarnos aún más a la vida de estas mujeres. Los problemas más habituales que denuncian las mujeres separadas o en trance de separación fundamentada en los malos tratos, se refieren a la falta de respuesta por parte de las autoridades en cuanto a la adopción de medidas preventivas en evitación de que se cumplan las amenazas de que son objeto, frecuentemente en unión de sus hijos y demás familiares, por parte de sus ex-maridos, así como las dificultades que tienen para demostrar, cuando las amenazas se materializan, la culpabilidad del autor de las agresiones -que no sólo tienen por qué ser físicas-, al ocurrir en un ámbito privado, en ausencia de testigos.

Las denuncias concretas por malos tratos físicos y psíquicos producidos en el seno familiar llegan a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz formando parte de situaciones problemáticas más complejas, que afectan por completo a todos los miembros de la unidad familiar y, por consiguiente, que requieren una intervención de carácter multidisciplinar: protección del menor, protección a la mujer, tutela judicial, inserción laboral, asistencia social.

Todos los estudios coinciden en asegurar que resulta difícil establecer un perfil único ya que el tiempo transcurre por las vidas de las víctimas transformando su carácter, hasta llegar a pensar que quizás son responsables de la violencia del agresor. Tardan una media de 10 años en poner fin a su problema. Además, existen otros elementos que impiden a la mujer pedir ayuda: falta de independencia económica, baja autoestima, amenazas, miedo...

El elemento socio cultural ha sido un agente importante para el mantenimiento de todas estas situaciones: se ha impedido el acceso de la mujer a la educación, a los puestos de trabajo, y se la ha relegado a tareas de ama de casa. Esta dependencia (económica y social) de la mujer respecto al hombre ha marcado tanto a nuestra sociedad que aún hoy se observan vestigios en el terreno policial y judicial que han impedido a muchas mujeres dar el paso que habría significado su liberación.

Sin embargo, no se puede negar la existencia de un mayor riesgo para la integridad física y moral de las mujeres que viven en núcleos familiares fuertemente desestructurados, que se desenvuelven en un ambiente de marginalidad, y que constituyen la base sobre la que se desarrollan muchas de las conductas de malos tratos hacia las mujeres, y consecuentemente de éstas a sus hijos. Dicha desestructuración no es solamente predicable respecto del núcleo en el que se desarrolla la vida del menor, sino incluso de las propias familias de ambos progenitores.

Estas mujeres manifiestan que, una vez incoadas las oportunas diligencias judiciales -o quizá precisamente por ello- temen más que nunca por su vida y la de su familia, ya que las amenazas suelen persistir, ahora redobladas por haberse atrevido a denunciar lo que con anterioridad habían ocultado por miedo. En este sentido, se quejan de que "la vía judicial va lenta y los sucesos denunciados pueden repetirse y llegar a un fatal desenlace". Por último, manifiestan sentir absoluta indefensión al comprobar cómo, en muchos de los casos denunciados, los supuestos agresores son absueltos por falta de pruebas, y sólo cuando existe parte de lesiones se les condena como autores de falta.

Se quejan igualmente de la desprotección que sufren ante la falta de adopción de medidas preventivas que garanticen su seguridad personal y la de sus familias en los supuestos de denuncias por amenazas de sus compañeros o ex compañeros sentimentales. En este sentido, estas mujeres acaban entendiendo que, ante supuestos de amenazas, una intervención policial sólo es posible cuando las amenazas se materializan de manera efectiva.

Por último, en algunas ocasiones han llegado a expresarnos su malestar por la descoordinación existente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante las llamadas telefónicas de auxilio que realizan las afectadas. Afirman que se producen situaciones de confusión acerca del Cuerpo que resulta competente para atender la urgencia en cuestión -Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local- lo que acaba provocando verdaderos retrasos en la intervención ante este tipo de urgencias.

La actuación de esta Institución ante unos y otros casos sigue siendo la de atender a las necesidades de las interesadas a la luz de las funciones que nos vienen encomendadas por la Ley reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz; es decir, la admisión de escritos de queja cuando proceda y la consecuente investigación de los hechos denunciados ante los organismos públicos competentes, o la información y orientación que ofrecemos desde esta Oficina en aquellos casos en los que las interesadas aún no han acudido a las instancias administrativas adecuadas para atender sus necesidades.

El trabajo diario y habitual no nos impide, sin embargo, realizar algunas valoraciones acerca de las propuestas que se están formulado desde todas las instancias políticas y sociales, así como las medidas finalmente adoptadas para luchar contra la violencia en el seno familiar.

