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El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la necesidad de contar con un sistema integral de acogida y acompañamiento para la adecuada atención de los colectivos vulnerables, de manera que “podamos salir todos a una” de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19 y aprender lecciones de esta experiencia.
Tras la entrega del Informe Anual 2020 del Defensor del Pueblo andaluz a la presidenta del Parlamento andaluz, Jesús Maeztu ha reivindicado la construcción de un “verdadero sistema de protección” para los colectivos que necesitan de una ayuda pública, y ha puesto como ejemplo las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados, o las personas que padecen una enfermedad mental. "Estos colectivos vulnerables necesitan de un sistema de primera acogida bien planificado que les marque un itinerario hacia la inclusión", ha señalado el Defensor.
Estas necesidades se han visto identificadas en el balance realizado por el Defensor del Pueblo andaluz en el Informe Anual 2020, en el que la Institución ha vuelto a superar sus registros históricos. En 2020 fueron 29.823 las actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría. Estas se reparten entre la gestión de 12.573 quejas, de las que 8.752 fueron nuevas (8.665 a instancia de parte y 87 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; la atención de 16.828 consultas, y 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc...). En total, fueron 35.146 personas las que requirieron en 2020 la intervención de este comisionado parlamentario.
El diseño de un sistema de protección público es una de las lecciones que el Defensor del Pueblo andaluz ha extraído de un año “que no debemos olvidar, para aprender de sus errores”. Jesús Maeztu ha destacado la urgencia de un reforzamiento de los servicios públicos. “Si una lección nos va a dejar esta pandemia, que es una crisis sanitaria, es la necesidad de un sistema sanitario y de servicios sociales de calidad", ha señalado.
Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que esta crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de cuidados, con los beneficios que conllevaría esta reorientación de las políticas públicas en la generación de empleo y en los cuidados tanto de personas mayores como de la infancia y la adolescencia, así como en el tratamiento de la salud mental, agravada por la COVID-19.
En el balance de un año marcado profundamente por la pandemia, el Defensor del Pueblo andaluz se ha referido, además, a la necesidad de mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, haciéndolos "más humanos". Las personas se han encontrado con el colapso o mala atención en los servicios de información o reserva de citas, lo que ha aumentado la desesperación de la ciudadanía y las demandas de ayudas y asesoramiento ante el Defensor del Pueblo andaluz. "Necesitamos de las administraciones que ofrezcan una información clara, coherente, sencilla, veraz e inequívoca", ha expuesto el Defensor, que ha sumado la brecha digital, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.
En definitiva, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que todas las acciones por parte de las administraciones públicas deben ir encaminadas hacia la igualdad real de toda la ciudadanía, ya que el impacto de la pandemia ha incrementado el riesgo de pobreza y exclusión social, y la desigualdad existente en Andalucía.
“Valga este trabajo para analizar la evolución de aquellos problemas que ya teníamos diagnosticados y los nuevos retos como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria en nuestra sociedad, en respuesta a las demandas que nos sigue trasladando la ciudadanía”, ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.
En la queja 18/0287 hemos centralizado la tramitación de varias quejas (18/0123, 18/0125, 18/0636, 18/0690 y 18/0732) en las que algunos vecinos y vecinas del municipio malagueño de Fuente Piedra, se dirigieron a esta Institución denunciando la deficiente prestación del servicio de agua potable, sobre todo por la calidad de la misma. En resumen, indicaban lo siguiente:
1.- Que en el Pleno Municipal del 22 de diciembre de 2017, en el que se aprobaron los presupuestos, se aprobó también una obra consistente en la restitución de la tubería o ramal principal que une los sondeos de agua de la localidad con el casco urbano, por importe de 276.000 euros. Ante esta situación, consideraban que “podría estar dilapidando el acuífero de la Sierrecilla desde los años 90, según se desprende de los informes técnicos tanto de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial y del IGM. El gasto medio por habitante superó siempre los 400 litros al día aproximadamente, sobreexplotándose el acuífero de la Sierrecilla desde el comienzo de la captación y triplicando la media nacional”.
2.- Que el municipio se venía abasteciendo de dos sondeos, uno de los cuales no se utilizaba por agotamiento, resultando que el otro se encontraba contaminado por cloruros y había sido declarado no apto para el consumo humano, a pesar de lo cual se seguía captando agua del mismo, llevándolo a unos niveles “que ponen en riesgo el abastecimiento general y el ecosistema de la laguna de Fuente de Piedra, reserva natural”.
3.- Que en aquellos momentos el abastecimiento de agua apta para el consumo de la población se realizaba a través de camiones cisterna subvencionados por la Diputación Provincial de Málaga, dos veces por semana, con las dificultades que ello entrañaba para diversos sectores de la población (mayores, personas con movilidad reducida, etc.) para acumular agua en sus hogares. Sobre estas cisternas, añadían que no se había facilitado a la población los análisis del estado de las aguas que se suministraban.
4.- Que el Ayuntamiento no había hecho nada para optar por soluciones menos costosas y reducir las captaciones ilegales de agua.
5.- Que durante más de 25 años se había obviado cualquier actuación de control y que se había llegado a una situación de sobreexplotación del acuífero, por lo que resultaba inapropiado la propuesta de la Alcaldía por la que, al parecer, se había decidido ejecutar “una tubería más ancha, para tener más caudal de entrada al pueblo” que fuera subvencionada por la Junta de Andalucía. Es decir, que se pretendía seguir captando aguas con cloruro no aptas para el consumo humano, pero con una tubería nueva más ancha.
6.- Que además se incluía en los presupuestos de 2018 una inversión de 100.000 euros para una planta desalinizadora por ósmosis inversa enlazada a las otras actuaciones, resultando que el costo de obtener agua potable por esta vía multiplicaría el coste entonces asumido y los residuos de la desalinización podrían suponer un riesgo añadido para el acuífero y el entorno.
7.- Que se votó en contra de una moción para tratar de buscar agua en otras zonas de la localidad en las que, siempre según estos vecinos, podría encontrarse agua apta, como había demostrado una empresa privada.
8.- Que la Junta de Andalucía, en informe técnico del trasvase de Iznájar, limitaba a 200 litros/habitante y día el máximo que trasvasará a la localidad de Fuente de Piedra, mientras que la realidad demostraba que el ayuntamiento captaba, en aquellos momentos, entre 400 y 700 litros/habitante y día de un solo sondeo, equivalente al consumo de tres municipios.
9.- Que consideraban los vecinos que los recibos de agua que abonaban a través de la Diputación Provincial no se ajustaban a derecho debido a que el servicio que se prestaba era incompleto.
Tras admitir a trámite la queja y durante su tramitación nos dirigimos al Ayuntamiento de Fuente Piedra, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a la Diputación Provincial de Málaga.
De los distintos informes que hemos recibido de estos organismos y de las diferentes actuaciones que realizamos en el expediente de queja, ha resultado lo siguiente:
En cuanto al Ayuntamiento:
- Que la calidad del agua no se había visto alterada sustancialmente, tal como demostraban los últimos análisis llevados entonces a cabo, de tal forma que seguía sin ser potable para el consumo de la población, aunque sí utilizable para otros usos.
- Que por tal razón, durante el año 2018 el Ayuntamiento había estado suministrando gratuitamente agua potable mediante cubas, lo que supuso un coste anual en 2018 de más de 77.000 euros, de los cuales más de 65.000 habían sido subvencionados por la Diputación de Málaga.
- Que a solicitud del Ayuntamiento, la entonces Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, había concedido una subvención de más de 100.000 euros para la adquisición e instalación de una planta desaladora, cuya licitación ya se había producido, llegando a ser suministrada, estándose entonces a la espera de su puesta en funcionamiento.
- Que, igualmente a solicitud del Ayuntamiento, la Diputación de Málaga había concedido una subvención de 265.000 euros para la construcción de una nueva red de abastecimiento desde la captación al núcleo urbano, licitada por el Ayuntamiento durante 2018, estando prevista la finalización de las obras en febrero de 2019.
- Que una vez que entrase en funcionamiento esta nueva red de abastecimiento: “consideramos que se puede determinar si las causas del excesivo consumo al que se alude en el escrito de la Consejería de Medio Ambiente del que nos remite copia están fundamentadas”.
- Que por parte de la entonces Consejería de Medio Ambiente y del Instituto Geológico y Minero de España, con los cuales estaba en contacto permanente el Ayuntamiento, se habían realizado gestiones para encontrar un nuevo punto de captación desde el que se pudiera suministrar agua en condiciones aceptables de calidad para el consumo humano, y parece ser que se iba a llevar a cabo en otro punto de la Sierra de Humilladero.
