09/07/2014

El Defensor del Pueblo Andaluz procede al archivo de la actuación de oficio al considerar que la Dirección General de Movilidad, de la Consejería de Fomento y Vivienda, no ha aceptado nuestra Sugerencia para afrontar la ejecución de la obra que resta para la total conclusión y puesta en funcionamiento del tranvía de Alcalá de Guadaíra.

El Defensor del Pueblo Andaluz sugirió en su día a la Dirección General de Movilidad, de la Consejería de Fomento y Vivienda, que asumiera el compromiso de afrontar la ejecución de la obra que resta para la total conclusión y puesta en funcionamiento, con cargo al presupuesto del año 2015, del tranvía de Alcalá de Guadaíra, que uniría esta localidad con la línea 1 del Metro de Sevilla y que, en especial, llevara a cabo las tareas de vigilancia precisas para garantizar la adecuada conservación de la parte de obra ya ejecutada.

En la respuesta de la Dirección General de Movilidad se nos indicaba la intención de ejecutar las obras que restan para la finalización completa de la infraestructura, así como de evitar los actos de vandalismo que llevan al deterioro de lo ya ejecutado, a pesar de las dificultades que plantea su carácter lineal y urbano. No obstante, se añadía que tanto la finalización de la infraestructura, como la puesta en servicio del sistema, conlleva gastos de inversión y explotación que hacen preciso su planificación en los presupuestos de la Comunidad Andaluza. Y resulta que estos presupuestos se encuentran mermados en los últimos años y la Consejería debe adaptarse a las indicaciones que establezca la Consejería de Hacienda.

A la vista de esta respuesta y aunque valorábamos positivamente la voluntad de finalizar totalmente y poner en funcionamiento este servicio público de tanta importancia para un elevado número de ciudadanos andaluces residentes en las poblaciones que comunicará el proyectado tranvía, lo cierto es que no es posible llegar a la conclusión de que, a corto o medio plazo, la obra pueda concluirse y aún menos que el tranvía comience su funcionamiento. Y ello, porque todas las buenas intenciones que se transmiten se condicionan a las indicaciones de la Consejería de Hacienda y, en consecuencia, tememos que las obras seguirán paralizadas de forma indefinida. Ello, a pesar de las peticiones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, así como de ciudadanos de las poblaciones afectadas y sectores económicos que estiman que la puesta en funcionamiento de este servicio público es de vital importancia tanto para la ciudadanía en general como para la revitalización económica de la zona.

Por tanto, entendimos que no se había aceptado nuestra resolución por lo que, de acuerdo con el contenido del art. 29.2 de nuestra Ley reguladora, procedimos a incluir la queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía.

10/11/2014

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Fomento y Vivienda han abierto las “bolsas” de aparcamiento existentes en la Isla de la Cartuja, pero no han firmado el protocolo elaborado ni han llegado a un acuerdo sobre el establecimiento de un modelo de movilidad que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Tras la resolución formulada al Ayuntamiento de Sevilla y a la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda, entendimos que, en ambos casos, se había aceptado nuestra resolución por lo que nos dirigimos nuevamente a ambas instancias administrativas interesando que -como quiera que el objeto de este expediente de queja, amen de demandar una adecuada ordenación y utilización de las bolsas de aparcamientos existentes en el Parque Tecnológico de la Isla de la Cartuja, pretendía asimismo la adopción de políticas eficaces de planificación en materia de movilidad sostenible en la zona en el marco de un Plan Global de Movilidad Sostenible que suscriban todas las Instituciones afectadas- si se confirma el inicial consenso alcanzado, se nos mantuviera informados de la ratificación por las distintas partes del borrador de Acuerdo y, en definitiva, de la ejecución de las propuestas que contempla.

De la última respuesta que recibimos de ambas Administraciones se desprende que, aunque se ha procedido a abrir las “bolsas” de aparcamiento de la Isla de la Cartuja, no se ha firmado el protocolo elaborado ni, en definitiva, se ha llegado a un acuerdo sobre el establecimiento de un modelo de movilidad que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía que, por distintos motivos, tiene que acceder a esta zona de la Ciudad. Necesidades y demandas que, en un futuro muy cercano, van a tener una mayor entidad con motivo de la apertura de nuevos edificios e instalaciones, entre los que cabe destacar, una vez más, la denominada Torre Pelli.

Ello nos permite concluir que, por muy motivadas que, a juicio de ambas administraciones, puedan estar las razones que aduzcan para no llegar a una formula de consenso que permita dar respuesta a tales necesidades, carece de justificación alguna que unas Administraciones que -conforme al artículo 103.1 de la Constitución deben servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia y de coordinación y que, según el artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, deben, asimismo, además de observar tales principios, tener presentes en sus actuaciones los principios de eficiencia, lealtad institucional, buena fe y proximidad a los ciudadanos- no hayan sido capaces de encontrar una formula de consenso que garantice un modelo de movilidad sostenible y eficiente en un suelo de tanta relevancia como el de la Isla de la Cartuja.

De acuerdo con ello, al estimar que, solo muy parcialmente, la Sugerencia formulada ha sido aceptada (la puesta en servicio de las bolsas de aparcamiento es una medida claramente insuficiente) y que, además, no se está velando por los intereses generales de la ciudadanía adecuadamente, al mantenerse posiciones encontradas que no permiten dar una solución al grave problema de movilidad existente en la Isla de la Cartuja y el que se va a crear en su entorno, procedemos a dar cuenta de todo ello en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía.

La Administración reconoce un incremento de casos de parotiditis en la provincia de Sevilla durante los primeros meses de 2013, pero sin que dicho incremento resulte especialmente significativo desde la óptica epidemiológica ni por tanto requiera de medidas excepcionales más allá de lo previsto en los protocolos ordinarios del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. De cualquier forma nos señalan que en la provincia de Sevilla se siguieron las indicaciones previstas en el protocolo, incluyendo la estrategia vacunal.

Hemos tenido constancia a través de noticias aparecidas en medios de comunicación de la alta incidencia de casos de parotiditis (paperas) ocurridos durante las últimas semanas en colegios de Sevilla capital, circunstancia que obligó a la Administración Sanitaria (Distrito Sanitario de Sevilla) a adoptar medidas de control y seguimiento de los casos en prevención de un posible brote de la enfermedad.

Según se desprende de las posteriores noticias que han ido publicándose en distintos medios, el brote no ha llegado a tener una incidencia significativa y no ha sido necesario adoptar medidas excepcionales de prevención.

En cualquier caso, al verse implicados un importante número de menores de diversos colegios de la capital, hemos estimado oportuno iniciar una actuación, de oficio, a fin de verificar que las actuaciones desarrolladas por el sistema sanitario público han estado orientadas a garantizar el derecho a la protección de la salud de los menores, respetando en todo momento la integridad de los derechos de las familias directamente afectadas.