En este sentido, entendemos acertadas las medidas tendentes a la coordinación de las Administraciones implicadas en materia de atención, prevención, información y concienciación ciudadana frente a los malos tratos en el seno familiar, a través del establecimiento de protocolos de intervención en el campo sanitario, social, policial y judicial. La eficacia de estas medidas requiere la elaboración de planes integrales de prevención y atención de la violencia contra la mujer que incluyen acciones de sensibilización y formación social, y medidas urgentes en materia de atención social y jurídica a las víctimas, educación, salud, servicios sociales, trabajo y empleo, vivienda y medios de comunicación, entre otros.

Este año presentamos este nuevo Capítulo, a través del cual se analizarán, de aquí en adelante, las quejas relacionadas con la aplicación del principio de Igualdad y de no discriminación por razón de sexo, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española al promulgar que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Hemos pretendido recopilar una información que, en anteriores Informes Anuales, quedaba dispersa a lo largo de los distintos Capítulos, y que se refiere al ejercicio del derecho a la igualdad por parte de mujeres y hombres, desde una perspectiva de género. Las mujeres son el grupo de población que protagoniza la mayoría de las quejas que se reciben en esta materia, especialmente en lo referente a violencia de género o discriminación laboral. De ahí que sean más frecuentes las referencias al género femenino.

No obstante, la presencia de la problemática masculina, desde una perspectiva de género, se va abriendo paso, poco a poco, entre los asuntos planteados individual o colectivamente, como ocurre en los casos de discriminación basados en la orientación sexual de los afectados.

Entrando ya en el análisis estadístico de los datos, durante el presente año se han tramitado un total de 56 quejas, cuatro de las cuales habían sido iniciadas el año anterior.

Entre estas últimas, destaca la presentación en Abril de 2002 del Informe Especial "La prostitución: realidad y políticas de intervención pública en Andalucía", mediante el que hemos abordado el fenómeno de la prostitución desde la aplicación del principio de igualdad de género, porque no cabe duda que el problema de la prostitución afecta principalmente a una población marginal, siendo en su inmensa mayoría mujeres.

En este sentido, de entre las diferentes formas que puede adoptar el ejercicio de la prostitución, el mencionado Informe se ocupa de la más marginal, la que se ejerce en los espacios públicos, en las calles y los barrios, y tiene como protagonista a mujeres pertenecientes a una escala o nivel socio-económico bajo, que proceden de familias con graves conflictos provocados por la escasez económica, que cuentan con un nivel educativo muy deficiente y cuya edad de inicio en la prostitución se sitúa, por término medio, en los 16 años.

El Informe finaliza con la emisión de algunas valoraciones y la formulación de una serie de Recomendaciones a las Administraciones Públicas con competencia en la materia, de entre las que destacamos la referida a la necesidad imprescindible e improrrogable de realizar un estudio sobre la incidencia real del problema de la prostitución. Todo ello a tenor de las dificultades que apreciamos para abordar el conocimiento y análisis de la situación de la explotación sexual y el ejercicio de la prostitución en Andalucía, que unánimemente nos expresaron las entidades y asociaciones que desarrollan su labor de atención ante este fenómeno.

Entendemos que dicho estudio permitiría abordar con mayor rigor el fenómeno actual de la explotación sexual en Andalucía, así como las nuevas formas de prostitución, entre ellas el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Concluíamos señalando que este análisis debía ser previo para acometer un balance respecto de la eficacia y el nivel de resultados de las acciones que se estaban desarrollando hasta el momento.

Volviendo a lo que ha sido la tramitación de los expedientes de queja durante el año 2002, el mayor número de quejas se refieren a supuestos de violencia de género y a la tardanza de la Administración en la tramitación de ayudas de carácter social y económico a las víctimas.

También se han destacado los supuestos de doble victimización, en los que las afectadas manifestaban su contrariedad por tener que soportar las dilaciones procesales y la ineficacia de la acción judicial ante el incumplimiento de las medidas de protección.

Finalmente, y por lo que se refiere al análisis del grado de colaboración prestada por las Administraciones con competencia en materia de igualdad de género, podemos afirmar que con carácter general, la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y sus Centros Provinciales ha sido buena. Similar grado de colaboración hemos encontrado entre los Ayuntamientos y departamentos municipales a los que nos hemos dirigido con ocasión de la tramitación de estos expedientes, si bien en la mayoría de estos casos fue preciso reiterar una o dos veces la petición del informe, inicialmente solicitado.

Pasando a otro asunto, en este apartado queremos destacar otra situación social que demanda y merece una protección social y jurídica eficaz que permita neutralizar las acciones intimidatorias y preserve los derechos constitucionales. Nos referimos a las personas que padecen el mal trato en el ámbito familiar, en especial el que reciben algunas mujeres es un asunto social sobre el que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha intervenido activamente durante el año 1997.

Las quejas directamente referidas a malos tratos a mujeres en el ámbito familiar difícilmente llegan a esta Institución, como no sea a través de las denuncias promovidas por Asociaciones de Mujeres; no obstante, a través de un breve análisis queremos poner de manifiesto cómo dicho tema subyace muchas veces implícito en quejas de otra naturaleza, y fundamentalmente en las que se refieren a menores.

