El Defensor del Menor

El Defensor del Menor de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Hemos recomendado que le realicen a una familia que quiere adoptar una nueva valoración de idoneidad

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/5128 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Socilaes. Delegación Territorial de Sevilla

ANTECEDENTES

Una pareja disconforme con el modo de proceder del equipo que ha valorado su idoneidad exponía que el procedimiento de valoración se ha dilatado en exceso y que la intervención del personal evaluador ha sido invasiva e incluso agresiva hacia ambos miembros de la pareja. Relatan una sucesión de errores en el informe emitido por dicho equipo que concluye con una propuesta negativa a su idoneidad como adoptantes.

También señalan que las entrevistas de evaluación no fueron grabadas y que tal hecho ha limitado sus posibilidades de defensa ante lo que consideran una vulneración de sus derechos. Por dicho motivo, en aras de una posible solución del problema planteado y ante la previsible tardanza de un posible recurso judicial contra la valoración negativa a su idoneidad, solicitaron la intervención de esta Institución a fin de que se subsanen los errores reflejados en el informe que condicionan un resultado favorable a su declaración de idoneidad.

La Administración vino a informar que el equipo técnico que había realizado la intervención con la familia había actuado en todo momento con la profesionalidad debida. Siendo verdad que hubo una demora en el estudio debido la repentina baja laboral de la trabajadora social inicialmente asignada al expediente.

En cuando a la negativa a grabar las entrevista, señalaban que, por un lado, en ningún momento los solicitantes lo demandaron, y por otro, que actualmente no es una práctica utilizada en el Servicio de Protección de Menores.

CONSIDERACIONES

1. Sobre el malestar por el trato recibido.

Hemos de comenzar nuestro análisis refiriéndonos a una cuestión a la que de forma recurrente se alude en las quejas que recibimos de parte de personas que se someten a un proceso de evaluación para determinar su idoneidad para la adopción. En muchas de estas quejas se relata cierto malestar por el trato recibido por el personal evaluador, refiriendo interpretaciones sesgadas de determinados hechos o acontecimientos y conclusiones fundamentadas en hipótesis no suficientemente contrastadas.

En anteriores actuaciones de esta Defensoría ya hemos alertado a la Administración sobre las quejas que al respecto se reciben, recordando la necesidad de controlar las actuaciones del personal evaluador con la finalidad de que su modo de proceder se ajuste a las necesidades del concreto procedimiento administrativo, conforme a las pautas y protocolos de actuación dictados en tal sentido.

No obstante, al momento de analizar estas quejas no pasamos por alto la dificultad que entraña el trabajo de valoración de la idoneidad, en cuanto que implica un juicio sobre la capacidad, aptitud y actitud de una persona o personas para asumir los derechos y obligaciones que conlleva la adopción de una persona menor de edad.

La valoración ha de explorar diversas facetas de la vida de dicha persona, algunas con incidencia en su intimidad y relaciones afectivas. Al ahondar en estos espacios tan sensibles quien entrevista y evalúa ha de tener un comportamiento neutro y mesurado, sensible con las circunstancias de la persona que se somete a la evaluación, evitando herir susceptibilidades y procurando que el análisis no se vea influido por prejuicios personales ni por creencias o ideologías que no fueran las propias del sistema de valores y principios que se deduce de nuestra Constitución. Y en este trance, tampoco resulta extraño que ante una valoración negativa se produzca una reacción de rechazo de la persona evaluada hacia quien ejerce dicha labor valorativa, sirviendo las críticas hacia el personal evaluador como modo de desvirtuar el contenido del informe de no idoneidad.

Este es un hecho insoslayable y que siempre se ha de tener presente. Aún así, asumiendo la necesidad de estas cautelas, ello no debe ser óbice para que al menos resaltemos aquellas quejas que inciden en un trato descortés y poco considerado con la situación de quienes se someten a la valoración de sus circunstancias personales. Y más aún cuando estas personas alegan la indefensión que representa el hecho de que el argumentario de la valoración de idoneidad se base, fundamentalmente, en declaraciones que efectuaron, verbalmente, en entrevistas personales, manifestaciones que en ocasiones niegan rotundamente haberlas realizado y en otras discrepan de la interpretación que se da a sus palabras, sacadas de contexto.

2. Sobre la grabación de las entrevistas.

Centrándonos, pues, tanto en el procedimiento ejecutado para realizar el informe de valoración de idoneidad con el que los interesados se muestran disconformes, así como en los criterios utilizados para su emisión, hemos de detenernos necesariamente en la ausencia de grabación de las entrevistas mantenidas con el personal evaluador.

