El Defensor del Menor

El Defensor del Menor de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Nos interesamos por el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 19/4025 dirigida a Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Debemos comenzar la fundamentación de nuestra intervención de oficio en relación con el funcionamiento y autoorganización del Consejo de Transparencia y Protección de Datos (CTPDA), manteniendo que la Transparencia, para las Administraciones Publicas y entidades del Sector Público, comporta un deber cuyo contenido y alcance ha sido objeto de ampliación a nuestro Ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

 

Con respecto a esta última, debemos traer a colación lo señalado por el Legislador Autonómico en el preámbulo de la misma:

«El derecho a la información cuenta con antecedentes en el derecho comparado. Desde la Ley de Suecia de 1766, pasando por el art. 14 de la Declaración de Derechos Humanos y Civiles de Francia de 1789, la Resolución de la Asamblea General de la ONU 59 de 1946; la Ley de Libertad de Información de 1966 de los Estados Unidos; la Recomendación del Consejo de Europa de 1981 sobre el Acceso a la Información en manos de las Autoridades Públicas y, finalmente, el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos de 18 de junio de 2009.

En nuestro país, tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuentan con diferentes preceptos que fundamentan la regulación de la transparencia.

En desarrollo de la Constitución española, se pretende ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, así como reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad, con el fin de facilitar, en cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución española a la participación de todos los ciudadanos en la vida política; garantizar, de conformidad con el artículo 9.3 de la misma la publicidad de las normas, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; y por último, garantizar, conforme al artículo 20.1.d) de la Constitución española el derecho a recibir libremente información veraz de los poderes públicos, y, conforme al artículo 105 b) de la Constitución española, el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Igualmente, el fomento de transparencia encuentra fundamento en diversos preceptos del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Pretende fomentar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1, la calidad de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la vida política; conseguir, como objetivo básico, en defensa del interés general, la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en el ámbito político, en aras de una democracia social avanzada y participativa, como dispone el artículo 10.3.19; promover, de conformidad con los dispuesto en el artículo 11, el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena; constituir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1.e), cauce de ejercicio del derecho de participación política, y, en particular, del derecho a participar activamente en la vida pública andaluza estableciendo mecanismos necesarios de información, comunicación y recepción de propuestas».

El Consejo se creó en virtud de lo establecido en el articulo 43 de la Ley 1/2014, citada, quedando configurado como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus cometidos y, conforme a las previsiones establecidas en el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, ejercerá sus funciones con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de las mismas.

Por su parte, las Defensorías del Pueblo, Estatal y Autonómicas, vienen reclamando de forma coordinada que el derecho de acceso a la información pública sea reconocido como un derecho fundamental y, en todo caso, como un derecho autónomo dotado de una protección jurídica efectiva y adecuada a través de medios e instrumentos rápidos, ágiles y eficaces. A tal fin, tales Instituciones garantistas están concebidas para la protección de todos los derechos, incluidos el derecho a una buena administración, a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y, a su pre-requisito, el acceso a la información pública. Por este motivo, constituyen instituciones idóneas e imprescindibles para asumir y ejercer las funciones de control de la eficacia de estos derechos, así como de promoción y divulgación de la cultura de la transparencia.

Al mismo tiempo, los defensores del pueblo pueden intervenir siempre para intentar lograr el cumplimiento efectivo por parte de la Administración pública de las resoluciones estimatorias de las reclamaciones dictadas por las instituciones u órganos administrativos de control de la transparencia. Estando obligados los órganos administrativos de control de transparencia a colaborar con los defensores del pueblo y a facilitar toda la información requerida, así como a comunicar sus resoluciones al defensor del pueblo correspondiente cuando así se prevea. De ahí que los defensores del pueblo conocerán de las quejas o reclamaciones presentadas por el mal funcionamiento de las instituciones u órganos administrativos de control de la transparencia y, en su caso, de las recibidas en relación con las resoluciones adoptadas por estas.