- Que a la Alcaldía le constaba que por parte de la Junta de Andalucía se estaban llevando a cabo otras gestiones con la Administración General del Estado para la puesta en marcha de un trasvase desde el Pantano de Iznájar hasta la comarca Norte de Antequera y que, según parecía entonces, “no se están impulsando con la celeridad que quisiéramos pues la situación que está atravesando Fuente de Piedra ya se está repitiendo en otros municipios como Humilladero y Campillos”.
En cuanto a la Consejería:
Nos informó de las actuaciones que venía realizando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: “solicitando se inicien los trámites para la aprobación de la transferencia de 4,89 Hm3/año desde la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de España”.
A la vista de estos informes, entendimos que todas las Administraciones Públicas con competencias estaban realizando actuaciones con objeto de solventar el problema aunque la solución que se había elegido en aquel momento no fuera la que solventara, de forma total, el problema de abastecimiento de agua potable a los vecinos de Fuente Piedra, pues ciertamente redundaría en la posible sobreexplotación del acuífero, además de que exigiría un esfuerzo para la potabilización del agua extraída.
El trasvase de agua estaba pendiente de aprobación por parte del Gobierno de la nación por lo que debía darse un tiempo prudencial para que se valorase, se estudiase y, en su caso, se iniciasen y tramitasen los procedimientos administrativos a que haya lugar, con el cumplimiento de las formalidades y exigencias legales que procedan. Entendemos que ello determinaba, en definitiva, que entendiéramos que la problemática de fondo se encontraba en vías de solución.
Ver asunto solucionado o en vías de solución
Recordamos al Ayuntamiento de Tomares su obligación de resolver expresamente las peticiones de la ciudadanía, y le recomendamos que resuelva expresamente las solicitudes que la reclamante ha formulado desde 2015 a 2019 conforme al artículo 5.6 de la Ordenanza reguladora y normativa sobre tenencia de animales domésticos y circulación de los mismos, según el cual el Ayuntamiento facilitará la vacuna antirrábica gratuitamente a aquellos ciudadanos de su municipio, que acrediten unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.
En marzo de 2018, una vecina de Tomares nos trasladó una queja en los siguientes términos:
“Según el artículo 5.6 de la Ordenanza reguladora y normativa sobre tenencia de animales domésticos y circulación de los mismos del Ayuntamiento de Tomares, se facilitará la vacuna antirrábica gratuitamente a aquellos ciudadanos que acrediten unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Tras esto, expongo mi caso:
Desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2018 estoy reclamando la vacuna antirrábica de mi perro y de mi gato, ambos censados en dicho Ayuntamiento. A lo largo de este tiempo, he reunido bastantes instancias reclamando el abono. Desde el Ayuntamiento me han estado solicitando diferentes documentos, los cuales están ya en manos de la Delegación de Medio Ambiente, la encargada de la Ordenanza. En dos ocasiones me han respondido a través de una carta certificada que estaban esperando el informe de bienestar social (la última de diciembre de 2017 se la adjunto en documento). Tras reclamar personalmente esto en dicha Delegación, tengo constancia de que el informe ya se envió. Desde entonces he seguido reclamando sin tener respuestas, lo único que me dijeron por teléfono, desde Medio Ambiente, que tenía que solicitar cita con el Interventor y con la Concejala.
Tras solicitar cita con ambos, sólo el Interventor se ha puesto en contacto conmigo para decirme que no es responsable de esta gestión. Desde Medio Ambiente no se han vuelto a poner en contacto conmigo y a pesar de cumplir con la normativa vigente sigo sin el reembolso del dinero de las vacunas de 2016, 2017 y 2018. Además, con silencio administrativo de 2017”.
Estudiada la queja, fue admitida a trámite y con fecha de (...) de abril de 2018 dirigimos al Ayuntamiento petición escrita con la que interesábamos informe sobre la situación en la que se encontraba la resolución de la solicitud de la interesada y, para el supuesto de que no existiera inconveniente legal para proceder al abono que venía reclamando, rogábamos que se procediera al mismo, o bien que se resolviera su petición de forma motivada en el sentido que resultase procedente, informándonos al respecto.
Esta petición de informe la hemos reiterado posteriormente mediante escritos enviados al Ayuntamiento en fechas (...) de junio y (...) de agosto de 2018, así como mediante llamada telefónica del (...) de octubre de 2019, sin que hasta el momento, lamentablemente, hayamos tenido respuesta alguna de ese Ayuntamiento.
Entretanto, en el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de formulación de la queja hasta el día de hoy, se han recibido varios escritos de la parte promotora de la queja, en los que, en esencia, viene a reiterar la queja con solicitudes presentadas por el mismo motivo en junio y noviembre de 2018, enero, febrero, abril y junio de 2019.
El artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA), establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Tomares, al no enviarnos el informe que hemos solicitado en esta queja, a pesar de haberlo requerido en varias ocasiones por escrito y telefónicamente, ha incumplido el deber de auxilio y colaboración al que está obligado en función del artículo 19 de la LDPA.
En cualquier caso, la ausencia de tal informe no impide a esta Institución analizar el fondo del asunto y dictar la presente Resolución, en la consideración de que ésta es la mejor forma de cumplir el cometido que nos encomiendan los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo (EAA).
De acuerdo con ello y en lo que afecta al fondo del asunto objeto de esta queja, y partiendo de la base de que no se nos ha envido el informe solicitado, se desprende de los datos que tenemos la certeza aparente de la situación de silencio administrativo denunciada por la interesada en cuanto a su solicitud al amparo del artículo 5.6 de la Ordenanza reguladora y normativa sobre tenencia de animales domésticos, para los años 2015 a 2019.
Llegados a este punto y para el supuesto de que este problema siga en el mismo estado que dio lugar a la tramitación de esta queja, hemos de recordar a ese Ayuntamiento el derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 del EAA. Dicho derecho consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.
Asimismo, pueden recordarse los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas previstos en los artículos 3 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), singularmente los de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos y legalidad.
Y, especialmente, cabe tener presente el artículo 21.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), según el cual:
«Artículo 21. Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración».
De la aplicación conjunta de estos preceptos legales al caso objeto de esta queja, y partiendo de la premisa de que no se ha emitido el informe sobre el fondo del asunto cuestionado, puede decirse, salvo que se nos acredite suficientemente lo contrario, que el Ayuntamiento de Tomares no ha cumplido con su obligación de resolver expresamente las solicitudes de la reclamante, formuladas al amparo del artículo 5.6 de la Ordenanza reguladora y normativa sobre tenencia de animales domésticos.
Cabe recordar, a este respecto, que lo que dice el referido artículo 5.6 de la Ordenanza mencionada es lo siguiente: «La Administración municipal facilitará la vacuna antirrábica gratuitamente a aquellos ciudadanos de su municipio, que acrediten unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional».
Ello, al margen de no haber prestado con esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en este concreto caso, una colaboración acorde con las exigencias del deber previsto en el artículo 19.1 de la LDPA.
A la vista de estos Antecedentes y Consideraciones, y al amparo del artículo 29 de la LDPA, se formula la siguiente
RECORDATORIO 1.- del derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 del EAA, que consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable, así como de los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas previstos en los artículos 3 de la LRJSP y 6 de la LBRL, en especial de los principios de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos y legalidad, y de la obligación de resolver expresamente prevista en el artículo 21.1 de la LPACAP.
RECORDATORIO 2.- de que conforme al artículo 5.6 de la Ordenanza reguladora y normativa sobre tenencia de animales domésticos y circulación de los mismos, «La Administración municipal facilitará la vacuna antirrábica gratuitamente a aquellos ciudadanos de su municipio, que acrediten unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional».
RECOMENDACIÓN.- para que en el caso objeto de la presente queja, se resuelvan expresamente, en el sentido que proceda en Derecho y previos los trámites legales oportunos, todas las solicitudes que la reclamante ha formulado al amparo del referido artículo 5.6 de la Ordenanza de referencia, desde diciembre de 2018 y hasta la actualidad, y se nos remita copia de las resoluciones adoptadas.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha propuesto una serie medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar y solucionar el problema de los cortes de luz que se está produciendo en distintos barrios de Andalucía, “lo que está constituyendo un problema social grave para miles de personas”.
En varias resoluciones enviadas a a la Delegación del Gobierno en Andalucía; las Consejerías competentes en materia de energía y vivienda de la Junta de Andalucía; a la Fiscalía; a Endesa como principal empresa suministradora y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que, “para la consecución real de este objetivo, no basta con una mera declaración de voluntad, sino que es necesario también adoptar un enfoque diferente del problema, que nos permita superar las carencias de las medidas y los planes actualmente en aplicación”.
En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz ha planteado que el abordaje de esta compleja situación requiere de una intervención coordinada de las distintas Administraciones competentes y de la empresa suministradora, y ha propuesto la inmediata puesta en marcha de un Plan de choque que ofrezca resultados en poco tiempo.
