Archivamos el expediente sobre el derrumbe de la mina Cobre Las Cruces

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras analizar la información recibida sobre el derrumbe de la Mina Cobre Las Cruces, considera oportuno el archivo del expediente al no apreciar irregularidad en la actuación administrativa.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio con objeto de conocer los posibles daños ambientales provocados tras un deslizamiento de tierras, de gran magnitud, en un talud de la explotación minera de Cobre Las Cruces, en la provincia de Sevilla. De las actuaciones que hemos realizado con los diversos organismos hemos podido conocer lo siguiente:

Respecto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la que nos dirigimos en vía de colaboración, pudimos conocer que la Confederación había dado instrucciones para que se llevaran a cabo los correspondientes muestreos y mediciones de control y contraste respecto de aguas subterráneas y superficiales, en sus vertientes de cantidad y calidad, de tal forma que una vez que se analizaran los datos recabados y se determinara si había habido, o no, afección, se plantearían las medidas a adoptar.

Posteriormente se nos facilitaron las conclusiones de los muestreos y mediciones de control y contraste respecto de aguas subterráneas y superficiales, en sus vertientes de cantidad y calidad, en informe de mayo de 2019, del Servicio de Aguas Subterráneas e Hidrología de la Confederación, que decía: “sobre la evolución de los piezómetros y estaciones de aforo que concluye lo siguiente: De los datos obrantes en nuestro poder y desde el punto de vista cuantitativo de las aguas superficiales y subterráneas, no se concluye que exista afección medioambiental al dominio público hidráulico como consecuencia del derrumbamiento registrado en el talud norte de la corta minera el 23 de enero de 2019”.

También conocimos sendos informes adicionales del Área de Calidad de las Aguas de la Confederación: según el primero, de abril de 2019, no se había constatado que como consecuencia del citado derrumbe “se haya producido afección medioambiental a la calidad de las aguas de dominio público hidráulico (superficiales o subterráneas)”; el segundo, de julio de 2019, concluía que “no existe inconveniente en retomar los planes de vigilancia anteriores al incidente en cuanto a controles paramétricos en aguas superficiales y subterráneas, entendiendo por tanto que era suficiente el control realizado en el marco del Programa de Vigilancia y Control, a excepción del mantenimiento de controles en algunos sondeos de extracción situado en las proximidades del área afectada”.

Recibimos un último informe del Servicio de Hidrología y Aguas Subterráneas, de octubre de 2019, según el cual “se desprende que ya no son necesarias tantas medidas para observar tendencias, pudiéndose por tanto volver a la situación previa al incidente en cuanto a los controles cuantitativos de piezometría y en los arroyos Garnacha, Molinos y Almendreillos”.

En cuanto a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible nos informó que, consultada la Delegación Territorial de la misma en Sevilla, no tenían competencia sobre el acuífero Niebla-Posadas. En cuanto a los posibles daños ambientales concluía, en esencia, que “a la vista de lo informado por Cobre Las Cruces, S.A.U. es posible extraer que no se han producido afecciones sobre las aguas subterráneas, sobre las aguas superficiales, sobre la atmósfera, sobre la flora y la fauna, y tampoco sobre el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)”. También nos remitieron informe del Servicio de Protección Ambiental de junio de 2019.

Por último, nos dirigimos a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, como órgano periférico de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, competente en materia de minas, para conocer la información que tuvieran sobre las causas del derrumbe, así como si estaban coordinando actuaciones con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en relación con la Declaración de Impacto Ambiental y el estado de la escombrera norte, así como de posibles daños al acuífero Niebla-Posadas.

En la respuesta de la Secretaría General Provincial de Hacienda, Industria y Energía, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, nos relataban los antecedentes respecto del citado deslizamiento y las actuaciones seguidas por la Delegación del Gobierno en el marco de sus competencias.

También nos informaba que tras las averiguaciones oportunas, incluida la emisión de informe pericial de un técnico independiente procedente de la universidad, se ha llegado a la conclusión de que “la causa principal del derrumbe ocurrido, ha sido la inestabilidad producida por la presión que el agua ejerce al penetrar en las grietas del terreno. En relación con las conclusiones de los mismos, se han tomado medidas para evitar que se creen nuevas grietas a causa de voladuras y se ha propuesto un plan para el sellado de aquellas que se puedan crear por la morfología del terreno o la propia actividad minera”.

Se nos informó que mediante Orden del Consejero de Hacienda, Industria y Energía, de 10 de julio de 2019, se había levantado la suspensión provisional de los trabajos de explotación dictada en fecha 30 de enero de 2019, tras acontecer el incidente. Ello, “teniendo en cuenta las consideraciones hechas en los informes anteriores e incrementando la seguridad de las personas y las cosas al instalar nuevos equipos para detectar las posibles incidencias, un georradar que detecta los movimientos instantáneos de terrenos, un sismógrafo, así como la extensión de la red de piezómetros, extensores y prismas”.

También nos daban cuenta de que estaban “trabajando para resolver el expediente relativo a la Actualización del Plan de Restauración Ambiental de la Mina Las Cruces, el cual es la garantía para normalizar plenamente e integrar en la Declaración de Impacto Ambiental de la explotación, la zona afectada por el derrumbe”.

Una vez que esta Institución contó con toda esta información entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte, por lo que procedimos al archivo de esta actuación de oficio, aunque trasladamos a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla que confiábamos en que agilizaría en todo lo posible la tramitación del expediente relativo a la actualización del Plan de Restauración Ambiental de esta mina.