En el curso del proceso de valoración de idoneidad se produce un ofrecimiento para que si la familia así lo desea se proceda a la grabación y archivo de las entrevistas. La finalidad de esta grabación –aparte de facilitar el trabajo del personal evaluador- no puede ser otro que disponer de un soporte material donde acudir para revisar el transcurso de las entrevistas.

Al disponer de dicho soporte documental se consigue dotar de máxima transparencia a todo el proceso evaluador. No quedan rincones oscuros a las preguntas que el personal evaluador pudiera haber realizado o al contenido de las respuestas e información aportada durante el desarrollo de las entrevistas.

Además, se garantiza que las personas disconformes con la evaluación puedan recurrirla aportando argumentos contradictorios, máxime si dicha evaluación se centra de forma primordial y decisiva en la información obtenida de las entrevistas. Al existir esta posibilidad de acceder al archivo sonoro o audiovisual de las entrevistas se facilita la posibilidad de presentar alegaciones y se evita que una de estas alegaciones fuese precisamente la indefensión padecida por no poder probar que lo que se argumenta no tiene fundamento razonable o carece de veracidad.

Pues bien, a pesar de tratarse de una práctica administrativa consolidada, en la presente queja nos encontramos con que a la pareja evaluada ni siquiera se le ofertó la posibilidad de grabación de las entrevistas, careciendo por tanto de posibilidad de acceder al archivo sonoro o audiovisual que les serviría de soporte, y en consecuencia viendo mermadas sus posibilidades de aportar alegaciones sobre las mismas.

3. Sobre la ponderación de los diferentes elementos que conforman la valoración de idoneidad.

La evaluación de la idoneidad para la adopción se sustenta tanto en aspectos de más fácil comprobación, por ser tangibles y mensurables, tales como la capacidad económica, las relaciones familiares, la ausencia de enfermedades, el estado de la vivienda, la organización familiar, las habilidades para la educación; como también en otros apartados más susceptibles de interpretación subjetiva, muy relacionados con la parte emocional de las personas, escudriñando aptitudes, motivaciones o expectativas, aspectos estos últimos a los cuales también se ha de prestar atención para asegurar, en la medida en que ello fuera posible, que las personas declaradas idóneas puedan ejercer la paternidad o maternidad sobre la persona adoptada con las mayores posibilidades de acierto en cuanto a la satisfacción de sus necesidades.

Estas cuestiones más subjetivas, aún siendo relevantes para la adopción, no pueden ser llevadas al extremo de excluir a la persona de su expectativa de adoptar con fundamento en hipótesis carentes de comprobación, o con fundamento en interpretaciones poco consistentes de lo relatado en las entrevistas, conforme a la teoría de una concreta corriente doctrinal de la psicología.

En este punto, no se debe pasar por alto que la institución jurídica de la adopción se encuentra recogida en nuestro Código Civil dentro de un capítulo titulado “De la adopción y otras formas de protección de menores” el cual describe a la adopción como un instrumento para dar cumplimiento a la exigencia de protección al menor, inspirada en su supremo interés y no un derecho de la persona a que se vea satisfecha su pretensión de tener descendencia de modo no natural.

Ahora bien, tal hecho no excluye la legítima expectativa de quienes solicitan la adopción conforme a las previsiones del ordenamiento jurídico y que reclaman su derecho subjetivo a ser evaluados, así como a recibir una resolución declarativa de su idoneidad o no idoneidad para la adopción, y que dicha resolución declarativa esté suficientemente motivada y fundada en los criterios establecidos normativamente. En consecuencia, en la normativa, la denominación de “criterios generales”, identifica los aspectos que se han de tener en cuenta, con carácter general, en el proceso de valoración. Dichos criterios son los siguientes:

a) Existencia de motivaciones adecuadas y compartidas para el acogimiento familiar o para la adopción.

b) Capacidad afectiva.

c) Ausencia de enfermedades y/o discapacidades físicas o psíquicas que por sus características o evolución perjudiquen o puedan perjudicar el desarrollo integral del menor.

d) Estabilidad familiar y madurez emocional de los solicitantes, así como, en su caso, la aceptación del acogimiento familiar o la adopción por parte del resto de las personas que convivan con ellos.

e) Capacidad de aceptación de la historia personal del menor y de sus necesidades especiales, en su caso.

f) Habilidades personales para abordar las situaciones nuevas que se puedan producir como consecuencia de la relación con el menor.

g) Apoyo social que puedan recibir por parte de la familia extensa u otros.

h) Actitud positiva y flexible para la educación del menor, y disponibilidad de tiempo para su cuidado y ocio.

i) Actitud positiva y disponibilidad para el seguimiento y orientación en el proceso de integración del menor y la familia.

j) Condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda e infraestructura del hábitat.

k) Nivel de integración social de la familia.

l) Capacidad de aceptación de diferencias étnicas, culturales y sociales de los menores.