Un paso previo debe ser, en opinión de la Institución, la elaboración de un mapa de riesgos de las zonas y las localidades de Andalucía donde los cortes de luz se hayan convertido en un problema social grave. Una vez realizado, el Defensor ha planteado un plan de actuaciones singularizado y adaptado a cada zona, junto a la creación de equipos de intervención con técnicos de las administraciones implicadas. Entre otras medidas, el Defensor ha reclamado la adopción de cuantos medios y recursos sean necesarios, y el seguimiento y evaluación continua de las medidas.
Maeztu ha recomendado un modelo de intervención coordinada entre las administraciones y la empresa suministradora similar al que ya se viene trabajando en la Zona norte de Granada, pero evitando repetir los errores y disfunciones que han impedido la solución definitiva al problema. El Defensor del Pueblo andaluz ha comprobado in situ estas situaciones en la visita que realizó a Granada, en la que visitó viviendas de vecinos afectados, centros sanitarios y educativos, así como investiga las quejas de otros municipios andaluces.
Para el Defensor, se trata de una realidad insostenible y con serias consecuencias para la vida de las personas que residen en estos barrios andaluces, que exige garantizar el suministro a la población a la vez que luchar contra delincuentes y defraudadores para acabar con las situaciones de inseguridad y desprotección de las personas que sí cumplen con sus deberes para poder disfrutar de este servicio esencial.
“Se trata de un derecho básico, como es el derecho a disponer en los hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad, además de que concurren otras consideraciones como la lucha contra el tráfico de drogas o la prevención del fraude en los suministros, que no deben obviarse, pero sí afrontarse de otra forma. Por eso, pedimos medidas excepcionales y coyunturales, mientras se sigue librando la batalla de fondo contra delincuentes y defraudadores”, ha indicado el Defensor.
Entre las medidas que el Defensor del Pueblo solicita se encuentran las siguientes:
A la Delegación del Gobierno central en Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha propuesto el diseño y ejecución de un plan de intervención que permita, con la colaboración de Endesa si fuere necesario, identificar todas las viviendas en las que se realiza la actividad delictiva dedicada a plantaciones de marihuana en el interior de viviendas y proceder al desmantelamiento, tanto de las plantaciones, como de las instalaciones asociadas al cultivo (elementos de iluminación, calefacción, refrigeración y cableado eléctrico) que sirven de apoyo al cultivo y constituyen el principal factor de incidencia en la red eléctrica. También que las actuaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ejecución de dicho plan de intervención tengan el debido seguimiento en el tiempo para comprobar que las viviendas no vuelvan a albergar plantaciones de marihuana. Por último, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantengan una función de acompañamiento de los técnicos de Endesa y de los inspectores de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en su labor de vigilancia y control sobre el uso indebido de viviendas protegidas pertenecientes al parque público.
A la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), el Defensor del Pueblo andaluz ha planteado que desarrolle una regulación y control del parque público, además de planes de inspección específicamente dirigidos a intervenir en las viviendas públicas que se destinen a plantaciones ilícitas de marihuana y evitar nuevas ocupaciones o nuevos usos fraudulentos; y que inspeccione las viviendas públicas en las que se producen enganches ilegales al suministro eléctrico a fin de comprobar que mantienen unas condiciones de uso y habitabilidad conforme a las normas, especialmente por lo que se refiere a sus instalaciones de uso común y, en particular, las instalaciones eléctricas.
A la Dirección General de Energía, el Defensor ha pedido que impulse la realización en todas las zonas donde se produce en mayor medida este problema de los cortes reiterados y prolongados de luz, una auditoría externa para conocer el estado real de las redes eléctricas y de todas las instalaciones y equipamientos que intervienen en el suministro eléctrico. En función de los resultados obtenidos en estas auditorías, el Defensor ha reclamado que adopte las medidas necesarias para impulsar un plan extraordinario de renovación y mejora de las redes eléctricas de las zonas y barriadas que lo precisen.
A la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Defensor le ha solicitado que impulse ante los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales la actuación de los servicios sociales comunitarios en la búsqueda de soluciones que permitan la regularización del suministro de aquellas personas enganchadas ilícitamente por problemas de pobreza energética que residen en las zonas afectadas por el problema de los cortes de suministro, informe de las posibilidades que ofrecen el bono social y las ayudas sociales, y, en colaboración de la compañía suministradora, solvente el problema que para la normalización de los suministros enganchados conllevan los costes derivados del pago del fluido defraudado a la empresa suministradora, así como los costes de reconexión y los derivados del arreglo de las instalaciones y la colocación de nuevos equipos de medida.
A Endesa el Defensor del Pueblo andaluz le ha planteado que ponga los medios necesarios para que las zonas afectadas por los cortes de luz dispongan de potencia suficiente para que los cortes no se produzcan, y un plan especial y urgente de renovación y mejora de las redes e instalaciones eléctricas existentes en las barriadas y zonas donde se producen los cortes de luz. Asimismo, el Defensor ha sugerido a Endesa que ponga a disposición los medios necesarios para llevar a cabo una colaboración activa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la detección y erradicación de los enganches ilegales y de los destinados a actividades delictivas como el cultivo de marihuana; con AVRA en la detección y regularización de las instalaciones irregulares, y con los Ayuntamientos en la realización de labores de información sobre el bono social eléctrico y para conseguir la regularización de los suministros enganchados y el arreglo de las instalaciones y equipos en mal estado.
Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado estas propuestas a la Fiscalía para que las tome en consideración, al tiempo que ha pedido una colaboración efectiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con las prácticas delictivas vinculadas al cultivo de marihuana, no solo mediante el ejercicio de las oportunas acciones penales, sino también adoptando medidas que ayuden a facilitar la labor policial contra esta lacra e incrementen el efecto punitivo y disuasorio sobre las mafias al encarecer el coste de desarrollar estas prácticas ilícitas en estas zonas.
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Proponemos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) una serie de medidas para que promueva ante las entidades locales su participación activa en la solución real y efectiva al problema de los cortes de luz que se producen en distintas localidades de Andalucía.
Esta Institución viene desde hace años mostrando su preocupación por el grave problema que padecen numerosas zonas y localidades de Andalucía como consecuencia de los frecuentes y prolongados cortes en el suministro eléctrico que se producen en las mismas y que afectan a un elevado número de personas.
Prueba de esta preocupación es la apertura en 2015 de la queja 15/798 en la que se analizaba la situación existente en la Zona Norte de Granada, afectada por cortes de luz repetidos y persistentes que ocasionaban graves perjuicios a la población residente en los barrios que conforman esa zona.
Una queja que aun permanece abierta y en la que venimos realizando numerosas actuaciones todos los años dado que el problema no ha sido aun resuelto, ni parece que vaya a tener solución a corto plazo.
La inquietud que nos provoca la persistencia de este problema, se ha incrementado notablemente al comprobar como, año tras año se recibían nuevas quejas planteando situaciones similares en otras localidades de Andalucía, como es el caso de Almería, Sevilla, Roquetas de Mar, Berja, El Ejido, Pinos Puente y Vícar, entre otras, que ponen de manifiesto la progresiva extensión de este grave problema por el territorio andaluz.
Una realidad innegable e inquietante, que ha llevado a esta Institución a dejar constancia expresa de la misma en varios de los Informes Anuales presentados al Parlamento de Andalucía, en los que hemos denunciado la creciente extensión del problema, la grave afección que el mismo supone para los derechos fundamentales de las personas que residen en las zonas afectadas y la escasa efectividad de las medidas puestas en marcha para tratar de afrontarlo.
En el Informe Anual al Parlamento Andaluz correspondiente al ejercicio 2018, además de denunciar nuevamente esta situación, dejamos constancia de nuestro firme propósito de continuar con nuestras actuaciones para investigar los casos que nos llegaban y nuestro compromiso de seguir proponiendo medidas que pudieran dar respuesta a las demandas que nos trasladaban las personas afectadas y que cada vez presentan una mayor carga de desesperación, indignación y frustración.
En cumplimiento de este compromiso, adoptamos en 2019 la decisión de incoar de oficio el presente expediente de queja, con el que pretendíamos trascender del análisis particularizado de la problemática afectante a cada una de las localidades que padecían esta situación, para abordar el problema desde una perspectiva mas amplia, de ámbito autonómico, por entender que la extensión del problema por numerosas localidades de Andalucía demandaba de un planteamiento mas ambicioso y global.
A tal fin se solicitó información a todas las Administraciones con competencias en la materia y también a Endesa, como principal empresa suministradora de Andalucía. Entre las Administraciones interpeladas se encuentran la Delegación del Gobierno del Estado en Andalucía, la Consejería competente en materia de energía, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Nuestra petición de información incluía la solicitud de una evaluación por parte de cada una de las Administraciones interpeladas y por parte de la empresa suministradora acerca de la importancia del problema planteado, requiriendo también que nos aportaran los datos de que dispusieran al respecto y especificaran las actuaciones emprendidas para solventar el mismo y/o las que se tuviera previsto emprender.
