Durante años hemos comprobado que los procesos para la selección y admisión del alumnado en los centros escolares de nuestra Comunidad Autónoma eran una cuestión que originaba gran conflictividad en el ámbito educativo. No obstante, en los últimos ejercicios todos los temas referidos a la escolarización aunque continúan propiciando un número destacado de quejas ante esta Institución, ya no se encuentran en el punto álgido de los asuntos que producen mayor conflictividad.
Por ello, este año también se constata que esta materia continúa con esa tendencia a la baja ya comentada en el Informe Anual del pasado año 2012, lo cual, en cualquier caso, nos congratula, pues a nuestro entender, es la consecuencia del esfuerzo realizado durante tiempo por todas las partes implicadas. Por un lado, la Administración educativa en el más amplio sentido, pues nos referimos no sólo a los órganos administrativos competentes de los distintos centros directivos, sino también a los servicios de inspección, equipos de dirección y gestión de los centros educativos, consejos escolares, asociaciones de madres y padres del alumnado, etc., y por otro, órganos de otras Administraciones que igualmente intervienen en estos procesos, tales como Ayuntamientos, Administración tributaria, Policía Local y Autonómica, Registro Civil, etc, sin cuya implicación activa difícilmente podría decirse que el número de irregularidades que en otros tiempos se cometían en los procedimientos de escolarización del alumnado ha disminuido considerablemente.
Tampoco podemos olvidar como otro de los factores determinantes de la menor conflictividad de estos procesos, las sucesivas modificaciones legislativas que se han venido llevando a cabo en Andalucía, que han permitido pulir casi al máximo cualquier resquicio para la comisión de fraudes por parte de la ciudadanía, modificaciones que a modo de Sugerencias fueron en gran parte propuestas desde esta Defensoría y de las que hemos venido dando cuenta en los últimos veinte años.
En cualquier caso, como decimos, los procesos de admisión del alumnado han seguido originando situaciones de conflicto durante el año 2013, en tanto en cuanto siempre habrá aspectos de la normativa vigente sobre esta materia con los que las familias se muestran disconformes, además de casos de fraudes en los datos consignados en las solicitudes de plazas o de comisión de irregularidades en la documentación adjuntada.
Estas situaciones requieren la formulación de reclamaciones y recursos por parte de los afectados, que se sienten lesionados en los derechos educativos de sus hijos e hijas, lo que origina la recepción por parte de esta Defensoría de un significativo número de quejas, aunque, repetimos, el porcentaje recibido en el pasado año 2013 sigue disminuyendo con respecto al existente hace unos años, algo que, por nuestra parte, tras la trayectoria de trabajo en esta materia, nos resulta un motivo de satisfacción.
Durante el curso escolar 2012-13 ha continuado vigente la misma normativa en esta materia, esto es, el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía, a excepción de los Universitarios, así como la Orden de 24 de febrero de 2011 que lo desarrolla.
0 Comentarios
Escribir un comentario