El Defensor del Menor

El Defensor del Menor de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Pedimos más medidas para mejorar la atención a los menores de un centro de acogida inmediata de Granada

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/4454 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Delegación Territorial de Sevilla

ANTECEDENTES

En el ejercicio de los cometidos asignados a esta institución como Defensor del Menor de Andalucía hemos elaborado un Informe Especial sobre el Sistema de Responsabilidad Penal de Menores. En la tramitación del mencionado informe hemos visitado diferentes centros de internamiento y nos entrevistamos con alguno de los menores que cumplen medidas en dichos centros.

En el curso de una de dichas entrevistas una menor interna en un centro, nos hizo un relato de sus circunstancias personales, recalcando que con anterioridad a su ingreso había estado ingresada en un centro de protección de menores.

La menor mostró su disconformidad con el modo en que funcionaba dicho centro. Refería que durante el tiempo que estuvo internada participó de un clima de convivencia muy conflictivo, con conductas desajustadas y violentas de muchos de los menores allí residentes y que presenció frecuentes actuaciones de contención física a los menores para evitar daños a otros menores o a ellos mismos.

Nos manifestó que presenció fugas e incluso un incendio causado por una menor, y que su sensación era que el personal del centro se veía superado por las circunstancias, careciendo de control de la situación.

Tras incoar un expediente de oficio, la Administración informó que por necesidades del servicio de protección de menores el centro en cuestión se especializó en la acogida inmediata de urgencia de adolescentes desamparados de ambos sexos, de 12 a 17 años.

En el centro los menores permanecen el tiempo mínimo indispensable para estudiar su situación y elevar al servicio de protección de menores un informe preliminar al cabo de un mes, seguido de la correspondiente propuesta de valoración como máximo en el plazo de seis meses.

En ciertos casos de adolescentes en conflicto con su familia, como es el caso de referencia, no ha lugar a la propuesta emitida por el equipo técnico (psicóloga y trabajadora social) de la entidad, por darse a la fuga el menor, adoptándose una medida judicial o reincorporándose al hogar familiar antes de dar tiempo a su estudio.

Ha de tenerse en cuenta que los centros de protección, al contrario que los centros de reforma, son centros abiertos en donde en el plazo del traslado de matrícula se escolariza a los menores y salen y entran en principio acompañados, pero tras un período de observación inicial, lo hacen de forma autónoma.

Sigue informando la Administración que con respecto a la contención física y otras medidas en ejercicio de la potestad de corrección, están descritas en el Decreto, de acogimiento residencial de menores, y no hay constancia de que en el centro se hayan vulnerado los derechos de los menores.

La menor, de 16 años, de la que parte la queja, ingresó acompañada por efectivos del área de protección al menor de la policía nacional, desconociendo el personal educativo en ese momento las causas del ingreso.

 

La menor se fuga al mes de estar ingresada -aunque regresa posteriormente- tras protagonizar junto con un grupo de internos graves incidentes en el centro: Formaron gran alboroto, provocaron un incendio y arrancaron la reja de una ventana, tratando de impedirlo la monitora de guardia.

CONSIDERACIONES

1.- Según la Ley de los Derechos y la Atención al Menor, corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía el ejercicio de las funciones de protección de menores que implican separación de la persona menor de edad de su medio familiar.

En el ejercicio de dichas competencias de protección de menores el acogimiento residencial se constituye como una de alternativas posibles para atender las necesidades de la persona menor bajo tutela o guarda de la Administración. Dicha medida sería acordada en favor del menor atendiendo a su supremo interés, en aquellos supuestos en que se considerase que ésta resultaba ser la opción más beneficiosa.

A tales efectos, la Administración de la Junta de Andalucía dispone de una red de centros propios o en régimen de convenio o concierto con entidades privadas en los que residen aquellas personas menores de edad tuteladas o cuya custodia hubiera sido asignada a la Junta de Andalucía, y sobre las que se haya considerado más beneficiosa su estancia en centros en lugar de la prioritaria medida de acogimiento familiar.

