El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha cifrado hoy en más de 5.000 actuaciones las gestionadas específicamente a causa de la COVID-19. En concreto, han sido 1.606 quejas y 3.474 consultas las tramitadas a fecha de 30 de septiembre consideradas como específicas de COVID-19, y que se añaden a las restantes demandas de la ciudadanía trasladadas a este comisionado parlamentario.

En su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y Peticiones para el debate del Informe Anual 2019, Jesús Maeztu ha incorporado a la presentación de la memoria sobre las gestiones realizadas en el año de referencia una lectura sobre cómo están evolucionando a causa de esta crisis sanitaria los derechos de la ciudadanía, cuya defensa y garantía están encomendadas a esta Institución, y a la espera de un análisis más exhaustivo que contendrá un informe extraordinario que este comisionado espera presentar en el Parlamento en noviembre.

Jesús Maeztu ha señalado que la vulnerabilidad económica y social continuaba amenazando a una buena parte de los andaluces a finales de 2019 y que, ante la irrupción de la pandemia,” esas circunstancias no han hecho más que agravarse”. “La irrupción de la COVID ha vuelto a amenazar esta estabilidad”, ha señalado el Defensor del Pueblo, quien ha destacado la vulnerabilidad de los trabajadores pobres; los niños y niñas que sufren pobreza infantil; las personas mayores de 65 años en un evidente riesgo de vulnerabilidad; las personas migrantes, con un riesgo enorme de caer en la pobreza; la vulnerabilidad de familias con hijos dependientes o mujeres solas con hijos, y de las personas necesitadas de vivienda, entre otras.

“La COVID ha certificado la vulnerabilidad de los grupos citados, y otro tipo de violencias. Y sin un escudo social que garantice unas mínimas condiciones a estas personas en situación de vulnerabilidad volveremos a presenciar el mismo escenario que hace una década con la crisis financiera. Esta intervención de los poderes públicos deberá tener una misión esencial: debe estar destinada a corregir un efecto intrínseco de todas las crisis, la desigualdad”, ha señalado Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha proporcionado a la comisión algunas lecciones que en opinión de la Defensoría está aportando la gestión de esta epidemia, algunas de las cuales ya estaban siendo detectadas a principios de año.

En primer lugar, Jesús Maeztu ha citado la vulnerabilidad de las personas mayores, “con quienes la crisis sanitaria de la COVID-19 ha evidenciado nuestras miserias, y su abandono, por la falta de recursos adecuados para atenderlas”. El Defensor ha citado los casos de muertes de personas mayores en las residencias, sobre quienes mantiene abierta una queja de oficio, ampliada tras detectarse nuevos casos de contagio.  El Defensor ha incidido en la necesidad “de un cambio en profundidad sobre el modelo de atención a estas personas, así como de un reforzamiento de los servicios sociales comunitarios”.

En segundo lugar, el Defensor del Pueblo andaluz se ha referido al derecho a una buena administración. Para el comisionado, la crisis de la COVID-19 ha demostrado que, ante una situación de grave desprotección, los servicios públicos provocan garantía de seguridad y de tranquilidad. Ha sido el caso para el Defensor de la sanidad, para la que ha pedido su reforzamiento. El Defensor ha resaltado la crisis en la atención primaria, para lo que ha abierto una queja de oficio, y la importancia de la salud mental.

• El plazo para participar es del 5 de octubre al 12 de noviembre, ambos inclusive
• El fallo de los premios será el 20 de noviembre, Día Universal del Niño

El Defensor del Menor de Andalucía ha puesto en marcha una nueva edición del Premio del Menor “Así veo mis derechos”. En concreto, la Institución dirigida por Jesús Maeztu celebra la décimo tercera edición de este concurso.
 

Este Premio va dirigido a los centros educativos -todos los de Primaria, Secundaria y Educación Especial de Andalucía- y pretende promover que los niños y niñas conozcan sus derechos y fomentar la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección.

Para el Defensor del Menor, hoy más que nunca, es necesario escuchar la voz de los menores y cómo están viviendo sus derechos, y el Premio del Menor de Andalucía es una oportunidad única para que los niños y niñas andaluces, de la mano de sus educadores, conozcan un poco más sus derechos y deberes.

Con ese espíritu, tras el retorno de los niños, niñas y adolescentes a las aulas, la Institución ha querido recuperar el objetivo del Premio del Menor de Andalucía que desde hace ya 13 años organiza como Defensor del Menor de Andalucía, en estrecha colaboración con toda la comunidad educativa.

