El Defensor del Menor

El Defensor del Menor de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Que se valore si es necesario más recursos para la atención a menor con necesidades educativas especiales

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/4564 dirigida a Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Delegación Territorial de Málaga

ANTECEDENTES

La persona interesada se dirigió a la Institución para exponernos un problema relativo al proceso de escolarización de su hijo, alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Señalaba las vicisitudes acontecidas desde que presentó solicitud de escolarización del menor para el curso 2014-2015, en el segundo ciclo de enseñanza primaria, todo ello como consecuencia, a su juicio, de errores de tipo administrativo. Así, en las preinscripciones pusieron como primera opción un colegio, pero no obtuvo plaza en el mismo. Tras una reunión con la comisión de escolarización, vieron más conveniente otro colegio que le propusieron, por tener más recursos y menos alumnos con NEE. Dicha propuesta fue aceptada en ese momento, y la coordinadora de zona comunicó que oficialmente era suya la plaza.

Continuaba señalando la reclamante que, por un error administrativo el menor no estaba en la lista de admitidos del colegio elegido tras la propuesta, y sí en otro distinto que no era ni la primera opción ni la opción propuesta en la reunión con la comisión. Y es en este último colegio donde se encuentra actualmente el menor y donde quieren que siga por estar ya integrado, para que no sufra más cambios, teniendo en cuenta que se trata de un alumno afectado por autismo.

Por ello solicitaban que este colegio en el que está ahora escolarizado el menor, tenga los mismos recursos que si estuviera en el colegio propuesto (como mínimo un monitor más), ya que la teórica resolución del caso se ha hecho excesivamente tarde para su hijo, y su traslado ya no lo consideran una opción porque provocaría un perjuicio para la salud del niño.

Tras la admisión a trámite de la queja, la Administración informa que tiene el colegio al que asiste el menor dispone del mismo número de profesionales que el colegio al que se compara.

CONSIDERACIONES

I.- La decisión de la familia de optar por escolarizar al menor, dadas sus necesidades educativas, se adoptó siguiendo las indicaciones y sugerencias del personal de la comisión de escolarización que indicó que disponía de más recursos y menos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que otros centros de la zona. Sin embargo, al proporcionar esta información no se tuvo en cuenta que dicho centro escolar no había reservado las tres plazas por unidad para este tipo de alumnado. Precisamente por no haber obtenido plaza en este colegio es por lo que la reclamante presentó recurso de alzada con fecha 28 de mayo de 2014.

Por otro lado, el mencionado recurso no se resolvió expresamente hasta el mes de septiembre, esto es, transcurrido el plazo máximo de 3 meses que la Administración educativa dispone para resolver los recursos de alzada y las reclamaciones en materia de escolarización.

Es cierto que los procedimientos que se llevan a cabo anualmente para la selección, admisión y matriculación del alumnado en los centros escolares de Andalucía, generan una gran conflictividad y, por tanto, dan lugar a un significativo número de reclamaciones en el plano administrativo y también en el jurisdiccional. En efecto, siempre existen aspectos concretos de la aplicación práctica de la normativa sobre escolarización con los que discrepará la ciudadanía, así como casos de fraudes o irregularidades en los datos consignados o en la documentación aportada en estos procesos que requerirán la formulación de denuncias, reclamaciones o recursos.

El número de reclamaciones presentadas cada año en materia de escolarización exige de la Administración educativa un importante esfuerzo y la dedicación de medios tanto personales como materiales para poder dar respuesta en los plazos establecidos en las normas procedimentales al ingente número de reclamaciones.

La importancia de resolver con prontitud y celeridad los recursos en materia de escolarización deriva no solo de una obligación legal sino de la trascendencia de los intereses en juego. Y es que mucho antes del comienzo del curso escolar en el mes de septiembre, las familias deben conocer si finalmente sus reclamaciones han sido estimadas o desestimadas y, por tanto, saber el centro escolar al que sus hijos deberán acudir. Esta decisión deberá ser conocida con la suficiente antelación para una adecuada planificación de la vida familiar y en interés superior del alumno o alumna.

