El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio por la ocupación de unos locales, propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Consejería de Fomento y Vivienda, en los bajos de unos edificios de la zona de Puche Sur como viviendas improvisadas.

El Defensor del Pueblo Andaluz tuvo ocasión de conocer personalmente esta situación durante su visita a este barrio almeriense el pasado mes de octubre, invitado por la Mesa Comunitaria del Puche, que le trasladó la principal problemática del barrio y denunció la falta de respuesta de las administraciones públicas, sobre todo en cuestiones relacionadas con la limpieza del río Andarax, la vivienda, la salubridad, el alumbrado público, las deficiencias del viario y la mejora de los equipamientos, entre otros aspectos.

Para el Defensor andaluz, la situación concreta del uso de estos locales como viviendas improvisadas reviste serio peligro para sus moradores, sobre todo para los menores que allí viven, al carecer de las condiciones adecuadas de seguridad y salubridad.

Es por ello, que el Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda, queriendo conocer la necesidad de vivienda de las familias ocupantes y las posibles soluciones que pudieran haber.

En concreto, le solicita a AVRA información sobre esta situación, así como la fecha en la que empezaron a producirse las ocupaciones de los locales y qué medidas se están poniendo en marcha. En relación con esto último también pregunta si se están llevando a cabo actuaciones de intervención social con las familias afectadas, especialmente en lo que a necesidad de vivienda se refiere, y si están registradas e identificadas como demandantes de vivienda protegidas.

En su momento nos interesamos por cómo se gestiona una de las modalidades de disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, en concreto el denominado uso compasivo, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Consideramos que se han establecido instrumentos en orden deteminar la necesidad de autorización previa a la solicitud de uso compasivo, en cuyo caso se podrán establecer criterios homogéneos para lograr aquella.

Solicitamos a EMASESA una modificación de su normativa reguladora para modular la facturación excesiva en casos de pérdida de agua por fugas, averías o defecto de construcción o conservación de las instalaciones interiores, cuando ésta sea involuntaria y reparada con la debida diligencia.

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha tramitado la queja de oficio 15/3706 al conocer, en primer lugar, que la reforma de la Ley de Montes, aprobada por las Cortes Generales, posibilita que se pueda producir un “cambio de uso forestal” sobre terrenos incendiados por razones imperiosas de interés público frente a la prohibición absoluta existente antes de la reforma. Tales cambios correspondería autorizarlos, con carácter excepcional y por los motivos mencionados, a las Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, la modificación realizada por la Ley ha hecho que no sea obligatorio, como hasta ahora, que todos los montes, cualquiera que sea su titularidad, pública o privada, cuenten con un proyecto de ordenación, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente que tendría que elaborarse a instancia del titular del monte o del órgano forestal de la Comunidad Autónoma donde estuviera situado, debiéndose aprobar por ésta. La consecuencia es que los “montes privados no protectores” dejan de estar obligados a tener esos planes, facultando a las Comunidades Autónomas para que regulen los supuestos en que estos pueden ser exigibles.

El actuación de oficio ha tenido por objeto, por un lado, que la Comunidad Autónoma de Andalucía exija que todos los montes, incluidos los de titularidad privada, cuenten con esa figura de ordenación y protección y, por otro, que no permita excepciones que faciliten la urbanización de los montes incendiados.

En definitiva, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz pide un compromiso de la Junta de Andalucía con la preservación y conservación de estas “infraestructuras forestales” imprescindibles en la protección del derecho constitucional y estatutario a un medio ambiente adecuado.

El Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children han incidido en la necesidad de una mayor implicación de los centros educativos para luchar contra la lacra social que supone el acoso escolar. Ello significa la implicación de toda la comunidad educativa, la formación de los profesionales para la detección de estos casos y el reconocimiento por parte del centro educativo con medidas preventivas que permita actuar a tiempo.

Ambas entidades han organizado el Hangout “Acoso Escolar y ciberacoso: introducción al fenómeno y dificultades para su detección”, que se celebró en la noche del pasado 16 de diciembre con la participación también de otros expertos en la atención a menores.

Para el Defensor del Menor se trata de una vulneración de los derechos de niños y niñas. Vulneración de su derecho a la intimidad y a la propia imagen, a la integridad física y moral de la víctima. Pero en el acoso y ciberacoso no sólo se vulneran los derechos de la víctima. Sus efectos se extienden también a las familias, al resto de los compañeros y al propio agresor o agresores.