Tanto las Administraciones como la empresa suministradora han dado respuesta a nuestra petición y los informes recibidos figuran como documentos adjuntos a esta Resolución.
En base a los referidos antecedentes, conviene realizar las siguientes
Primera.- Sobre las causas del problema.
Los cortes en el suministro de luz afectan principalmente a las barriadas y las zonas social y económicamente mas desfavorecidas de Andalucía. Podríamos decir que el mapa de las zonas donde se producen con mas asiduidad y gravedad los cortes de luz es plenamente coincidente con el que podríamos definir como el mapa de la pobreza y la marginación de Andalucía.
Esto supone que las causas últimas de los cortes de luz se mezclan y se alimentan de los mismos factores que contribuyen a la miseria y la exclusión de las poblaciones que residen en estas zonas desfavorecidas. Lo cual implica que el abordaje de este problema presenta tantas dificultades como las que presenta la búsqueda de una solución a la compleja realidad de estas zonas.
Es innegable que a los cortes en el suministro contribuyen en gran medida la proliferación en estas zonas de enganches fraudulentos que, no solo hacen un uso indebido del suministro, sino que comportan un grave riesgo para la seguridad de las instalaciones y para las personas y bienes. Como lo demuestran los repetidos incendios originados por dichos enganches y por la inutilización de los equipos y sistemas de seguridad de las instalaciones.
Las causas que explican la abundancia de estos enganches fraudulentos en estas zonas hay que buscarlas en una conjunción de factores, ente los que debemos incluir en primer lugar a las situaciones de pobreza energética que afectan a muchas de las personas que residen en ellas y cuya situación económica impide hacer frente al pago de unas facturas de luz, cuyo importe puede ser muy elevado, sin que el bono social eléctrico, por las deficiencias en su regulación y aplicación, permita paliar todas estas situaciones.
Por otro lado hay que citar la picaresca y el ánimo defraudador de algunos, que sin la justificación de una situación de necesidad, deciden enganchar ilegalmente su suministro, sin olvidar aquellos casos en que, personas que tenían perfectamente legalizado su suministro y pagaban religiosamente sus recibos, deciden dejar de hacerlo y engancharse ilegalmente, por considerar que no tiene sentido seguir pagando por un servicio que no reciben o reciben de forma muy deficiente.
A todo ello, hay que sumar un factor que, aunque pueda imputarse solo a una minoría, afecta de forma muy sustancial al suministro eléctrico y es una de las principales causas de los cortes que se producen. Nos referimos, obviamente, a las actividades delictivas relacionadas con el cultivo de marihuana en el interior de viviendas.
Estas plantaciones indoor de marihuana requieren de un consumo muy elevado de electricidad, que Endesa cifra en el consumo equivalente a 80 viviendas, y que las mafias obtienen mediante el enganche fraudulento a las líneas de distribución y la supresión de todos los elementos de seguridad que pueden detectar y evitar los incrementos súbitos de potencia, que se producen cuando ponen en funcionamiento los equipos destinados a la climatización del cultivo para conseguir un crecimiento acelerado del mismo.
Negar la existencia de estas actividades delictivas en estas zonas o cuestionar la incidencia que las mismas tienen en los cortes de suministro que se producen, nos parece absurdo y no creemos que contribuya en absoluto a abordar con rigor el problema y encontrar soluciones reales al mismo.
Pero del mismo modo que nos parece absurdo negar esta realidad, nos parece también sumamente injusto generalizar esta realidad a toda una población o a toda una barriada, criminalizando así a sus habitantes, sin tomar en consideración que sólo una minoría de las personas que residen allí se dedican a estas actividades delictivas.
Del mismo modo que nos parece injusto que se difunda la idea de que todas las personas que residen en estas barriadas están enganchadas fraudulentamente al suministro eléctrico con el único propósito de ahorrarse el pago del recibo. Al difundir estas ideas, no solo estamos fomentado la aporofobia, sino que además estamos tratando injustamente a todas aquellas personas que tienen su contrato en regla y cumplen fielmente con todas sus obligaciones de pago, y olvidando a quienes padecen situaciones de pobreza energética y se enganchan al suministro por no poder afrontar el pago del mismo.
Por otro lado, no podemos obviar la responsabilidad que recae sobre la empresa suministradora como titular de las redes de suministro y de las instalaciones eléctricas en estas zonas. No ponemos en duda, nunca lo hemos hecho, las manifestaciones de Endesa asegurando que la potencia instalada en las zonas afectadas resulta mas que suficiente para atender las necesidades de la población residente en las mismas e incluso supera notoriamente la potencia instalada en otras zonas de similar población.
Tampoco ponemos en duda que, como igualmente asegura Endesa, el principal factor que provoca los cortes de luz en estas zonas sea la conjunción de una demanda excesiva y descontrolada de potencia provocada por las viviendas enganchadas ilegalmente y destinadas a plantaciones de marihuana, unida a la destrucción o inutilización de los equipos y elementos de seguridad de las instalaciones.
No obstante, sí debemos mostrar nuestras dudas sobre las aseveraciones de Endesa acerca del óptimo estado de las instalaciones eléctricas existentes en estas zonas y barriadas, ya que no parece corresponderse esta taxativa afirmación -que se nos trasladaba en muchos de los informes remitidos a esta institución con ocasión de las quejas tramitadas por la situación de determinadas barriadas de Granada o Almería- con el hecho de que posteriormente se hayan aprobado importantes planes de obras para la mejora de estas instalaciones. Ni tampoco se corresponde esta aseveración con las denuncias que nos hacen llegar muchas personas y asociaciones sobre el deficiente estado de algunas de estas instalaciones, tanto por su antigüedad como por su deficiente mantenimiento.
Es evidente que las instalaciones existentes en muchas de estas barriadas, por su antigüedad o por su deficiente conservación, están en un estado manifiestamente mejorable y requerirían de importantes inversiones para su reparación y mejora.
En este sentido, entiende esta Institución que deberían priorizarse las inversiones en infraestructuras eléctricas en estas zonas, no solo por el mal estado que algunas puedan presentar, sino especialmente por el hecho de estar sometidas a unas condiciones de utilización que incrementan los riesgos y las posibles averías. Creemos que en estas zonas y en relación a sus infraestructuras eléctricas debería practicarse una suerte de discriminación positiva, que se tradujera en inversiones y obras destinadas a garantizar que dichas instalaciones sean las mejores y las mas fiables.
Respecto a la sobrada suficiencia de la potencia instalada en estas zonas, aunque estamos convencidos de que es así, lo cierto es que la misma resulta claramente insuficiente para garantizar un suministro adecuado a la población que reside en ellas, lo que se traduce en que muchas personas, pese a tener contrato y pagar sus facturas, no reciben el servicio por el que pagan y al que tienen derecho.
Que la causa de este servicio deficiente no sea directamente imputable a Endesa o esté dentro de los supuestos que la legislación vigente considera no imputables a la empresa, no quita para que podamos valorarlo como un supuesto fáctico de incumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto de las personas que sí cumplen con sus obligaciones, lo que las habilita para demandar, con toda justicia, que se adopten las medidas que sean necesarias para garantizarles un servicio de calidad.
Las peticiones de un incremento de la potencia instalada en estas zonas, de las que esta Institución también se hizo eco en las quejas tramitadas, han sido sistemáticamente respondidas de forma negativa, tanto por Endesa como por la Administración autonómica competente en materia de Energía, aduciendo que con ello únicamente se beneficiaría a los delincuentes y defraudadores.
Sin embargo, esta postura ha cambiado últimamente al aceptar Endesa la instalación de nuevos transformadores en la Zona Norte de Granada y en algunos barrios de Almería, lo que ha propiciado una mejoría de la situación, aunque no hayan solventado totalmente el problema.
Desde esta Institución entendemos el posicionamiento de Endesa y de la Administración autonómica y somos conscientes de que un incremento en la potencia instalada beneficia a delincuentes y defraudadores. No obstante, consideramos que esta postura obvia por completo los derechos de las personas que viven en estas zonas y cumplen con todas sus obligaciones legales para recibir un suministro de calidad.
No debemos olvidar que estamos hablando de zonas deprimidas social y económicamente, donde muchas personas hacen enormes esfuerzos para tener, ellos y sus familias, una vida mínimamente digna, sin caer en la ilegalidad o la delincuencia. Para muchas de estas personas, no disponer de un suministro tan esencial como es la luz supone abocarlas al abismo de la marginalidad y la exclusión.
Estamos convencidos de que los derechos de estas personas deben anteponerse a otras consideraciones, como la lucha contra el tráfico de drogas o la prevención del fraude en los suministros, que no deben obviarse, pero si afrontarse de otra forma.