La organización y funcionamiento de estos centros habrá de estar orientada a dos principios básicos; de un lado se ha de procurar la mejor calidad técnica en la atención, referida tanto a recursos humanos como materiales, y de otro la dinámica de funcionamiento de los centros debe procurar cuantas mayores semejanzas posibles al modelo de un hogar familiar.

Y en este contexto resultan prioritarias las funciones de supervisión y control del Ente de Protección de Menores, respondiendo a una doble lógica y finalidad:

En primer lugar se ha de responder a la preocupación por el estado de los menores internos en el centro. La Administración es tutora (o mera guardadora) de las personas menores internas en el centro, y como un buen padre o madre hace respecto de su hijo o hija, ha de velar porque reciba las atenciones y cuidados que le son necesarios, protegiendo sus derechos e integridad y decidiendo en cada momento aquellas medidas o actuaciones más beneficiosas para su supremo interés.

Además de estas actuaciones propias de quien ejerce la tutela o guarda, nos encontramos la visión de la Administración responsable del funcionamiento del centro, como servicio público que se presta en régimen de prestación directa, o indirecta mediante convenio, concierto o cualquier otra fórmula contractual. Desde esta perspectiva, la Administración ha de velar porque el centro cumpla con los requisitos establecidos en la normativa, y porque ajuste su prestación al encargo institucional realizado, conforme a las cláusulas del documento contractual y con el seguimiento y evaluación establecido.

Por esta razón, el Servicio de Protección de Menores habrá de realizar, al menos, dos visitas anuales a cada uno de los centros, al objeto de efectuar el seguimiento del funcionamiento y organización de los mismos, supervisar la acción educativa, y ofrecer el apoyo técnico en la elaboración de los instrumentos técnicos que se exigen en el Decreto.

De igual modo, al existir un vínculo contractual con la Administración, no deben existir dudas en cuanto a la potestad de supervisión y control permanente de la correcta ejecución del encargo efectuado a la entidad privada gestora del centro. Se trata de una potestad inherente a la Administración Pública en el ámbito propio de la ejecución del contrato administrativo para impulsar, verificar y supervisar su cumplimiento efectivo, conforme a su propio articulado y demás cláusulas accesorias.

2.- Así pues, tras relacionar de manera somera la normativa que obligaría a la Administración a efectuar labores de seguimiento y evaluación continua del funcionamiento de los centros de protección de menores bajo su responsabilidad, hemos de llamar la atención sobre algunas conclusiones que extraemos tras la instrucción del expediente de queja.

La primera impresión que obtenemos es que la problemática del centro es asumida por la Administración como un hecho hasta cierto punto insalvable y cronificado, justificando la reiteración de comportamientos disruptivos de los internos en función del perfil de los menores allí ingresados. Se recalca en el informe que por necesidades del Servicio de Protección de Menores dicho centro se ha especializado en la acogida inmediata de urgencia de adolescentes desamparados de ambos sexos, de 12 a 17 años. La premura de la acogida inmediata hace que de dichos menores se tenga poca información y que exista un período de estancia, más o menos prolongado, en que los menores permanecen en el centro sin conocer exactamente su situación y el plan de intervención previsto para ellos. En el centro muchas veces se parte de cero y se comienza un estudio de su perfil y circunstancias personales para derivarlos, si así se determinase, a un centro residencial básico, a acogimiento familiar, o ser devueltos a sus familias.

En esta tesitura, al acoger de urgencia a adolescentes carentes de plan de intervención o éste someramente iniciado, si se da el caso de que algunos de los residentes tienen un perfil conflictivo, y se añaden nuevos ingresos del mismo perfil, nos encontramos con un terreno abonado para el florecimiento de conflictos y disputas de difícil solución. Prueba de ello son los hechos antes relatados que refieren un clima de convivencia en el centro inapropiado para la protección de menores, con altercados de carácter muy violento. Y nos tememos que no se trata de hechos extraños o muy esporádicos pues esta institución dispone de antecedentes de quejas referidas a este mismo centro, que versan sobre circunstancias similares.