Por su parte, Save the Children, que lleva a cabo programas de prevención del acoso y cíber acoso en centros educativos trabajando con niños, familias y profesionales, refuerza estas ideas sugiriendo que el  abordaje de este fenómeno, considerado como una forma de violencia que se da entre iguales, debe hacerse desde un enfoque de derechos de infancia y atendiendo siempre al principio del interés superior del menor, tanto de la víctima, como el del acosador y los observadores

Por ello, todos los participantes en este debate han coincidido en la necesidad de una mayor coordinación y formación entre los colectivos que conforman la comunidad educativa: centro escolar, profesorado, alumnado, personal que trabaja en los colegios, asociaciones de padres y familia.

La clave está en la prevención, detección y recuperación de la víctima. Entre todos (poderes públicos, Administración, familia, escuela, medios de comunicación y sociedad en general) debemos concienciar a los menores que la violencia ejercida contra sus iguales constituyen ilícitos civiles en los que se producen la vulneración de derechos fundamentales de las víctimas y en ocasiones, estas conductas pueden incurrir en ilícitos penales y como tales ser objeto de responsabilidad penal.

Esta iniciativa ha tenido como objetivo promover en las redes un debate sobre el acoso escolar y el cibercaso, entendidos ambos fenómenos como una forma de violencia contra la infancia y que por sus características debe ser tratada de manera específica. Y ha contado con la intervención de: María Angustias Salmerón Ruiz, autora del blog http:www.mimamayanoespediatra.es y Pediatra de la Unidad de Medicina de la Adolescencia del Hospital Universitario La Paz y del Hospital Ruber Internacional; Mª Teresa León Gutiérrez, del Centro Matices, Psicóloga Experta en Intervenciones Sistémicas y Terapia Familiar; Mayte Salces Rodrigo, Asesora Responsable de Área Menores y Educación del Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor en Andalucía; Carmela del Moral Blasco, del Departamento de Advocacy de Save the Children como analista jurídico de derechos de infancia.

El debate on-line puede seguirse en el enlace debate Acoso Escolar  y sus conclusiones se van a analizar en la jornada que Save the Children y Defensor del Menor tienen previsto celebrar  el próximo 18 de febrero de 2016 en Granada con la colaboración de la Universidad de Granada (Medialab UGR y GrinUGR). Antes, en enero, está prevista otra cita on line para seguir profundizando en estas situaciones de violencia entre menores.

Una realidad que aborda la Institución a través de las reclamaciones que anulamente llegan al Defensor del Menor de Andalucía sobre familias de menores víctimas de acoso que demandan ayuda; denuncias por la deficiencia y pasividad del centro escolar y de la inspección educativa en la identificación y tratamiento de los casos de acoso; o demanda de ayuda para formalizar el cambio de centro del menor víctima, tomando esa actuación como única alternativa posible.

INTERVENCION DEL dPA EN LA COMPARECENCIA ANTE LA COMISION DE SALUD DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS EN LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA (noviembre 2015)

El Defensor ha reconocido el importante avance que esta Ley puede suponer al ofrecer una mayor garantía para las personas consumidoras durante todo el proceso de preparación y celebración del contrato hipotecario y mejorar sustancialmente la transparencia del proceso, eliminando o dificultando las prácticas indebidas de las empresas prestamistas dirigidas a limitar la capacidad de elección y decisión de las personas consumidoras.

No obstante, ha lamentado que la norma llegue tarde y que su alcance deba limitarse, por razones competenciales, a los actos preparatorios del contrato, sin entrar a regular el contenido del propio contrato, lo que hubiera permitido limitar prácticas indebidas como aquellas que determinan la inclusión de cláusulas abusivas o claramente perjudiciales para las personas contratantes.

En este sentido, ha señalado a la Comisión que el problema principal de la actual legislación hipotecariano no estriba en la falta de información y conocimiento por parte de las personas consumidoras acerca de los posibles riesgos derivados de la firma de un contrato de préstamos hipotecario, sino que está en el hecho de que la legislación posibilite que la firma de un contrato hipotecario pueda convertirse en una operación de riesgo para una persona consumidora.

Por ello, ha valorado muy positivamente la decisión de elaborar un modelo de Contrato de Préstamo Hipotecario de Confianza, en el que considera que no deben tener cabida aquellos elementos accesorios y complementarios que dificultan la decisión de la persona consumidora y se constituyen en puerta de entrada para todo tipo de cláusulas abusivas y prácticas indebidas, como es el caso de las comisiones de demora o las cláusulas de vencimiento anticipado, que deberían estar reguladas por Ley, prohibiendose además la vinculación del contrato con otros productos y servicios, tales como seguros, tarjetas de crédito o planes de pensiones, que deberían ser objeto de negociación aparte.