Para esta Institución resulta prioritario garantizar el suministro eléctrico a la población residente en estas zonas, porque solo de ese modo garantizamos los derechos fundamentales de estas personas. Si para ello es necesario incrementar aun mas la potencia instalada, poniendo nuevos transformadores, que se haga y que se haga ya, sin mas demora.
No se trata de cargar sobre las espaldas de la empresa suministradora toda la responsabilidad de solucionar este problema, lo que pedimos son medidas excepcionales y coyunturales, mientras se sigue librando la batalla de fondo contra delincuentes y defraudadores, que en ningún caso debe obviarse o aplazarse.
Mantener la situación actual solo conlleva una suerte de socialización del sufrimiento, en la que se justifica el castigo a los justos con el argumento de no beneficiar a los pecadores.
Insistimos, es posible luchar contra delincuentes y defraudadores, garantizando a la vez el suministro a quienes pagan sus recibos y tienen un contrato en regla. Y este debe ser el primer objetivo a conseguir.
Segunda.- Sobre la situación actual del problema de los cortes de luz en Andalucía.
Como venimos diciendo, el problema de los cortes de luz, lejos de solucionarse, está agravándose por momentos al incrementarse año tras año el número de zonas y localidades afectadas, sin que las medidas adoptadas hasta el momento hayan resultado suficientes para solucionar la situación de las zonas que ya venían padeciendo el problema, como ocurre con el caso paradigmático de la Zona Norte de Granada o con ciertos barrios de Almería.
Esta situación, no es solo motivo de honda preocupación en Andalucía, sino que afecta también a otras zonas de España, habiéndose convertido últimamente en un asunto de interés nacional y plena actualidad al afectar a un asentamiento próximo a la capital, lo que ha concitado el interés mediático, suscitando el posicionamiento de todo tipo de asociaciones y partidos políticos e incluso motivando el pronunciamiento del Relator Especial para la vivienda de la ONU, respaldado por otros 8 relatores, que ha pedido el “restablecimiento inmediato del suministro eléctrico”.
En Andalucía este problema viene ya de antiguo y afecta a una población creciente, sin que las denuncias, pronunciamientos, demandas y ruegos de las personas afectadas, de las asociaciones y entidades del tercer sector, de los partidos políticos o de este Defensor, hayan servido para encontrar una solución viable y eficaz, que restablezca los derechos conculcados de quienes padecen la privación reiterada de un suministro esencial.
Sería injusto decir que en todos estos años no se ha hecho nada, porque no es así. Desde 2017 existe en la ciudad de Granada y se ha extendido a otras ciudades como Almería, un modelo de intervención coordinada de todas las Administraciones implicadas, junto con la empresa suministradora Endesa, que ha propiciado una multiplicidad de actuaciones dirigidas a solucionar los problema existentes en la zona. Unas actuaciones que han servido, sin duda, para mejorar la situación preexistente y para dejar atrás años de pasividad o de actuaciones aisladas y descoordinadas de administraciones y empresa, que estaban claramente llamadas al fracaso.
Esta Institución ha propugnado y apoyado este modelo de intervención y continúa considerando que es el único que puede resultar efectivo. No obstante, hemos de asumir que los resultados del mismo no han sido en absoluto los esperados y que el problema está lejos de ser solucionado.
Cuáles sean las razones de este fracaso es una pregunta a la que no podemos responder en estos momentos, entre otras razones, porque uno de los principales fallos del modelo aplicado es que el mismo no ha previsto la inclusión de un proceso de evaluación de resultados, que nos permitiría conocer con precisión cuales han sido los aciertos y cuales los errores cometidos.
También consideramos que ha podido resultar clave en el escaso éxito obtenido pese a las muchas actuaciones realizadas, la falta de seguimiento y vigilancia de las mismas. Un relato repetido hasta la saciedad es el que cuenta como equipos de técnicos de Endesa apoyados por la Policía retiran enganches ilegales por la mañana, que vuelven a estar enganchados por la noche. O como equipos de intervención de la Policía desmantelan plantaciones de marihuana en viviendas públicas ocupadas y detienen a quienes se encontraban en la misma, para conocer que días después, en la misma vivienda, ya hay una nueva plantación y otras personas ocupando la misma.
Las actuaciones puntuales nos parecen poco eficaces, si no van seguidas de nuevas actuaciones de vigilancia y control que garanticen que el enganche retirado o la plantación desmantelada no se repiten.
Asimismo, valoramos como un déficit del plan de actuaciones de Granada la inexistencia de un plan de intervención social que, liderado por el Ayuntamiento, debería tener por objeto afrontar y dar respuesta al problema de la pobreza energética que afecta a una parte importante de las personas que residen en estas zonas.
La falta de seguimiento en las intervenciones realizadas, la inexistencia de una evaluación periódica del plan de intervención y la carencia de un plan de intervención social en relación a la pobreza energética, creemos que son claves para entender el fracaso relativo del modelo aplicado en Granada o Almería.
Nuestra experiencia de participación en alguna de las Mesas Técnicas constituidas en estas localidades, nos llevan a concluir que las mismas se han convertido en muchos casos en espacios donde relatar pormenorizadamente las actuaciones desarrolladas por cada una de las partes intervinientes, con un afán de justificar el cumplimiento de las obligaciones propias y denunciar los incumplimientos de otros, sin que hayamos apreciado un esfuerzo sincero por valorar críticamente la situación, reconocer errores o deficiencias, y plantear cambios o mejoras que propicien una mayor eficacia del plan de actuación en curso.
Seguimos pensando que el modelo es válido, pero entendemos que el mismo no será eficaz si no incluye un proceso de evaluación continuada y si las actuaciones que se ejecutan no cuentan con un seguimiento y una vigilancia que impida que los logros alcanzados se reviertan al poco tiempo, generando frustración y desconfianza en la población y desmotivación en los agentes que intervienen sobre el terreno.
Tercera.- Sobre las consecuencias del problema.
Las personas que residen en estas barriadas se encuentran ya de por sí en situación de riesgo de exclusión social. Esta situación se acentúa aún más si no queda garantizado adecuadamente el suministro de luz en sus viviendas, generándose en la población un clara sensación de abandono por parte de los poderes públicos que deberían actuar en su defensa.
Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA) y que el artículo 51 de la Constitución española (CE) define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.
Por otra parte, el disfrute de suministros básicos en la vivienda como agua, luz y gas puede considerarse inherente al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE) o al derecho a la protección de la salud (art. 43 CE), encuadrados en la categoría de principios rectores de la política social y económica.
Especialmente se encuentran implicados los derechos de menores de edad y de las personas mayores, cuya protección y atención integral se atribuye a los poderes públicos de Andalucía (arts. 18 y 19 EAA)
Además, entre los objetivos básicos cuyo desarrollo encomienda nuestra norma estatutaria a la Comunidad Autónoma se cita «La cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social». A tal fin insta a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía a adoptar las medidas adecuadas, entre otras, la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas (art. 10.3.14º y 10.4 EAA).
Estos serían los preceptos jurídicos conculcados o vulnerados con esta situación. Algo que nos parece grave de por si, pero que entendemos que queda en un segundo lugar cuando analizamos los daños personales y los perjuicios sociales que está ocasionando esta situación.
En efecto, como venimos señalando este problema afecta especialmente a familias y colectivos en condiciones de grave desfavorecimiento social y económico, cuya vida cotidiana, ya de por sí difícil, se torna, como consecuencia de los cortes reiterados y prolongados del suministro eléctrico, en un auténtico calvario que los acerca aun mas a los umbrales de la exclusión social.
Quizá la mejor manera de acercarnos a esta dura realidad sea trascribiendo el relato que nos hacía una madre de una barriada desfavorecida de Almería en el escrito que nos remitió pidiendo nuestra ayuda:
“Me dirijo a usted como mujer y madre de un discapacitado intelectual de 35 años, con un grado reconocido por ley del 65 %. por suerte o por desgracia. Sé que vivo en una barriada marginal en la ciudad de Almería, (...). Desde hace meses venimos sufriendo cortes de luz casi todos los días entre 12 y 14 horas diarias. Estos cortes de luz no son consecuencia de no pagar la factura de la luz o tener problemas internos en la instalación eléctrica en mí casa.
He realizado todo tipo de llamadas a través de los teléfonos de Endesa distribuidora, como responsable del mantenimiento de la infraestructura eléctrica y de mi zona. No me dan ninguna solución. He de soportar estos cortes junto con mi hijo discapacitado (…) tiene una discapacidad cognitiva, un 65 %. Es como un niño grande, nervioso por la falta de luz. La necesita para dormir. Es decir, duerme con la luz encendida.
(…) No se que hacer o que decir. Me dicen que meta a mi niño en una residencia, los interlocutores, o telefonistas que contestan a mis llamadas para quejarme de estos horribles cortes. Entiendo que ellos son trabajadores, pero pago mi impotencia ante esta situación con ellos.
