La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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CUMBRE DE PARÍS: Un paso imprescindible pero insuficiente

Por primera vez, cerca de 200 países, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP21, han ratificado un tratado, de ahí su carácter vinculante, para alcanzar un objetivo que la mayoría de los participantes y amplio sectores de la sociedad civil consideraban irrenunciable: no superar en el año 2100 en 2 C° la temperatura de nuestro planeta respecto de “los niveles preindustriales”.

Ese objetivo se ha asumido por las partes firmantes del tratado, 195 países, e incluso se ha producido una “declaración de intenciones” para que esa temperatura no se supere en un grado y medio.

No obstante, estos compromisos se asumen a distintas velocidades y con diferentes esfuerzos según se trate de países desarrollados, emergentes o en situación de pobreza.

Por otro lado, aunque se han previstos revisiones quinquenales del grado de compromiso asumidos a partir de 2020 es lo cierto que no existen claras vinculaciones jurídicas por objetivos calendarizados para la mayoría de los países.

En este contexto no podemos obviar que según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el cambio Climático, IPCC, el calentamiento provocado en gran medida por la emisión de gases de efecto invernadero, singularmente dióxido de carbono, provocado por el consumo de energías fósiles va a continuar en los próximos años, siendo así que en 2030 se seguirán produciendo más gigatoneladas de gases de este tipo de las que sería exigible para conseguir al menos su neutralización.

Por otro lado, no podemos obviar tampoco que no se observan en el texto del acuerdo compromisos claros sobre la necesaria descarbonización de la economía, muy probablemente para facilitar la firma del acuerdo de importantes países productores de petroleo.

Se tiene previsto realizar una importante aportación económica por parte de los países desarrollados para compensar los esfuerzos y las consecuencias que la exigencia de la lucha contra el cambio climático pueda tener en otros países, pero no tenemos certeza sobre el grado de compromiso que real y efectivamente van a asumir los dos países emergentes que en la actualidad se encuentran entre las cuatro potencias que mayor emisión de gases de la naturaleza comentada están provocando.

En fin, también se echa en falta, aunque se dé por supuesto, que la lucha contra el cambio climático implica un claro cambio en el modelo productivo en los ámbitos de consumo y en la incorporación decidida de las energías renovables para garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo económico.

En conclusión sin lugar a dudas el ya denominado “Acuerdo de París” es un paso trascendente pues la evidencia científica de la incidencia del factor humano en el aumento de la temperatura del planeta y la necesidad de luchar contra las consecuencias que ello está teniendo, y sin lugar a dudas va a tener en nuestro planeta y, de manera especial, en los sectores sociales más desfavorecidos, era un paso imprescindible para que los gobiernos del mundo incorporarán, de manera vinculante, a sus agendas este reto.

Ahora bien, este primer e importante paso no debe hacernos olvidar que solo ha comenzado a recorrerse un largo camino hacía la meta del 2100, a la que no se podrá llegar si no se van cumpliendo de manera fehaciente las etapas intermedias. Esta condición previa, hoy por hoy, no está garantizada por lo que las instituciones y la sociedad civil deben mantenerse alertas y exigentes para que nada nos pueda detener en su recorrido.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas por la Consejería de Educación, respecto a la creación de plazas en la RPT de la categoría de Intérpretes de Lengua de Signos y, en su caso, determinar las causas que motivan la demora en su aprobación.

ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO: Hangout on Air. #debatesMedialabUGR

1.- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acoso escolar y ciberacoso?

2.- ¿Cómo entienden las instituciones que representáis estos dos fenómenos?

3.- ¿Cómo se abordan estos fenómenos desde el ámbito educativo, psicológico y familiar?

4.- ¿Existen  dificultades para su identificación? ¿Hay herramientas eficaces para hacerlo?