Hemos abierto queja de oficio interesándonos por la tramitación de sugerencias y reclamaciones en materia sanitaria, la recogida de datos, y las explotación que se haga de los mismos en forma de medidas que tiendan a superar las deficiencias detectadas.

Nos hemos dirigido a la Consejería de Salud, al Servicio Andaluz de Salud, a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultado en Salud, y a los Complejos Hospitalarios de Torrecárdenas de Almería, Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Hospital Regional Reina Sofía de Córdoba, Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, Complejo hospitalario Ciudad de Jaén, Hospital Carlos Haya de Málaga, y Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Por primera vez, cerca de 200 países, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP21, han ratificado un tratado, de ahí su carácter vinculante, para alcanzar un objetivo que la mayoría de los participantes y amplio sectores de la sociedad civil consideraban irrenunciable: no superar en el año 2100 en 2 C° la temperatura de nuestro planeta respecto de “los niveles preindustriales”.

Ese objetivo se ha asumido por las partes firmantes del tratado, 195 países, e incluso se ha producido una “declaración de intenciones” para que esa temperatura no se supere en un grado y medio.

No obstante, estos compromisos se asumen a distintas velocidades y con diferentes esfuerzos según se trate de países desarrollados, emergentes o en situación de pobreza.

Por otro lado, aunque se han previstos revisiones quinquenales del grado de compromiso asumidos a partir de 2020 es lo cierto que no existen claras vinculaciones jurídicas por objetivos calendarizados para la mayoría de los países.

En este contexto no podemos obviar que según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el cambio Climático, IPCC, el calentamiento provocado en gran medida por la emisión de gases de efecto invernadero, singularmente dióxido de carbono, provocado por el consumo de energías fósiles va a continuar en los próximos años, siendo así que en 2030 se seguirán produciendo más gigatoneladas de gases de este tipo de las que sería exigible para conseguir al menos su neutralización.

Por otro lado, no podemos obviar tampoco que no se observan en el texto del acuerdo compromisos claros sobre la necesaria descarbonización de la economía, muy probablemente para facilitar la firma del acuerdo de importantes países productores de petroleo.

Se tiene previsto realizar una importante aportación económica por parte de los países desarrollados para compensar los esfuerzos y las consecuencias que la exigencia de la lucha contra el cambio climático pueda tener en otros países, pero no tenemos certeza sobre el grado de compromiso que real y efectivamente van a asumir los dos países emergentes que en la actualidad se encuentran entre las cuatro potencias que mayor emisión de gases de la naturaleza comentada están provocando.

En fin, también se echa en falta, aunque se dé por supuesto, que la lucha contra el cambio climático implica un claro cambio en el modelo productivo en los ámbitos de consumo y en la incorporación decidida de las energías renovables para garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo económico.

En conclusión sin lugar a dudas el ya denominado “Acuerdo de París” es un paso trascendente pues la evidencia científica de la incidencia del factor humano en el aumento de la temperatura del planeta y la necesidad de luchar contra las consecuencias que ello está teniendo, y sin lugar a dudas va a tener en nuestro planeta y, de manera especial, en los sectores sociales más desfavorecidos, era un paso imprescindible para que los gobiernos del mundo incorporarán, de manera vinculante, a sus agendas este reto.

Ahora bien, este primer e importante paso no debe hacernos olvidar que solo ha comenzado a recorrerse un largo camino hacía la meta del 2100, a la que no se podrá llegar si no se van cumpliendo de manera fehaciente las etapas intermedias. Esta condición previa, hoy por hoy, no está garantizada por lo que las instituciones y la sociedad civil deben mantenerse alertas y exigentes para que nada nos pueda detener en su recorrido.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas por la Consejería de Educación, respecto a la creación de plazas en la RPT de la categoría de Intérpretes de Lengua de Signos y, en su caso, determinar las causas que motivan la demora en su aprobación.

1.- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acoso escolar y ciberacoso?

2.- ¿Cómo entienden las instituciones que representáis estos dos fenómenos?

3.- ¿Cómo se abordan estos fenómenos desde el ámbito educativo, psicológico y familiar?

4.- ¿Existen  dificultades para su identificación? ¿Hay herramientas eficaces para hacerlo?

5.- ¿Qué falta o qué faltaría por hacer desde los distintos niveles (institucional, educativo, familiar y de la sociedad civil)

El próximo miércoles 16 de diciembre, a las 21:30 horas, el Defensor del Menor de Andalucía y Save de Children celebramos una sesión de #debatesMedialabUGR (en colaboración con #debatesGrinUGR) con la temática “Acoso escolar y ciberacoso: introducción al fenónemo y dificultades para su detección”.