La vida me ha llevado a este barrio. No puedo cambiar de casa ni comprar una vivienda que me permita estar en una zona en donde el corte de luz sea producto de una película de terror y no una realidad. Tampoco quiero pensar en los alimentos que tengo que comprar o tirar por dichos cortes. Ya solo compro lo imprescindible. He comprado un generador eléctrico pequeño para poder tener algo de energía eléctrica a lo largo de estos maratonianos cortes.
Todos saben cual es el problema, pero nadie quiere meterse en el asunto. Le ruego en nombre del sufrimiento de mí hijo se dirija a Endesa Distribución solicitando una explicación y intentar que se pongan en el lugar de una madre trabajadora con un solo hijo, con una discapacidad intelectual. (…) Ruego se apiade de nuestras circunstancias.”
Este crudo relato, remitido por una persona que pese a tener contrato de luz en regla y pagar religiosamente sus recibos, tiene que soportar el infierno diario de los cortes de luz, refleja fielmente la realidad cotidiana de cientos, quizás miles, de familias andaluzas, cuyo único delito ha sido tener que vivir, manteniendo su honradez y su dignidad, en barriadas asoladas por la pobreza, la marginalidad y, últimamente, por la delincuencia asociada al tráfico de drogas.
Este Defensor tuvo ocasión de conocer personalmente esta realidad en una visita realizada a la Zona Norte de Granada en Noviembre de 2019, en la que tuvo ocasión de entrevistarse con personal que presta sus servicios en el centro de salud de la zona y con el personal docente de uno de los centros educativos ubicados en la misma.
El relato de estos profesionales revelaba situaciones inaceptables, que ponían en cuestión la garantía en esta zona del ejercicio de derechos fundamentales de las personas como el derecho a la salud o a la educación.
Personas con insuficiencia respiratoria que se despertaban por las noches asfixiándose por haberse quedado sin energía los aparatos que les suministraban oxígeno; enfermos crónicos con diabetes o hipertensión que debían inyectarse la insulina o tomarse la tensión ayudándose de linternas porque la luz se había cortado; profesionales sanitarios que debían desplazarse hasta las casas para atender a enfermos que no podían acudir al centro de salud porque el ascensor no funcionaba; personas enfermas de larga duración postradas en sus camas que no podían cambiar de postura porque sus camas articuladas no funcionaban; personas que confundían sus medicamentos o equivocaban sus dosis por la falta de luz; etc.
Relataban en el centro docente como muchos menores acudían al centro fuera del horario lectivo porque era el único sitio donde podían estar calientes y tener luz gracias a que disponían de generadores propios; alumnos que se lamentaban de no poder estudiar en sus casas por falta de luz o que reconocían no haber podido hacer sus deberes porque el ordenador no funcionaba; menores que acudían al comedor del centro para comer algo caliente porque en sus casas habían dejado de funcionar las cocinas eléctricas, etc.
Durante la visita a estos barrios de Granada bastantes personas se acercaron para relatar en primera persona el calvario en que se había convertido su vida cotidiana como consecuencia de los continuos y prolongados cortes de luz que debían soportar un día sí y otro también.
Personas que veían como sus alimentos se echaban a perder por no funcionar los frigoríficos; una cesta de la compra limitada únicamente a alimentos frescos para su consumo diario; lavadoras que no funcionaban o se detenían a mitad del lavado; personas que cocinaban en hornillos de camping gas porque sus cocinas eléctricas eran inútiles; sobremesas en torno a una radio porque el televisor no funcionaba; personas que en invierno tenían que llevar en sus viviendas guantes y ropa de abrigo para soportar el frio porque la calefacción no funcionaba y que en verano debían dormir en los balcones porque el aire acondicionado era una opción imposible; etc.
Hubo ocasión de visitar algunas de las viviendas y comprobar como sus habitantes se habían adaptado a una realidad en la que disponer de suministro eléctrico se ha convertido en una lotería impredecible: Cuartos de baño en los que hay linternas colocadas estratégicamente por si la luz se va cuando están duchándose; velas repartidas por todas las estancias de la vivienda; carteles en los interruptores indicando la posición de encendido y apagado para no dejarse luces encendidas en caso de que el suministro vuelva cuando están dormidos o fuera de casa; cuadernos en los que algunos apuntan religiosamente, día tras día, el momento en que comienza el apagón y la hora en que vuelve la luz, como testimonio para acreditar una realidad que quienes viven en otros barrios se resisten a creer; etc.
No estamos relatando historias de la posguerra o anécdotas de una época que muchos aun recuerdan como “los años del hambre”. No, lo que estamos describiendo es la realidad cotidiana que viven y sufren muchas familias andaluzas en pleno siglo XXI.
Cuarta.- Sobre la necesidad de una actuación coordinada de Administraciones y empresa suministradora.
El abordaje de esta compleja situación requiere una intervención coordinada de las distintas Administraciones competentes y de la empresa suministradora.
De la Administración estatal, por cuanto a la misma corresponden las competencias relacionadas con la persecución de los delitos, la seguridad y el orden público; de la Administración autonómica, en cuanto detenta competencias exclusivas de supervisión en materia de energía y de vigilancia del parque público de viviendas en régimen de protección; de la Administración local, porque asume las máximas competencias en materia de servicios sociales; de la Fiscalía porque desempeña un papel esencial en relación con la persecución de los posibles delitos vinculados al tráfico de drogas; de la empresa suministradora porque es la responsable de garantizar el buen estado de las redes de suministro y la calidad del servicio eléctrico.
Aunque corresponde a las distintas Administraciones y a la empresa suministradora determinar las funciones concretas que deben desempeñar en el marco común de los planes locales de actuación frente a los cortes de luz, nos permitimos proponer algunas líneas de actuación que consideramos que podrían ser asumidas por cada uno de los actores mencionados:
- Administración del estado: La Delegación del Gobierno en Andalucía y las correspondientes Subdelegaciones a nivel provincial desempeñan una función esencial en la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, que están llamados a representar un papel fundamental en la lucha contra los cortes de luz.
En particular y por lo que se refiere a las plantaciones de marihuana en el interior de viviendas, que todos coinciden en considerar como uno de los factores principales de los cortes de luz, deben asumir el diseño y ejecución de un plan de intervención que permita, con la colaboración de Endesa si fuere necesario, identificar todas las viviendas en las que se realiza esta actividad delictiva de forma intensiva y proceder al desmantelamiento, tanto de las plantaciones, como de las instalaciones asociadas al cultivo.
A este respecto, nos parece esencial que la intervención en estas viviendas conlleve, no solo la retirada de las plantas ilícitas, sino también de todos los elementos de iluminación, calefacción, refrigeración y cableado eléctrico que sirven de apoyo al cultivo y constituyen el principal factor de incidencia en la red eléctrica. El objetivo a conseguir es que el coste de la intervención para las mafias que operan estos cultivos sea suficientemente elevado como para resultar disuasorio.
Para lograr este fin resulta también esencial que las actuaciones realizadas tengan el debido seguimiento en el tiempo para comprobar que las viviendas no vuelvan a albergar plantaciones de marihuana.
También deben desempeñar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una función de acompañamiento de los técnicos de Endesa que realizan las labores de desmantelamiento de los enganches ilegales y de los inspectores de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en su labor de vigilancia y control sobre el uso indebido de viviendas protegidas pertenecientes al parque público.
- Fiscalía.
No tenemos elementos suficientes para valorar si resulta oportuna la creación de una fiscalía especial dedicada a la lucha contra esta modalidad del tráfico de drogas, pero es notorio que el cultivo y tráfico de marihuana está convirtiéndose en una de las actividades delictivas de mayor crecimiento en Andalucía y en España, hasta el punto que, según informaciones de prensa, nuestro país es el principal exportador de marihuana a otros países europeos y la marihuana cultivada en España ya supera a la procedente de Marruecos.
Insistimos en que carecemos de datos e información suficiente para valorar la necesidad de creación de esta Fiscalía especializada, pero lo que parece innegable es que el cultivo y tráfico de marihuana se ha convertido en la principal actividad delictiva en muchas de las barriadas y zonas mas desfavorecidas de Andalucía, y el número de personas que se dedican a esta modalidad delictiva y que, en alguna medida, colaboran con los grupos mafiosos que controlan este mercado, es cada vez mayor.
Esto se traduce en un incremento de la inseguridad en estas zonas, ya de por sí bastante afectadas por los problemas delincuenciales, que podría verse incrementada notoriamente como consecuencia de las luchas entre bandas por el control del territorio, que se ven agravadas por la creciente práctica de los “vuelcos”, o robos de drogas entre bandas, que parecen estar detrás del aumento en el número de armas detectadas en estas zonas.
Con independencia de esta cuestión, debemos señalar que la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra las plantaciones de marihuana que, como venimos insistiendo, están entre las causas principales de los cortes de luz, requiere del auxilio y colaboración de la Fiscalía, no solo mediante el impulso de las acciones penales contra los responsables de estas actividades, sino también adoptando medidas que ayuden a facilitar la labor policial frente a esta lacra.