5.- ¿Qué falta o qué faltaría por hacer desde los distintos niveles (institucional, educativo, familiar y de la sociedad civil)

 

El próximo miércoles 16 de diciembre, a las 21:30 horas, el Defensor del Menor de Andalucía y Save de Children celebramos una sesión de #debatesMedialabUGR (en colaboración con #debatesGrinUGR) con la temática “Acoso escolar y ciberacoso: introducción al fenónemo y dificultades para su detección”.

El fin de este encuentro es promover en las redes un debate  sobre el acoso escolar y el cibercaso, entendidos ambos fenómenos como una forma de violencia contra la infancia, y que por sus características, debe ser tratada de manera específica. En definitiva, un debate on-line que posteiormente analizaremos en la jornada que vamos a celebrar el próximo 18 de febrero de 2016 en Granada con la colaboración de Medialab UGR y GrinUGR.

El encuentro se realizará a través de Google Hangout y se podrá seguir por Youtube. Hablaremos de los principales rasgos de este fenómeno, de la detección precoz y atención, junto con la prevención, la sensibilización y el conocimiento de esta realidad como claves principales para combatir esta forma de violencia contra niños y niñas.

Para seguir el debate en directo puedes hacer lo siguiente:

  • apuntarte al evento en Google Plus; o/y
  • dejar tu correo electrónico en este formulario y a la hora del comienzo del evento te enviaremos el enlace desde el que podrás seguir el debate en directo.

 

La escuela debería ser siempre un espacio en el que sentirse seguro. Sin embargo, para muchos niños, la escuela se ha convertido en la fuente de un tipo de violencia del que son víctimas y que ejercen sus propios compañeros. Es el acoso escolar, que muchas veces se traslada a las Redes Sociales, en un uso irresponsable de las mismas, realizándose el denominado cíber-acoso

Este tipo de violencia entre iguales tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo.

Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros evitar que el acoso escolar siga existiendo, pero son también necesarias medidas legislativas que lo impidan. Por eso os invitamos a participar

 

PARTICIPAN en el debate sobre “Acoso escolar y ciberacoso: introducción al fenómeno y dificultades para su detección” #DebatesMedialabUGR

 

María Angustias Salmerón Ruiz

Autora del blog http:www.mimamayanoespediatra.es

Pediatra de la Unidad de Medicina de la Adolescencia del Hospital Universitario La Paz y del Hospital Ruber Internacional.

Coordinadora del grupo de trabajo TIC de la SEMA (Sociedad Española de Medicina del Adolescente).

Autora de múltiples artículos sobre la repercusiones de las TIC en la salud y de la ´"Guía clínica sobre el ciberacosos para profesionales de la salud.

Incluiríamos también tu perfil de Twitter, incluido la foto que aparece en el perfil.

 

Mª Teresa León Gutiérrez.

Psicóloga Experta en Intervenciones Sistémicas y Terapia Familiar.

Actualmente psicóloga de Centro Matices, en atención infanto-juvenil y familiar. Con amplia experiencia en la colaboración con organizaciones no gubernamentales principalmente en atención a  población en riesgo de exclusión social.

@centromatices 

 

Mayte Salces Rodrigo

Asesora Responsable de Área Menores y Educación del Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor en Andalucía, Profesora asociada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha trabajado como asesora en la Institución del Defensor del Pueblo Estatal. Más de 10 años trabajando en el ámbito de los derechos de los niños y niñas.

@DefensorAndaluz

 

Carmela del Moral Blasco

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como abogada en un despacho especializado en familia (ABA abogadas) y en una cooperativa de abogados donde ofrecía asistencia y acompañamiento legal a menores desde su detención. Residió varios meses en Phnom Penh, Camboya, donde colaboró con la ONG Cambodia Against Child Trafficking, asesorando a varios departamentos y participando en inspecciones sobre el terreno. Desde Junio de este año trabaja en el Departamento de Advocacy de Save the Children como analista jurídico de derechos de infancia.