Ciñéndonos al asunto que motiva la queja, la celeridad en la resolución del recurso de la reclamante se perfilaba más necesaria si cabe teniendo en cuenta que el alumno se encuentra afectado por un trastorno del espectro autista. No viene al caso que entremos a detallar las particularidades de la patología en cuestión, basta con recordar que cualquier programa de intervención con estos niños debe ser especialmente individualizado y estructurado, prueba de ello es que la ratio profesor-alumno en las aulas donde se atiende a este tipo de alumnado es inferior a cualquier otra de necesidades educativas especiales. Es sabido que estos niños y niñas necesitan de un mundo organizado y planificado donde sepan lo que va a suceder en cada momento, con el objetivo de sentirse seguros y crear un ambiente de tranquilidad donde poder aprender y relacionarse.

De ahí que no es de extrañar la insistencia de la interesada y su cónyuge puesta de manifiesto en diferentes escritos y comunicaciones telefónicas con personal de la Administración a lo largo de los meses de junio, julio y agosto, a fin de que se tuviera presente su reclamación, y se evitara que, una vez comenzado el curso escolar, el menor se viera obligado a cambiar de colegio, teniendo en cuenta que es muy inflexible a los cambios y no se adapta con facilidad a los mismos. Cualquier alteración en su rutina podría producirle un grave perjuicio, según dictaminaron los profesionales de atención temprana que lo atienden.

Pero a pesar de las reiteradas demandas de la familia, lo cierto es que comenzado el curso escolar en el centro en el que está ahora, es cuando reciben la resolución de la Delegada Territorial, por la que estimándose la reclamación contra la lista de admitidos en el colegio propuesto por la comisión, se acuerda la escolarización en este otro colegio en el que se encuentra actualmente.

II.- Comenzado el curso escolar en el colegio en el que se encuentra actualmente, y teniendo en cuenta el quebranto que supondría para el alumno un cambio de centro, por las circunstancias ya expresadas, los padres deciden que continúe el curso en aquel. Y es precisamente aquí donde surge otra de las cuestiones suscitadas en la queja: la demanda de los padres de que el menor cuente con los recursos personales y materiales necesarios para su debida atención educativa, similares a los que dispondría si se hubiese escolarizado en el colegio propuesto.

Respecto de los recursos educativos, la Administración insiste en señalar que el colegio al que actualmente acude el menor dispone de todos los medios que precisa conforme a su dictamen de escolarización. Sin embargo, la interesada se muestra disconforme con esta afirmación pues, a su juicio, no se ha tenido en cuenta el número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que asisten al mismo, por lo que en su criterio, la ratio de profesionales por alumno con necesidades especiales es inferior a la que existe en el colegio inicialmente propuesto por la comisión. Prueba de ello es que desde la comisión de escolarización se le aconsejó, al no obtener plaza en el primer centro seleccionado, que la mejor opción para el menor era este centro, por tener más recursos para menos alumnos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

Primera .- Que se promueva una investigación para esclarecer las circunstancias que han concurrido en el presente caso, y tras su valoración y el análisis crítico de los hechos, se adopten las medidas precisas para evitar que situaciones como las acontecidas vuelvan a producirse, de modo que se informe adecuadamente a los ciudadanos acerca de las plazas vacantes en los colegios para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y, además, se notifique a los ciudadanos las resoluciones a las reclamaciones y recursos con la suficiente antelación al comienzo del correspondiente curso escolar.

Segunda .- Que se proceda a una nueva valoración de los recursos personales y materiales disponibles en el colegio donde asiste el menor, para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y conforme a dicha valoración, se estudie si es necesario incrementar el número de estos profesionales para la debida atención educativa de estos alumnos y alumnas que se encuentran escolarizados en el mencionado centro escolar.

Ver Asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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