En este sentido, uno de los problemas que, al parecer, dificultan las intervenciones policiales en las viviendas destinadas a plantaciones de marihuana es la necesidad de contar con la preceptiva autorización judicial para la entrada y registro de las mismas cuando pueda considerarse que constituyen el domicilio de residencia de su ocupante.
Es evidente que la decisión última corresponde a la autoridad judicial, pero no es menos cierto que la Fiscalía desempeña un importante papel en este procedimiento judicial y consideramos que podría resultar de utilidad que se fijasen algunos criterios que posibilitasen una especial celeridad en esos procesos para facilitar la labor policial, especialmente en aquellos supuestos en que parecen existir bastantes indicios de que las viviendas no realizan una función como residencia sino como espacio para el cultivo ilícito de la marihuana.
Asimismo, nos parece relevante que, como hemos señalado anteriormente, la Fiscalía intervenga activamente para conseguir que el desmantelamiento de los puntos de cultivo de drogas incluya también el decomiso e inutilización de todos los elementos accesorios de la actividad delictiva, como material eléctrico, focos, calentadores y aparatos de refrigeración, a fin de incrementar el efecto punitivo y disuasorio sobre las mafias al encarecer el coste de esta práctica ilícita en estas zonas.
- Administración autonómica competente en materia de vivienda.
El hecho de que muchas de las viviendas en las que se producen los enganches ilegales y también de las que son destinadas a plantaciones de marihuana sean de titularidad pública, obliga a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) a asumir un papel fundamental para prevenir y evitar este tipo de situaciones.
La labor de los inspectores de AVRA resulta fundamental para evitar que las viviendas públicas se destinen a plantaciones ilícitas de marihuana ya se encuentren ocupadas por personas sin título legítimo o por sus titulares legítimos. A este respecto, deben realizarse planes de inspección específicamente dirigidos a detectar e intervenir en estas viviendas, adoptando las medidas necesarias para que las mismas sean destinadas al fin que prevé el ordenamiento vigente.
Para conseguir que estas actuaciones de inspección sean efectivas es fundamental que, una vez recuperadas las viviendas indebidamente ocupadas o destinadas a un fin ilícito, se adopten medidas para evitar nuevas ocupaciones o nuevos usos fraudulentos, realizando labores continuadas de vigilancia y control sobre las mismas.
Respecto de las viviendas públicas en las se producen enganches ilegales al suministro eléctrico consideramos que AVRA tiene potestades y competencias suficientes para inspeccionar las mismas y comprobar que mantiene unas condiciones de uso y habitabilidad conforme a las normas, especialmente por lo que se refiere a sus instalaciones de uso común, en particular las instalaciones eléctricas.
No podemos compartir la consideración de AVRA, expuesta en diversos informes, sobre su falta de competencia para actuar en estos casos, por cuanto estamos convencidos que es parte de su labor garantizar el correcto uso de las viviendas públicas. Y ello, a nuestro juicio, incluye comprobar que las instalaciones eléctricas están en condiciones reglamentarias y adoptar medidas sancionadoras cuando no sea así.
- Administración autonómica competente en materia de energía.
A la Administración autonómica le corresponde la supervisión y control de la actividad realizada en nuestra Comunidad Autónoma en materia de energía, lo que incluye, entre otras funciones, la misión de garantizar la adecuada calidad en el suministro eléctrico.
Esto sitúa dentro de su ámbito competencial la supervisión y control de la actividad desarrollada por las empresas suministradoras en orden a garantizar que la misma se desarrolla dentro de los parámetros de calidad que establece la vigente normativa del sector.
En este sentido, consideramos que esta Administración debería impulsar la realización en todas las zonas donde se produce en mayor medida este problema de los cortes reiterados y prolongados de luz, una auditoría externa para conocer el estado real de las redes eléctricas y de todas las instalaciones y equipamientos que intervienen en el suministro eléctrico.
Asimismo, y en función de los resultados obtenidos en estas auditorías, deberían adoptar las medidas necesarias para impulsar un plan extraordinario de renovación y mejora de las redes eléctricas de las zonas y barriadas que lo precisen, con el fin de garantizar que el estado de las mismas es óptimo y no contribuye en absoluto a esta problemática.
- Administración local.
Como venimos señalando desde el principio de esta Resolución, el problema de los enganches ilegales, no asociados a plantaciones de marihuana, no siempre está motivado por un mero ánimo defraudatorio, sino que en bastantes ocasiones está vinculado a situaciones de pobreza energética.
A este respecto, consideramos que con las actuales regulaciones muchos de estos supuestos de pobreza energética podrían quedar resueltos sin necesidad de que las personas afectadas tuvieran que recurrir a prácticas fraudulentas para obtener el suministro necesario para cubrir sus necesidades básicas.
Así, debemos señalar la existencia del bono social eléctrico que subvenciona el coste de la electricidad para diversos colectivos, entre ellos las personas con un bajo nivel de renta, en porcentajes que pueden ser del 25 % o el 40 %, dependiendo de cual sea su situación, y que puede llegar a cubrir la totalidad de la factura en supuestos en que las personas se encuentren en situaciones de exclusión debidamente valoradas por los servicios sociales y los mismos acepten hacerse cargo del 50 % del recibo, asumiendo el otro 50 % la empresa suministradora. Todo ello, siempre que se respeten unos límites máximos de consumo que eviten el mal uso de la energía.
Para que las personas en situación de pobreza energética puedan beneficiarse de estas ayudas es fundamental el papel de los servicios sociales comunitarios, no solo por su función como informadores acerca de la existencia de estas ayudas, sino también por su papel como facilitadores de la cumplimentación de unos trámites y formularios que no suelen resultar sencillos.
Además, los servicios sociales disponen de fondos para ayudas que, con frecuencia, se destinan al pago por las familias desfavorecidas de los gastos en suministros esenciales como la electricidad.
En este sentido, entendemos que los servicios sociales comunitarios dependientes de los Ayuntamientos o las Diputaciones Provinciales podrían jugar un papel decisivo en la búsqueda de soluciones que permitan la regularización del suministro de aquellas personas enganchadas ilícitamente por problemas de pobreza energética que residen en las zonas afectadas por el problema de los cortes de suministro.
Entendemos que es fundamental posibilitar que ninguna persona en estas zonas tenga que engancharse al suministro por falta de medios para pagar el coste de la luz. Y para ello, es imprescindible una labor específica dirigida a informar a las personas acerca de las posibilidades que ofrecen el bono social y las ayudas sociales. Una labor informativa que debería realizarse sobre el terreno, contando con la colaboración de las asociaciones y entidades del tercer sector que trabajan en la zona y pueden facilitar el contacto con los vecinos.
Para que esta labor resultara exitosa y se pudiesen normalizar los suministros ahora enganchados, sería necesario también solventar el problema que conllevan los costes derivados del pago del fluido defraudado a la empresa suministradora, así como los costes de reconexión y los derivados del arreglo de las instalaciones y la colocación de nuevos equipos de medida. Unos costes por lo general bastante elevados y que muchas veces desincentivan la regularización de los suministros ante la imposibilidad de las familias de afrontar los gastos correspondientes.
Para solucionar este problema es necesaria la colaboración de la compañía suministradora, no sólo desde un punto de vista técnico, ya que pueden ser sus operarios quienes pongan la instalación en condiciones de uso, sino también desde una perspectiva económica, ya sea renunciando a cobrar estos costes u ofreciendo condiciones de pago realmente adaptadas a la situación de las familias afectadas.
A este respecto, consideramos muy interesante la iniciativa desplegada en la barriada de Molino Nuevo de Granada, que posibilitó la regularización de un número muy importante de suministros tras una labor de colaboración entre el Ayuntamiento y Endesa. Esta experiencia fue muy exitosa, aunque posteriormente un número significativo de los suministros regularizados volvieron a engancharse. Una circunstancia que, lejos de cuestionar el acierto de la iniciativa, lo que pone de manifiesto es la inutilidad de todas las medidas que se adoptan sin venir acompañadas de un plan de seguimiento y vigilancia.
- Empresa suministradora.
Aunque Endesa no es la única empresa suministradora en Andalucía, es evidente que es la responsable del mayor porcentaje de suministros de la Comunidad y es la encargada de gestionar la red de distribución en todas las zonas en las que actualmente se detecta el problema de los cortes de luz. Por este motivo es a dicha empresa a quien trasladamos esta Resolución, como hemos venido haciendo en los distintos expedientes de queja tramitados por esta causa.
La función de la empresa suministradora debe ser garantizar que todas las personas que tengan derecho a ello reciban un suministro adecuado y de calidad.
