El Defensor del Menor

El Defensor del Menor de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Que los servicios sociales comunitarios trabajen con la madre de una niña para favorecer la reunificación familiar

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 15/0351 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Delegación Territorial de Sevilla

ANTECEDENTES

Esta Institución viene tramitando el presente expediente de queja a instancias de la madre de una niña, de 8 años de edad, disconforme con la declaración de desamparo emitida por la Administración ante la sospecha de que pudiera estar causándole maltrato al obligarla a acudir de forma reiterada a servicios médicos, como consecuencia de dolencias provocadas o inducidas por ella (síndrome de Munchausen por poderes).

El informe que nos fue remitido relataba los motivos que fundamentaron la resolución de desamparo, sustentados en indicios y medios de prueba considerados suficientes para ello.

Aunque se dictó sentencia ratificando la resolución de desamparo en el fundamento de derecho segundo el juzgado reconocía la relación afectiva existente entre madre e hija y aventuraba una futura reunificación familiar, condicionaba esa futura reunificación a un previo trabajo social y psicológico tanto con la menor como con la madre.

En esta tesitura, al haber transcurrido más de 4 meses desde la fecha de la sentencia y no haber realizado la Junta de Andalucía ninguna actuación en el sentido señalado por el juzgado en el fundamento de derecho segundo de su resolución, es por lo que la interesada nos presentó una nueva queja solicitando nuestra intervención.

La nueva respuesta a nuestra solicitud desde la Delegación Territorial fue que en estos cuatro meses aludidos por la progenitora se están llevando a cabo las relaciones personales de la madre con la hija, pero no se han producido cambios significativos en la progenitora sobre la situación socio-familiar, ni reconocimiento de que la situación planteada ha estado inserta en la misma, por lo que dicha reunificación familiar se valorará cuando se produzcan los indicadores favorables necesarios en la progenitora y en la relación, que de lugar a un informe favorable, que posibilite argumentar una resolución en este sentido.

La interesada alegaba que a pesar de lo señalado por el Juzgado en su resolución, y de que la reagrupación familiar sea un principio al que deba tender toda actuación del Ente Público de Protección de Menores, hasta esos momentos la Delegación Territorial no había hecho nada en tal sentido. Así señalaba que Protección de Menores no había solicitado la intervención del Equipo de Tratamiento Familiar, ni de los servicios sociales de zona, por lo que difícilmente podría tener noticias de su evolución, ni se había iniciado ningún trabajo social para allanar el camino hacia una futura reunificación familiar.

También nos decía que a pesar de que la buena relación con su hija durante las visitas que le eran permitidas, hasta el momento Protección de Menores no había autorizado una ampliación del régimen de visitas, sin que hubieran atendido ninguna las peticiones que en sucesivos escritos había presentado.

 

A lo expuesto habría que añadir que la interesada interpuso un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, emitiendo la Audiencia Provincial su sentencia, volviendo a ratificar la resolución de desamparo pero indicando en que los contundentes informes obrantes en evidencian que el modo de relacionarse la madre con su hija menor, y la inestabilidad emocional de aquella que incide negativamente en la menor, son la causa de la intervención administrativa y justifican el mantenimiento de la medida de protección adoptada en interés de la menor, si bien es previsible y deseable que la Administración lleve a cabo una próxima y relativamente cercana reunificación familiar, con un seguimiento por parte del equipo de tratamiento familiar, y obviamente, condicionada a un cambio de actitud y de comportamiento de la madre respecto a su hija, y a la colaboración de aquélla con el equipo de tratamiento

CONSIDERACIONES

La actuación desarrollada por la Administración Autonómica en el presente expediente se enmarca en las competencias propias de Ente Público de Protección de Menores, conforme a la Ley de los Derechos y la Atención al Menor, que configura a la Administración de la Junta de Andalucía como la entidad pública competente para el ejercicio de las funciones de protección de menores que implican separación del menor de su medio familiar.

Es así que tras recibir un informe procedente de los Servicios Sociales Comunitarios con indicadores de riesgo grave para la menor, alertando además de un posible traslado de domicilio, se actuase de forma urgente en protección de la menor, declarando su desamparo provisional y procediendo a ingresarla en un centro residencial de protección de menores. Al mismo tiempo y de forma paralela se incoó un procedimiento para la declaración de desamparo de la menor donde se recabarían informes que ratificarían dichos indicios de riesgo o bien los descartarían, correspondiendo al Ente Público de Protección resolver dicho expediente con una resolución motivada y congruente con la información incorporada al expediente.

Ante la discrepancia de la madre, todas estas actuaciones han sido confirmadas mediante resoluciones judiciales en primera instancia y en apelación, encontrándose por tanto suficiente justificadas y siendo proporcionadas al fin pretendido que no es otro que garantizar el bienestar e interés superior de la menor.

Ahora bien, se ha de tener presente que dichas medidas protectoras no han de prolongarse en el tiempo más allá de lo suficiente para garantizar la integridad de los derechos de la menor, siendo exigible a la Administración una actuación diligente para comprobar la evolución de la madre para comprobar un cambio de actitud de la madre respecto de la relación con su hija y que su situación personal y social hace posible un proceso progresivo de reintegración de la menor junto con ella.

En esta tesitura la madre nos ha indicado que la terapeuta en psicología que la viene atendiendo ha emitido un informe de alta, el cual aportó a la Administración el pasado 9 de febrero, adjuntado además un informe sobre ella emitido por los servicios sociales de zona.

Así las cosas, desde nuestra obligada perspectiva de Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor, no podemos conformarnos con las actuaciones realizadas hasta el momento por la Administración ya que se han centrado en garantizar el bienestar de la menor mediante su ingreso en un centro de protección, permitiendo al mismo tiempo un limitado régimen de visitas de la madre hacia su hija.

Y en esta tesitura hemos de atender a la demanda que realiza la madre, que solicita que más allá de ese limitado régimen de visitas se realice alguna actuación que le permita probar su cambio de actitud y como se encuentra dispuesta y preparada para retomar con normalidad la relación con su hija.

En consecuencia, sobre la base de lo señalado, y al amparo de lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, formulamos la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN:"Que en congruencia con lo establecido en las sentencias de primera instancia y de apelación, confirmatorias de la resolución de desamparo, se recabe la colaboración de los servicios sociales comunitarios y/o del equipo de tratamiento familiar para iniciar un trabajo social con la madre que permita acreditar un cambio de actitud respecto de la relación con su hija, todo ello con vistas a una previsible y deseada reunificación familiar".

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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