El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por un proceso de implantación de instalaciones de energías renovables en la Comunidad Autónoma de Andalucía "ordenado y planificado, teniendo en cuenta las afecciones que pueda tener sobre la biodiversidad y el territorio". 

El Defensor del Pueblo andaluz tiene abierta una investigación sobre esta incidencia de la proliferación de parques solares fotovoltaicos en zonas rurales de Andalucía y las medidas adoptadas para la preservación de los valores ambientales, paisajísticos y culturales de dichas zonas. A lo largo del presente año 2021, esta Institución ha recibido quejas de distintos puntos de Andalucía mostrando el rechazo a distintas iniciativas de instalación de parques fotovoltaicos, principalmente por su afección paisajística, pero también aduciendo otros valores que se verían afectados, como valores patrimoniales o arqueológicos; protección de la avifauna; protección de los recursos hídricos; protección ambiental por singularidad de los suelos o espacios; etc.

En este sentido, ha compartido hoy con la diputada de Unidas Podemos Ana Naranjo y el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, la importancia de que "exista una estrategia de implantación de estas energías que incluya la elaboración de un mapa con una zonificacion del territorio y la fijación de unos criterios para ordenar este proceso en base a un modelo realmente sostenible y que permita preservar la biodiversidad  y los valores del territorio".

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mostrado su apoyo y compromiso a la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) con una mejora de la atención en salud mental, y su preocupación porque es un fenómeno “que sigue creciendo y todavía es muy oculto”, sobre todo, en cuanto a la infancia y la adolescencia.

El Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que la reforma psiquiátrica de la década de los 80 “se ha quedado a medias, y sus consecuencias se están viendo ahora”, cuando ante la eclosión de la pandemia “son necesarios más recursos, sobre todo, más psicólogos”, y programas para la prevención del suicidio, porque cada vez hay más casos de jóvenes, ha compartido con los dirigentes de Feafes. De esta manera el Defensor del Pueblo andaluz ha “unido fuerzas” para la conmemoración del Día Mundial, mañana 10 de octubre, bajo el lema “Salud mental, un derecho necesario. Mañana puedes ser tú”.

Eso implica, según el presidente de Feafes Andalucía Salud Mental, Manuel Movilla, “aumentar la inversión pública para fomentar la atención comunitaria y el abordaje y seguimiento integral de los problemas de salud mental más complejos”, ya que según Movilla “los recursos destinados a salud mental eran ya insuficientes antes de la pandemia, pero tras la llegada del COVID-19, se hace más necesario que nunca dotar a todos los ámbitos implicados de los recursos necesarios”.

La propuesta llevada por el movimiento asociativo es que Andalucía tiene que prepararse e impulsar medidas y dar respuesta a las nuevas necesidades de la población surgidas a raíz de la pandemia, ya que la última ola va a ser la falta de salud mental.

A la reunión han asistido, además del Defensor y el presidente de la federación, Manuel Movilla, los vicepresidentes de la Federación, Carmen Sibaja y Blas García, y el portavoz del Comité Por Salud Mental de Andalucía, Javier Moreno.

Jesús Maeztu aborda las preocupaciones de la ciudadanía de la provincia con el delegado del Gobierno de la Junta en Granada

El comisionado parlamentario anuncia una próxima visita de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía a Baza y Guadix

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha trasladado hoy las principales preocupaciones trasladadas a su Oficina por la ciudadanía de la provincia de Granada al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Pablo García Pérez, entre las que ha destacado la situación de las familias en riesgo de pobreza energética; la planificación de los sistemas de energía; y la atención sanitaria y de servicios sociales que se dispensa en la provincia granadina.

En una reunión de trabajo, el Defensor del Pueblo andaluz se ha vuelto a interesar por la situación de los cortes de luz en la Zona norte de Granada capital y otros municipios de la provincia, “y ha pedido un paso más”. Desde 2015 y en diversas ocasiones el Defensor se ha interesado por la situación de las personas afectadas; ha visitado domicilios y espacios públicos como centros sanitarios y educativos para comprobar in situ estas deficiencias en el suministro; ha tramitado las quejas de los particulares, y ha impulsado reuniones de la Mesa destinada a resolver este problema. Ahora el Defensor ha solicitado “coordinación” y la posibilidad de que un equipo técnico coordine las medidas que se acuerden.

En este sentido, el Defensor ha propuesto en una reciente actuación de oficio una serie medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar y solucionar el problema de los cortes de luz que se está produciendo en distintos barrios de Andalucía.

Igualmente, el Defensor del Pueblo andaluz ha llamado la atención sobre el estado de la situación energética, que está teniendo consecuencias como el constante incremento del coste de la luz. Jesús Maeztu ha mostrado su enorme preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los hogares andaluces y, muy particularmente, para las familias más modestas y las personas en situación de pobreza energética. Desde hace unas semanas, este comisionado parlamentario ha estado reclamando la necesidad y la urgencia de aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida sobre las familias andaluzas, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables.

