El Defensor del Menor

El Defensor del Menor de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Que se cubra la falta de personal para la buena prestación de un servicio

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/3505 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

ANTECEDENTES

Se ha tramitando varios expedientes a instancias de personas disconformes con la excesiva demora que acumulaba la tramitación del expediente de adopción nacional en la provincia de Huelva.

Los expedientes en trámite de adopción en Huelva, se encuentran paralizado porque en un caso, según le habían informado, aún no se había cubierto la plaza de psicólogo/a indispensable para realizar dicha función o en otros casos la larga espera que tenían que soportar para que fuese valorada su idoneidad para la adopción, se debe, a que dicho estudio se encontraba paralizado a expensas de que la administración pudiera cubrir las plazas de funcionarios necesarios para ello, las cuales a esta fecha se encuentran todavía vacantes.

Nos decían que esta situación impedía a las familias solicitantes de adopción de la provincia de Huelva obtener la pertinente declaración de idoneidad y por tanto recibían un trato discriminatorio respecto de los solicitantes de adopción de otras provincias de Andalucía.

Tras la admisión a trámite de la queja, la Administración informó que efectivamente los equipos técnicos estarán compuestos por personal especializado en el sector de menores, de los que formarán parte como mínimo un psicólogo y un trabajador social y quedarán integrados en los servicios correspondientes de las Delegaciones Provinciales correspondientes en la materia. No obstante, podrán constituirse también equipos técnicos de profesionales ajenos a la Administración, debidamente autorizados con la citada composición mínima, sin que sus decisiones tengan carácter colegiado. Añade que desde la resolución del último concurso de traslados, el puesto de psicólogo/a del Departamento de Acogimiento Familiar y Adopción, del Servicio de Protección de Menores, se encuentra vacante. Y se está haciendo las gestiones oportunas para solucionarlo, a efectos de que se provea dicho puesto indispensable para las valoraciones de idoneidad que nos ocupan.

CONSIDERACIONES

1. Derecho subjetivo a obtener respuesta a su petición en un plazo razonable.

Para iniciar el expediente de adopción es necesaria –salvo excepciones- la propuesta previa de la Entidad Pública a favor del adoptante o adoptantes que dicha Entidad Pública haya declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad.

Y refiriéndonos a la Comunidad Autónoma de Andalucía, es a la Consejería competente en materia de protección de menores a la que corresponde ejercer estas funciones que derivan de la competencia exclusiva en materia de protección de menores establecida en el vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Así pues, en todo proceso de adopción nacional o internacional la Administración de la Junta de Andalucía desempeña un importante papel, ya que le corresponde declarar si una persona es o no idónea para la adopción y también –salvo excepciones- elaborar una propuesta de adopción a favor del solicitante o solicitantes declarados idóneos.

Hemos de señalar que, a priori, toda persona tiene, si no el derecho pleno, al menos la legítima expectativa de formar una familia. Cuando se pretende materializar este derecho mediante el instituto jurídico de la adopción es cuando emergen los requisitos y garantías establecidas en la legislación, que operan en beneficio particular del menor susceptible de adopción y de la sociedad en general.

Y es precisamente en el ejercicio de la función de control del cumplimiento de esos requisitos donde se requiere de una labor técnica, de evaluación de las circunstancias psicológicas y socio-económicas de la persona interesada en la adopción, que se plasman en un documento redactado con la forma de informe- propuesta sobre la idoneidad para la adopción.

Tratándose de adopción nacional dicha función evaluadora la ejerce el propio personal técnico de la Administración, que es quien emite el pertinente informe técnico que, una vez incorporado al expediente, sirve para que la Comisión Provincial de Medidas de Protección emita la correspondiente resolución declarando la idoneidad o ineidoneidad para la adopción.

El Decreto establece un plazo de 6 meses para que la Comisión Provincial de Medidas de Protección dicte una resolución expresa sobre la idoneidad de la persona o personas interesadas, que les sería notificada e inscrita en el Registro de Solicitantes de Acogimiento y Adopción de Andalucía. Transcurrido dicho plazo de 6 meses sin que se hubiese notificado dicha resolución expresa, las personas interesadas podrán entender que sus solicitudes han sido desestimadas, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.

Pero dicho efecto negativo del silencio administrativo no exime a la Administración de su obligación de emitir una resolución conclusiva del procedimiento, tal como previenen la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, señalando que «en ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso», todo ello sin diferenciar procedimientos iniciados a instancia de parte o de oficio.