Además de estos criterios generales, se establece los siguientes criterios específicos:

a) Adecuación entre la edad de los interesados y la de los menores que aquellos estén dispuestos a adoptar, siguiendo un criterio biológico normalizado, de manera que no exista una diferencia de más de cuarenta y dos años con el más joven de los solicitantes. Esta diferencia podrá ser superior en los supuestos de preferencia en función de las habilidades especiales de los interesados.

b) En los casos de infertilidad, tener una vivencia madura y de aceptación de esta circunstancia.

c) Capacidad para revelar al menor la condición de adoptado y el apoyo en la búsqueda de los orígenes.

d) Capacidad económica que garantice la cobertura de las necesidades básicas del menor.

Tras efectuar el relato de los items que se han de analizar para valorar la idoneidad de las personas para la adopción comprobamos como muchos de ellos tienen un componente muy subjetivo, susceptibles de interpretaciones diversas, de difícil comprobación en la práctica y que, de no ser convenientemente explicitados, motivados y argumentados, pueden ser fuente de arbitrariedades por parte del personal evaluador que puede imbuir al informe de sus propios prejuicios o ideologías, otorgando un sesgo contrario a los principios que se detraen de las normas que regulan la materia.

Un primer límite a dicha posible interpretación arbitraria vendría de la mano de situar en su contexto las conclusiones que se extraen de los diferentes elementos analizados, otorgando un valor destacado a aquellos elementos basados en pruebas objetivas o en datos comprobables, y ponderando aquellos otros elementos también evaluables, pero cuya valoración responde a cuestiones más subjetivas, no comprobables en la práctica, o cuya posible comprobación se remita a teorías de comportamiento no evaluables por métodos reconocidos con valor científico.

A este respecto, se establece un criterio interpretativo general para todo el proceso valorativo, precisando que salvo que en el proceso de valoración se detectase la presencia de algún factor por sí mismo excluyente, la toma en consideración de los diferentes criterios se realizará de forma que exista una adecuada ponderación de los mismos.

Pues bien, en las alegaciones aportadas por los interesados estos señalan como en el informe de idoneidad se entrecomillan manifestaciones efectuadas en las entrevistas sacándolas de contexto e interpretándolas de forma subjetiva, conforme a la hipótesis de trabajo y criterio personal del profesional evaluador.

De este modo se obtienen en el informe conclusiones subjetivas sobre actitudes e intenciones, las cuales sirven de justificación y soporte a la conclusión final del estudio, con resultado negativo.

Y en cuanto a dichas dificultades afectivas, los interesados señalan su perplejidad porque se manifieste como relevante el hecho de que durante las entrevistas no se produjeron muestras de afecto o acercamiento. A este respecto los interesados replican que dicho criterio es muy subjetivo y que, a su parecer, durante el transcurso de una entrevista formal no parece ni el momento ni el lugar más adecuado para hacer manifestaciones cariñosas. Alegan que muy al contrario de las conclusiones obtenidas en el informe, en sus relaciones con sus amistades, con la familia, y en las suyas personales, sí se producen esas manifestaciones espontáneas de afecto y cariño, hecho que, obviamente, no puede ser captado en las entrevistas.

4. Sobre los errores en datos esenciales que figuran en el informe de valoración.

En el escrito de alegaciones aportado por los interesados además de incidir en la deficiente ponderación de los diferentes elementos de valoración, así como en el recurso a criterios subjetivos no suficientemente contrastados, también se destacan ciertos errores o incorrecciones que han podido condicionar el resultado final del estudio.

En cuanto a datos erróneamente recogidos en el informe los interesados señalan que el mismo indica que están casados, cuando en realidad son pareja de hecho, habiendo aportado el correspondiente certificado al expediente. En otro apartado del informe se recoge que se hicieron pareja de hecho en 2004, siendo la realidad que comenzaron su relación en 2002 y se hicieron pareja de hecho en 2010.

También se reflejan incorrectamente las fechas de las entrevistas, la identificación de los familiares, datos académicos de los reclamantes, o sobre sus domicilios.