En este ámbito, el Defensor del Pueblo Andaluz ha trasladado su preocupación por las consecuencias sociales y ambientales que pueden derivarse del proceso acelerado de implantación de instalaciones de energía renovables -huertos solares y parques eólicos- sin una adecuada planificación previa. Maeztu ha informado al delegado provincial de la actuación de oficio abierta por la Institución sobre la falta de planificación en el despliegue de las energías renovables en Andalucía. El Defensor del Pueblo andaluz ha defendido la coordinación de los planes de lucha contra el cambio climático con otras preocupaciones de la ciudadanía como la protección del paisaje, la biodiversidad o la defensa de los intereses de las zonas en riesgo de despoblación, un posicionamiento de defensa del concepto de transición justa. En este sentido se ha referido a la situación de la línea de alta tensión entre Baza y Caparacena, proyecto que ha despertado protestas por parte de algunos sectores.

Jesús Maeztu ha avanzado que en el próximo mes de octubre un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) de la Institución se desplazará a las comarcas de Baza y Guadix, donde se atenderá personalmente a los vecinos y vecinas de estas localidades que así lo soliciten y se mantendrán reuniones con las asociaciones y los equipos de trabajadores sociales.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha incluido entre los temas de trabajo la atención sanitaria que se dispensa en la provincia, siendo Granada una de las provincias andaluzas que mayor preocupación muestra sobre los temas relacionados con la salud. Como en otras provincias, el Defensor ha señalado que se mantiene por parte de la ciudadanía la misma percepción de desatención en la atención primaria, con quejas desde Granada capital, Santa Fe, Cúllar Vega, Alhaurín el Grande, Motril o Armilla, entre otros, y la falta de pediatras en municipios de la zona norte, que han trasladado queja. En cuanto a los servicios sociales, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que la principal razón de las peticiones de la población de la provincia, en lo que se refiere a la renta mínima de inserción social, se fundan en las dilaciones en la gestión y resolución de procedimientos, en torno a los diez meses, ha apuntado . Por su parte las dilaciones en la valoración de la discapacidad del Centro de Valoración y Orientación de la provincia supera los 18 meses para la valoración de la discapacidad cuando el plazo legal máximo es el de seis meses.

La salud, el medio ambiente y los servicios de interés general (consumo) han sido -tras los problemas planteadas por el personal del sector público- los asuntos que más actuaciones están motivando la intervención del Defensor del Pueblo andaluz en la provincia de Granada, más de 800 quejas gestionadas y 750 consultas atendidas en lo que va de año, en total, más de 1.500 actuaciones.

En paralelo, el Defensor del Pueblo andaluz celebra en la ciudad a partir de las 19:00 horas su tercera sesión de los Diálogos de Mediación (#MediacióndPA) con el fin de reflexionar sobre “La comunicación y la gestión de emociones en la mediación”, que se puede seguir vía streaming. Este jueves el equipo técnico mantiene una reunión con asociaciones de mediación.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido este viernes en Granada al acto oficial de apertura del Año Judicial, que se ha retomado tras la suspensión del pasado ejercicio aunque con un formato reducido ajustado a las restricciones sanitarias. En la fotografía, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrego.

Con motivo del elevado precio de la elecrtricidad insistimos en nuestra petición recogida en nuestro comunicado de 1 de agosto pasado donde indicábamos que "se pueden y deben adoptarse otras medidas que minoren los efectos mas perjudiciales de esta excepcional subida de precios que afecta a un bien esencial como es la electricidad". En el mismo, el Defensor del Pueblo mostraba "su enorme preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los hogares andaluces y, muy particularmente, para las familias mas modestas y las personas en situación de pobreza energética. Por ello, el Defensor ha considerado necesario y urgente aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida sobre las familias andaluzas, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables". enlace al comunicado del dPA del 1 de agosto

Entendemos necesario que una norma de rango legal establezca el derecho de las personas usuarias de los servicios energéticos a un mínimo vital que garantice la cobertura de las necesidades básicas de cualquier hogar aunque se encuentre en situación de precariedad económica. Este derecho a un mínimo vital energético que propugnamos debe integrar la actual regulación del denominado bono social eléctrico, superando las notorias carencias e insuficiencias de la misma y debe hacerse extensivo al resto de servicio energéticos.»

Artículo de opinión del Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, publicado hoy en Grupo Joly

Los derechos de los sin voz

Este lunes, 30 de agosto, ha entrado en vigor la nueva Ley de la Infancia en Andalucía (Ley 4/2021, de 27 de julio), en cuya Disposición adicional novena se recoge que “El Defensor del Menor de Andalucía, creado por la Ley 1/1998, de 20 de abril, pasa a denominarse Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía”. Asimismo, la nueva ley otorga una ampliación de las competencias de la Defensoría de la Infancia como instrumento para la protección y defensa de los derechos de los menores.