@SaveChildrenEs

 

Moderan:

Esteban Romero Frías (@poliseawww.estebanromero.com): Profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad y coordinador de GrinUGR – Colaboratorio sobre culturas digitales en ciencias sociales y humanidades vinculado a la Universidad de Granada. Es experto en el impacto social de la tecnología y en cultura digital, temas a los a que se dedica en su investigación y de forma profesional. Firme defensor de una cultura abierta realiza una intensa labor divulgadora a través de su web www.estebanromero.com y de diversas redes sociales, particularmente en Twitter (@polisea).

Isabel Arrebola Martín (@isagranada; twitter de su organización @SaveChildrenEs)
Responsable de Acción Social en Andalucía de Save the Children. Licenciada en Pedagodía. Desde 2003 trabajo en Save the Children asumiendo diversas áreas de trabajo. Gestión de Proyectos, Formación, Comunicación, Gestión de Personas, Voluntariado y Marketing. En definitiva trabajando cada día para que ser menor de edad, no signifique ser menor en derechos.

 

Transparencia, acceso a la información y buen gobierno de las Entidades Locales

Hoy,10 de diciembre de 2015, se cumple el plazo de dos años para la entrada en vigor de las Leyes de Transparencia andaluza y estatal en lo que afecta a las Entidades Locales, de conformidad a lo previsto por la Disposición Final Novena de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno y a la Disposición Final Quinta de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Con frecuencia se nos plantea por los sujetos pasivos tributarios la generación de incidencias en el funcionamiento de los Tribunales Económico Administrativos municipales, en relación con la tramitación de reclamaciones económico-administrativas sobre cuestiones atinentes a gestión y recaudación de tributos y otros recursos de naturaleza pública. Como principal motivo de queja aparecen los considerables retrasos en la tramitación de aquellos procedimientos.

Todo ello determina que tales retrasos puedan resultar contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 en relación con el articulo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se propone la iniciación de queja de oficio respecto de los Ayuntamientos que cuente con el régimen de organización de Grandes Municipios, previsto en la normativa básica de Régimen Local y en la Ley 2/2008, autonómica citada.

 

El Defensor del Pueblo Andaluz, ante la gravedad de los hechos denunciados el pasado 4 de marzo de 2015 por una persona que, tras presentar queja en la Institución, manifiesta su sospecha de que se han filtrado sus datos a terceras personas, quiere informar de lo siguiente:

 

  1. Que, desde el primer indicio de sospecha de una posible vulneración del derecho a la intimidad, el Defensor del Pueblo Andaluz ha actuado de inmediato con todos los mecanismos legales a su alcance para preservar y garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal objeto de su tratamiento. En este sentido, el 6 de marzo de 2015 el Defensor ordenó la apertura de un expediente de investigación reservada cuyo resultado puso en conocimiento de la Fiscalía para que, si así lo consideraba, prosiguiera con la investigación, dada las limitaciones legales que afectan a la Institución para avanzar en la misma sin que pudieran resultar afectados los derechos de las personas al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz.
  2. Que, posteriormente, la Fiscalía pone en conocimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que ante los indicios de que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de la comisión de un delito, se da traslado al Juzgado para que instruya las diligencias pertinentes
  3. Que, como garante de derechos, la Institución respeta la presunción de inocencia en tanto no haya concluido la instrucción judicial. En este sentido, confiamos en la actuación judicial para el esclarecimiento de los hechos y en su pronta resolución dada la índole de los derechos concernidos.
  4. Que de estos hechos ha sido informado la Presidencia del Parlamento de Andalucía y estamos a disposición de la Cámara Andaluza para cualquier requerimiento que sobre este asunto demande del Defensor.
  5. Que queremos manifestar nuestro compromiso con la persona afectada, que presentó queja ante el Defensor, y con su deseo expreso para que, en la medida de lo posible, se evite una nueva exposición pública del caso por los daños que tal situación añadida le provocaría.
  6. Y, finalmente, queremos trasladar a todos los ciudadanos y ciudadanas nuestra preocupación e interés por aclarar estos hechos, en nuestro compromiso por garantizar y proteger sus derechos, y como beneficiarios de una relación de confianza que. desde hace más de 30 años, han depositado en el trabajo de la Institución.