Manifiestan los interesados que en el informe se valora como escasa su experiencia como cuidadores de menores, basando esta afirmación en manifestaciones que aseguran no haber dicho, siendo por tanto erróneas. Así refieren que al contrario de lo que se asegura en el informe ellos sí se han quedado al cuidado de los sobrinos de ella cuando eran pequeños –ahora ya son adultos- y también al cuidado de los sobrinos de él –en total nueve sobrinos, de diferentes edades- habiendo referido esta circunstancia en diferentes cuestionarios y habiendo aportado también cartas con el testimonio de los familiares. Los interesados también destacan algunos elementos contradictorios del informe . Así señalan que en el informe se les atribuye la dificultad de fraguar lazos afectivos, así como aceptar compromisos y obligaciones. Pero en el mismo informe se señala su buena relación con distintos grupos de amistades, las cuales mantienen desde muchos años atrás, relacionándose con ellos con habitualidad. A sensu contrario también se refleja en el informe la relación “frecuente y positiva” que mantienen con sus respectivas familias de origen y extensas.

En cuanto a omisiones de datos relevantes los interesados señalan que su solicitud iba dirigida a la adopción de un menor de 0-3 años, que pueda pertenecer a cualquier etnia y con enfermedades congénitas leves o que hubiera sufrido maltrato físico o psicológico. Estas dos ampliaciones posteriores a la solicitud de 2010 no fueron recogidas en el informe.

Se omite la referencia a uno de los coches adquiridos en propiedad por el solicitante y que posteriormente donó a su madre y hermano, por entonces en paro, para su uso personal. Este hecho lo considera relevante en tanto probaría la buena relación y preocupación por su familia.

Se omite en el informe que son unas personas muy activas en el movimiento asociativo, participando en asociaciones y sindicatos. Dicha circunstancia, la cual creen relevante y positiva para ellos, fue manifestada en las entrevistas y en sus biografías y no es reflejada en el informe.

Nuestra Ley reguladora, 9/1983 de 1 de diciembre, establece en el artículo 28 que esta Institución carece de competencias para modificar o anular los actos de la Administración Autonómica de Andalucía, pudiendo no obstante sugerir la modificación de los criterios adoptados para la producción de aquellos. Y es precisamente en este aspecto en el que centraremos nuestras actuaciones partiendo del hecho de que una resolución de no idoneidad limita el derecho y lícita expectativa de los solicitantes de adopción, siendo por ello indispensable una rigurosa y adecuada motivación.

En este punto hemos de enfatizar la importancia que tiene el informe con propuesta de valoración de idoneidad en el procedimiento para la emisión de la resolución declarativa de dicha idoneidad para la adopción. Esto es así en tanto que, por razones obvias, salvo que existan otros elementos de prueba la resolución que al respecto emita la Comisión Provincial de Medidas de Protección muy difícilmente se apartará del contenido de la propuesta, y si se da el supuesto de que la resolución no es positiva tiene el efecto de impedir que siga adelante el proceso de adopción, frustrando la legítima expectativa de las personas de constituir o agrandar su familia mediante la adopción de una persona menor de edad.

Además, hemos de necesariamente tener en cuenta que para reclamar contra esta decisión se han de asumir los costes inherentes al procedimiento judicial, añadidos a la conocida lentitud en los trámites judiciales, lo cual hace que la posible reparación del error invocado, de ser favorable, aún así no llegase a colmar las expectativas de la persona reclamante. Y esto es así en tanto que en los procedimientos de acogimiento o adopción de menores el tiempo juega un factor esencial, llegándose a supuestos en que pronunciamientos judiciales declarativos de derechos por el mero paso del tiempo resultan irrealizables en la práctica. Tal efecto puede llegar a producirse en supuestos como el presente en que el tramo de edad del menor a adoptar guarda directa relación con la edad de la persona o personas solicitantes, resultando por tanto muy relevante el lapso de tiempo transcurrido desde la presentación del recurso hasta su resolución, pudiendo llegar a frustrar la expectativa de adopción.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN.Que en atención a los datos erróneos que constan en el informe, así como a la discrepancia con la familia sobre los criterios subjetivos de valoración utilizados, y la ponderación entre los diferentes elementos que la conforman, antes de concluir el expediente y emitir la correspondiente resolución, se oferte a la familia la posibilidad de someterse a un nuevo proceso para valorar su idoneidad por parte de distinto equipo de profesionales.

Que al inicio del proceso de esta nueva valoración de idoneidad se oferte a la familia la posibilidad de grabar y archivar las entrevistas que se les realicen.

Ver Asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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