Desciende la demanda de plazas en el primer ciclo de Educación infantil.

Son tres los elementos, a nuestro juicio, los que podrían situarse en el origen de este fenómeno, por otra parte, impensable su existencia cinco o seis años atrás: el descenso de la natalidad, la imposibilidad de las familias de hacer frente al pago de las cuotas correspondientes, y el engrosamiento, mucho más que preocupante ya, de las personas que se encuentran en situación de desempleo. La confluencia de estas circunstancias, evidentemente, hay que enmarcarlas en el contexto de la profunda y persistente crisis económica que venimos padeciendo desde 2007.

 

Como esbozo de lo que decimos y que, ahora, se nos presenta como obvio, hacemos alusión a los datos y a las conclusiones a las que pudimos llegar en la tramitación del expediente de queja 10/6199. Si bien podría resultar extraña la alusión a un expediente cuya tramitación queda muy atrás del espacio temporal al que se refiere el presente Informe de 2013, lo cierto es que constituye un magnífico ejemplo de la génesis de un problema social cuyas graves consecuencias, hemos de admitir, no supimos, o no pudimos calibrar o prever con claridad. Efectivamente, entonces pensábamos que se estaban produciendo unas circunstancias coyunturales, mientras que el tiempo nos ha demostrado que aquello iba a ser una tendencia que se prolongaría en el tiempo.

 

Una noticia aparecida en la prensa local sevillana en el mes de diciembre de 2010, nos hizo adoptar la decisión de incoar, de oficio, el expediente de queja señalado, y es que en su titular podíamos leer lo que llamó poderosamente nuestra atención, ya que, según se afirmaba, la falta de planificación de la red de guarderías dejaba 1.000 plazas vacantes en la provincia de Sevilla.

 

Dado, como hemos señalado más arriba, el continuo desfase entre plazas ofertadas y demandadas, parecía alarmante el que, como podíamos leer, una de cada dos nuevas plazas ofertadas para el curso 2010-11 no se hubiera cubierto, resultando dicha situación aún más grave si teníamos en cuenta que, en aquel momento, por parte de la red de centros de Educación infantil sólo se garantizaba un puesto escolar por cada cuatro menores de tres años. Evidentemente, a primera vista, la causa de dicha paradoja parecía estar en un error de planificación, ya que no podía explicarse de otro modo el que en determinadas zonas se presentaran enormes dificultades para obtener una plaza y en otras quedaran vacantes en un número que de ubicarse correctamente podrían paliar, al menos en parte, el reiterado desfase entre la oferta y la demanda de estos puestos escolares.

 

Una vez que, en respuesta a nuestro requerimiento de información, por parte, en este caso, de la entonces Delegación Provincial de Educación de Sevilla se nos facilitaron los datos al efecto de poder valorar la información de la que habíamos tenido conocimiento, hubimos de llegar a las conclusiones que a continuación exponemos resumidamente.

 

Si bien era cierto que a la vista de los datos y de lo informado por la Administración competente, sin duda, el problema analizado se había debido, en parte, a una mejorable planificación en cuanto a realizar una valoración más adecuada a la necesidades de plazas en función de las distintas áreas geográficas, también teníamos que reconocer que a la complicada labor de planificar el número de plazas que son necesarias crear en cualquier tipo de nivel de enseñanza, en general, en el caso de la Educación infantil, en particular, se añadían determinadas variables difíciles de controlar o prever, habiendo sido especialmente difíciles los dos últimos años (refiriéndonos a los cursos 2008-09 y 2009-10). 

 

Así, según entonces expresábamos, se había de tener en cuenta, en primer lugar, que era –y lo sigue siendo- una etapa educativa voluntaria y no gratuita, de manera que, aún contando con los datos de la población de entre 0 y 3 años de edad potencialmente demandante de este servicio socio-educativo, resulta difícil “adivinar” si la intención de los progenitores es la de llevar a sus hijos e hijas a este tipo de centros o, por el contrario, optarán por otro tipo de recursos para su cuidado (generalmente algún miembro de la familia extensa).

 

Por otro lado, y en el mismo sentido de añadir un plus de complicación a la tarea de planificación, es que, teniendo en cuenta, por una parte, que uno de los criterios de baremación de las solicitudes para poder ocupar una plaza pública o concertada en las escuelas y centros de Educación infantil de convenio, respectivamente, es el de que ambos progenitores o tutores legales desarrollen una actividad laboral, y por otra, el triste y preocupante dato de familias cuyos miembros habían pasado a formar parte de las listas de desempleados, difícilmente se puede realizar una previsión más o menos acertada de las plazas que, finalmente, iban a ser demandadas.

 

Si lo que señalamos entonces –inicios del año 2011- nos parecía preocupante, más aún lo es ahora que, según datos oficiales, en el mes de diciembre de 2010 el número de desempleados en Andalucía era de aproximadamente 850.000 personas y, en enero de 2014, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) es de 1.050.000 (36% de la población activa), habiendo pasado por el dato de máximo paro registrado de 1.100.000 personas a comienzos del mes de abril de 2013, fecha de inicio, precisamente, del procedimiento de escolarización en las escuelas y centros de Educación infantil.

 

Es evidente que, independientemente del dato del descenso constatado de la natalidad, es el paro la principal causa de que, como decíamos al principio, cada vez un mayor número de familias se vean impedidas para que sus hijos e hijas de entre 0 y 3 años accedan a una plaza de Educación infantil. Pero hay que señalar también el otro problema que se ha derivado de estas mismas circunstancias, y es el de que familias en las que sus hijos e hijas ya estaban escolarizados en esta etapa, han tenido que renunciar a la plaza que ocupaban porque al estar uno o ambos progenitores en situación de desempleo, la merma económica que ello ha significado no ha permitido hacer frente al pago de las cuotas correspondientes, incluso aplicándoseles las bonificaciones que resultaban procedentes. Añadimos ahora que en el momento de elaboración del presente Informe, 20 de cada 100 familias andaluza, tienen todos sus miembros en paro (también según los datos de la EPA del ultimo trimestre de 2013).

 

Aunque por las circunstancias que señalamos, hoy por hoy, desgraciadamente en este caso, se ha minimizado el problema de la excesiva escasez de plazas que se venía produciendo –aunque dicha expresión suene paradójica- ahora los problemas son otros y, si cabe, más preocupantes aún, dado que como analizaremos en siguientes epígrafes, ponen de manifiesto la situación desesperada en la que se encuentran muchas familias andaluzas, así como las enormes dificultades que se les han presentado a las Administraciones educativas competentes para dar una respuesta adecuada a la nueva realidad.