El fin de este encuentro es promover en las redes un debate  sobre el acoso escolar y el cibercaso, entendidos ambos fenómenos como una forma de violencia contra la infancia, y que por sus características, debe ser tratada de manera específica. En definitiva, un debate on-line que posteiormente analizaremos en la jornada que vamos a celebrar el próximo 18 de febrero de 2016 en Granada con la colaboración de Medialab UGR y GrinUGR.

El encuentro se realizará a través de Google Hangout y se podrá seguir por Youtube. Hablaremos de los principales rasgos de este fenómeno, de la detección precoz y atención, junto con la prevención, la sensibilización y el conocimiento de esta realidad como claves principales para combatir esta forma de violencia contra niños y niñas.

Para seguir el debate en directo puedes hacer lo siguiente:

• apuntarte al evento en Google Plus; o/y
• dejar tu correo electrónico en este formulario y a la hora del comienzo del evento te enviaremos el enlace desde el que podrás seguir el debate en directo.

La escuela debería ser siempre un espacio en el que sentirse seguro. Sin embargo, para muchos niños, la escuela se ha convertido en la fuente de un tipo de violencia del que son víctimas y que ejercen sus propios compañeros. Es el acoso escolar, que muchas veces se traslada a las Redes Sociales, en un uso irresponsable de las mismas, realizándose el denominado cíber-acoso

Este tipo de violencia entre iguales tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo.

Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros evitar que el acoso escolar siga existiendo, pero son también necesarias medidas legislativas que lo impidan. Por eso os invitamos a participar

PARTICIPAN en el debate sobre “Acoso escolar y ciberacoso: introducción al fenómeno y dificultades para su detección” #DebatesMedialabUGR

María Angustias Salmerón Ruiz

Autora del blog http:www.mimamayanoespediatra.es

Pediatra de la Unidad de Medicina de la Adolescencia del Hospital Universitario La Paz y del Hospital Ruber Internacional.

Coordinadora del grupo de trabajo TIC de la SEMA (Sociedad Española de Medicina del Adolescente).

Autora de múltiples artículos sobre la repercusiones de las TIC en la salud y de la ´"Guía clínica sobre el ciberacosos para profesionales de la salud.

Incluiríamos también tu perfil de Twitter, incluido la foto que aparece en el perfil.

Mª Teresa León Gutiérrez.

Psicóloga Experta en Intervenciones Sistémicas y Terapia Familiar.

Actualmente psicóloga de Centro Matices, en atención infanto-juvenil y familiar. Con amplia experiencia en la colaboración con organizaciones no gubernamentales principalmente en atención a  población en riesgo de exclusión social.

@centromatices 

Mayte Salces Rodrigo

Asesora Responsable de Área Menores y Educación del Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor en Andalucía, Profesora asociada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha trabajado como asesora en la Institución del Defensor del Pueblo Estatal. Más de 10 años trabajando en el ámbito de los derechos de los niños y niñas.

@DefensorAndaluz

Carmela del Moral Blasco

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como abogada en un despacho especializado en familia (ABA abogadas) y en una cooperativa de abogados donde ofrecía asistencia y acompañamiento legal a menores desde su detención. Residió varios meses en Phnom Penh, Camboya, donde colaboró con la ONG Cambodia Against Child Trafficking, asesorando a varios departamentos y participando en inspecciones sobre el terreno. Desde Junio de este año trabaja en el Departamento de Advocacy de Save the Children como analista jurídico de derechos de infancia.

@SaveChildrenEs

Moderan:

Esteban Romero Frías (@polisea; www.estebanromero.com): Profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad y coordinador de GrinUGR – Colaboratorio sobre culturas digitales en ciencias sociales y humanidades vinculado a la Universidad de Granada. Es experto en el impacto social de la tecnología y en cultura digital, temas a los a que se dedica en su investigación y de forma profesional. Firme defensor de una cultura abierta realiza una intensa labor divulgadora a través de su web www.estebanromero.com y de diversas redes sociales, particularmente en Twitter (@polisea).

Isabel Arrebola Martín (@isagranada; twitter de su organización @SaveChildrenEs)
Responsable de Acción Social en Andalucía de Save the Children. Licenciada en Pedagodía. Desde 2003 trabajo en Save the Children asumiendo diversas áreas de trabajo. Gestión de Proyectos, Formación, Comunicación, Gestión de Personas, Voluntariado y Marketing. En definitiva trabajando cada día para que ser menor de edad, no signifique ser menor en derechos.