El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha presentado hoy en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento de Andalucía el Informe Anual del Defensor correspondiente al ejercicio 2024, tras su entrega al presidente del Parlamento el pasado mes de abril.
Durante su intervención, el defensor andaluz ha expuesto los principales datos de gestión y principales problemas de un ejercicio que ha calificado de “duro y complejo” con un crecimiento en el número de quejas presentadas por la ciudadanía (10.400) y en el número de consultas (16.400). A esta actividad hay que sumar las quejas gestionadas de años anteriores (más de 4.000) y las 600 actuaciones de promoción de derechos, por lo que fueron más de 31.000 las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz en 2024.
En más de 3.700 expedientes cerrados en ese año se detectó irregularidad por parte de la administración y tras la actuación de la Defensoría se aceptó el 97%, siendo además la media del grado de colaboración de dichas administraciones del 87%, tras enviar más de 5.200 peticiones de informes, un dato que el Defensor ha puesto en valor pero recordando que el objetivo es llegar al 100 por 100 de colaboración.
Más de 46.300 personas acudieron a la Defensoría reclamando protección y defensa por lo que consideran una vulneración de derechos, ya sea en Dependencia (1.434 quejas), Vivienda (820), Salud (1,684), Medioambiente (967) o las reclamaciones del personal del sector público (1.282) y en Infancia y Educación, con más de 1.500 quejas, entre otras.
Una vez más, el defensor ha alertado sobre el paquete de dependencia, vivienda y salud como los asuntos que más han suscitado las quejas de la ciudadanía “con testimonios muy duros de desesperación por los retrasos inasumibles o por falta de claridad e información en los procesos”, ha dicho el defensor.
Jesús Maeztu ha recordado que la actuación de la Defensoría para la protección y defensa de los derechos entronca directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: “hemos avanzado en alinear nuestra planificación y nuestro trabajo con los principios que presiden la Agenda 2030. Queremos ser parte activa de una transformación social más justa y sostenible, con el objetivo fundamental, no solo de consolidar y proteger los derechos adquiridos, sino también de avanzar e innovar conforme a las necesidades que la sociedad actual demanda”. Fruto de este enfoque, las actuaciones que han tenido como objetivo preservar la dignidad de las personas han supuesto el 58% del total, seguido de las acciones en beneficio del Planeta y la Prosperidad (37%), y, por último, el trabajo para la garantía de los derechos humanos, en pro de una cultura de paz y de justicia (con el 5%).
Por último, el defensor ha destacado su preocupación por los derechos de las personas mayores, que ha sido el asunto relevante de este informe 2024 “con el propósito de analizar las dificultades que enfrentan algunas personas mayores en su entorno familiar y social; para acceder al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD); los cuidados de atención social y sanitaria que se les dispensan en el ámbito residencial; los instrumentos para la coordinación sociosanitaria y la necesidad de garantizar su empoderamiento activo”.
Un tema que, ha recordado, analizará en una jornada el próximo 10 de junio, en la Fundación Caja Rural del Sur, en Sevilla, bajo el título “Mayores y dependientes en Andalucía: calidad y calidez en los cuidados”.
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