En el Defensor del Pueblo Andaluz venimos recibiendo en los últimos ejercicios numerosas quejas referentes al ejercicio del derecho de acceso a información y documentación pública y las dificultades o limitaciones que los ciudadanos encuentra en el ejercicio de ese derecho ante las administraciones públicas. El número de expedientes de queja en materia de transparencia pública desde la entrada en vigor el 16 de diciembre 15 de diciembre de 2015, de la normativa autonómica (Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía), ha ascendido a 70.

Dentro de ellos, el total de expedientes de queja directamente afectados por la tramitación de las reclamaciones por la Autoridad autonómica independiente de control, el Consejo de Transparencia, ha sido de 11 quejas, desde la constitución del Consejo de Transparencia y el comienzo de su actividad, lo que se produjo en el segundo semestre de 2016.

En las quejas que afectan al CTPDA, los promotores nos denuncian básicamente incidencias y retrasos en el funcionamiento como órgano de control en esta materia. Así, entre otras cuestiones, se denunciaba en unos casos inactividad del Consejo; en otros, la no ejecución de sus Resoluciones; reclamación contra la resolución del Consejo y, mayoritariamente, el incumplimiento de los plazos de respuesta y resolución legalmente establecidos por parte del propio Consejo (Q 18/1442; Q 18/3755; Q 18/6431; Q18/7075; Q 19/457; Q 19/1168; Q19/1491; Q 19/2100).

En estos últimos expedientes de queja, siempre las respuestas del CTPDA a las peticiones de informe y colaboración de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, han sido diligentes y acordes a su disponibilidad de medios personales y materiales. No obstante, últimamente, se viene produciendo demoras o retrasos en el dictado de resoluciones por parte del Consejo, así como en el traslado de las mismas al Defensor del Pueblo Andaluz; en particular, estas dilaciones se producen cuando se trata de reclamaciones frente a las Administraciones Locales, habiéndose detectado retrasos de hasta 10 meses. Unos plazos inadecuados si se tiene en cuenta que la norma estatal básica, la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 24 .4, que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución (formulada ante el Consejo de Transparencia), será de tres meses.

Consideramos que, en estos casos, el retraso producido puede afectar al derecho de acceso a información y documentación públicas conforme a las previsiones establecidas en el artículo 105 b) de la Constitución Española, respecto del citado derecho de acceso a la información pública; derecho que no es absoluto sino que la propia Ley establece límites a su acceso. A su vez, tales retrasos pudieran comportar un ineficaz control por el Consejo en el cumplimiento del deber y obligaciones de transparencia en la actividad pública de las Administraciones y entidades concernidas.

En nuestra opinión, el CTPDA y las referidas Administraciones y entidades del Sector Público, deben actuar con mayor adecuación a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución y en el artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que figura el de transparencia con objeto de lograr un alto grado de garantía de los derechos de los ciudadanos y de cumplimentación respecto de las obligaciones administrativas en la materia indicada.

Por cuanto antecede, se entiende oportuno que esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tome mayor conocimiento de la situación existente, de las repercusiones negativas habidas o producidas respecto del derecho de acceso a la información y documentación públicas por parte de la ciudadanía y de las obligaciones y principios de actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Así, en virtud de lo dispuesto en el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución se propone iniciar una actuación de oficio y solicitar informe a esa Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, sobre los siguientes extremos:

1.- Dotaciones presupuestarias anuales para dotación del CTPDA incluidas en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, desde 2016, años de su puesta en funcionamiento, hasta el último Presupuesto anual aprobado.

2.- Igualmente descripción de la Plantilla presupuestaria y de la Relación de puestos de trabajo del CTPDA, desde el ejercicio de su puesta en funcionamiento (2016) hasta el presente 2019.

3.- Valoración general sobre la suficiencia o necesidades de recursos económico presupuestarios y de medios personales y materiales del CTPDA.

4.- Detalle de previsiones de futuro (a corto y medio plazo) con que cuente la Administración de la Junta de Andalucía para tratar de mejorar el funcionamiento y actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

5.- Cualquier otra información o consideración que consideren relevante para el caso que abordamos.

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