Así, hemos recibido un conjunto de quejas en materia de protección de menores, en las que la situación de desatención e incluso violencia que los mismos sufren, es suficientemente expresiva de una previa o simultánea actitud de violencia frente a la madre. En estos casos aludimos a quejas fundamentalmente presentadas por las madres, que manifiestan su oposición a verse privadas de sus hijos, bien porque se les ha declarado en desamparo, o bien porque se ha decretado el acogimiento familiar preadoptivo. En muchos casos simplemente manifiestan el desconocimiento absoluto del paradero de éstos, y solicitan información sobre los mismos para poder al menos visitarlos.

En el análisis de estos casos desde la perspectiva de la mujer, madre de los niños que han sido objeto de alguna actuación de carácter protector por parte de las Autoridades Públicas competentes, resulta conveniente relatar brevemente el marco en el que se desenvuelve generalmente la convivencia familiar, puesto que nos va a proporcionar una idea aproximada del ámbito en el que se detectan con mayor frecuencia las conductas de agresión.

En primer lugar, tenemos que hablar de núcleos familiares fuertemente desestructurados, que se desenvuelven en un ambiente de marginalidad. Respecto a esta característica es preciso poner de relieve que dicha desestructuración no es solamente predicable respecto del núcleo en el que se desarrolla la vida del menor, sino incluso de las propias familias de ambos progenitores. No es difícil apreciar que las mujeres objeto del maltrato de sus parejas, han vivido incluso un ambiente similar en su propia familia. Dicho aspecto debe ser tenido en cuenta, puesto que implica que en caso de necesidad las mujeres no tengan el respaldo de aquélla, y puede determinar incluso que se prolongue el período de "aguante" ante una situación de violencia.

En segundo lugar, hablamos de familias sin recursos económicos, que dependen casi exclusivamente de la prestación de asistencia social, dedicándose a la venta ambulante, la mendicidad e incluso la prostitución. No es infrecuente tampoco la relación con la drogadicción.

Por lo que se intuye de los expedientes analizados, la protección de la mujer maltratada no parece que constituya en dichos supuestos fin específico de la actuación administrativa. En todo caso se ofertan soluciones de alojamiento temporal en centros y casas de acogida, en las que aquéllas no se ven libres de amenazas. A ello debe añadirse actitudes "poco comprensivas" de la policía, que se niega a actuar si no existe sentencia de separación.

Todo lo expuesto, determina que la mujer se vea obligada a seguir conviviendo con su agresor, y que tras las denuncias, la situación se vea incluso agravada por la reacción de aquél.

Estos y otros extremos se están analizando ampliamente desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz con la intención de ofrecer vías de intervención para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Nos consta que el propio Parlamento ha reaccionado con prontitud ante los últimos conflictos acaecidos y que se está desarrollando un plan coordinado sobre prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este problema social es un asunto de todos, y todos debemos de contribuir a mitigar la incidencia.

La queja 00/1770 Presuntos abusos sexuales en un centro de discapacitados se inicia de oficio toda vez que por la prensa tuvimos conocimiento de los posibles abusos sexuales de los que podría haber sido objeto una joven minusválida, de 20 años de edad, presuntamente por parte del director gerente de una asociación de padres de paralíticos cerebrales.

Según la información difundida, la joven, aquejada de espina bífida y una parálisis cerebral del 90%, residía en un centro dependiente de la citada asociación, concertado con la Junta de Andalucía, el IMSERSO y la Fundación ONCE, en el que podría haber sufrido estas agresiones reiteradamente durante los últimos ocho años.

Conocidos los hechos, al parecer se acordó la salida de la joven del centro, encontrándose el asunto en manos del juez, bajo el secreto de sumario.

A pesar de este último dato, consideramos conveniente impulsar un expediente para valorar la intervención administrativa a raíz de los hechos, recabando información de la Delegación de Asuntos Sociales en Málaga, organismo que nos informó del traslado cautelar de la joven a una residencia de estudiantes donde continuó cursando sus estudios. Durante la estancia en el citado centro recibió apoyo de los técnicos del centro, visitas del personal de la Delegación y se le asignó una cuidadora durante las 24 horas, al objeto que se sus niveles de atención no se vieran mermados. Al finalizar el curso escolar, y tras recabar el parecer de la joven, ésta fue trasladada a un nuevo centro en otra provincia, donde se encontraba adaptada a la nueva situación y gozaba de relaciones positivas con el resto de los residentes.

La Consejería se hallaba a la espera de conocer los resultados de la instrucción judicial para decidir posibles medidas de carácter disciplinario. A tenor de la información recibida estimamos que el asunto que motivó la apertura de la queja se encontraba solucionado por lo que procedimos al cierre del expediente de queja.