Para la Institución andaluza, la situación de excepcionalidad que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que está marcando nuestra cotidianidad, no puede entorpecer esta importante cita anual.

El Premio del Menor de Andalucía es una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos. Entre ellos, derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc. Su objetivo es promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la Dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor del Menor en Andalucía.

El Defensor del Menor de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz convoca este certamen dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño.

Más información de la XIII edición del Premio del Menor en: http://www.asiveomisderechos.es

· Denuncia que personas carentes de recursos o ingresos se encuentran atrapadas en la maraña burocrática del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima andaluza, y lamenta la falta de información o el asesoramiento erróneo de las administraciones

· Solicita a la Consejería de Política Social que aclare cuál está siendo la práctica que se ha adoptado con los expedientes de renta mínima, en cualquiera de sus fases, tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, y el criterio adoptado para la suspensión del pago de la prestación que le trasladan las personas afectadas

· Se muestra convencido de la posibilidad de pervivencia de la prestación andaluza para dar amparo a todas las personas urgidas de protección social sin demora

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha vuelto a requerir a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales una respuesta ante su petición de que reconfigure la Renta Mínima de Andalucía para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital y que ponga fin a los procedimientos que continúen abiertos desde la entrada en vigor de la prestación autonómica en 2018.

El Defensor andaluz ha lamentado la falta de respuesta sobre su último llamamiento realizado el pasado junio y ha advertido de la necesidad de conocer los planes de la Consejería ante “un agravamiento de la situación de las personas carentes de recursos o ingresos, que se encuentran atrapadas en la maraña burocrática del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima andaluza”. Entre otras cuestiones, Jesús Maeztu ha citado en su petición casuísticas como aquellas personas que han solicitado el ingreso mínimo vital y, sin llegar a obtener una respuesta, han dejado de percibir la renta mínima de inserción social en Andalucía sin notificación previa, así como otros que han tramitado la renovación de la renta mínima y pedido el ingreso mínimo estatal, sin que la Administración resuelva.

Del mismo modo, el Defensor denuncia la falta de información o el asesoramiento erróneo que desde cualquiera de las Administraciones implicadas (autonómica o local) se ofrece a las personas interesadas, “que las lleva a solicitar el ingreso mínimo vital y a desistir de la renta autonómica, a pesar de que esta última está en vigor y tiene un claro ámbito de cobertura legal, llamado a dar respuesta a todos aquellos a quienes se deniegue el primero y, muy particularmente, puede proteger a aquellos cuya solicitud de ingreso mínimo vital se desestime por tomar en consideración una capacidad económica desajustada con la realidad actual (por ir referenciada a 2019), en vez de contemplar la situación a la fecha de solicitud, como adecuadamente establece la renta andaluza”.

En definitiva, el Defensor le recuerda a la Consejería que la desinformación de la población andaluza, la casuística compleja y variopinta, el surgimiento del ingreso mínimo vital, el carácter subsidiario de la renta mínima, el retraso en la resolución de expedientes con una importante demora y la pluralidad de situaciones derivadas de las medidas extraordinarias de la renta mínima autonómica (renovaciones automáticas, prestaciones extraordinarias, plazos diversos de solicitud y percepción, así como de vigencia), hacen imprescindible que esa Consejería dé cumplimiento a todas y cada una de las Recomendaciones que le dirigimos el pasado 22 de junio y, en todo caso, que dilucide las complejidades expresadas. La Consejería tenía un mes para responder.

El Defensor solicita que se aclare cuál está siendo la práctica que se ha adoptado en relación con los expedientes de renta mínima, en cualquiera de sus fases, tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital y el criterio adoptado para la suspensión del pago de la prestación que nos trasladan las personas afectadas. Por último, el Defensor manifiesta su convencimiento de la posibilidad de pervivencia de la renta mínima de inserción social en Andalucía, ya que en su actual regulación presenta un ámbito de cobertura compatible con el ingreso mínimo estatal, cuya subsistencia permitiría dar amparo a todas las personas urgidas de protección social sin demora.

· Las quejas ciudadanas denuncian inaccesibilidad e inoperatividad

· Los profesionales advierten de desgaste y saturación

· La Institución del Defensor quiere conocer los criterios de reorganización y extraer posibles propuestas de mejora desde la perspectiva de los derechos de la ciudadanía

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio sobre la atención primaria ante la crisis sanitaria de la COVID-19, con el objetivo de analizar las posibles deficiencias de los protocolos y criterios adoptados para la dispensación de este servicio sanitario público y extraer conclusiones y posibles propuestas de mejora desde la perspectiva de los derechos de la ciudadanía.

