La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Pedimos al Ayuntamiento que nos explique las causas por las que aún no han comenzado la construcción de unas nuevas viviendas

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 19/0403 dirigida a Ayuntamiento de Cádiz

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Cádiz a nuestra petición de que se nos indicaran las causas por las que no había dado comienzo la construcción de las nuevas viviendas y, en todo caso, el plazo aproximado en que se preveía el inicio de las obras citadas, dada la creciente inquietud de los afectados que, según exponía la persona interesada, no recibían información acerca de las causas de la demora que se advertía, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se aclaren las causas de ello.

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de febrero de 2019 interesábamos de ese Ayuntamiento el envío del preceptivo informe solicitado en el curso de la investigación del expediente de queja que se tramita con el número de referencia que se indica en el encabezamiento de este escrito.

La petición de ese informe no ha sido atendida, por lo que, como conoce, nos hemos visto obligados reiterar en dos ocasiones dicha petición con fechas 26 de marzo y 30 de abril de 2019 (puede consultar la sede electrónica). Tampoco hemos recibido su respuesta pese al contacto telefónico que, a estos efectos, se mantuvo por parte de personal de esta Institución con personal de ese Ayuntamiento el pasado 8 de julio de 2019.

Debemos pues, señalar la demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones, junto a la falta de respuesta a las cuestiones requeridas para analizar el caso concreto. Esa situación ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle los motivos de la queja.

Creemos oportuno significar ante todo esta valoración, esperando que tal incidente producido en el presente expediente de queja no derive en una falta de colaboración que motive la adopción de medidas reprobatorias formales.

En cuanto a la cuestión analizada en el presente expediente de queja y a pesar de la falta de información concreta que le ha sido solicitada, esta Institución debe ofrecerle sus valoraciones.

Así, la interesada, en relación con la situación que afecta a la finca urbana situada en la calle ..., número ..., de esa capital, nos exponía textualmente lo siguiente:

El Ayuntamiento de Cádiz me ha expropiado mi casa y a todos los vecinos hace años. El bloque no tiene pasada la IT de edificaciones y está en ruina. Yo tengo mi casa con puntales que me los puso el Ayuntamiento y tengo dos hijos menores. Los techos crujen y quisiera saber cuándo van a construir el bloque porque el terreno lo tienen. Es que llevamos mucho tiempo malviviendo.”

En el documento previo al Acta de Ocupación y Pago en el Expediente Expropiatorio de la citada finca, que data de Julio de 2011, se asumía el compromiso municipal de adjudicar viviendas a las personas que resultaron expropiadas en un edificio que tenía previsto construir PROCASA, pero lo cierto es que, según la afectada exponía, pese a los años transcurridos, dicha construcción no se acomete y el deterioro del inmueble donde residen es progresivo y lo hace cada vez más inhabitable.

Por todas razones, en nuestra petición de informe a ese Ayuntamiento, le interesábamos que se nos indicaran las causas por las que no había dado comienzo la construcción de las nuevas viviendas y, en todo caso, el plazo aproximado en que se preveía el inicio de las obras citadas, dada la creciente inquietud de los afectados que, según exponía la afectada, no reciben información acerca de las causas de la demora que se advierte.

Lo cierto es que, pese a todas nuestras gestiones, ese Ayuntamiento sigue sin dar respuesta alguna a nuestra petición de informe inicial.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se le preste la debida atención a esta Institución y se aclaren las causas por las que, según la afectada, no ha dado comienzo la construcción de las nuevas viviendas y, en todo caso, el plazo aproximado previsto, en su caso, para el inicio de las obras citadas, dada la creciente inquietud de los afectados que, al parecer, no reciben información acerca de las causas de la demora que se advierte.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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