La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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El Defensor de la Infancia señala la pobreza infantil, la brecha digital en la educación, la salud mental y los casos de violencia como asuntos destacados en su Informe Anual 2020

El Defensor de la Infancia señala la pobreza infantil, la brecha digital en la educación, la salud mental y los casos de violencia como asuntos destacados en su Informe Anual 2020

· Jesús Maeztu reclama una reordenación de los sistemas públicos y un Plan Integral de lucha contra la pobreza infantil

· Anuncia la celebración de una jornada, junto a Save the Children, sobre la protección a víctimas de violencia sexual el 10 de noviembre en Córdoba

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la pobreza infantil, la necesidad de garantizar el derecho a la educación ante fenómenos como la brecha digital, el agravamiento de casos de salud mental de los niños y jóvenes, y las distintas formas de violencia que se ejercen contra los mismos como los asuntos destacados del Informe Anual 2020 de la Institución que dirige.

Fueron un total de 6.663 actuaciones las acometidas por este comisionado parlamentario durante el año de referencia, de las cuales 2.941 se refirieron a quejas (2.228 iniciadas ese mismo año, 33 de las mismas de oficio, y el resto tramitadas de años anteriores) y 3.722 consultas. Las reclamaciones más cuantiosas afectaron a cuestiones de Educación, seguido de asuntos relativos a cuestiones de Familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos, protección o centros de internamiento, Servicios Sociales y Vivienda.

Durante su comparecencia ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía celebrada en el Parlamento andaluz, el Defensor de la Infancia se ha felicitado en primer lugar por la aprobación este pasado mes de julio de una ley de Infancia, “que actualiza y modifica la regulación que estaba vigente y pone a este colectivo en sintonía con las nuevas demandas y circunstancias sociales”, al tiempo que ha modificado no solo la denominación del Defensor del Menor, sino que ha otorgado una ampliación de las competencias de la Defensoría de la Infancia, “ya que, por ejemplo, amplía el ámbito de supervisión no solo a las entidades públicas, sino que incorpora a las entidades privadas que presten servicios a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma”.

El Defensor de la Infancia ha dedicado la cuestión relevante del Informe a la lucha contra la pobreza infantil como uno de los principales retos de nuestra sociedad. Jesús Maeztu ha considerado necesaria una reordenación de los sistemas públicos de ayudas y protección social a las familias y ha demandado la elaboración de un Plan integral de lucha contra la pobreza infantil en Andalucía -con acciones, financiación específica y un conocimiento previo de su coste- a causa del agravamiento de la pobreza y la desigualdad debido a la pandemia, en línea con el artículo 77 de la nueva ley de Infancia que recoge la obligación de la Administración de elaborar acciones y estrategias para reducir la pobreza infantil.

El Defensor ha pedido, entre otras propuestas, que las soluciones al fenómeno de la pobreza de la infancia pasan por poner a esta en el centro de las prioridades de todas las políticas públicas; que dichas políticas públicas deben estar guiadas siempre por el interés superior del niño; contar con la participación de los niños y niñas; incrementar el gasto social dirigido a la infancia y, por último, garantizar que las restricciones presupuestarias que puedan imponerse para hacer frente a la crisis económica y social provocadas por la COVID-19 no afecten al ámbito de la infancia.

En cuanto a la brecha digital, este comisionado ha recordado que el confinamiento provocó un incremento de la desigualdad en el alumnado, con mayor impacto en aquellas familias con menor nivel educativo y competencias digitales, por lo que ha recordado que la prioridad debe seguir siendo la educación presencial siempre que las medidas sanitarias lo posibilitasen.

Asimismo, el Defensor de la Infancia ha destacado otros aspectos de protección de la infancia que ha agravado la pandemia como es el caso de la salud mental de los niños, niñas y jóvenes. Jesús Maeztu ha señalado que el sistema tiene una infradotación de recursos en el sector de la infancia y adolescencia, y que esta realidad de problemas de salud mental en los jóvenes está presente, pero invisible.

Por último, entre los asuntos destacados, Jesús Maeztu ha resaltado otras formas de violencia dirigida hacia los niños, niños, niñas y jóvenes, además de la pobreza y la pandemia. Es el caso de la utilización de los niños dentro del fenómeno de la violencia machista, o la violencia vicaria. El Defensor de la Infancia ha anunciado que, junto a Save the Children, ha organizado una Jornada sobre la protección integral que se debe otorgar a niños y niñas víctimas de violencia sexual, que se celebrará el próximo día 10 de noviembre en la ciudad de Córdoba. Jesús Maeztu ha señalado que dicho encuentro pretende ayudar a sensibilizar a la sociedad frente a esta realidad con el propósito de unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando en la erradicación de este tipo de maltrato.

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