En la atención primaria recae la responsabilidad de acometer el control inicial de los brotes víricos, además de continuar con las funciones propias de su cartera de servicios, de ahí que para el Defensor andaluz es fundamental “una adecuada prestación de este servicio público en un contexto como el que vivimos, así como su adaptación eficaz y eficiente a una realidad sanitaria de duración incierta, regida por nuevos parámetros”.

Las quejas recibidas en la Institución andaluza denuncian, entre otras causas, disfunciones e insuficiencias de la atención primaria de salud: falta de información suficiente y adecuada; dificultades para obtener cita, problemas para una atención presencial en centro de salud o insatisfacción con el resultado de la consulta telefónica; dificultades para la práctica de pruebas; criterios para la práctica de la PCR, excesiva demora en los resultados, etcétera. Por su parte, los profesionales de la atención primaria, atendiendo en estos casos a las manifestaciones públicas, denuncian saturación y advierten de un riesgo de colapso.

Para el Defensor estos testimonios evidencian, de una parte “que la atención primaria aparenta haber dejado de tener presencia en el día a día de quienes la precisan, por inaccesibilidad e inoperatividad” y, de otra, el desgaste de sus profesionales ante una nueva modalidad de atención sanitaria no presencial en la que han de conjugar la demanda ordinaria con “las labores sobrevenidas para hacer frente en este nivel a los brotes por coronavirus, que incluyen, entre otras, el rastreo, el control domiciliario de personas con síntomas y la cobertura a centros sociosanitarios y escolares”.

El Defensor andaluz es consciente del esfuerzo que supone la reorganización forzosa por la crisis sanitaria de este servicio de primer nivel de acceso al sistema sanitario público en Andalucía, con 1.517 centros de salud y consultorios en la 216 Zonas Básicas de Salud de nuestra Comunidad, pero, precisamente por el valor que la atención primaria ostenta como servicio sanitario público para toda la población, considera necesario analizar la dispensación de este servicio en el actual escenario de crisis sanitaria desde la perspectiva de la defensa de los derechos de la ciudadanía”.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio sobre los servicios de urgencias de atención primaria en los ámbitos rurales. La intención es conocer la reorganización de los mismos por la crisis sanitaria y la previsión temporal para la reanudación de su actividad.

En Andalucía existen 34 Distritos Sanitarios, y vamos a tomar como modelo la provincia de Huelva, en concreto, su Distrito Sanitario Condado-Campiña. Este distrito da cobertura a sus siete Zonas Básicas de Salud, todas ellas de naturaleza rural (La Palma del Condado, Gibraleón, Condado Occidental, Campiña Sur, Campiña Norte, Bollullos Par del Condado y Almonte).

El Defensor del Pueblo andaluz se ha decantado por esta zona tras la comparecencia ante esta Institución de representantes de las alcaldías de tres de los Ayuntamientos incardinados en este Distrito: San Bartolomé de la Torre, de la zona básica de Gibraleón, por un lado y Escacena del Campo y Paterna del Campo, de la zona básica de La Palma del Condado, por otro. Los representantes consistoriales concurrentes nos trasladaban la importancia que el servicio de urgencias dispensado en los centros de salud o consultorios referidos fuera del horario matutino ordinario y dotado con un vehículo tipo ambulancia, representa para sus respectivas poblaciones, por su ubicación y entorno y la elevada edad de sus vecinos, haciéndose eco del rechazo de estos frente a la suspensión de la actividad del punto fijo del servicio de urgencias de atención primaria, al haberse determinado concentrar la atención urgente en un solo centro dentro de la zona básica de salud.

• Un minuto de silencio desde la Institución en homenaje y reconocimiento a su labor construyendo los primeros pasos hacia la consolidación de la figura del Defensor del Pueblo Andaluz como garante de los derechos y libertades de nuestra ciudadanía 

Como Defensor del Pueblo andaluz, quiero transmitir mis condolencias y mi pesar a la familia y amigos de Manuel Conde-Pumpido (Caldas de Reyes, Pontevedra 1927), con quien tuve la suerte de trabajar en esta Institución en la década de los 90 tras ser nombrado su adjunto primero. La vida me ofreció la oportunidad de colaborar con él desde las instalaciones del Patio de Banderas y sustituirle en funciones en 1995 para volver a ser el titular de la Defensoría desde 2013, en sustitución de José Chamizo, hasta hoy. Las personas que hemos tenido el honor de representar esta figura hemos trabajado con un fin compartido: cumplir el mandato estatutario que nos obliga a defender los derechos de los andaluces y de los andaluzas, y ayudarles a resolver sus problemas y conflictos en sus relaciones con las administraciones públicas.