Se ha de tener presente que el fin que persigue la estancia de los menores en el centro es protegerlos de una situación vulneradora de sus derechos, ofreciéndoles una atención de calidad similar a la que normalmente recibirían en el seno de una familia. De forma contradictoria con esta previsión el clima de convivencia que se describe en la queja es bien diferente, ya que con más habitualidad de la deseable, pese a los esfuerzos del personal, se dan casos de inobservancia de las normas de convivencia, se cuestiona la autoridad del personal educativo, existe carencia de disciplina, frecuentes abandonos del centro –fugas- y los menores tienden a solucionar sus conflictos mediante el empleo de violencia, llegando incluso a altercados especialmente violentos con riesgo para la integridad física de los menores y del personal.

En el informe de seguimiento del centro los profesionales entrevistados relataron sus vivencias y experiencias en el desempeño de su profesión, precisando algunos aspectos que consideraban susceptibles de mejora: Solicitaban disponer de mayor información sobre los menores ya que dicha carencia dificulta enormemente su labor. Dicha situación crea tensión y desconfianza en el menor, y las posibles medidas educativas a aplicar demoran su eficacia a la espera de dicha información.

También pedían mayor agilidad y eficacia en la tramitación de propuestas y decisiones que afecten a los menores. La impulsividad propia de la adolescencia no se compadece con situaciones de incertidumbre o de espera prolongada a trámites burocráticos.

Además solicitaban disponer de más efectivos de personal ya que consideraban insuficientes los medios de que disponían para atender, con la calidad que les es exigida, a los adolescente allí ingresados, con el perfil y características antes descrito.

Y respecto de los efectivos de personal ponen énfasis en disponer de recursos terapéuticos con que solventar la especial problemática que puedan presentan algunos menores, evitando que su estancia en el centro fuera a efectos meramente residenciales sin atender adecuadamente sus necesidades.

Enunciamos estas peticiones del personal porque pensamos que con medidas como estas u otras similares se lograría una mejora en la atención dispensada a los menores. Desde nuestra obligada perspectiva de Defensor del Menor no podemos conformarnos con una situación en que menores tutelados por la Administración perciban su ingreso en el centro residencial como una situación incluso peor que la situación de la que están siendo protegidos. Mal haríamos si con la justificación de que la estancia en este centro es temporal –en muchos casos incluso superior a 6 meses- rebajásemos el nivel de exigencia en cuanto a la calidad de la atención que han de recibir.

Precisamente por tratarse de la primera imagen que reciben de la Administración que ha de ejercer su tutela, la estancia de los menores en el centro de acogida inmediata ha estar especialmente planificada y supervisada, ha de ser cálida y amigable, dejando poco espacio a la improvisación y cuidando de detalles que en apariencia nimios exacerban la respuesta de menores, en edad adolescente, recién separados de sus familiares.

Así pues, teniendo en cuenta los hechos expuestos, el informe emitido y las consideraciones realizadas, esta Institución procede a formular la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN Que atendiendo al histórico de incidentes acaecidos en el centro, y teniendo en consideración el perfil habitual de los menores allí ingresados, se acometa una revisión de los criterios organizativos y el proyecto educativo del centro adecuándolo a dichas circunstancias.

Que se adopten las medidas precisas para garantizar una atención de calidad a los menores que residen en el centro, procurando un clima de convivencia amigable que reduzca los incidentes violentos a supuestos excepcionales.

Que .se incremente la periodicidad de las visitas de control al centro para de este modo evaluar el resultado de las medidas que se fueran adoptando para mejorar su funcionamiento.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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