 

 

Reunión con trabajadores intérpretes de lengua de signos de RTVA
Hemos celebrado en esta Institución una reunión con  trabajadores que prestan sus servicios como Intérpretes de Lengua de Signos en la Televisión andaluza -Agencia RTVA- con la empresa JEPROTEC S.L.
 
Persisten en su denuncia sobre merma de las condiciones laborales lo que repercute en una baja calidad del servicio, en perjuicio de la comunidad sorda andaluza. Se encuentra en huelga desde hace más de un mes.
 
Se les informan que con fecha 26 de noviembre pasado, se solicitó el preceptivo informe a la Subdirección General de la RTVA.
 
Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que contempla una visión transversal de las políticas públicas y de los diferentes objetivos que se pretende con ella. Entre estos, garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se suma a esta convocatoria e informa que muy recientemente ha mantenido una reunión con las ocho federaciones provinciales de personas con discapacidad de Andalucía.

En este encuentro se llegaron a una serie de conclusiones que van a facilitar que esta Institución inicie actuaciones de oficio destinadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

El art. 9.1 de nuestra Carta Magna establece que la Constitución vincula no sólo a los poderes públicos, sino también a la sociedad. Justamente por ello, El Defensor del Pueblo Andaluz desea hacer un llamamiento a administraciones públicas y a la sociedad civil recordando que es un reto inaplazable suprimir los obstáculos que impiden el libre disfrute de los derechos y libertades en pie de igualdad y ello es una tarea de todas las personas.

El dibujo que acompaña a este mensaje es de Juan Carlos Contreras, dibujante de Jaén que se ha inspirado en el escrito de conclusiones de esta Institución sobre la reunión que mantuvimos con las ocho federaciones provinciales de personas con discapacidad de Andalucía y nos llegado gracias a la Presidenta de FEJIDIF).

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 15/2789 dirigida a Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, Dirección Gerencia

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor se congratula de las iniciativas llevadas a cabo en el ámbito de la prevención del suicidio y aboga porque se agilice el resultado de los ensayos realizados para que se promueva su extensión a todo el SSPA.

28-06-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Medidas para la prevención del suicidio.

En esta Institución promovimos hace algún tiempo un expediente de queja de oficio (12/7112), alertados por el aparente incremento del número de suicidios en España, que parecían relacionarse con la situación de crisis económica, y más específicamente con la práctica de los desahucios.

Llevados por nuestro deseo de investigar la existencia de una eventual relación causal entre ambas magnitudes, solicitamos informes a diversas entidades con resultados poco satisfactorios, por la dificultad para hacernos con datos fidedignos, así como de alcanzar conclusiones a este respecto.

Lo anterior sin embargo, lejos de provocar nuestra desincentivación en este asunto, nos ha permitido ser conscientes de la importancia que revisten las medidas de prevención del suicidio, más aún en el contexto socioeconómico actual, y de la necesidad de que se establezcan estrategias globales que las contemplen.

Esta demanda no solo proviene de profesionales del sector de la salud mental, sino también de la ciudadanía, pues en esta Institución hemos recibido a asociaciones de afectados que nos han trasladado diversas reivindicaciones.

En este sentido demandan en primer lugar una extensión de la estrategia preventiva más allá del ámbito de la enfermedad mental (educativo, laboral,...) una mayor especialización de los profesionales, una actuación decidida en relación con los supervivientes, y una meditada difusión a través de campañas institucionales, similares a las que pudieran venir realizándose en otros aspectos (accidentes de tráfico, drogas, violencia de género,...).

En el curso de la tramitación del expediente antes aludido, conocimos la intención de la Administración Sanitaria, de elaborar un protocolo de prevención de suicidios de manera conjunta con los servicios sociales, que traía causa en el estudio elaborado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Universidad de Granada, y la Asociación Stop Desahucios.