Esta función es evidente que no se está cumpliendo en las zonas donde se producen los cortes de suministro, puesto que en las mismas residen muchas personas con contrato en vigor y al día en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, que no reciben un suministro adecuado ni de calidad.
No vamos a entrar de nuevo a analizar las causas de esta situación, ni a determinar las responsabilidades al respecto, porque ya se han analizado estas cuestiones en otros apartados de esta Resolución. Vamos a centrarnos ahora en determinar cuales deberían ser las medidas que a nuestro juicio debería adoptar Endesa para solucionar esta situación.
Consideramos que Endesa debería poner los medios necesarios para que estas zonas dispongan de potencia suficiente para que los cortes de luz no se produzcan, aunque ello implique instalar, de forma provisional y hasta que la situación se normalice, una potencia muy superior a la que sería necesaria en condiciones de normalidad en el suministro.
Asimismo, creemos que por parte de Endesa debería acometerse un plan especial y urgente de renovación y mejora de las redes e instalaciones eléctricas existentes en las barriadas y zonas donde se producen los cortes de luz, a fin de garantizar que las mismas presentan unas condiciones óptimas y cuentan con las medidas mas avanzadas de protección frente a posibles riesgos y actuaciones fraudulentas.
Por otro lado, consideramos que Endesa debe colaborar activamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la detección y erradicación, tanto de los enganches ilegales con fines domésticos, como, prioritariamente, los destinados a actividades delictivas como el cultivo de marihuana.
Igualmente, consideramos que Endesa debe colaborar con AVRA en la detección y regularización de las instalaciones irregulares que afectan a viviendas integrantes del parque público protegido.
Por último, entendemos que sería muy importante que Endesa colaborara con los Ayuntamientos en la realización de labores de información sobre el bono social eléctrico y cooperara a la regularización de los suministros enganchados y el arreglo de las instalaciones y equipos en mal estado, aportando los medios técnicos precisos y adaptando los costes de la reconexión a la situación económica de las familias.
Quinta.- Sobre las medidas a adoptar para dar solución al problema
Consideramos que la situación actual ha alcanzado tales niveles de gravedad que no podemos confiar simplemente en la aplicación de modelos de intervención que requieren de mucho tiempo para ofrecer resultados tangibles. Creemos que es necesario adoptar medidas inmediatas y excepcionales que resulten eficaces en el corto plazo, solventen las situaciones mas graves y permitan afrontar con la tranquilidad necesaria la puesta en marcha de modelos complejos de intervención para solucionar el problema a medio o largo plazo.
Entendemos que es urgente e inaplazable que las autoridades superiores de las Administraciones competentes y de la empresa suministradora asuman públicamente sus responsabilidades ante este grave problema y se comprometan a adoptar cuantas medidas sean necesarias para solucionar con la máxima rapidez esta situación, garantizando el derecho de todas las personas a disponer de un suministro eléctrico de calidad.
Consideramos, además, que para la consecución real de este objetivo no basta con una mera declaración de voluntad, sino que es necesario también adoptar un enfoque diferente del problema, que nos permita superar las carencias de las medidas y los planes actualmente en aplicación.
En este sentido, nos permitimos proponer, para su consideración, una serie de premisas, criterios y propuestas que entendemos que pueden servir como guía y referente para enfrentar y solucionar el problema de los cortes de luz:
Asumir que estamos ante un grave problema social que exige una respuesta inmediata.
Aceptar que es un problema complejo y multiforme, en el que intervienen muchos factores, pero que debe afrontarse poniendo como prioridad la dimensión eminentemente social del problema.
Valorar como inaceptable que en pleno siglo XXI, en nuestra Comunidad Autónoma, miles de personas no tengan garantizado un derecho básico, como es el derecho a disponer en sus hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad.
Entender que no se está únicamente perjudicando la calidad de vida de las personas, sino que se está poniendo en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la salud o el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Asumir que las conductas delictivas o defraudadoras que pueden existir como trasfondo de este problema, no deben llevarnos en ningún caso a extender la sombra de la sospecha o el descrédito, ni fomentar la culpabilización de todo un colectivo de personas, que únicamente comparten su condición de personas desfavorecidas social y económicamente.
Debemos combatir con nuestras palabras y con nuestros actos la criminalización y la aporofobia, y para ello es indispensable que pongamos el acento en la dimensión social del problema y no en otros factores, por relevantes que puedan parecer. Es un problema social y exige una respuesta desde el ámbito de las políticas sociales.
La multiplicidad de factores que concurren en este problema demandan de una respuesta coordinada que debe ofrecerse desde todos los ámbitos de responsabilidad implicados, tanto públicos como privados.
El agravamiento del problema en los lugares donde ya existe y su progresiva extensión a otras localidades y zonas de nuestra Comunidad Autónoma demandan una respuesta urgente y una acción contundente.
Es necesario un acuerdo entre todas las Administraciones implicadas, al que debe sumarse la empresa suministradora, para la inmediata puesta en marcha de un Plan de Choque que sea capaz de ofrecer resultados tangibles en un corto espacio de tiempo.
Un primer paso debe ser la elaboración de un Mapa de Riesgos en el que aparezcan todas aquellas zonas y localidades de Andalucía donde el problema de los cortes de luz, por su frecuencia, intensidad y duración, se haya convertido en un problema social grave para la población afectada.
Debe fijarse una clasificación de las zonas afectadas por criterios de gravedad y prioridad de la intervención.
Todas las Administraciones implicadas y la empresa suministradora deben estar dispuestas a destinar a la ejecución de este Plan de Choque cuantos medios y recursos, personales y materiales, sean necesarios para garantizar el éxito del mismo.
Deben asimismo estar dispuestos a adoptar medidas excepcionales, aunque sea con carácter transitorio, si las mismas resultan necesarias para conseguir que el Plan de Choque ofrezca resultados tangibles en un plazo breve de tiempo.
La solución a medio y largo plazo exige de la elaboración de un Plan de Actuaciones que afronte la complejidad del problema de fondo y ofrezca soluciones sostenibles al mismo.
En todas las localidades incluidas en el Mapa de Riesgos debe ponerse en marcha un Plan de Actuaciones singularizado y adaptado a sus propias realidades.
El seguimiento y la evaluación continua del Plan de Actuaciones deben ser un elemento fundamental del mismo
El Plan de Actuaciones debe diseñarse utilizando como referente la experiencia adquirida en la Zona Norte de Granada, manteniendo el modelo de intervención coordinada de administraciones y empresa aplicado en dicha ciudad, pero evitando repetir los errores y disfunciones que han determinado el actual fracaso del mismo.
Resulta imprescindible realizar una evaluación urgente del Plan de Actuaciones desarrollado en la Zona Norte de Granada para determinar los aciertos y los errores cometidos e identificar los motivos concretos que han impedido el éxito del mismo.
Todas las Administraciones implicadas, en función de sus propias competencias, y la empresa suministradora, deben asumir unas responsabilidades y unas funciones propias en el desarrollo y ejecución del Plan de Actuaciones.
Las responsabilidades y funciones de cada Administración y de la empresa suministradora deben determinarse previamente y quedar claramente recogidas en el documento de creación del Plan de Actuaciones.
En cada localidad en que se desarrolle un Plan de Actuaciones debe crearse un Equipo de Intervención con presencia de técnicos y profesionales de las administraciones implicadas y la empresa suministradora, cuya función sea dirigir y coordinar la ejecución del plan y realizar un seguimiento continuado del mismo.
Debe propiciarse la participación de las asociaciones y entidades con presencia en las zonas afectadas en la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de actuación
Atendiendo a todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente
RECOMENDACIÓN. Que, previa valoración de las consideraciones expuestas en la presente Resolución, se adopten las medidas que se estimen necesarias y estén dentro de su ámbito competencial para dar una solución real y efectiva al problema de los cortes de luz que se producen en distintas localidades de Andalucía.
En concreto, y por lo que a ese organismo se refiere, le solicitamos específicamente lo siguiente:
- Que impulse ante los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales la actuación de los servicios sociales comunitarios en la búsqueda de soluciones que permitan la regularización del suministro de aquellas personas enganchadas ilícitamente por problemas de pobreza energética que residen en las zonas afectadas por el problema de los cortes de suministro.
- Que, a través de la acción coordinada de la FAMP, se promueva una labor específica de los servicios sociales comunitarios, en colaboración con las asociaciones y entidades del tercer sector que trabajan en la zona, dirigida a informar a las personas afectadas por la pobreza energética acerca de las posibilidades que ofrecen el bono social y las ayudas sociales.
- Que, a través de la intervención de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales en colaboración de la compañía suministradora, se solvente el problema que para la normalización de los suministros enganchados conllevan los costes derivados del pago del fluido defraudado a la empresa suministradora, así como los costes de reconexión y los derivados del arreglo de las instalaciones y la colocación de nuevos equipos de medida.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
Defensor del Pueblo Andaluz
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