Manolo, como se le recuerda en la oficina, fue una referencia en cuanto a la interpretación jurídica de los problemas que nos trasladaba la ciudadanía. Su experiencia como jurista, tras obtener la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, acreditó su valía para el desempeño de este comisionado parlamentario, en quien los andaluces confían como herramienta de diálogo, transparencia y cercanía. Tras una década como Defensor del Pueblo andaluz, dos mandatos desde 1984 a 1995, Conde-Pumpido se reincorporó a la carrera judicial. Finalizó su compromiso tras presentar un último informe en el Parlamento, sobre las barreras arquitectónicas, un nuevo ejemplo de meticulosidad, rigor y pedagogía, un sello en la manera de entender la función de esta institución que hemos tratado de conservar. Su sentido común a la hora de interpretar las inquietudes de la ciudadanía y su preocupación por cumplir con las expectativas de quienes se dirigen a nosotros en la búsqueda de una solución a sus problemas han sido su legado.

Hoy, rememoran conmigo muchos trabajadores que aún continúan en la Institución ese legado y su mérito construyendo los primeros pasos hacia la consolidación de esta figura como garante de los derechos y libertades de nuestra ciudadanía.

Gracias, Don Manuel por dejarnos una Institución que entronca con las aspiraciones y reivindicaciones de los andaluces y andaluzas, con honestidad, ejemplaridad y compromiso. Los comienzos siempre son difíciles y al recibir tu herencia y el trabajo posterior de José Chamizo, podemos hoy seguir cumpliendo con imparcialidad, compromiso y cercanía, tu esfuerzo y lucha por la igualdad, la justicia y la paz en conviviencia con toda la ciudadanía.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, interviene en la mesa redonda 'Paz, justicia e instituciones sólidas' del IV Simposio del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, Gemme,  dedicada a impulsar los métodos alternativos de resolución de conflictos desde el ámbito de lostribunales. El simposio 'Mediación y tribunales'  se convoca del 21 al 25 de septiembre y lleva por título de esta edición "Pulso al impulso de la mediación en el nuevo escenario post pandemia". A lo largo de cinco días, el programa del simposio aborda las temáticas que más interesan a los profesionales de la mediación como son la transformación digital en mediación o la mediación como respuesta al aumento de litigiosidad que deja el coronavirus, todo ello de la mano de más de 50 ponentes de reconocido prestigio internacional que compartirán de manera con line con los participantes su visión y su experiencia en el ámbito de la mediación.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha lamentado hoy que la pandemia sanitaria causada por la COVID 19 ha tenido consecuencias en los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, al tiempo que ha advertido de que estos problemas se agudizarán.

El Defensor del Menor de Andalucía ha comparecido hoy ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía a fin de presentar el Informe del Menor 2019. Este Informe detalla que durante 2019 el Defensor del Menor de Andalucía realizó 5.585 actuaciones, de las cuales 2.454 se refirieron a quejas (1.789 iniciadas ese mismo año, 29 de ellas de oficio), y el resto procedente de años anteriores, así como la atención de 3.131 consultas.

El Defensor del Menor ha señalado que, si bien la Institución del Defensor del Pueblo está elaborando un Informe especial sobre los efectos de la COVID, en lo que respecta a la infancia y a la adolescencia el Defensor del Menor ha destacado, en cuanto al derecho a la salud, su preocupación por la salud mental, para lo que ha reclamado que se prioricen las unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil para atender adecuadamente toda la demanda, poniendo los medios necesarios para evitar su saturación.

En cuanto al derecho a la educación, Jesús Maeztu ha señalado que, sin duda, el gran hándicap ha sido la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, manteniendo dicha actividad por vía telemática. “La COVID ha puesto en evidencia que no todo el alumnado en Andalucía dispone de las herramientas necesarias para continuar con su proceso educativo a través de dicha modalidad, porque son todavía muchos los hogares que carecen de dispositivos electrónicos e informáticos adecuados o suficientes, o que no tienen conectividad a internet. Por ello, hemos iniciado una investigación de oficio con la administración educativa para requerir la adopción de medidas en términos de equidad y calidad”, ha afirmado Jesús Maeztu, que ha sumado las actuaciones para conocer el desfase en el aprendizaje respecto del alumnado con necesidades educativas especiales y además, en concreto, sobre el alumnado con discapacidad auditiva.