Ya entonces manifestamos la necesidad de llevar a cabo un seguimiento de esta iniciativa, por lo que el acceso a su desarrollo y eventual resultado final es uno de los objetivos fundamentales de este expediente.

Por otro lado también hemos podido saber, por el Informe de la Defensora del Pueblo del Estado correspondiente al pasado ejercicio, y a resultas de una queja tramitada ante dicha Institución, que la Administración sanitaria a nivel estatal trabaja en el establecimiento de una estrategia global y multisectorial de prevención del suicidio, mediante la actividad desarrollada por un grupo específico que esperaba las aportaciones de las distintas Comunidades Autónomas durante el primer trimestre de este año, con el fin de incorporar sus resultados a la próxima revisión de la Estrategia de Salud Mental.

Nos interesa igualmente por tanto conocer en qué medida la Administración sanitaria Andaluza ha participado en esta iniciativa, y la información que nos pueda proporcionar sobre la misma.

En el interés de favorecer la implantación de las directrices que en esta materia ha emitido la Organización Mundial de la Salud, hemos decido iniciar un expediente de queja de oficio, contando con la habilitación que a tal fin nos confiere el art. 10.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, y solicitar el informe previsto en el art. 18.1 de aquella a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

04-02-2015 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor se congratula de las iniciativas llevadas a cabo en el ámbito de la prevención del suicidio y aboga porque se agilice el resultado de los ensayos realizados para que se promueva su extensión a todo el SSPA.

Para dar respuesta a nuestro requerimiento de información, la Administración sanitaria nos ha enviado un informe recopilatorio de diversas iniciativas, algunas de las cuales se insertan en el denominado proyecto Euregenas, mientras que otras se vinculan a la estrategia de salud mental del SNS, o a la elaboración del III Plan integral de salud mental de Andalucía.

Así, el primero prevé medidas preventivas en el ámbito de la educación, con el desarrollo de un documento sobre “Prevención de la conducta suicida e intervenciones tras el suicidio. Recomendaciones para el ámbito educativo”, las cuales se están pilotando en un instituto de educación secundaria, al tiempo que se prevé para este curso escolar, la introducción de una línea de educación socio-emocional (“Creciendo en salud” y “Forma joven en el ámbito educativo” para las etapas de educación infantil y primaria por una lado, y secundaria por el otro) dentro de los programas de promoción de la salud en el ámbito educativo.

También contempla el proyecto aludido la formación de profesionales, para llevar a cabo en cascada desde las unidades de gestión clínica de salud mental, a las unidades de salud mental comunitarias, y a los centros de salud de sus áreas de referencia; así como la incorporación a la historia clínica digital en el ámbito de la atención hospitalaria, de un guión para la exploración del riesgo de suicidio, y la implementación de un programa de prevención del suicidio en todas las UGC de salud mental como objetivo recogido en el acuerdo de gestión clínica.

Ahora bien, con respecto a dos de las cuestiones más reivindicadas por los ciudadanos y asociaciones que nos han trasladado su inquietud en esta materia, la Administración reconoce que existe poca experiencia de apoyo mutuo entre personas en duelo por suicidio, y con independencia de la posibilidad de que puedan ser derivados para atención a los servicios de salud mental, se alude a alguna modalidad de colaboración en algún distrito sanitario, que incluye formación a los profesionales de los servicios sociales comunitarios, sobre la base del documento denominado “Establecimiento y mantenimiento de grupos de apoyo para personas con duelo por suicidio: Herramientas para facilitadores”.

Por otro lado, no existe planteamiento de campañas institucionales en medios de comunicación, como las que están proponiendo algunos de nuestros interlocutores, al entender que este punto reviste gran complejidad, y que los programas de educación masiva tienen una eficacia limitada, en favor de los dirigidos a grupos específicos. No obstante aluden a la elaboración de un reportaje sobre prevención del suicidio (“Apostar por la vida”) para el programa Reporteros, que ha sido presentado como ejemplo de buena práctica en la conferencia final del proyecto Euregenas mencionado.

