En el momento actual de desarrollo de los acontecimientos por todos es conocida la situación de crisis sanitaria que desde hace algún tiempo viene afectando a nuestra Comunidad Autónoma, con derivaciones fuera de la misma, a raíz de la detección de un brote infeccioso por listeriosis relacionado con el consumo de determinados productos cárnicos.
El ritmo vertiginoso de los hechos, que ha venido evidenciando una ampliación sucesiva del foco de la infección, las diversas dimensiones que plantea la situación como grave problema de salud pública, la superposición de intervenciones administrativas por la participación de diversas administraciones en el ejercicio de las competencias implicadas, y, la pluralidad de opiniones discrepantes que se han alzado al respecto, han constituido elementos de peso que, a nuestro modo de ver, han contribuido a incrementar la complejidad del problema, haciendo aconsejable abordar su análisis desde una perspectiva que permitiera investigar todas sus implicaciones con la mayor amplitud de miras.
Sin cuestionar la atención que desde los dispositivos sanitarios se viene proporcionado a los afectados, ciertamente la gestión del riesgo sanitario en uno de los casos de intoxicación alimentaria de mayor importancia de los últimos tiempos se ha puesto en entredicho en diversos ámbitos, sobre todo en lo que se refiere a la celeridad en la declaración de la alerta y la adopción de las medidas para hacer frente al brote y tratar de aminorar sus consecuencias, así como en el adecuado ejercicio de sus competencias por parte de las Administraciones implicadas. Por otro lado no podemos olvidar los aspectos preventivos que también inciden en toda cuestión de salud pública, que engloban un serie de actuaciones que están llamadas a evitar que se produzcan este tipo de situaciones, y que igualmente se vienen poniendo de manifiesto en aspectos como la falta de autorización para la ampliación de la empresa responsable, o la infrecuencia de la inspección previa de sus instalaciones.
Sobre estas premisas y una vez estabilizada la situación de emergencia en la que todavía se está interviniendo, esta Institución considera oportuno iniciar una investigación con la finalidad de obtener y analizar de forma serena y objetiva toda la información disponible, que permita arrojar luz sobre esta grave crisis alimentaria con origen en Andalucía. A diferencia de otras quejas de oficio abiertas por esta Institución en las que el motivo principal reside en la falta de información y en la inacción de las administraciones, en esta ocasión se han activado los dispositivos necesarios para la ciudadanía con el fin de evitar riesgos de seguridad alimentaria. Por ello, una vez controlada esta situación de emergencia, el Defensor del Pueblo andaluz estima oportuno analizar los mecanismos y otras medidas de control que pudieran haber fallado, con el objetivo de que no se vuelvan a producirse situaciones tan lamentables como las acontecidas.
El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, muestra sus condolencias hacia las tres muertes producidas asociadas al consumo de estos productos, al tiempo que desea una pronta recuperación a las mujeres que han visto interrumpidos sus embarazos y a las más de 200 personas que han recibido tratamiento hospitalario al encontrarse afectados por síntomas producidos por la listeriosis.
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