En cuanto al Derecho a la Protección, el Defensor del Menor ha resaltado su preocupación por el incremento de las denuncias de posibles situaciones de maltrato a niños y niñas durante el confinamiento. “Violencia de género o violencia a los propios menores son lacras que se produjeron en muchos hogares durante el confinamiento. Sabemos que en este periodo se incrementaron las llamadas telefónicas a los servicios de atención y ayuda a las mujeres víctimas de maltrato. Y desgraciadamente es un hecho constatado que un importante porcentaje de violencia a la infancia se ejerce en la propia familia”, ha indicado. En especial, el Defensor del Menor ha destacado que esta crisis sanitaria ha hecho mella en los más vulnerables, entre ellos, los menores migrantes no acompañados, para quienes ha exigido que no se les culpabilice de los contagios.

En cuanto al Informe sobre las actuaciones de 2019, el Defensor del Menor ha detectado carencias de atención pediátrica; quejas sobre las listas de espera y los plazos de garantía para los pacientes menores de edad; los problemas que afectan al alumnado con necesidades educativas especiales, o los fenómenos relacionados con la despoblación, entre otras cuestiones.

El Defensor del Menor de Andalucía ha dedicado un capítulo del Informe del menor a una cuestión que quiere visibilizar como es el acceso de niños y adolescentes a material pornográfico en internet. El Defensor del Menor ha subrayado los riesgos que para las personas menores de edad se derivan del mal uso de Internet, que puede perjudicar su desarrollo y su formación, además de vulnerar algunos de sus derechos fundamentales como son la intimidad, el honor, o la propia imagen, e incluso pueden ser objeto de acoso.

El Defensor del Menor de Andalucía ha señalado que se trata de un fenómeno en auge, ya que si bien la pornografía ha existido durante mucho tiempo, ahora ha cambiado el canal de distribución; simplemente los menores pueden acceder disponiendo de un teléfono móvil con acceso a Internet.

Entre los efectos negativos que causa a niños y adolescentes, el Defensor del Menor ha apuntado que el consumo de pornografía cosifica la figura de la mujer e incrementa el riesgo de agresiones y violencia sexual; puede crear dependencia en el consumidor; puede afectar a la socialización de los menores de edad; genera una relación desigual entre el hombre y la mujer, quedando esta última reducida a objeto sexual disponible y puede llevar a adolescentes y jóvenes a creer que deben emular las practicas que han observado y a fomentar la prostitución. En definitiva, los nefastos efectos de la pornografía existente en internet afectan a jóvenes que aún no tienen madurez psicológica, que pueden acceder de un modo fácil a miles de páginas, no siempre de forma voluntaria, de manera anónima, generalmente gratuita, sin ningún tipo de control y cada vez a edades más tempranas, ha concluido el Defensor del Menor de Andalucía.

Por todo ello, y con el objetivo de la especial protección de la que son objeto las personas menores de edad, el Defensor del Menor ha señalado que se deben implementar medidas que impidan, o cuanto menos, dificulten, el acceso de los menores a este tipo de contenidos, pero sobre todo educar en un uso responsable de las TIC. De este modo, ha indicado que el recurso más efectivo para evitar el acceso de menores a material pornográfico en Internet es la educación, tanto de familias como de la escuela. El Defensor del Menor de Andalucía ha abogado por superar la brecha digital entre adultos y menores y fomentar el diálogo; así como establecer una reflexión con el alumnado sobre los riesgos de este consumo, con el objetivo de contar con una educación adecuada sobre las relaciones afectivas y sexuales, ya que “el problema es que para muchos niños, niñas y adolescentes, la pornografía en Internet se ha convertido en su principal fuente de información y educación”.

Para el Defensor del Menor, tanto las familias como la escuela deben transmitir esta educación antes de que lo haga Internet, en la línea de las recomendaciones ya recogidas por organismos internacionales como la Unesco. Por último, el Defensor ha subrayado también el papel de los poderes públicos, así como de la industria del sector, que deben tener autoregulación y códigos de conducta ajustados a principios jurídicos y respetar los límites para no perjudicar a niños, niñas y adolescentes.