Por último, se nos da cuenta de la propuesta para una estrategia andaluza de prevención de la conducta suicida que se ha traslado desde el SAS y FAISEM a la Consejería de Salud, así como de la contemplación de objetivos y líneas de actuación relacionadas con la prevención del suicidio dentro del III PISMA que en la actualidad se está elaborando.

En definitiva tenemos que concluir que se están promoviendo diversas iniciativas, aunque algunas permanecen aún en el marco estrictamente teórico, mientras que otras ya se están pilotando en algunos dispositivos, lo que nos lleva a desear la pronta valoración de sus resultados, a fin de que se puedan extender en el menor tiempo posible al resto del territorio.

En este estado de la cuestión concluimos nuestras actuaciones en este expediente, sin perjuicio de que nos mantengamos atentos a la culminación de las propuestas mencionadas, y la efectiva puesta en práctica de las mismas, a través de las correspondientes actuaciones de seguimiento.

 

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 15/3496 dirigida a Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, Complejo Hospitalario Universitario de Huelva

Incumplimiento de plazo de garantía en primeras consultas de especialidades del hospital de Huelva por cierre de las agendas.

Hemos accedido a la información aparecida en un medio de prensa escrita en relación con el cierre de las agendas para consultas de especialidades en el Complejo hospitalario universitario de Huelva, y el incremento de los tiempos que esta situación está provocando en las citaciones, los cuales exceden con mucho el plazo de garantía de respuesta previsto normativamente.

En este sentido se alude a la imposibilidad de que desde los centros de salud se solicite directamente la consulta en la fecha en la que el médico de atención primaria realiza la derivación, por lo que aún cuando pudieran incluirse en registro, dichas peticiones quedan en un “limbo virtual” hasta que la agenda no vuelve a abrirse, y es entonces cuando se contabiliza su recepción y empieza a contar el plazo.

De esta manera se afirma que solo cuatro especialidades son objeto de citación dentro del plazo de 60 días previsto en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, a saber, ORL, Salud Mental, Neumología, y ginecología. De las demás, hay algunas que se sitúan en torno a los tres o cuatro meses (cardiología, digestivo, neurología, medicina interna, y dermatología), mientras que otras se demoran hasta los siete (traumatología) y ocho meses (oftalmología).

Así también se refleja que los ciudadanos se ven obligados a formular reclamaciones, y que solamente en estos casos se agiliza el proceso.

Las fuentes consultadas contienen la explicación ofrecida por ese centro en torno al cierre de las agendas, que si bien no permite que los médicos de atención primaria citen directamente en el tramo de las mismas que les resultaba accesible, ello no impide que la solicitud se transfiera informáticamente al hospital, y que se cite desde el mismo cuando la nueva agenda esté disponible.

Desde esta Institución sin embargo consideramos que, con independencia del sistema que se utilice para las citaciones, lo que se esta cuestionando es el cumplimiento del plazo de garantía de respuesta para las primeras consultas de especialidades, y la fiabilidad de los datos que en relación a los mismos son objeto de publicación anual.

En este sentido cabe recordar que la fecha de inscripción en el registro de primeras consultas de atención especializada coincide con la de la solicitud de la misma por parte del médico de atención primaria (art. 9 del Decreto 96/2004, de 9 de marzo), y que el incumplimiento del plazo de garantía para las especialidades en las que el mismo está previsto, habilita para solicitar el documento de atención en un centro privado autorizado.

 

A la vista de lo expuesto, y con el fin de investigar la situación que se describe, hemos decidido la iniciación de un expediente de queja de oficio, con fundamento normativo en el art. 10.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, y la solicitud del informe previsto en el art. 18.1 de la misma a la Dirección Gerencia del Complejo hospitalario universitario de Huelva.

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