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El Defensor del Menor de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Investigamos las circunstancias que han provocado reiterados cortes de luz en municipios de la Sierra Sur de Sevilla

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 19/7056 dirigida a Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, ENDESA

Por noticias de prensa hemos podido conocer que los alcaldes de El Rubio, Aguadulce, Martín de la Jara, El Saucejo y Los Corrales han reclamado a Endesa y a la Junta de Andalucía una reunión urgente para abordar los fallos en el suministro eléctrico sufridos durante los últimos meses.

Según estas noticias, los cortes de electricidad se habrían intensificado a partir del pasado 5 de diciembre y “sufren de manera casi diaria esta situación intolerable”. En particular se hace referencia a los perjuicios que ocasionan los cortes no sólo a particulares sino también a fábricas, cooperativas, empresas y comercios.

La situación habría llevado a dichos alcaldes a iniciar actuaciones de forma coordinada debido a la indignación que causan los daños que los cortes están ocasionando.

De acuerdo con lo expuesto, hemos iniciado una actuación de oficio con objeto de conocer la realidad de estos hechos y, en su caso, las circunstancias que han ocasionado estos cortes. Para ello, hemos interesado informe a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, como Administración competente en materia de energía, y a Endesa.

Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en adelante EAA) y que el artículo 51 de la Constitución (en adelante CE) define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.

Igualmente creemos que la garantía del disfrute de un suministro esencial como la luz resulta parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada (artículos 47 CE y 25 EAA) y, más aún, como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana (artículo 10 CE).

En algunas ocasiones la falta de suministro eléctrico puede afectar a principios rectores de la política social y derechos reconocidos por nuestro Estatuto como son la protección de la salud (artículo 43 CE y artículo 22 EAA), de las personas mayores (artículo 19 EAA), de las personas con discapacidad (artículo 49 CE y artículo 24 EAA) y de la infancia (artículo 39 CE y artículo 18 EAA).

Además, entre los objetivos básicos cuyo desarrollo encomienda nuestra norma estatutaria a la Comunidad Autónoma se cita «La cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social». A tal fin insta a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía a adoptar las medidas adecuadas, entre otras, la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas (art. 10.3.14º y 10.4 EAA).

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