Tras dos décadas desde la creación del Defensor del Menor en Andalucía, el cambio de nombre es una reivindicación de la Institución andaluza en la consolidación de su papel como garante de los derechos de la infancia y adolescencia que contempla el Estatuto de Autonomía y las directrices del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas , además de responder a la demanda de la sociedad andaluza por dar una mayor trascendencia al desarrollo y protección de los derechos de las personas menores de edad.

El Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha valorado muy positivamente esta nueva ley que garantiza “una protección integral a los niño y niñas y adolescentes en nuestra Comunidad, atendiendo sus necesidades, regulando sus derechos y deberes y reconociendo un destacado protagonismo a las familias como eje primordial y principal para el desarrollo del menor”, entre otros aspectos.

Como ya ha manifestado en el Parlamento andaluz con motivo de su tramitación y debate, “se trata de una ley necesaria que actualiza y modifica la regulación hasta ahora vigente en relación con las nuevas demandas y circunstancias sociales que están incidiendo en este colectivo especialmente vulnerable de nuestra sociedad”. Para Jesús Maeztu, “la evolución que la figura del niño y de la niña ha tenido en los últimos años demandaba articular una legislación acorde con esta nueva dimensión social”.

Esta nueva norma nace con una clara vocación de otorgar mayor protagonismo al principio del interés superior del menor en su triple dimensión como derecho sustantivo, principio general y norma de procedimiento e incorpora innovaciones significativas para su protección integral como el valor social de la infancia, la promoción del bienestar, el buen trato a la infancia, los valores de respeto, convivencia y no violencia, el impulso de la alfabetización digital, o la novedosa regulación de las situaciones de riesgo.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha incorporado a su queja de oficio sobre la situación de las residencias de mayores en Andalucía desde el inicio de la pandemia, una investigación específica por los últimos brotes por Covid en residencias de Alcalá de Guadaíra, Sevilla y Écija, en estos últimos casos, con el lamentable suceso del fallecimiento de varias personas residentes.

En el transcurso de esta queja de oficio sobre las residencias andaluzas, la Institución ha ampliando su investigación a varios de estos centros específicos donde se han producido los casos más preocupantes, entre ellos, ahora los últimos brotes detectados en residencias de Alcalá de Guadaíra, Sevilla y Écija. En todos estos casos, ha solicitado a la Administración información sobre los criterios aplicados para la detección diagnóstica de posibles contagio vírico de personal de dichos centros residenciales de mayores así como aquellos aspectos específicos que ayuden a esclarecer y poner medidas para evitar que se reproduzcan estas situaciones.

Fruto de esta queja, el Defensor del Pueblo andaluz se ha dirigido a las consejerías de Salud y Familias, y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, interesándose por las medidas específicas adoptadas para la salvaguarda de la salud de las personas mayores residentes en estos centros de Andalucía, cualquiera que sea su titularidad, frente al riesgo de contagio por COVID-19; concretando cuáles sean y desde cuándo se aplican, así como las actuaciones de coordinación entre ambas consejerías.

También ha mantenido reuniones con asociaciones de mayores y entidades sociales que trabajan en estas residencias y con gestores de algunos de estos centros y personal sanitario y prestadores de otros servicios de los mismos. De la ingente información obtenida de estas fuentes diversas, el Defensor ha demandado “la imperiosa necesidad de extremar las precauciones y medidas de protección de las personas mayores que viven en residencias, como colectivo de especial vulnerabilidad por la limitación de sus capacidades y su exposición al contacto humano, al depender absolutamente del mismo para su supervivencia ordinaria”.

En todas las ocasiones, el Defensor del Pueblo andaluz ha mostrado su enorme preocupación por el devenir de las personas mayores que viven en centros residenciales en nuestra Comunidad y ha hecho un llamamiento público ante el Parlamento de Andalucía, defendiendo la necesidad de priorizar “crear un sistema integral de atención a las personas mayores”. “Es preciso aplicar medidas preventivas de salud más rigurosas, intensas y sostenidas en el tiempo en los centros residenciales, tanto para las personas residentes como para el personal que presta servicio en los mismos. Hay que alcanzar una economía de cuidados, con especial atención a la población de mayores, para comprender sus problemas de soledad, aislamiento, ... y dentro de ello, analizar que los mayores están todavía más solos fuera de su casa, en las residencias", ha subrayado el Defensor, Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz inició a finales de 2020 una queja de oficio a fin de conocer el estado de la Torre de Benzelá situado en la localidad de Torredonjimeno (Jaén). La Institución quería conocer el estado de conservación de este Bien de Interés Cultural y la relación de medidas previstas para garantiar su régimen de proteción. Tras recabar información de las administraciones competentes, a finales de julio ha remitido Resolución a la Delegación de Cultura en Jaén y al Ayuntamiento de Torredonjimeno en la que recomienda que se extremen las labores de vigilancia sobre los intereses culturales amparados por el BIC de Torre Benzelá y su entorno, además de sugerir  que se estudien las posibles iniciativas de conservación y protección de los elementos susceptibles de intervención ante la propiedad del BIC conforme a los procedimientos establecidos por la legislación de patrimonio histórico-artístico.