La doctrina del Tribunal Constitucional considera al silencio administrativo como mera ficción procesal habilitada por el legislador para dejar expedita la vía impugnatoria procedente, de ahí que la Administración mantenga la obligación de resolver expresamente, «sin vinculación alguna al sentido del silencio».

Así pues, el silencio administrativo ha de ser considerado como una anomalía o irregularidad en el funcionamiento ordinario de una Administración Pública, a lo cual se ha de añadir los perjuicios añadidos que provoca cuando afecta a procedimientos relativos a protección de menores, en los cuales el tiempo siempre juega en contra de los intereses tanto de las personas afectadas –en este caso candidatas a un procedimiento de adopción-, como sobre todo, en perjuicio de la persona menor de edad beneficiaria de las medidas de protección que se pudieran acordar en su supremo interés.

2. Efectos negativos en las actuaciones del Ente Público de Protección de Menores.

La primera consecuencia de la no resolución de los expedientes incoados para la valoración de idoneidad es la inexistencia de estudio alguno de la familia candidata, abocando a la misma a recurrir judicialmente los efectos negativos del silencio administrativo, conforme a la ficción jurídica que acabamos de relatar. Al no existir dicho estudio se impide a la familia proseguir con su expectativa de adopción y a la persona menor de edad, potencial beneficiaria de la adopción, se le hurta la posibilidad de integrarse en su nueva familia, con las garantías que supone la previa declaración de idoneidad para ello.

También se ha de tener presente que la valoración de idoneidad es necesaria no solo en procedimientos de adopción sino también en procedimientos de acogimiento familiar, referidos tanto a familia extensa como a familia ajena.

La actual Relación de Puestos de Trabajo en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva dispone de un Servicio de Protección de Menores, del cual dependen 3 unidades administrativas: coordinación de equipos de menores, coordinación de centros y coordinación de acogimiento familiar y adopción.

Existen 3 equipos de menores, compuestos cada uno de ellos por 3 profesionales: jurista, trabajador/a social, y psicólogo/a. Dependientes del Coordinador de Acogimiento Familiar se encuentran 2 trabajadores sociales, 1 licenciado/a en derecho y 1 psicólogo/a.

Así pues, no puede dejar de sorprender que la falta de cobertura de un concreto puesto de trabajo (plaza de psicologo/a existente en el Departamento de Acogimiento Familiar y Adopción) venga obstaculizando el normal funcionamiento de los expedientes de adopción nacional en la provincia de Huelva. La ausencia de este profesional implica además de la imposibilidad de realizar determinadas funciones encomendadas al departamento, la acumulación de carga de trabajo en otros departamentos del mismo servicio, con la consecuente ralentización de sus funciones.

3. Contratación temporal de personal.

Y en esta tesitura constatamos como han transcurrido más de 2 años (desde la finalización del último concurso de traslado) sin que se hayan activado los mecanismos previstos en la normativa para paliar los efectos negativos de esta coyuntura, nos referimos a la posibilidad de acometer la contratación temporal de personal o, en su caso, la redistribución de efectivos de personal dentro de la misma Consejería que pudieran asumir de forma temporal dichas tareas.

Somos sabedores del actual escenario de contracción presupuestaria, con medidas extraordinarias para paliar el déficit de las Administraciones que incluyen limitaciones en la reposición de efectivos de personal, pero esta situación no es a la que nos estamos refiriendo ya que se trata de puestos de trabajo indispensables en la estructura administrativa, cuya ausencia de cobertura compromete el ejercicio de competencias de la Administración y limita el ejercicio de derechos de la ciudadanía reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Además, la ausencia de cobertura, siquiera sea de forma temporal, de dicho puesto de trabajo tiene efectos negativos en las funciones encomendadas a la Administración de Andalucía como ente Público de Protección de Menores, tratándose de actuaciones preferentes y prioritarias así contempladas tanto en normativa autonómica, nacional, como en Tratados Internacionales aplicables en España, que hacen prevalecer el interés superior de las personas menores de edad.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN:"Que en el supuesto de quedar vacante una plaza de personal cuya ausencia conlleve la paralización completa de algún servicio que afecte al funcionamiento del Ente Público de Protección de Menores, se promueva con urgencia las distintas actuaciones tendentes a la provisión temporal de dicha plaza o, en su caso, para ocupación temporal de la misma por personal, con titulación y formación adecuada, procedente de otros destinos de la Administración de la Junta de Andalucía".

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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